El juez administrativo francés controla la conformidad de los actos administrativos, reglamentarios e individuales con la ley, pero más que la ley en sentido estricto, los jueces deben controlar la conformidad de los actos administrativos con las normas superiores a ella, la Constitución y las convenciones internacionales. Esto ha llevado a los jueces a extender el control de legalidad a un control de constitucionalidad y de convencionalidad, lo que era frecuentemente rechazado por el juez administrativo, antes de la reforma de julio de 2008. Las fuentes internacionales y principalmente las fuentes comunitarias, hacen que el control de la convencionalidad ocupe un lugar preponderante en la reciente jurisprudencia administrativa francesa. El problema se sitúa principalmente en la armonización de las posiciones tomadas por las distintas Cortes Supremas, en relación a problemas casi siempre idénticos que son sometidos a su conocimiento.
