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Consulta previa

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Las comunidades, pueblos y naciones indígenas preexistentes al Estado deberán ser consultadas por las autoridades públicas para obtener su consentimiento previo, libre e informado cuando se trate de adoptar medidas administrativas, legislativas, adopción de políticas públicas o cualquier otra actividad pública o privada que les afecte, con la finalidad de salvaguardar sus derechos e intereses. Las consultas tendrán por objetivo llegar a acuerdos vinculantes con el Estado y deberán cumplir con el principio de buena fe en conformidad a los estándares internacionales de derechos humanos. Es deber del Estado proporcionar los medios necesarios y suficientes para llevar a cabo los procesos consultivos. En especial se deberá consultar las posibles afectaciones que tengan un impacto significativo en los derechos colectivos, limiten sus derechos de tierras, recursos o territorios, o pongan en riesgo la supervivencia de las comunidades, pueblos o naciones preexistentes. Cualquier medida administrativa o legislativa adoptada en contravención adolecerá de nulidad de derecho público. Una ley regulará este derecho, la que deberá atender como estándar mínimo los tratados e instrumentos internacionales en la materia. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley.

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