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El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró al Covid-19 como pandemia. Numerosos estados a lo largo del mundo han establecido medidas para evitar la propagación del contagio y dar tratamiento a los portadores del virus. El presente documento aborda los casos de Argentina, Bélgica, Colombia, España, Francia, Italia, Reino Unido y Uruguay. En lo referente a las medidas a seguir por la población, las más recurrentes son la limitación de la libertad de circulación; cierre de los comercios, con excepción de aquellos que distribuyan bienes esenciales como alimentos o productos farmacéuticos; clausura de eventos públicos, e instar a los empleadores que, dentro de lo posible, permitan a sus empleados la realización de trabajo a distancia. Respecto a la organización del trabajo parlamentario, las medidas usuales han sido suspender al acceso a las dependencias del Poder Legislativo tanto a visitantes, como lobistas o personal que no sea estrictamente necesario paras las funciones parlamentarias mínimas. En varios casos tampoco se permite el acceso a la prensa. Por otro lado, se han dispuesto instalar en las dependencias de los respectivos poderes legislativos, unidades para medir la temperatura corporal a través de termoscanner, desinfectar el hemiciclo después de cada sesión, instalar dispensadores de alcohol gel, entre otras. Además, en algunos casos se ha dispuesto el voto telemático, restringiendo la agenda legislativa únicamente a las medidas necesarias en función de la contingencia. En otros casos también se han dispuesto cuotas para restringir el número de parlamentarios en la sala, de forma que por cada partido solo se presentan un número acotado de parlamentarios, como para poder cumplir lo quórums mínimos.
También pertenece a: Congreso Nacional • SaludEl brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha provocado que muchos países hayan declarado estados de excepción constitucional, que incluyen la limitación de la libertad de circulación, y diversas medidas de contención en el ámbito sanitario, educativo, laboral, comercial, y recreativo, con el objeto de evitar la propagación de dicha enfermedad. Sin embargo, estas medidas han generado impactos en la vida habitual de las personas, principalmente dentro de las familias, y en especial en las mujeres que siguen siendo las que cargan con la mayor parte de las labores domésticas, pues aún perdura en muchos hogares las desigualdades de género. Tanto ONU Mujeres como la OECD han recomendado a los gobiernos adoptar medidas de emergencia incorporando una perspectiva de género, y medidas que ayuden a los padres a manejar las tareas laborales y las de cuidado equitativo entre padre y madre, proponiendo: a) cuidado infantil a los padres que trabajan en servicios esenciales; b) apoyo financiero directo a los trabajadores que deben tomar un permiso para cuidar a los niños; y c) adaptar el teletrabajo y la flexibilidad laboral, para permitir a los trabajadores conciliar el trabajo remunerado y no remunerado.
Con fecha 02 de abril de 2020 fue promulgado le Proyecto de Ley que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley N°19.728 en circunstancias excepcionales. El texto aprobado por el Congreso Nacional dispone una serie de beneficios de acceso a prestaciones de seguridad social que buscan proteger el empleo frente a diferentes circunstancias derivadas de la emergencia sanitaria producida por la enfermedad denominada COVID-19. De estas medidas destacan: a) la suspensión de pleno derecho y por el solo ministerio de la ley de las relaciones laborales cuando exista un acto o declaración de la autoridad que establezca medidas para el control de dicha enfermedad, que impidan o prohíban totalmente la prestación de servicios contratados, accediendo en tal caso los trabajadores a las prestaciones del seguro de cesantía; b) la posibilidad de que empleadores y trabajadores pacten una suspensión en los mismos términos descritos y con los mismos beneficios, cuando se trate de actividades que si bien no se encuentran afectas a las medidas de control dispuestas en el acto o declaración de autoridad, ven afectadas total o parcial la actividad de sus establecimientos, c) la posibilidad de que empleadores y trabajadores que se encuentren en algunos de los supuestos dispuestos en la norma (disminución del promedio de sus ventas o empleadores que no se encuentren afectos a las medidas dispuestas por el acto o declaración de la autoridad, entre otras), pacten una reducción de la jornada de trabajo de hasta un 50%, teniendo el trabajador derecho a una remuneración de cargo del empleador equivalente a la jornada reducida, y a un complemento con cargo al seguro de cesantía; d) la prohibición de los empleadores, por el plazo de 6 meses o bien, existiendo el Estado de Catástrofe, de poner término a los contratos de trabajo por causal de fuerza mayor, invocando como motivo los efectos de la pandemia de COVID-19.
Este documento aborda el problema de la elaboración de políticas públicas sobre empleo en medio de la crisis que ha generado la pandemia del COVID-19.
La Organización Internacional del Trabajo señala que los efectos de la pandemia son devastadores para el empleo y los ingresos de los trabajadores. Asimismo, invita a los países a adoptar medidas integradas y a gran escala, en cuatro pilares: apoyar a las empresas, el trabajo y los ingresos; estimular la economía y los empleos; proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo; y utilizar el diálogo social entre gobiernos, trabajadores y empleadores a fin de encontrar soluciones. Los países han estado tomando medidas de emergencia para poder disminuir los efectos negativos y generar políticas e instrumentos de ayuda a los trabajadores y a las empresas para superar esta crisis. De la revisión de las principales medidas de protección al empleo y/o trabajadores derivadas de la emergencia sanitaria en Argentina, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos de América y Reino Unido, se puede concluir que: - Todos los países analizados han adoptados medidas de protección a los ingresos de los trabajadores, por medio de subsidios directos, flexibilización de requisitos para acceder a las prestaciones de cesantía o la implementación de la modalidad de teletrabajo, suspensión de contrato o reducción de horas, entre otras medidas. - España, Argentina, Brasil, Estados Unidos y Reino Unido han implementado medidas para ir en ayuda de las empresas con asignaciones de complemento de sueldos, reducción de impuestos o de eximición de pago de cotizaciones previsionales por los periodos de crisis. - También algunos países han adoptado medidas específicas para los trabajadores autónomos y/o informales, ese es el caso de Argentina; Reino Unido y España. Atendida el rápido desarrollo de la contingencia, las materias tratadas en el presente informe son esencialmente dinámicas. En consecuencia, su contenido corresponde a información disponible y vigente al momento de su elaboración (08.04.2020).
A la luz de la reciente publicación de la revista científica Science Robotics a fines de marzo de 2020 titulada “Combating COVID-19—The role of robotics in managing public health and infectious diseases”, se da revisión a las tres grandes áreas de aporte de la robótica al combate del coronavirus. Junto a ello –y para complementar el análisis– se releva la experiencia aplicada en países del Asia Pacífico, que con éxito han implementado robots para aminorar el impacto y exposición del virus, tanto de sus profesionales médicos como pacientes, en sus respectivos sistemas de salud.
Los parlamentos de todo el mundo se están adaptando a las nuevas realidades resultantes de la pandemia de COVID-19. Están cambiando la forma en que votan, de llevar a cabo sesiones de comisiones y plenarias, y de fiscalizar a los gobiernos. Tales adaptaciones han sido fruto del acuerdo entre partes (Gobierno, Mesas de las cámaras y/o partidos políticos) y otros se han realizado formalmente, por vía de reforma constitucional, legal o reglamentaria. Un tema común entre casi todas las legislaturas en todo el mundo es que han cerrado sus edificios parlamentarios a toda actividad fuera de sus funciones esenciales. Algunos han optado por reducir sus quórums, como Alemania. En general, los funcionarios no esenciales se encuentran trabajando remotamente y para quienes deben permanecer se han adoptado medidas especiales de distanciamiento físico. Incluso, algunos han optado por cambiar la sede a fin de cumplir con estas medidas (Suiza). En el desarrollo de lo que se ha denominado el “parlamento virtual”, una gran mayoría de los casos revisados ha adoptado sistemas de videoconferencia para continuar con el trabajo parlamentario, tanto en plenario como en comisiones. Sin embargo, pocos han implementado el voto telemático, entre los que destaca Chile, Brasil y España. Si bien se mantiene el escrutinio a las acciones del Gobierno, aunque más restringido (por ejemplo, a través de menos tiempo para cuestionar a ministros, como en Francia y Reino Unido), en Nueva Zelanda se creó una comisión especial para fiscalizar la labor del Ejecutivo durante la pandemia. En cuanto a las aplicaciones elegidas para apoyar el trabajo parlamentario, si bien no existe una solución de “cero riesgo”, el sistema escogido debe ser lo suficientemente seguro como confiable. La plataforma de videoconferencia Zoom ha sido utilizada por varios parlamentos, pero no es la única que ha sido probada. Para los demás procedimientos internos, los países que ya han digitalizado sus procesos continúan usando sus sistemas internos. Atendido el rápido desarrollo de la contingencia, las materias tratadas en el presente informe son esencialmente dinámicas. En consecuencia, su contenido corresponde a información disponible y vigente al momento de su elaboración (15.04.2020)
También pertenece a: Congreso NacionalEl miércoles 8 de Abril el Gobierno anunció una segunda ola de medidas económicas para complementar el Plan Económico de Emergencia lanzado el mes de Marzo. Una de las principales medidas anunciadas será la ampliación y capitalización del Fogape, para garantizar el financiamiento de empresas de hasta 1 millón de UF anuales, con una tasa nominal máxima del 3,5% y garantía Estatal por hasta un 85% de los montos. Otra medida, de la cual se espera tener más información con el transcurso de los días, es un fondo por US$ 2.000 millones para la protección de los ingresos de los más vulnerables y trabajadores informales sin contrato, cuyo uso será flexible La tramitación de este proyecto fue rápida, reflejando el amplio consenso político de la medida, aunque todavía existen dudas sobre la suficiencia de los montos y sobre cuales serán los reales beneficios de los bancos que otorguen los créditos con garantía estatal.
También pertenece a: EconomíaA solicitud de la Comisión de Hacienda del Senado, en el contexto del debate del Proyecto de Ley que establece un seguro social de protección de ingresos para los trabajadores que indica (boletín N.° 13.479-05) y del Proyecto de Ley que establece un beneficio para los trabajadores independientes que indica, para proteger sus ingresos ante las dificultades generadas por la propagación de la enfermedad Covid-19 en Chile (boletín N.o 13.542-05), se revisa la experiencia comparada sobre las medidas que se han adoptado en otros países para apoyar a los trabajadores independientes afectados por la emergencia sanitaria del COVID-19. Se analiza Argentina, Francia, Reino Unido, Brasil, Colombia, España e Italia. Para dichos efectos se revisaron las legislaciones y regulaciones correspondientes, así como las páginas de internet oficiales de diversos ministerios de los países revisados y artículos de prensa, entre otras fuentes. Adicionalmente, se tomaron como base tres documentos de la Biblioteca del Congreso Nacional: “Revisión Comparada de medidas de protección al empleo frente a Covid-19“(2020), “Resumen y revisión de medidas comparadas de protección al empleo por COVID-19 (2020) y “Las medidas de protección laboral de urgencia sanitaria en el derecho francés“(2020) .Dado que en el momento de la solicitud de la Comisión de Hacienda del 22 de mayo de 2020 el proyecto de ley no tenía la forma de un préstamo, y para cumplir con el plazo de entrega que por la tramitación de la iniciativa legal ha sido más corto de lo inicialmente previsto, no se han podido analizar las medidas que tenían el carácter de préstamo en estos países.
De acuerdo a un estudio de Fundación Sol, para el trimestre móvil diciembre- febrero 2018 el 40,6% de los empleos - tanto en el sector público como privado - no se encuentran protegidos. Mientras que el 52,9% corresponde a asalariados protegidos por el Código del trabajo y el 6,5% por el Estatuto Administrativo. Sin embargo, Fundación Sol realiza una apertura de los trabajadores desprotegidos, encontrándose a aquellos subempleados o con jornada parcial que estarían dispuestos a trabajar una completa. Más interesante aún son los trabajadores y trabajadoras de inserción laboral endeble, ya que todos ellos se encuentran en una situación de precariedad. No obstante, para el análisis requerido los de mayor interés son los denominados subordinados independientes que corresponden a aquellos que entregan boleta a honorarios que suman en el trimestre móvil diciembre-febrero de 2018 a 1.127.349 trabajadoras y trabajadores. También son relevantes para el análisis los asalariados desprotegidos ya que carecen de un contrato de trabajo, cotización previsional, cotización de salud y/o seguro de cesantía, estos alcanzaban en el trimestre móvil diciembre-febrero de 2018 a 338.368 personas. Los trabajadores a honorarios y los asalariados desprotegidos en el trimestre móvil señalado suman 1.465.717 personas. Por último, se señala que el ingreso promedio mensual, de acuerdo al INE, en 2018 fue de $ 573.964. Sin embargo, el ingreso mediano llegó a $400.000 mensuales. Fundación Sol, en tanto, estima que el 80% de los trabajadores y trabajadoras asalariadas que no tienen contrato de trabajo, gana menos de $412 mil.