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El denominado 2% constitucional constituye un mecanismo extraordinario de financiamiento contemplado la Constitución Política del República que permite la dictación de decretos de emergencia económica, a través de los cuales, con cargo hasta el dos por ciento de los gastos autorizados por la ley de presupuestos del año que se trate, se pueden ordenar pagos para atender necesidades impostergables, siempre que ellas sean a consecuencia de calamidades públicas, agresión exterior, conmoción interna, Estado de Sitio, grave daño o peligro para la seguridad nacional o agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no pueden paralizarse sin serio perjuicio para el país. Se trata de una excepción relativa al denominado “principio de legalidad del gasto” que supone que la Administración debe ajustar sus actos a las normas constitucionales y legales que la regulan y, consecuentemente, que no puede acometerse ningún gasto público sin que exista una habilitación legal previa para ello. Por su parte, se dice que es una excepción relativa porque la propia norma constitucional establece ciertos requisitos para hacer uso de ella: primero, no puede exceder del 2% del total de gastos autorizados por la ley de presupuestos; segundo, no se puede utilizar en cualquier caso sino que solo para atender aquellas necesidades, con carácter de impostergables, que se deriven de algunas de las situaciones señaladas en la constitución; y, tercero, formalmente es necesario que el decreto sea firmado por todos los Ministros de Estado para poder cursar el pago. Desde 1970 a la fecha se ha utilizado este mecanismo de financiamiento en 27 oportunidades. La causal más invocada ha sido "locomoción colectiva", seguida de "cesantía" en 4 oportunidades, y "obras públicas" y "fenómenos de la naturaleza" en tres oportunidades.
China, Europa, América Latina, en realidad todos los rincones del planeta, se enfrentan con una emergencia de salud pública combinada con una crisis económica y social, en una espiral donde una agrava los efectos de la otra. Al último día de marzo el avance del coronavirus se acercaba mucho a la pérdida de 50 mil vidas en todo el mundo. Frente a esta situación, la presión por una acción rápida, que haga frente a esta pandemia global y permita mitigar sus daños es enorme Los distintos gobiernos del mundo han ido adoptando, en lo económico, importantes medidas de estímulo y liquidez para contrarrestar sus efectos. Pero detener la expansión del virus implica detener la actividad económica, lo que a su vez implica un costo económico de tal magnitud, que está repercutiendo en altos costos sociales para un sector importante de la población. La presente minuta presenta un panorama sintético de las medidas que se han ido adoptando en el mundo y de sus principales implicancias.
Le presente Minuta fue elaborada para apoyar la participaciónde la delegación parlamentaria chilena en la reunión en línea dela Red Global Parlamentaria de la OCDE en asociación con Mujeres Líderes Políticas - OECD Global Parliamentary Networkin partnership with Women Political Leaders (WPL) que se sostendrá durante los días 1ero y 2 de Octubre de 2020.
También pertenece a: TrabajoSe revisa los principales aspectos que comprenden los compromisos económicos que asumen los copropietarios bajo la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, principalmente en lo relativo a los gastos comunes y sus alcances. A la luz delo anterior, se examinan los nuevos proyectos de ley contenidos en los boletines 13.381-14 y 13.388-14, que en lo central, buscan alternativas para abordar las dificultades que podrían plantear la crisis del Covid 19 y sus consecuencias económicas para la cancelación de los gastos comunes para muchas familias. En este contexto, se precisa que los gastos comunes corresponden a los gastos necesarios para la mantención del funcionamiento de una comunidad y, en general, su cálculo permite cubrir los gastos mensuales que en ella se originan, por lo que las medidas a contemplar deben permitir asegurar el funcionamiento de las mismas. En este orden de ideas, se sugieren algunas observaciones que podrían contribuir a abordar la problemática descrita.
Algunas empresas chilenas con inversiones en el extranjero o con activos en moneda extranjera podrían pagar más impuestos en los años 2020 y 2021, sólopor causa de un aumento en el valor de los activos en razón del alza del tipo de cambio. Lo anterior, por cuanto la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR)obliga a corregir monetariamente dichos activos y pasivos, usando la cotización de la moneda de los mismos. Esto genera resultados tributarios distorsionados por la fluctuación del tipo de cambio.El Código Tributario permite al contribuyentecontabilizar sus operaciones y/o declarar o pagar sus impuestos en moneda extranjera. Sin embargo, ellono necesariamente conviene al contribuyente, pues éste debe pagar los impuestos según el tipo de cambio vigente a la fecha del pago, debiendoel contribuyente soportar la diferencia de valor de la moneda extranjera entre el 31 de diciembre y la fecha de pago de los impuestos. Así, si el contribuyente dispone de moneda extranjera puede venderla para pagar el impuesto y de este modo no sufrir perjuicio. Pero puede ser que la empresa no disponga de ella, sino que la haya invertido en mercadería, activo fijo o en cuentas por cobrar, contabilizadas en dólares–por ejemplo-. Por tanto, en este caso el contribuyente deberá financiar la diferencia de tipo de cambio para pagar el impuesto, sin haber ganado nada. Bajo la norma legal y administrativa actual, lo anterior no parece evitable, pues las normas vigentes resguardan el interés del Fisco.
Se revisan datos sobre la Tasa de Incidencia de la pandemia de COVID 19 según 6° Informe Epidemiológico MINSAL. Se detallan los datos señalados a continuación de las comunas cuya tasa es superior a 50 personas contagiadas cada 1000 habitantes: Número de hogares en el 40% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares. — Viviendas que presentan falencias en su materialidad en las categorías de irrecuperable y recuperables según Censo 2017 — Porcentaje de hogares hacinados. Como observaciones generales se puede señalar que: 1. La situación de precariedad material de las viviendas es más aguda porcentualmente en las comunas de menor población, en tanto el hacinamiento se expresa en todas las comunas. 2. La precariedad material se verá particularmente agudizada en los meses de invierno y puede agravar las situaciones de riesgo y precariedad material de los grupos vulnerables. 3. Ambas condiciones, precariedad material y hacinamiento, dificultan el cumplimiento de medidas de cuarentena. 4. La epidemióloga Sra. Muriel Ramírez, sobre las medidas recomendables, relevó el uso de “Cordón Sanitario”, la implementación de cuarentenas totales para frenar la circulación de la enfermedad, y el uso de hoteles sanitarios para personas contagiadas o sospechosas que por distintas razones, entre las que se cuenta la precariedad de su propia vivienda o el hacinamiento, no puedan cumplirla en su domicilio. 5. Entre las buenas prácticas que han surgido posibles de replicar se puede destacar la implementación de puntos de higiene en sectores sin acceso a servicios básicos, provisión de agua mediante camiones garantizando mínimos familiares, y la reconexión de viviendas con los servicios sanitarios suspendidos por no pago.
También pertenece a: SaludEste informe examina la relación entre el avance del COVID 19 y factores territoriales que podrían contribuir a la adopción de medidas de protección. Para esto, se da cuenta de tres iniciativas que han tenido por objeto poner en evidencia la importancia de esta relación: Uno de Vergara Perucich y otros (2020) busca determinar los sectores de la ciudad en que se emplazan las viviendas con condiciones de precariedad material que presenta alto riesgo ante el COVID 19. Núñez (2020) y otros buscan determinar los espacios urbanos que promueven las interacciones sociales, y cuyo control y reducción de su actividad podría contribuir a disminuir potenciales focos de contagio. Un tercer estudio del Centro de Producción del Espacio de la Universidad Las Américas, busca construir un Índice de Vulnerabilidad para el COVID-19, que permita identificar los sectores de hogares más vulnerables a propósito de expansión del coronavirus en Chile. En este ámbito, se revisan los datos de las evolución del COVID 19 a nivel comunal, y utilizando el índice de incidencia, definido por OPS como el número de casos nuevos de una enfermedad u otra condición de salud dividido por la población en riesgo de la enfermedad (población expuesta) en un lugar específico y durante un período especifico y cuya interpretación matemática es la probabilidad de que un individuo perteneciente a la población en riesgo se vea afectado por la enfermedad de interés en un período específico.
También pertenece a: SaludLas primeras reacciones en el país para detener los contagios y la propagación del virus que recorría el mundo entero, fueron el distanciamiento físico y otro conjunto de medidas de protección y contención. Le siguieron varios anuncios buscando mitigar los efectos económicos negativos que se anticiparon desde el comienzo. A semanas de la adopción de estas decisiones en el plano económico, está muy presente la discusión respecto a lo adecuado de su magnitud y del impacto que tendrán para las finanzas públicas. Ya se han anunciado medidas para enfrentar las consecuencias del Covid-19 por un valor cercano al 7% del PIB– probablemente tendrán que venir más-, con las que se impactará directamente el gasto público, los ingresos fiscales, el endeudamiento público y los activos y fondos del Tesoro Público. En el documento se intenta dimensionar el impacto que está teniendo este Plan de Emergencia en las cuentas fiscales, el espacio fiscal que existe y las complejidades que se anticipan para el momento en que el Fisco intente reducir el deterioro que experimentará.
Los fuertes efectos económicos que ha tenido la pandemia del Covid-19 en nuestro país y en el mundo han demandado una respuesta de política rápida y eficaz desde los gobiernos y parlamentos. En materia netamente económica, el congreso chileno ya ha tramitado en tiempo record dos leyes, la ley 21.225 y la ley 21.229. La primera, entre otras cosas, aumenta el capital del Banco Estado y reduce de manera transitoria el Impuesto de Timbres y Estampillas. La segunda, flexibiliza transitoriamente los requisitos para las empresas para acceder al FOGAPE y aumenta la capitalización del fondo. Dentro de los proyectos de ley todavía en tramitación, se pueden distinguir principalmente 3 temáticas: proyectos que sancionan el sobreprecio, acaparamiento y lucro excesivo de bienes y medicamentos en emergencia, proyectos que suspenden el pago de deudas y proyectos de reforma constitucional para modificar las atribuciones del Banco Central. Esta minuta fue elaborada para apoyar la labor parlamentaria en el “Conversatorio Virtual: retos y desafíos de los países de América Latina en el marco de la pandemia del COVID-19, el rol de los parlamentos” a realizarse el día jueves 28 de mayo del 2020 a las 09:00 horas de la Ciudad de México.
La fuerte caída del producto mundial y la consiguiente caída de los ingresos fiscales de los países, al mismo tiempo que los gobiernos desembolsan enormes sumas de dinero con la esperanza de contrarrestar los efectos económicos negativos de la pandemia e incentivar una recuperación más expedita han provocado un aumento de los déficits fiscales y la deuda pública alrededor de todo el mundo. Los países avanzados y América Latina son los grupos de países con las mayores proyecciones de deuda, aunque el nivel en el que esta deuda se considerará insostenible será determinado por las características particulares de cada país. En Chile, la situación se ve más auspiciosa que para muchos países de la región debido a la disciplina fiscal exhibida en las últimas décadas. Se espera que la deuda pública chilena se contenga en 45% del PIB al año 2030, a través de un fuerte esfuerzo fiscal para la segunda mitad de la década que permita alcanzar balances de valores promedio superavitarios entre los años 2025-2030, de aproximadamente 1% del PIB. Esta minuta fue elaborada para apoyar la labor parlamentaria en la Conferencia Interparlamentaria Virtual sobre Covid-19 en América Latina y el Caribe organizada por Parlatino, a realizarse el día 6 de agosto de 2020.