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A principios de 2020 se identificó un nuevo coronavirus en humanos. Su aparición fue en la ciudad de Wuhan, China, y al 10 de marzo se ha extendido a más de 103 países y 8 territorios, incluido Chile. Los países con más casos confirmados son China, Italia, República de Corea e Irán1. El 28 de febrero del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote como “emergencia de salud pública de preocupación internacional”, elevando el riesgo de propagación del coronavirus de “alto”2 a “muy alto”. El 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró el brote de Coronavirus Covid-19 como pandemia3. En Chile, el 7 de marzo el Ministerio de Salud decretó “Alerta Sanitaria” y otorgó facultades extraordinarias (contratación de personal, compra de insumos o equipamiento, difusión de mensajes en medios de comunicación, entre otros) a la Secretaria de Salud Pública.
Los coronavirus (COV) son una gran familia de virus que causan diversos tipos de enfermedades broncopulmonares, desde el resfrío común hasta enfermedades más severas, como el MERS-CoV y el SARS-CoV. Un nuevo coronavirus (nCoV) es una nueva cepa no previamente identificada en humanos. Aunque la influenza y COVID-19 presentan síntomas similares, sus agentes causales son virus diferentes.
El denominado 2% constitucional constituye un mecanismo extraordinario de financiamiento contemplado la Constitución Política del República que permite la dictación de decretos de emergencia económica, a través de los cuales, con cargo hasta el dos por ciento de los gastos autorizados por la ley de presupuestos del año que se trate, se pueden ordenar pagos para atender necesidades impostergables, siempre que ellas sean a consecuencia de calamidades públicas, agresión exterior, conmoción interna, Estado de Sitio, grave daño o peligro para la seguridad nacional o agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no pueden paralizarse sin serio perjuicio para el país. Se trata de una excepción relativa al denominado “principio de legalidad del gasto” que supone que la Administración debe ajustar sus actos a las normas constitucionales y legales que la regulan y, consecuentemente, que no puede acometerse ningún gasto público sin que exista una habilitación legal previa para ello. Por su parte, se dice que es una excepción relativa porque la propia norma constitucional establece ciertos requisitos para hacer uso de ella: primero, no puede exceder del 2% del total de gastos autorizados por la ley de presupuestos; segundo, no se puede utilizar en cualquier caso sino que solo para atender aquellas necesidades, con carácter de impostergables, que se deriven de algunas de las situaciones señaladas en la constitución; y, tercero, formalmente es necesario que el decreto sea firmado por todos los Ministros de Estado para poder cursar el pago. Desde 1970 a la fecha se ha utilizado este mecanismo de financiamiento en 27 oportunidades. La causal más invocada ha sido "locomoción colectiva", seguida de "cesantía" en 4 oportunidades, y "obras públicas" y "fenómenos de la naturaleza" en tres oportunidades.
Con fecha 18 de marzo de 2020, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, decretó Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe para todo el territorio nacional, como medida para frenar la propagación del "COVID-19" en el país. La decisión, que comenzó a ser operativa a partir de las 00:00 horas del jueves 19 de marzo, por un lapso de noventa días, busca resguardar el flujo de producción y distribución de bienes, para garantizar el abastecimiento en el país; cautelar el transporte de insumos médicos, la evacuación de personas, y el traslado de pacientes y personal médico; entregar seguridad a los recintos hospitalarios; proteger las fronteras; y fijar cuarentenas o toques de queda. Conforme al artículo 43 de la Constitución Política, por la declaración del Estado de Catástrofe, el Jefe de Estado puede restringir las libertades de locomoción y de reunión; disponer requisiciones de bienes; establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad; y adoptar todas las medidas extraordinarias que sean precisas para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada. En tanto, el artículo 6° de la Ley N° 18.415 establece que una vez declarado el Estado de Catástrofe, “las facultades conferidas al Presidente podrán ser delegadas, total o parcialmente, en los jefes de la Defensa Nacional que él designe”, quienes a su vez tendrán la facultad para ordenar el acopio, almacenamiento o formación de reservas de alimentos, artículos y mercancías de primera necesidad, controlando la entrada y salida de tales bienes; determinar la distribución o utilización gratuita u onerosa de los bienes referidos para el mantenimiento y subsistencia de la población de la zona afectada; establecer condiciones para la celebración de reuniones en lugares de uso público; impartir directamente instrucciones a todos los funcionarios del Estado, de sus empresas o de las municipalidades que se encuentren en la zona, con el exclusivo propósito de subsanar los efectos de la calamidad pública.
Tras la identificación de un brote de coronavirus en la ciudad de Wuhan en China, el gigante asiático implementó una serie de medidas para controlar el progreso del virus tanto en la provincia afectada como a nivel nacional. Sus políticas de aislamiento demostraron significativos resultados en cuanto a la reducción de la propagación del COVID-19. De hecho, a una semana de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la emergencia como pandemia, China informó que ya no tenía nuevos casos internos. Por su parte, Corea del Sur, quien inicialmente se posicionó como el segundo país más afectado por el virus, implementó importantes políticas de testeo y seguimiento, que lo han llevado a reducir el numero de contagios de manera considerable. A pesar de que aún no se declara el control total del virus, ya lograron aplacar la curva de contagios y su manejo sanitario se ha establecido como referente.
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró al Covid-19 como pandemia. Numerosos estados a lo largo del mundo han establecido medidas para evitar la propagación del contagio y dar tratamiento a los portadores del virus. El presente documento aborda los casos de Argentina, Bélgica, Colombia, España, Francia, Italia, Reino Unido y Uruguay. En lo referente a las medidas a seguir por la población, las más recurrentes son la limitación de la libertad de circulación; cierre de los comercios, con excepción de aquellos que distribuyan bienes esenciales como alimentos o productos farmacéuticos; clausura de eventos públicos, e instar a los empleadores que, dentro de lo posible, permitan a sus empleados la realización de trabajo a distancia. Respecto a la organización del trabajo parlamentario, las medidas usuales han sido suspender al acceso a las dependencias del Poder Legislativo tanto a visitantes, como lobistas o personal que no sea estrictamente necesario paras las funciones parlamentarias mínimas. En varios casos tampoco se permite el acceso a la prensa. Por otro lado, se han dispuesto instalar en las dependencias de los respectivos poderes legislativos, unidades para medir la temperatura corporal a través de termoscanner, desinfectar el hemiciclo después de cada sesión, instalar dispensadores de alcohol gel, entre otras. Además, en algunos casos se ha dispuesto el voto telemático, restringiendo la agenda legislativa únicamente a las medidas necesarias en función de la contingencia. En otros casos también se han dispuesto cuotas para restringir el número de parlamentarios en la sala, de forma que por cada partido solo se presentan un número acotado de parlamentarios, como para poder cumplir lo quórums mínimos.
También pertenece a: Congreso Nacional • SaludA raíz de la propagación del "COVID-19", numerosos países han establecido medidas para evitar la propagación del contagio, incluyendo definiciones en el ámbito laboral. Los órganos legislativos no han estado ajenos a esta problemática, debiendo adaptarse y buscar fórmulas para mantener un funcionamiento relativamente estable en medio de esta crisis. Mientras en nuestro país se discute actualmente el Proyecto de Reforma Constitucional que autoriza al Congreso Nacional a sesionar por medios telemáticos en diversos casos, en el concierto internacional son muchos los estados que han buscado fórmulas para garantizar la continuidad de la actividad parlamentaria. Así, por ejemplo, el Senado argentino implementó la modalidad de trabajo conectado remoto, brindando licencias especiales a ciertos parlamentarios y funcionarios de la institución, como los mayores de 60 años y las embarazadas.
La pandemia internacional decretada por la OMS el pasado 11 de marzo, ha llevado a los Estados a extremar esfuerzos. En este contexto las Fuerzas Armadas han adoptado diversos roles y funciones, según los recursos disponibles y las necesidades y urgencias de cada Estado, variando estas desde la cooperación en operaciones de repatriación y asistencia en cuarentenas de pasajeros, como en los casos de Canadá y el Reino Unido, a funciones más complejas a nivel sanitario en España e Italia. Desde el punto de vista sanitario, las Fuerzas Armadas españolas, en el marco de la operación Balmis, y principalmente a través de su Unidad Militar de Emergencia (UME), han realizado una importante labor de desinfección en puntos críticos como estaciones de ferrocarriles, aeropuertos, accesos a hospitales, entre otros. En Italia, el sector Defensa junto con poner a disposición su infraestructura hospitalaria y personal médico, ha desplegado cerca de 400 efectivos en terreno para apoyar en labores sanitarias, habilitando hospitales de campaña y camas, a las vez que, ambulancias, helicópteros y aviones para el transporte de pacientes y equipos médicos. Asimismo, la industria de defensa (AID) estaría colaborando en la producción de respiradores pulmonares. A ello se ha sumado la ingrata labor de trasladar decenas de cadáveres de víctimas del COVID-19, para su incineración.
La aplicación masiva de 20 mil test diarios y el despliegue de una red de laboratorios en todo el territorio gracias a una alianza público - privada, han permitido que se reduzca la cantidad de nuevos contagiados en menos de un mes.
Además de la fuerte inversión en infraestructura hospitalaria, el gigante asiático ha puesto énfasis en aislar a aquellas personas infectadas o que tengan sospechas de estarlo. Aunque el lockdown de ciudades en Wuhan ha recibido algunas críticas, hoy la cifra de nuevos casos es solo de cuatro según Worldometers.