América Latina y el Caribe atraviesan una crisis económica y social sin precedentes, no sólo por su magnitud sino por su extensión a todos los países de la región. Ello se reflejará, como ya se está observando, en impactos inéditos en el mercado de trabajo a través de la pérdida neta de empleo y de las horas trabajadas, del deterioro de la calidad de los puestos de trabajo y de la reducción de los ingresos de los trabajadores y de los hogares. Los trabajadores informales y los de menores ingresos sufren con mayor intensidad estos efectos lo que redundará en incrementos significativos en la pobreza y de los ya elevados niveles de desigualdad. El desafío para las políticas de respuesta a la crisis es mayúsculo, requiriendo que los gobiernos junto con los actores sociales del mundo del trabajo logren consensuar programas de respuesta que estimulen la economía y el empleo, apoyen a las empresas y los ingresos de los trabajadores, protejan a los trabajadores en el lugar de trabajo y establezcan soluciones eficaces mediante el diálogo social.
