1. Las Fuerzas Armadas en el sistema político chileno  Desde la Independencia y en las primeras décadas de vida republicana, el rol de las Fuerzas Armadas en el sistema político chileno fue relevante.

Luego de la Guerra del Pacífico (1879-1883), las Fuerzas Armadas reforzaron su modernización, en el marco de la consolidación del Estado chileno. Este proceso de profesionalización, definido como “prusianización”, constituyó una verdadera refundación del Ejército, que lideró el militar alemán Emil Körner (1846-1920).

La profesionalización, desde 1885, implicó reorganizar a la institución por más de dos décadas y significó modernizar el Ejército chileno, que tuvo como sello profesionalizar el alto mando, incorporar el servicio militar obligatorio y reestructurar su orgánica. Esto dio paso a un nuevo Ejército, auténticamente profesional. La consolidación de las reformas permitió renovar los altos mandos militares, que tradicionalmente fueron de los altos sectores sociales, para dar paso a oficiales provenientes de los sectores medios.

Desde la segunda década del siglo XX, estos oficiales comenzaron a organizarse con el objetivo de superar sus graves problemas económicos, entre los cuales se encontraban los bajos sueldos y la pérdida del valor adquisitivo. También, en algunos casos, desarrollaron una visión reformista del momento político del país. En síntesis, serían precisamente estos oficiales los que llevarían al Ejército a tomar un rol activo en la crisis política de los años veinte, siendo actores fundamentales en el cambio constitucional.

2. El "Ruido de sables" de 1924 y las Fuerzas Armadas La presión y la acumulación de tensiones llegaron a un punto crítico en septiembre de 1924, que detonó en el episodio conocido como el “Ruido de Sables”. El 3 de septiembre, mientras el Senado discutía asignar una dieta parlamentaria (sueldo) a sus miembros, un grupo de jóvenes oficiales del Ejército, presentes en las tribunas, manifestó ruidosamente su descontento. Molestos porque el Congreso priorizaba sus propias asignaciones mientras postergaba las leyes sociales impulsadas por el presidente Alessandri, los oficiales fueron retirados de la sala por orden del ministro de Guerra. Al salir, golpearon sus sables contra el piso y las paredes en señal de protesta y desafío. Este acto simbólico puso de manifiesto una ruptura en la relación Fuerzas Armadas-clase política.

Tras este episodio, los oficiales rebeldes constituyeron un Comité Militar, y el 5 de septiembre de 1924 entregaron al presidente Alessandri un pliego de peticiones concretas. Sus demandas combinaban reivindicaciones corporativas y reformas postergadas, entre las cuales destacaban el mejoramiento de los salarios militares y promulgar las leyes sociales como la jornada laboral de 8 horas.

La reacción fue inmediata. Temiendo un golpe de Estado militar, el Congreso accedió presuroso a las exigencias. El 8 de septiembre de 1924, en una sesión maratónica, el Parlamento aprobó en bloque prácticamente todas las reformas sociales. Pese a esta situación, el Comité Militar continuó activo, presionando ahora por cambios políticos más profundos, entre los cuales incluía la disolución del Congreso Nacional.

Ante la doble presión —de los militares jóvenes, por un lado, y de los parlamentarios alarmados, por otro—, el presidente Alessandri optó por renunciar a su cargo el 9 de septiembre de 1924, la cual no fue aceptada por el Congreso, otorgándose a cambio un permiso constitucional de seis meses. Alessandri, por su parte, se asilaba primero en la embajada de Estados Unidos y poco después partió al exilio a Italia. Así, el poder quedó en manos de una Junta de Gobierno, que encabezó el General Luis Altamirano Talavera (hasta entonces ministro de Guerra), quien disolvió el Congreso Nacional el 11 de septiembre. Comenzaba así un período de gobierno castrense.

3. Las juntas militares de 1924-1925 y la salida constitucional La Primera Junta Militar (septiembre 1924-enero 1925), liderada por Altamirano, representó a la alta oficialidad tradicional. Aunque nació para “salvar” el orden ante el vacío de poder, su mandato profundizó la inestabilidad. Altamirano gobernó con otros dos generales en una tríada militar conservadora, lo que decepcionó a los oficiales jóvenes reformistas, que habían protagonizado el movimiento. En los meses siguientes, emergieron divisiones dentro de las Fuerzas Armadas: un sector temía que Altamirano pretendiera restaurar el viejo orden oligárquico sin acometer los cambios prometidos, mientras que otro grupo —influido por oficiales como Carlos Ibáñez del Campo y Marmaduke Grove, líderes del “ruido de sables”,— defendía profundizar las reformas sociales y políticas.

El desencanto con la Junta de Altamirano culminó el 23 de enero de 1925, cuando estos oficiales del Ejército lideraron un segundo golpe militar. Altamirano y la cúpula fueron depuestos en una breve asonada que lideró Ibáñez, dando paso a una Segunda Junta, más afín a las ideas reformistas. Inicialmente, la Junta de enero de 1925 la presidió el General Pedro Pablo Dartnell, pero a los pocos días éste cedió el puesto al civil Emilio Bello Codesido, buscando dotar de mayor legitimidad y transición ordenada al régimen.

Consolidado el control militar y neutralizado el riesgo de reacción conservadora, la nueva Junta emitió un manifiesto el 23 de enero de 1925, que convocó al exiliado Alessandri a reasumir la presidencia. Los militares reformistas reconocían que su figura —pese a sus conflictos previos con el Congreso— encarnaba las esperanzas de modernización del Estado. Le encargaron explícitamente liderar la reforma de la Constitución, que consideraban imprescindible para resolver los “vicios” del parlamentarismo y encauzar las demandas sociales. Alessandri aceptó el llamado. Tras poco más de cinco meses fuera del país, retornó a Chile en marzo de 1925 para completar su período presidencial interrumpido. Considerar, además, que el Congreso Nacional aún se mantenía en clausura.

Mientras tanto, en la Comisión Consultiva que designó Alessandri -uno de los órganos redactores de la nueva Constitución-, se encontraban dos militares de alta graduación: el Jefe del Estado Mayor General e Inspector General del Ejército (la más alta autoridad militar), el general Mariano Navarrete, y el Auditor General de Guerra, mayor Óscar Fenner.

En los distintos actores de la sociedad civil, partidos políticos, incluyendo a los militares y el presidente Alessandri, se iniciaba un debate sobre los mecanismos del cambio constitucional: algunos proponían convocar una asamblea constituyente, incluso de base gremial, otros preferían que el texto se redactase técnicamente y luego se aprobase vía plebiscito. Finalmente, se decidió esta última forma.

Los militares fueron partidarios del cambio constitucional. En la 3^a Sesión de la Comisión Consultiva de Reformas Constitucionales, de 23 de julio de 1925, el general Mariano Navarrete señaló: "No hay necesidad de ser un gran constitucionalista para declarar, sin temor de equivocarse, que los resultados del sistema parlamentario han sido desastrosos para el país (…) El país está harto de la politiquería mezquina y quiere, una vez por todas, tener un Gobierno fuerte, capaz de orientar los destinos de la Nación hacia una era de progreso y bienestar social. Los dirigentes de los diversos partidos políticos en que está dividida la opinión pública deben aprovechar en esta ocasión las múltiples lecciones objetivas que han recibido desde el 5 de septiembre hasta el día de hoy. De ellas deben deducir lo que el país quiere como, asimismo, inclinarse respetuosamente ante su voluntad soberana, pues de otro modo tendremos a corto plazo que hacer, bajo la presión de la fuerza, las reformas que, en representación del pueblo, ha reclamado de modo tan significativo el elemento joven del ejército (…) ¿Qué ocurriría, señores, si las esperanzas de la juventud fueran defraudadas en esta ocasión? No quiero hacer pronósticos desagradables. Dejo a vuestro ilustrado criterio la tarea de formular la contestación de esta delicada pregunta".

Así, el clima de opinión y los principales actores del acontecer nacional coincidieron en el agotamiento de la Constitución de 1833 y en la necesidad de generar con urgencia un cambio constitucional.