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El denominado 2% constitucional constituye un mecanismo extraordinario de financiamiento contemplado la Constitución Política del República que permite la dictación de decretos de emergencia económica, a través de los cuales, con cargo hasta el dos por ciento de los gastos autorizados por la ley de presupuestos del año que se trate, se pueden ordenar pagos para atender necesidades impostergables, siempre que ellas sean a consecuencia de calamidades públicas, agresión exterior, conmoción interna, Estado de Sitio, grave daño o peligro para la seguridad nacional o agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no pueden paralizarse sin serio perjuicio para el país. Se trata de una excepción relativa al denominado “principio de legalidad del gasto” que supone que la Administración debe ajustar sus actos a las normas constitucionales y legales que la regulan y, consecuentemente, que no puede acometerse ningún gasto público sin que exista una habilitación legal previa para ello. Por su parte, se dice que es una excepción relativa porque la propia norma constitucional establece ciertos requisitos para hacer uso de ella: primero, no puede exceder del 2% del total de gastos autorizados por la ley de presupuestos; segundo, no se puede utilizar en cualquier caso sino que solo para atender aquellas necesidades, con carácter de impostergables, que se deriven de algunas de las situaciones señaladas en la constitución; y, tercero, formalmente es necesario que el decreto sea firmado por todos los Ministros de Estado para poder cursar el pago. Desde 1970 a la fecha se ha utilizado este mecanismo de financiamiento en 27 oportunidades. La causal más invocada ha sido "locomoción colectiva", seguida de "cesantía" en 4 oportunidades, y "obras públicas" y "fenómenos de la naturaleza" en tres oportunidades.
En el presente informe se exponen primero los principales antecedentes vinculados al Plan de estímulo fiscal para hacer frente a los impactos económicos del COVID-19, que fue recientemente aprobado por el Senado y actualmente está en discusión en la Cámara de Representantes de EEUU. En la segunda parte se presentan los puntos claves del plan, considerado el mayor estímulo fiscal en la historia moderna. Se espera que estos recursos, que incluyen rescates para empresas tanto grandes como pequeñas, la expansión de los beneficios de seguro de desempleo y una transferencia directa de efectivo a un grupo importante de contribuyentes estadounidenses, cuesten cerca de US$ 2 billones de dólares, (aproximadamente un 10% del PIB estadounidense). A modo de comparación, en el caso de Chile, el plan de emergencia económica presentado por el gobierno implica movilizar recursos fiscales por casi US$ 12.000 millones (4.7% del PIB). En términos generales, se estima que el COvid-19 va hacer que el déficit público de Estados Unidos pase del 20% del PIB este año. Ése es el resultado de sumar el déficit previsto por el Gobierno de Donald Trump en los Presupuestos (un billón), la caída de la recaudación provocada por el coronavirus (otro billón) y el paquete de estímulo fiscal que está ultimando el Congreso y que se detalla en este informe (dos billones más). Si se suma eso a las políticas de la Reserva Federal para inyectar liquidez al mercado, el resultado global se aproxima a los 6 billones de dólares, lo cual implica el 30% del PIB. Se trataría, así, del mayor paquete de estímulo económico desde el New Deal de los años treinta, con el que el Gobierno estadounidense combatió la Gran Depresión.
Mientras algunos países asiáticos demuestran signos de estar controlando la amenaza sanitaria del coronavirus (COVID-19), aún es incierto el impacto real en sus economías, sin embargo, los gobiernos ya han dado a conocer una serie de medidas que buscan reactivar el comercio, sus industrias y proteger a las pequeñas empresas. Por su parte nuestro país, al depender en gran parte del comercio con Asia, verá como indirectamente le impacta la recuperación de algunos de sus principales socios comerciales, que actualmente componen el motor de las manufacturas y la demanda de materias primas global.
China, Europa, América Latina, en realidad todos los rincones del planeta, se enfrentan con una emergencia de salud pública combinada con una crisis económica y social, en una espiral donde una agrava los efectos de la otra. Al último día de marzo el avance del coronavirus se acercaba mucho a la pérdida de 50 mil vidas en todo el mundo. Frente a esta situación, la presión por una acción rápida, que haga frente a esta pandemia global y permita mitigar sus daños es enorme Los distintos gobiernos del mundo han ido adoptando, en lo económico, importantes medidas de estímulo y liquidez para contrarrestar sus efectos. Pero detener la expansión del virus implica detener la actividad económica, lo que a su vez implica un costo económico de tal magnitud, que está repercutiendo en altos costos sociales para un sector importante de la población. La presente minuta presenta un panorama sintético de las medidas que se han ido adoptando en el mundo y de sus principales implicancias.
Este informe examina la relación entre el avance del COVID 19 y factores territoriales que podrían contribuir a la adopción de medidas de protección. Para esto, se da cuenta de tres iniciativas que han tenido por objeto poner en evidencia la importancia de esta relación: Uno de Vergara Perucich y otros (2020) busca determinar los sectores de la ciudad en que se emplazan las viviendas con condiciones de precariedad material que presenta alto riesgo ante el COVID 19. Núñez (2020) y otros buscan determinar los espacios urbanos que promueven las interacciones sociales, y cuyo control y reducción de su actividad podría contribuir a disminuir potenciales focos de contagio. Un tercer estudio del Centro de Producción del Espacio de la Universidad Las Américas, busca construir un Índice de Vulnerabilidad para el COVID-19, que permita identificar los sectores de hogares más vulnerables a propósito de expansión del coronavirus en Chile. En este ámbito, se revisan los datos de las evolución del COVID 19 a nivel comunal, y utilizando el índice de incidencia, definido por OPS como el número de casos nuevos de una enfermedad u otra condición de salud dividido por la población en riesgo de la enfermedad (población expuesta) en un lugar específico y durante un período especifico y cuya interpretación matemática es la probabilidad de que un individuo perteneciente a la población en riesgo se vea afectado por la enfermedad de interés en un período específico.
También pertenece a: SaludAlgunas empresas chilenas con inversiones en el extranjero o con activos en moneda extranjera podrían pagar más impuestos en los años 2020 y 2021, sólopor causa de un aumento en el valor de los activos en razón del alza del tipo de cambio. Lo anterior, por cuanto la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR)obliga a corregir monetariamente dichos activos y pasivos, usando la cotización de la moneda de los mismos. Esto genera resultados tributarios distorsionados por la fluctuación del tipo de cambio.El Código Tributario permite al contribuyentecontabilizar sus operaciones y/o declarar o pagar sus impuestos en moneda extranjera. Sin embargo, ellono necesariamente conviene al contribuyente, pues éste debe pagar los impuestos según el tipo de cambio vigente a la fecha del pago, debiendoel contribuyente soportar la diferencia de valor de la moneda extranjera entre el 31 de diciembre y la fecha de pago de los impuestos. Así, si el contribuyente dispone de moneda extranjera puede venderla para pagar el impuesto y de este modo no sufrir perjuicio. Pero puede ser que la empresa no disponga de ella, sino que la haya invertido en mercadería, activo fijo o en cuentas por cobrar, contabilizadas en dólares–por ejemplo-. Por tanto, en este caso el contribuyente deberá financiar la diferencia de tipo de cambio para pagar el impuesto, sin haber ganado nada. Bajo la norma legal y administrativa actual, lo anterior no parece evitable, pues las normas vigentes resguardan el interés del Fisco.
Se revisa los principales aspectos que comprenden los compromisos económicos que asumen los copropietarios bajo la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, principalmente en lo relativo a los gastos comunes y sus alcances. A la luz delo anterior, se examinan los nuevos proyectos de ley contenidos en los boletines 13.381-14 y 13.388-14, que en lo central, buscan alternativas para abordar las dificultades que podrían plantear la crisis del Covid 19 y sus consecuencias económicas para la cancelación de los gastos comunes para muchas familias. En este contexto, se precisa que los gastos comunes corresponden a los gastos necesarios para la mantención del funcionamiento de una comunidad y, en general, su cálculo permite cubrir los gastos mensuales que en ella se originan, por lo que las medidas a contemplar deben permitir asegurar el funcionamiento de las mismas. En este orden de ideas, se sugieren algunas observaciones que podrían contribuir a abordar la problemática descrita.
El miércoles 8 de Abril el Gobierno anunció una segunda ola de medidas económicas para complementar el Plan Económico de Emergencia lanzado el mes de Marzo. Una de las principales medidas anunciadas será la ampliación y capitalización del Fogape, para garantizar el financiamiento de empresas de hasta 1 millón de UF anuales, con una tasa nominal máxima del 3,5% y garantía Estatal por hasta un 85% de los montos. Otra medida, de la cual se espera tener más información con el transcurso de los días, es un fondo por US$ 2.000 millones para la protección de los ingresos de los más vulnerables y trabajadores informales sin contrato, cuyo uso será flexible La tramitación de este proyecto fue rápida, reflejando el amplio consenso político de la medida, aunque todavía existen dudas sobre la suficiencia de los montos y sobre cuales serán los reales beneficios de los bancos que otorguen los créditos con garantía estatal.
También pertenece a: TrabajoSe revisan datos sobre la Tasa de Incidencia de la pandemia de COVID 19 según 6° Informe Epidemiológico MINSAL. Se detallan los datos señalados a continuación de las comunas cuya tasa es superior a 50 personas contagiadas cada 1000 habitantes: Número de hogares en el 40% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares. — Viviendas que presentan falencias en su materialidad en las categorías de irrecuperable y recuperables según Censo 2017 — Porcentaje de hogares hacinados. Como observaciones generales se puede señalar que: 1. La situación de precariedad material de las viviendas es más aguda porcentualmente en las comunas de menor población, en tanto el hacinamiento se expresa en todas las comunas. 2. La precariedad material se verá particularmente agudizada en los meses de invierno y puede agravar las situaciones de riesgo y precariedad material de los grupos vulnerables. 3. Ambas condiciones, precariedad material y hacinamiento, dificultan el cumplimiento de medidas de cuarentena. 4. La epidemióloga Sra. Muriel Ramírez, sobre las medidas recomendables, relevó el uso de “Cordón Sanitario”, la implementación de cuarentenas totales para frenar la circulación de la enfermedad, y el uso de hoteles sanitarios para personas contagiadas o sospechosas que por distintas razones, entre las que se cuenta la precariedad de su propia vivienda o el hacinamiento, no puedan cumplirla en su domicilio. 5. Entre las buenas prácticas que han surgido posibles de replicar se puede destacar la implementación de puntos de higiene en sectores sin acceso a servicios básicos, provisión de agua mediante camiones garantizando mínimos familiares, y la reconexión de viviendas con los servicios sanitarios suspendidos por no pago.
También pertenece a: SaludDesde una perspectiva económica, la actual pandemia mundial se presenta como una crisis mucho más amplia que crisis mundiales anteriores. Se trata de una crisis global y multidimensional que requiere de respuestas globales, pero que se presenta en un momento en el que no existen liderazgos globales que las faciliten. A medida que el virus se propaga por todo el mundo crece el acuerdo en que una mayor acción coordinada será clave para disminuir la incertidumbre, aumentar la confianza y proporcionar estabilidad a la economía global. Sin embargo,los principales mecanismos de gobernanza global, están jugando un rol secundario en la gestión de este problema sanitario con efectos y consecuencias económicas y sociales aún difíciles de dimensionar. La minuta indaga respecto a las condiciones existentes en la actual gobernanza mundial para articular respuestas globales a estos problemas globales.