Estudio del nuevo régimen básico establecido por la Ley 8/2007, de Suelo, para todos los patrimonios públicos de suelo, en el título dedicado a las medidas para garantizar el cumplimiento de la función social de la propiedad. La Ley reafirma la naturaleza y características esenciales de este patrimonio y define un núcleo básico, constituido por las cesiones obligatorias que deben los promotores de transformaciones urbanísticas. Además de ser instrumento de intervención en el mercado de suelo, al servicio de las políticas de vivienda protegida, los terrenos y el dinero de este patrimonio ahora podrán destinarse a los usos urbanísticos y la protección de la naturaleza y de inmuebles del patrimonio cultural que determine el legislador autonómico y sean acordes con los planes urbanísticos. Esto supone un cambio notable, en línea con lo anticipado por las leyes urbanísticas de muchas regiones, que ha de marcar un punto de inflexión para la jurisprudencia. Novedosas son también las medidas registrales que se arbitran para asegurar que dichos bienes cumplen su destino cuando son enajenados.