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Invalidación y nulidad de los actos administrativos y otros estudios

Santiago, Chile : LexisNexis Chile, 2004.
Descripción: xii, 240 páginas

ISBN: 9562383334

Algunas consideraciones en torno a la norma del artí­culo 5À de la constitución polí­tica de la República de Chile. Norma básica de la Institucionalidad. La soberaní­a: elemento del Estado de Derecho. Conceptos básicos acerca de la soberaní­a. A quién corresponde y quién la ejerce. El plebiscito: forma de ejercicio directo de soberaní­a. En materia municipal. En materia de Reforma Constitucional. Comentario. Otras formas de participación en el ejercicio del poder .Toda persona. Los medios de comunicación social. Poderes de facto. í“rganos, funciones, atribuciones y potestades especí­ficas. La delegación del ejercicio de la soberaní­a. Obligatoriedad de los actos en que se concrete el ejercicio de la soberaní­a Lí­mites, requisitos y condiciones respecto del ejercicio de la soberaní­a. Situación de los Tratados que reconozcan derechos funda mentales en relación a la Constitución Polí­tica. Relación del arto 5À con el NÀ 26 del arto 19 de la Constitución Polí­tica

El principio de juridicidad y la modernidad. Qué se entiende por modernidad y su influencia en la juridicidad. Actualización del concepto de juridicidad. Razón de ser e importancia de tal elemento. Principio de juridicidad, instrumento al servicio de las personas. Regulación, tanto del ejercicio de los derechos fundamentales como de los deberes de las personas por el principio de juridicidad. La juridicidad es el escudo protector de las personas frente a los excesos y a la arbitrariedad de la autoridad. ímbito de aplicación. Desde el punto de vista orgánico. Desde el punto de vista funcional. No hay excepción realmente valedera para los í“rganos del Estado y su accionar en cuanto a la vigencia y aplicación de tal ámbito del principio de juridicidad. La eficacia del principio de juridicidad. Sistema nacional de control gubernamental. Sistema de responsabilidades. ímbito de aplicación de ambos sistemas. Armoní­a de tales sistemas con el carácter impugnable de las conductas de todo agente público y en especial de los actos administrativos. Supremací­a normativa y especialmente constitucional. Vinculaciones positiva y negativa al principio de juridicidad. En la interpretación y aplicación del principio de juridicidad concurren la supremací­a constitucional y la finalidad normativa. Factores de jerarquí­a normativa superior en la interpretación y aplicación de preceptos de inferior rango al de la Ley Fundamental. Factores de interpretación finalista. Los nuevos subelementos que se han incorporado, a través del derecho positivo, al principio de juridicidad. El principio de la racionalidad. El principio de la eficiencia. El principio de subsidiariedad. El principio de probidad. Sistemas de sumisión de la Administración al principio de juridicidad en un Estado de Derecho. Conclusiones

La existencia de la nulidad de derecho público en Chile y si ella opera siempre de pleno derecho. Algunas consideraciones de la doctrina y del Derecho Comparado. El principio de conservación de los actos y contratos administrativos. El segundo carácter de tal teorí­a consiste en que ella es independiente de la del Derecho Privado. El tercer elemento de la doctrina en comento apunta a la división entre diversas posibilidades de sanción frente a transgresiones del principio de juridicidad en los actos administrativos, con las causales, caracterí­sticas y efectos de cada especie. Bases que en opinión del exponente procederí­a establecer en la normativa de la Constitución y de la ley que permitan sustentar un sistema claro, eficaz y eficiente en lo que concierne a los vicios o irregularidades de los actos de las autoridades públicas. ¿Consagra la Constitución Polí­tica una nulidad de pleno derecho como única sanción posible a la transgresión del principio de juridicidad en los actos de las autoridades públicas?. Teorí­a profesada por don Mario Bernaschina. Crí­tica del catedrático don Enrique Silva Cimma a la anterior doctrina. Renovación de la doctrina de la nulidad de Derecho Público de pleno derecho. Un diferente criterio en relación a la doctrina antes relatada. Interpretación armónica de los preceptos constitucionales. Si respecto de los vicios de los actos de la Administración es aplicable siempre la nulidad de Derecho Público de pleno derecho por así­ desprenderse del fundamento de lo dispuesto en el arto 7À de la Carta Polí­tica, procederí­a asimismo que en todo caso los vicios de los actos legislativos -incluidos los tratados- y de los jurisdiccionales tuvieran como sanción la nulí­dad de Derecho Público de pleno derecho, lo que no es efectivo. El solo empleo de la expresión "es nulo" no importa que se consagre la nulidad de pleno derecho. Una cuestión de criterio y prudencia. Facultad de los órganos de la administración del estado para invalidar sus actos administrativos. Legislación comparada. Situación en España. Situación en Francia. La cuestión en Chile. Norma del arto 6À, inciso 1À, de la Constitución Polí­tica de la República de Chile. Concordancia del precepto del arto 6À con la norma del art. 88, ambos de la Carta Polí­tica. Desarrollo y aplicación concreta de esa disposición en los artí­culos 2À, 10 Y 11 de la ley NÀ 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Concreción del artí­culo 6À de la Ley Fundamental en los artí­culos 53 y siguientes de la ley NÀ 19.880. El llamado recurso de ilegalidad en materia municipal y de Gobiernos Regionales razona en el mismo sentido, como también los previstos en otras normas. Tanto las disposiciones de los artí­culos 2À, 10 Y 11 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, NÀ 18.575, cuanto las consignadas en los artí­culos 140 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipios, NÀ 18.695, Y 102 de la Ley Orgánica Constitucional de los Gobiernos Regionales, NÀ 19.175 son preceptos que deben estimarse ajusta dos a la Carta Polí­tica. La potestad reglamentaria de Presidente de la República comprende la facultad de invalidación de instrucciones, decretos y reglamentos. Carencia de atribuciones de los órganos de la Administración del Estado para recurrir de protección y por acción de nulidad del contencioso-administrativo contra sus propios actos. El recurso de lesividad español. Contiendas de Competencia ante el Senado. Jurisprudencia. Jurisprudencia Administrativa. Jurisprudencia Judicial. Avances de la doctrina y de la jurisprudencia frente a la ausencia y escasez normativa en materia de nulidad de derecho público. Enunciación del tema. Acción de nulidad de Derecho Público. Fundamento de su existencia. Legitimación activa. Comentario. Sujeto pasivo de la acción de nulidad de Derecho Público. Prescripción de la acción de nulidad de Derecho Público. Nuevo pronunciamiento judicial. Premisa inicial. Observaciones de dos distinguidos profesores. Una diferente reflexión. Reconocimiento de la convalidación de actos administrativos. No hay sanción de nulidad cuando terceros de buena fe han consolidado derechos sobre la base del acto irregular. Dignidad en la función pública. Introducción. Ideas rectoras. ¿Qué es la dignidad?. Concreción de los principios señalados respecto del agente público y en especial del funcionario. La dignidad del funcionario público. Dignidad e igualdad en el ingreso a la función pública. Dignidad en el ejercicio del cargo público. Derecho del funcionario público a obtener una pensión digna, al expirar en sus funciones De la mujer funcionaria. Comentarios respecto de la norma consagrada en el artí­culo 9À de la ley nÀ 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la administración del estado. Origen del precepto. Principios y derechos constitucionales que inciden en este análisis. Jurisprudencia administrativa de la Contralorí­a General a partir de la década de 1960 y antes de la vigencia del arto 9À de la ley NÀ 18.575. Consideraciones en tomo al arto 9À de la ley NÀ 18.575. Análisis del inciso primero. Examen del inciso segundo. El inciso tercero. Eficacia de la ley. Introducción conceptual. Eficacia de la ley en relación al proceso de su formación. En el aspecto funcional o material. En el aspecto orgánico o subjetivo. Eficacia de la ley a partir de su vigencia. La evaluación de programas. Idea inicial. Antecedentes históricos. ¿Qué es la evaluación de programas?. ¿Quién debe ser titular de esta evaluación y por interme dio de quién se debe efectuar?. Etapas de una evaluación de programas. Conclusiones.

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