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Diligencias investigativas por infracciones a la Ley No. 20.000 y debido proceso

Santiago de Chile : Rubicón Editores, 2020.
Descripción: 415 páginas ; 23 x 16 x 3 cm.

ISBN: 9789569947377

El Código Procesal Penal instaura como parte del sistema de control correctivo del respeto de los derechos fundamentales de imputados y terceros, una causal del recurso de nulidad de competencia de la Corte Suprema, que conlleva la nulidad del juicio y del fallo cuando, en cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento de la sentencia, se hubieren infringido sustancialmente derechos o garantí­as asegurados por la Constitución o por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. A través de sus sucesivos pronunciamientos en torno a esa causal, la Corte ha dotado de contenido a la garantí­a constitucional del debido proceso, transformándola en reglas de persecución penal, especificando y perfilando los supuestos y requisitos para que los derechos fundamentales puedan ser limitados o perturbados por parte de los agentes de persecución penal durante la fase de investigación, o para que otras actuaciones del procedimiento judicial puedan estimarse válidas y respetuosas de esa garantí­a. De ahí­ la relevancia del estudio de las decisiones de este tribunal, el cual si bien resulta necesario respecto de todos los ámbitos de la criminalidad, es especialmente acuciante y revelador tratándose del tráfico ilí­cito de drogas, porque los importantes réditos que genera esta actividad son directamente proporcionales con el perfeccionamiento de los medios para ocultar y asegurar el transporte, almacenamiento y distribución de la sustancia y, de ese modo, para su eficiente y efectiva persecución y sanción se requiere acudir a técnicas investigativas cada vez más intrusivas, que generan mayor riesgo de afectar, o violentan con mayor intensidad, derechos fundamentales. En este contexto, el Máximo Tribunal ha intentado caminar a la par de esta evolución social y técnica, para asentar reglas claras y consistentes a las que deben apegarse los agentes de persecución y controlar los tribunales de las instancias. El autor expone la evolución reciente y estado actual de la jurisprudencia de la Corte Suprema en relación a investigaciones y procedimientos judiciales recaí­dos sobre conductas sancionadas por la Ley NÀ 20.000, en los últimos cuatro años -desde enero de 2016 a diciembre de 2019-, destacando la sistematización y análisis de esas decisiones, lo que sin duda constituirá un insumo provechoso para la labor tanto de jueces, fiscales y defensores.

1. Debido proceso

2. Debido proceso y recurso de nulidad

3. Las policí­as y debido proceso

4. Agente revelador, agente encubierto e informante

5. Vigilancia discreta

7. Interceptación telefónica - 8. Denuncia anónima

9. Ingreso y registro de lugares cerrados

10. Antecedentes investigativos recabados de redes sociales

11. Exámenes corporales y registros de vestimentas y pertenencias

12. Cadena de custodia

13. Detención en fragancia

14. Cuestiones relativas a la tramitación del proceso ante el órgano jurisdiccional competente.



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