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A pedido del usuario, se describen las medidas normativas adoptadas en beneficio de los usuarios de suministro eléctrico a consecuencia del Covid-19 en Perú, Argentina, Colombia, España y Francia. En Perú, se permite a las empresas el fraccionamiento, hasta en 24 meses, de los pagos por consumos de electricidad por cobros que se hayan emitido durante el mes de marzo de 2020 y los consumos realizados durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional y sus renovaciones posteriores. Por su parte, en Argentina, las empresas prestadoras de servicios de electricidad podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a determinados usuarios, en caso de mora o falta de pago luego de 6 facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1° de marzo de 2020, incluyendo usuarios con aviso de corte en curso. En el caso colombiano, las empresas de energía eléctrica puedan diferir el pago de los servicios por un período de 36 meses respecto del denominado “consumo básico o de subsistencia” de personas vulnerables. Dicho beneficio se establece para dos ciclos de facturación desde abril de 2020. Las empresas que otorguen este beneficio podrán tomar una línea de liquidez financiada por el Estado y además estarán obligadas a ofrecer un descuento de mínimo el 10% sobre el valor (no subsidiado) de la correspondiente factura.
Declarada la pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) la mayoría de los paises fue tomando medidas para disminuir o postergar el número de contagios, para que los sistemas médicos no colapsaran y disminuir las muertes. Si bien ya la situación misma de pandemia causa un miedo y ansiedad en las comunidades, muchas de las medidas de confinamiento y aislamiento social agregan un desafío y una preocupación sobre el bienestar psicológico y social de la población. Estudios llevados a cabo en China, España e Italia dan cuenta del impacto psicológico que tiene el aislamiento social gatillado por la pandemia en las personas. En China, un estudio realizado al inicio de la pandemia muestra que el 53.8% de los encuestados reportó síntomas depresivos, ansiedad o niveles de estrés moderados a severos. Mientras en Italia y España, con las cuarentenas ya instaladas, los resultados muestran que cerca el 80% de los entrevistados tenían niveles altos y muy altos de depresión, ansiedad o estrés. Si bien todas las personas se ven afectadas por las situaciones de emergencias, estudios en la materia muestran que hay que tener especial consideración con los grupos vulnerables, entre los que se encuentran la población infantil y adulto mayor.
(Por Jorge Vásquez)* En marzo de 2020 la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por casi unanimidad una resolución solicitando el otorgamiento de licencias obligatorias para facilitar el acceso y disponibilidad a medicamentos para la prevención y tratamiento del coronavirus. La regulación y experiencia de los países del Asia Pacifico provee una valiosa referencia para abordar el eventual uso de esta figura en Chile.
Para la OCDE(2020), el COVID-19 puso al descubierto la estrecha interacción entre nuestro medio ambiente y economía, evidenciando la urgente necesidad de fortalecer la calidad y resistencia de los activos naturales. Por ello, propone que la búsqueda del crecimiento no signifique un retorno a “lo de siempre”, siendo necesario invertir en una amplia gama de activos complementarios, incluidos no solo el capital físico y humano, sino también el conocimiento y el capital intangible, además del capital natural y social. Para esto, los paquetes de estímulo deben incluir políticas que aborden el cambio climático, el daño ambiental y las desigualdades sociales. Según se plantea por algunos organismos internacionales –FMI, OCDE, IEA, WEF –el escenario actual, en donde los esfuerzos de los países están en reactivar la economía es la oportunidad perfecta para convertir las tan necesarias mejoras ambientales en parte integral de la recuperación económica, en lugar de percibir tales medidas como una carga adicional en un momento de crisis. A partir de la revisión de varias propuestas de recomendaciones para una recuperación sostenible(FMI, OCDE, IEA, WEF), frente a la crisis causada por COVID-19 se evidencian grandes coincidencias, por ejemplo en la necesidad de evaluar el impacto climático de las medidas de apoyo, sugiriendo que sean seleccionadas por su impacto climático, predominando la no flexibilización de las normas ambientales.
Este documento busca identificar las leyes discutidas y aprobadas en el Congreso Nacional, durante el periodo de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, para enfrentar la emergencia sanitaria producida por la pandemia COVID-19, y su impacto en la vida social y pública del país; así como en el empleo y en la actividad económica y productiva en general. La revisión de la base de datos legal www.leychile.cl, en el periodo comprendido entre el 18 de marzo de 2020 y el 25 de junio del 2020, muestra que se han publicado 18 leyes referidas a la emergencia sanitaria del Covid-19. Las leyes analizadas son las número 21.219; 21.220; 21.221; 21.222; 21.223; 21.224; 21.225; 21.226; 21.227; 21.228; 21.229; 21.230; 21.232; 21.235; 21.237; 21.240; 21.242; y 21.243. Las leyes se presentan ordenadas según la temática que abordan. De esta forma, se identificaron ocho leyes sociales, seis leyes laborales, una ley sanitaria, dos leyes relacionadas con la vida pública y una ley que va en ayuda de las empresas. En cada ley reseñada, un cuadro presenta la información formal relevante, seguida de una síntesis de los principales aspectos de cada una de ellas. Se agregan algunos comentarios (en negrita) que intentan orientar respecto de la vigencia y modificaciones sufridas por algunas de estas leyes durante el periodo considerado.
Alrededor de tres meses después del comienzo de las restricciones y medidas impuestas debido a la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, la propagación del patógeno en Alemania parece estar al menos contenida. Sin embargo, ocasionalmente siguen produciéndose brotes locales. La tasa de infección volvió a aumentar considerablemente.
Desde su inicio, en China, la pandemia del coronavirus COVID-19 ha provocado la muerte de más de 450 mil personas y ha contagiado a más de 8,3 millones en todo el mundo, muchas de las cuales residen en grandes centros urbanos. Autoridades en distintos países, a nivel local y gubernamental, han adoptado medidas que reducen los eventuales efectos negativos producidos por el aumento del uso del automóvil en zonas urbanas, así como, el distanciamiento físico y el volumen de pasajeros en el transporte público. Así, para generar una mayor movilidad de las bicicletas en el transporte urbano España ha ampliado las zonas para ciclistas y fomentado su uso compartido; Colombia ha expandido las ciclovías y reemplazado puentes peatonales por pasos a nivel con estaciones del sistema de bicicletas públicas; Bélgica ha reconvertido espacios utilizados por automóviles en zonas de reunión y Unión Europea ha expandido las ciclovías y reconvertido km. para el ciclismo. Por otra parte, se ha impulsado paquetes con ayuda financiera para el desarrollo e impulso de la movilidad urbana sostenible para el transporte en bicicleta. Francia ha destinado ayuda financiera a reparación de bicicletas, instalación de estacionamientos y habilitación de ciclovías temporales; Reino Unido apoyo económico para nuevas ciclovías, habilitación de éstas en carreteras y expansión de las ya existentes y Unión Europea para apoyar inversiones en ciclismo. Finalmente, se incluye la promoción del uso de la bicicleta por parte de OMS Europa, la habilitación de datos del impacto del COVID-19 en el transporte público por parte de UNECE e iniciativas desarrolladas en Chile.
Se analizan las principales medidas adoptadas por el gobierno para enfrentar la crisis social desencadenada por el COVID-19. Específicamente, se analiza la cobertura(población objetivo) establecida para cada una de las medidas, las cuales se pueden agrupar según si están dirigidas a i) determinado grupo de trabajadores/as; ii)determinado porcentaje de 'población vulnerable'; y a iii) dueños de pequeñas y medianas empresas (PYME). Cada uno de estos tres grupos está conformado por entre 4 a 6 medidas adoptadas por el gobierno, las cuales son analizadas según su población objetivo en cada caso. Luego se presentan los resultados de un estudio (Techo-Chile y PUC, 2020), de aparición reciente, que analiza la situación de los jefes de hogar en los campamentos, comparando sus ingresos antes y durante la crisis. Los resultados muestran un gran deterioro de sus condiciones materiales. Un 73% de dichos jefes de hogar tenía trabajoantes de la crisis, aunque solo un 33% del total pudo mantenerlo posteriormente. Un75% de los mencionados jefes de hogar declaró haber perdido la mitad o más de sus ingresos por causa de la crisis. Por último, un 32% de ellos declaró haber recibido elBono COVID-19.
El Informe analiza el funcionamiento de las principales aplicaciones con rastreo de contactos diseñadas para enfrentar el COVID-19, con el objetivo de indagar sus oportunidades y riesgos asociados. Se pone especial énfasis en el marco normativo aplicable a este tipo de dispositivos, abordando el derecho internacional de los DDHH, la normativa supranacional de la Unión Europea, las modificaciones a la normativa nacional de dos casos (Australia y Colombia) y la situación normativa chilena.
Luego de 14 díasde negociación, el oficialismo logró un acuerdo con los tres principales partidos de la Oposición para enfrentar los efectos económicos y sociales de la pandemia del Covid-19 en Chile. A grandes rasgos, el acuerdo incluye medidas para proteger los ingresos de las familias como la ampliación de cobertura y monto del Ingreso Familiar de Emergencia, la creación de fondos para apoyar a los municipios, a las organizaciones sociales y a la red de salud, más una serie de medidas para fomentar el empleo, la inversión privada y pública y proveer de liquidez a las empresa, todo dentro de un marco de gasto fiscal expansivo y extraordinario, que se espera sea estabilizado en el mediano plazo (2022).