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Código penal : edición oficial aprobada por decreto exento NÀ 131, de 17 de enero de 2019, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Santiago de Chile : Jurí­dica de Chile, 2019.
Descripción: 639 páginas ; 22 x 15 x 3 cm.

ISBN: 9789561025349

Mensaje del Gobierno acompañando el presente Código Penal al Congreso

Libro 1

Libro 2. Crí­menes y simples delitos y sus penas

Libro 3

índice del Apéndice

Ley NÀ 18.050, de 6 de noviembre de 1981. Fija normas generales para conceder indultos particulares

Reglamento sobre indultos particulares, de 7 de enero de 1982

Decreto Ley NÀ 321, de 12 de marzo de 1025, que establece la Libertad Condicional para las personas condenadas a penas privativas de la libertad

Reglamento de la Ley de Libertad Condicional, de 26 de noviembre de 1926

Decreto Ley NÀ 409, de 18 de agosto de 1932, sobre regeneración y reintegración del penado a la sociedad

Ley NÀ 18.216, de 14 de mayo de 1983. Establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad

Reglamento de la Ley NÀ 18.216, de 18 de enero de 1984

Ley NÀ 11.564, de 17 de agosto de 1954, sobre Mataderos Clandestinos

Ley General sobre Ferrocarriles. Texto definitivo fijado por Decreto NÀ 1.157, de 13 de julio de 1931 (Tí­tulo 8. Disposiciones penales)

DFL NÀ 1 Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito (Tí­tulo 17. De los delitos, cuasidelitos y de la conducción bajo la influencia del alcohol, en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas

Ley NÀ 20.000, de 16 de febrero de 2005. Sustituye la Ley NÀ 19.366, que sanciona el tráfico ilí­cito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas

Decreto NÀ 867 del Ministerio del Interior, de 19 de febrero de 2008, que aprueba reglamento de la Ley NÀ 20.000, que sanciona el tráfico ilí­cito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, y sustituye la Ley NÀ 19.366

Ley BÀ 18.314, de 17 de mayo de 1984. Determina conductas terroristas y fija su penalidad

Decreto NÀ 890 del Ministerio del Interior. Fija texto actualizado de la Ley NÀ 12.927, sobre Seguridad del Estado

Ley NÀ 19.223, de 7 de junio de 1993. Tipifica figuras penales relativas a la informática

Ley NÀ 19.327, de 31 de agosto de 1994. De derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional

Decreto NÀ 808 del Ministerio de Relaciones Exteriores. Promulga la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas

Decreto NÀ 809 del Ministerio de Relaciones Exteriores. Promulga la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, adoptada el 9-12-85 por la Organización de Estados Americanos

Decreto NÀ 39 del Ministerio de Relaciones Exteriores. Retira las reservas formuladas a la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas

Ley NÀ 19.856, de 4 de febrero de 2003. Crea un sistema de reinserción social de los condenados sobre la base de la observación de buena conducta

Ley NÀ 19.913, de 18 de diciembre de 2003. Crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos

Ley NÀ 20.009, de 1À de abril de 2005, que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, estableciendo conductas que constituyen delito de uso fraudulento de tarjetas de crédito o débito

Ley NÀ 20.084, de 7 de diciembre de 2005. Establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal

Decreto Supremo NÀ 1,378, de 25 de abril de 2007, que aprueba reglamento de la Ley NÀ 20.084 que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal

Ley NÀ 20.357, de 18 de julio de 2009. Tipifica crí­menes de lesa humanidad y genocidio y crí­menes y delitos de guerra

Ley NÀ 20.393, de 2 de diciembre de 2009. Establece la responsabilidad penal de las personas jurí­dicas en los delitos.

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