Se asegura que en nuestro país se vive en un Estado de Derecho, en forma tal que todos los órganos del Estado quedan sometidos a la Constitución y deben respetar las garantías constitucionales que ella consagra. Se señala que en el sistema tributario el contribuyente no tiene efectivamente las garantías que debiera proporcionarle el sistema jurídico establecido por la Constitución Política. Se indica que la creación en el país de tribunales independientes e idóneos constituye una muy antigua aspiración ciudadana. Finalmente, se dan a conocer las medidas que podrían aminorar los graves defectos que existen en nuestra justicia tributaria.
