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Se revisa los principales aspectos que comprenden los compromisos económicos que asumen los copropietarios bajo la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, principalmente en lo relativo a los gastos comunes y sus alcances. A la luz delo anterior, se examinan los nuevos proyectos de ley contenidos en los boletines 13.381-14 y 13.388-14, que en lo central, buscan alternativas para abordar las dificultades que podrían plantear la crisis del Covid 19 y sus consecuencias económicas para la cancelación de los gastos comunes para muchas familias. En este contexto, se precisa que los gastos comunes corresponden a los gastos necesarios para la mantención del funcionamiento de una comunidad y, en general, su cálculo permite cubrir los gastos mensuales que en ella se originan, por lo que las medidas a contemplar deben permitir asegurar el funcionamiento de las mismas. En este orden de ideas, se sugieren algunas observaciones que podrían contribuir a abordar la problemática descrita.
El miércoles 8 de Abril el Gobierno anunció una segunda ola de medidas económicas para complementar el Plan Económico de Emergencia lanzado el mes de Marzo. Una de las principales medidas anunciadas será la ampliación y capitalización del Fogape, para garantizar el financiamiento de empresas de hasta 1 millón de UF anuales, con una tasa nominal máxima del 3,5% y garantía Estatal por hasta un 85% de los montos. Otra medida, de la cual se espera tener más información con el transcurso de los días, es un fondo por US$ 2.000 millones para la protección de los ingresos de los más vulnerables y trabajadores informales sin contrato, cuyo uso será flexible La tramitación de este proyecto fue rápida, reflejando el amplio consenso político de la medida, aunque todavía existen dudas sobre la suficiencia de los montos y sobre cuales serán los reales beneficios de los bancos que otorguen los créditos con garantía estatal.
También pertenece a: TrabajoSe revisan datos sobre la Tasa de Incidencia de la pandemia de COVID 19 según 6° Informe Epidemiológico MINSAL. Se detallan los datos señalados a continuación de las comunas cuya tasa es superior a 50 personas contagiadas cada 1000 habitantes: Número de hogares en el 40% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares. — Viviendas que presentan falencias en su materialidad en las categorías de irrecuperable y recuperables según Censo 2017 — Porcentaje de hogares hacinados. Como observaciones generales se puede señalar que: 1. La situación de precariedad material de las viviendas es más aguda porcentualmente en las comunas de menor población, en tanto el hacinamiento se expresa en todas las comunas. 2. La precariedad material se verá particularmente agudizada en los meses de invierno y puede agravar las situaciones de riesgo y precariedad material de los grupos vulnerables. 3. Ambas condiciones, precariedad material y hacinamiento, dificultan el cumplimiento de medidas de cuarentena. 4. La epidemióloga Sra. Muriel Ramírez, sobre las medidas recomendables, relevó el uso de “Cordón Sanitario”, la implementación de cuarentenas totales para frenar la circulación de la enfermedad, y el uso de hoteles sanitarios para personas contagiadas o sospechosas que por distintas razones, entre las que se cuenta la precariedad de su propia vivienda o el hacinamiento, no puedan cumplirla en su domicilio. 5. Entre las buenas prácticas que han surgido posibles de replicar se puede destacar la implementación de puntos de higiene en sectores sin acceso a servicios básicos, provisión de agua mediante camiones garantizando mínimos familiares, y la reconexión de viviendas con los servicios sanitarios suspendidos por no pago.
También pertenece a: EconomíaEn la actualidad, el mundo es afectado por la pandemia del COVID-19, un virus de origen animal que pasó a humanos. Sin historial previo ni vacuna desarrollada, se expandió rápidamente por el mundo. En menos de cuatro meses, la disrupción de prácticamente todas las actividades humanas ha sido devastadora. La respuesta ha sido tan variada como gobiernos hay. Carente de una respuesta global coordinada, el mundo asiste a un escenario demúltiples medidas, y resultados producto de la casi total falta de preparación para enfrentar una pandemia. Ha habido aquellos que –como Corea del Sur- han tomado decisiones reconocidas como rápidas, oportunas, agresivas y bien informadas y pueden decir, por ahora que tienen la situación bajo control. Otros han reaccionado tarde y subvalorado la gravedad de la situación. Y otros, como Chile, que según cifras oficiales – disputadas por Espacio Público y el Colegio Médico de Chile, entre otros- están llegando a una situación que según sus autoridades ameritan la regularización de las actividades productivas. Y es allí precisamente donde los epidemiólogos, advierten de los peligros de las segundas y terceras olas de esta pandemia, porque sin vacuna, sin inmunidad natural, sin equipamiento hospitalario suficiente en cantidad y calidad, y sin equipos de diagnóstico pre y post infección, levantar las restricciones y permitir el regreso a las actividades “normales” podrían generar la repetición de las condiciones que posibilitaron la primera ola.
Desde una perspectiva económica, la actual pandemia mundial se presenta como una crisis mucho más amplia que crisis mundiales anteriores. Se trata de una crisis global y multidimensional que requiere de respuestas globales, pero que se presenta en un momento en el que no existen liderazgos globales que las faciliten. A medida que el virus se propaga por todo el mundo crece el acuerdo en que una mayor acción coordinada será clave para disminuir la incertidumbre, aumentar la confianza y proporcionar estabilidad a la economía global. Sin embargo,los principales mecanismos de gobernanza global, están jugando un rol secundario en la gestión de este problema sanitario con efectos y consecuencias económicas y sociales aún difíciles de dimensionar. La minuta indaga respecto a las condiciones existentes en la actual gobernanza mundial para articular respuestas globales a estos problemas globales.
Daniel Álvarez, académico de la Universidad de Chile, se refirió al uso de tecnologías para contener el COVID-19 en China y Corea del Sur, y la forma como atentan en contra de los datos personales. Aunque matiza la efectividad de las aplicaciones, cree que es necesario que en nuestro país exista una autoridad que garantice nuestra privacidad.
El presente documento indaga en las medidas que distintos paíseshan implementado tanto al inicio de la pandemia de COVID 19como en etapas más avanzadas de esta, en el ámbito de la educación en los niveles preescolar, primario y secundario. De esta forma, se busca evidenciar qué decisiones concretas han adoptado determinadas administraciones educativas en torno a la suspensiónde las actividades presenciales; así como a su posterior reanudación, en distintas modalidades.En general, la investigación arroja los siguientes tópicos:•Se advierte una tendencia general a mantener las escuelas cerradas como parte de las medidas globales de incrementar la distancia social para impedir la dispersión de la pandemia.•No obstante, en la mayoría de los países estudiados se mantiene una política de apertura de las escuelas para los grupos de niños y niñas que por razones específicas requieren asistir a ellas.•Se observa un amplio despliegue de plataformas de aprendizajes en línea para los y las estudiantes, tanto en herramientas web como televisivas.•Se observa que los departamentos o ministerios de educación de algunos países, especialmente los anglófonos, mantienen sitios web con información muy clara y precisa, algunos en modalidad pregunta/respuesta, para la población, de forma de dar cobertura a todas las inquietudes que pueden surgir en un contexto como el que se vive.
Miembro de la Comisión de Ciencias y Tecnología de la Cámara de Diputados, se refirió puntualmente a los casos de China y Corea del Sur, donde el COVID-19 se encuentra en una exitosa fase de control. En su opinión, es importante que las aplicaciones no resulten invasivas para las libertades básicas.
A solicitud de la Comisión de Hacienda del Senado, en el contexto del debate del Proyecto de Ley que establece un seguro social de protección de ingresos para los trabajadores que indica (boletín N.° 13.479-05) y del Proyecto de Ley que establece un beneficio para los trabajadores independientes que indica, para proteger sus ingresos ante las dificultades generadas por la propagación de la enfermedad Covid-19 en Chile (boletín N.o 13.542-05), se revisa la experiencia comparada sobre las medidas que se han adoptado en otros países para apoyar a los trabajadores independientes afectados por la emergencia sanitaria del COVID-19. Se analiza Argentina, Francia, Reino Unido, Brasil, Colombia, España e Italia. Para dichos efectos se revisaron las legislaciones y regulaciones correspondientes, así como las páginas de internet oficiales de diversos ministerios de los países revisados y artículos de prensa, entre otras fuentes. Adicionalmente, se tomaron como base tres documentos de la Biblioteca del Congreso Nacional: “Revisión Comparada de medidas de protección al empleo frente a Covid-19“(2020), “Resumen y revisión de medidas comparadas de protección al empleo por COVID-19 (2020) y “Las medidas de protección laboral de urgencia sanitaria en el derecho francés“(2020) .Dado que en el momento de la solicitud de la Comisión de Hacienda del 22 de mayo de 2020 el proyecto de ley no tenía la forma de un préstamo, y para cumplir con el plazo de entrega que por la tramitación de la iniciativa legal ha sido más corto de lo inicialmente previsto, no se han podido analizar las medidas que tenían el carácter de préstamo en estos países.
De acuerdo a un estudio de Fundación Sol, para el trimestre móvil diciembre- febrero 2018 el 40,6% de los empleos - tanto en el sector público como privado - no se encuentran protegidos. Mientras que el 52,9% corresponde a asalariados protegidos por el Código del trabajo y el 6,5% por el Estatuto Administrativo. Sin embargo, Fundación Sol realiza una apertura de los trabajadores desprotegidos, encontrándose a aquellos subempleados o con jornada parcial que estarían dispuestos a trabajar una completa. Más interesante aún son los trabajadores y trabajadoras de inserción laboral endeble, ya que todos ellos se encuentran en una situación de precariedad. No obstante, para el análisis requerido los de mayor interés son los denominados subordinados independientes que corresponden a aquellos que entregan boleta a honorarios que suman en el trimestre móvil diciembre-febrero de 2018 a 1.127.349 trabajadoras y trabajadores. También son relevantes para el análisis los asalariados desprotegidos ya que carecen de un contrato de trabajo, cotización previsional, cotización de salud y/o seguro de cesantía, estos alcanzaban en el trimestre móvil diciembre-febrero de 2018 a 338.368 personas. Los trabajadores a honorarios y los asalariados desprotegidos en el trimestre móvil señalado suman 1.465.717 personas. Por último, se señala que el ingreso promedio mensual, de acuerdo al INE, en 2018 fue de $ 573.964. Sin embargo, el ingreso mediano llegó a $400.000 mensuales. Fundación Sol, en tanto, estima que el 80% de los trabajadores y trabajadoras asalariadas que no tienen contrato de trabajo, gana menos de $412 mil.