Se discute la tramitación que han seguido las normas ambientales y el cumplimiento o no del procedimiento administrativo exigido por el legislador para su aprobación. Se expresa que en una materia como la ambiental la administración aún no asimila los principios básicos sobre los que se sustenta este nuevo ordenamiento, no obstante las claras directrices impartidas por el legislador. La observancia de un requisito esencial como es el procedimiento, en este caso administrativo, incide en la validez de las normas aprobadas, de ahí que es de especial relevancia el seguimiento de la actuación administrativa con el objeto de establecer su actuar concordante con el principio de legalidad, y constrastar la validez de su actuación.