A nivel mundial la violencia constituye un grave problema de salud, considerado epidémico al causar más muertes que muchas enfermedades (Krug, Dahlberg y Mercy , 2002). Los niños no están ajenos a esta situación, constituyendo un problema global sustantivo y grave, que tiene lugar en todos los países del mundo, asume múltiples y diversas formas, ocurre en distintos entornos y suele arraigarse en prácticas culturales, económicas y sociales. Una gran proporción de esta violencia ocurre en el entorno cercano y cotidiano de los niños, niñas y adolescentes: sus hogares y sus escuelas, y es infligida por las personas encargadas de su cuidado. En nuestro país, una de las dificultades más relevantes para la elaboración de una política pública en el ámbito de la prevención y respuesta integral a la violencia contra niños, niñas y adolescentes es la ausencia de información confiable sobre el tema. Los datos disponibles son parciales, se encuentran fragmentados, dispersos y no son comparables. La poca información disponible proviene de aquellas situaciones de violencia ejercida contra niños(as) y adolescentes que son puestas en conocimiento de las instituciones del Estado, más frecuentemente de las denuncias que se realizan en Carabineros de Chile o de las personas atendidas por programas de reparación y restitución de derechos, lo que representa un porcentaje mínimo de la real dimensión del maltrato, resultando especialmente invisibles las formas de violencia psicológica y negligencia.