Se analizan las garantías constitucionales que conforman el orden público económico, (conceptualizado por la jurisprudencia como "el conjunto de principios y normas jurídicas que organizan la economía de un país y facultan a la autoridad para regularla en armonía con los valores de la sociedad nacional que formula la Constitución política"). Ellas son: la igualdad ante las cargas públicas, la libertad económica, la no discriminación arbitraria en el trato económico por parte del Estado y sus organismos, la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, el derecho de propiedad y, la garantía de que los preceptos que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías constitucionales, no afecten los derechos en su esencia.
