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Declarada la pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mayoría de los países fue tomando medidas para disminuir o postergar el número de contagios, para que los sistemas médicos no colapsaran y así disminuir las muertes. Y si bien la pandemia en sí misma provoca miedo y ansiedad en las personas, muchas de las medidas de confinamiento y aislamiento social agregana ún mayor presión, convirtiéndose en un desafío la preocupación por el bienestar psicológico y social de la población. Estudios llevados a cabo en China, España e Italia dan cuenta del impacto psicológico que tiene el aislamiento social gatillado por la pandemia en las personas. En China, un estudio realizado al inicio de la pandemia muestra que el 53.8% de los encuestados reportó síntomas depresivos, ansiedad o niveles de estrés moderados a severos. Mientras que en Italia y España, con las cuarentenas ya instaladas, los resultados mostraron que cerca del 80% de los entrevistados tenían niveles altos y muy altos de depresión, ansiedad o estrés. A pesar de que todas las personas se ven afectadas por las situaciones de emergencias, estudios en la materia indican que hay que tener especial consideración con los grupos vulnerables. En este marco, algunos países han desarrollado acciones de recuperación de la salud mental y bienestar psicosocial para su población.
Diferentes organismos internacionales vinculados a la protección de la salud y los derechos humanos han llamado a los gobiernos a realizar esfuerzos adicionales específicos para proteger los derechos de las personas con discapacidad (PcD) en su respuesta a la pandemia COVID-19. Esto es, considerando también que la pandemia tiene un impacto mayor en las PcD. En este marco se encuentran directrices para los gobiernos, a quienes se les llama a garantizar derechos y tomar medidas de protección específicas para diferentes situaciones que las afectan. Para ahondar en el conocimiento de estos requerimientos, en abril del presente año, el gobierno de Chile levantó la encuesta “Identificación de necesidades de las PcD en periodo Covid-19". Luego, parte importante de la respuesta gubernamental ha sido desarrollada por la Mesa Intersectorial Discapacidad y COVID-19, liderada por SENADIS. Es así como en el sitio web de este servicio se han publicado una serie de recomendaciones para personas con discapacidad ante el Coronavirus, las que están dirigida a diferentes públicos objetivos, considerando tanto a personas con discapacidades específicas ( visual, auditiva e intelectual) como a sus familias y cuidadores.
Se presenta un análisis cuantitativo de los resultados generales asociados al programa de garantía FOGAPE Covid-19 con datos acumulados al 21 de agosto de 2020, incluyendo un resumen histórico de los créditos cursados. El programa ha otorgado derechos de garantía por UF228 millones equivalente a (US$ 8.399millones) de los cuales, las garantías efectivamente usadas alcanzaron los UF215 millones (US$7.918millones), esto corresponde a una tasa de utilización del 94,29%. Por su parte, las instituciones financieras han cursado 225.449 solicitudes de créditos que se distribuyen 88,84% a las micro y pequeñas empresas; 7,86% a medianas empresas; y 3,30% a grandes empresas con ventas anuales que no superan 1 millón de UF.
La Administración no sólo vela por la prestación de servicios públicos, sino también por la conservación del orden público. La evolución de esta última función no ha sido ajena a la propagación de epidemias. El cólera de 1886, la influenza española de 1918 y la gripe asiática en 1957 han motivado, respectivamente, la aparición de la legislación, el desarrollo de la codificación y la instauración de la organización administrativa en este ámbito.
La fuerte caída del producto mundial y la consiguiente caída de los ingresos fiscales de los países, al mismo tiempo que los gobiernos desembolsan enormes sumas de dinero con la esperanza de contrarrestar los efectos económicos negativos de la pandemia e incentivar una recuperación más expedita han provocado un aumento de los déficits fiscales y la deuda pública alrededor de todo el mundo. Los países avanzados y América Latina son los grupos de países con las mayores proyecciones de deuda, aunque el nivel en el que esta deuda se considerará insostenible será determinado por las características particulares de cada país. En Chile, la situación se ve más auspiciosa que para muchos países de la región debido a la disciplina fiscal exhibida en las últimas décadas. Se espera que la deuda pública chilena se contenga en 45% del PIB al año 2030, a través de un fuerte esfuerzo fiscal para la segunda mitad de la década que permita alcanzar balances de valores promedio superavitarios entre los años 2025-2030, de aproximadamente 1% del PIB. Esta minuta fue elaborada para apoyar la labor parlamentaria en la Conferencia Interparlamentaria Virtual sobre Covid-19 en América Latina y el Caribe organizada por Parlatino, a realizarse el día 6 de agosto de 2020.
El presente documento ha sido preparado para parlamentarios chilenos, quienes han sido invitados a participar en la Conferencia Interparlamentaria Virtual sobre Covid-19 en América Latina y el Caribe, para el próximo 6 de agosto de 2020. Considera una síntesis del Plan de Acción COVID-19 implementado por el gobierno chileno y la presentación de las principales medidas sanitarias adoptadas; identificadas por cada una de las fases de la pandemia. Posteriormente, se detalla la estrategia de desconfinamiento denominada “Paso a Paso” y los principales nudos críticos asociados a la gestión de la crisis sanitaria. Finamente se hace referencia a los avances de innovación y desarrollo científico en la estrategia nacional contra el COVID–19.
Según datos del Banco Central, el IMACEC disminuyó, comparado con igual mes del año anterior, un -3,36% en octubre y un -3,98% en noviembre de 2019, producto del “estallido social” , y en un -3,08% en marzo, un -14,10% en abril, y un -15,31% en mayo de 2020, comparado con igual mes del 2019, producto de la crisis sanitaria. Lo anterior tuvo efectos sobre las microempresas y pymes en términos de su capacidad de generar empleo, y en el uso de créditos con garantía estatal (Fogape). Por una parte los datos de ocupación de la Encuesta Nacional de Empleo del INE, permiten visualizar que el estallido social afectó, en un primer momento, a la ocupación en las grandes empresas, en comparación con la ocupación en las micro y pymes. En este periodo se observan tasas de variación negativas de la ocupación en doce meses en grandes empresas, y positivas en micro y pymes. Lo anterior podría estar indicando que ante la ausencia de empleos, las personas se emplearon en pymes o incluso se auto emplearon como trabajadores por cuenta propia. No obstante cabe decir que este fenómeno estaría asociado a mayores niveles de informalidad, es decir que la absorción de empleados en micro y pymes post estallido social ocurrió en el sector informal, y por lo tanto se constituye en una precarización de las condiciones ocupaciones y también de la productividad del sector micro y pyme como un todo. A partir de febrero-abril del presente año se observa un fenómeno masivo de destrucción de empleo en micro y pymes. Las tasas de variación de la ocupación son negativas en los tres tipos de empresas (micro, pymes y grandes), siendo la disminución en el nivel de ocupación en microempresas y en pymes más pronunciada que en las grandes empresas.
También pertenece a: Salud • EconomíaLas consecuencias negativas de la pandemia por COVID-19 han alcanzado a diversos ámbitos sociales, entre ellos, el sistema educativo de los países. En una primera etapa, esto ha planteado desafíos para implementar modalidades de trabajo a distancia; y en una segunda etapa, de preparación para el retorno a clases presenciales, se pone a prueba la capacidad de la infraestructura de los establecimientos, y la aplicación de estrictas normas sanitarias, entre otras; en todos los establecimientos y niveles educativos. Sin embargo, en el caso del subsistema escolar, a diferencia de lo que ocurre en países con esquemas principalmente públicos, aquellos con una gran oferta privada de educación, y que se financia en parte importante por el pago de aranceles, enfrentan otro problema importante: la incapacidad de los hogares para pagar la educación de sus hijos. Considerando que este es el caso de Chile, este documento indaga en las medidas que han tomado países latinoamericanos que han debido enfrentar este mismo desafío. Para ello, se observan los casos de Argentina, poniendo especial énfasis en la Provincia de Buenos Aires, la cual cuenta con un gran número de colegios privados, así como el caso de Colombia.
El tren de pasajeros sufrió,a nivel mundial,el cierre de sus operaciones debido al confinamiento decretado en muchos países a raíz de la pandemia de COVID-19. No obstante, algunos servicios apoyaron las labores de los servicios de salud, es el caso de Francia, España que trasladó pacientes en “trenes médicos” e India que convirtió muchos de sus carros en centros de aislamiento de infectados. Frente a la reapertura progresiva de servicios, la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea difundió una serie de medidas para cautelar el transporte seguro de viajeros, haciendo énfasis en que éstos difieran sus horarios de viajes colaborando a la disminución de la densidad de pasajeros. Argentina ha reforzado en esta etapa de desconfinamiento el control en los accesos de las estaciones, andenes y vagones e incorporó un sistema de reserva en línea de pasajes para disminuir el contacto físico y eventual contagio de COVID-19. Por su parte, España implementó la venta en línea anticipada de un número determinado de pasajes y certificó la limpieza y desinfección de sus trenes. Holanda introdujo quioscos de desinfección para contar con espacios más seguros y una serie de recomendaciones, con medidas específicas, de distanciamiento en los diversos espacios de permanencia y tránsito. Japón, anticipándose a la demanda, reanudó los viajes regulares de los trenes bala, manteniendo la cancelación sólo de los servicios especiales.
En el contexto de la pandemia COVID-19, los NNA son considerados como uno de los grupos especialmente vulnerables de la población. Tanto el sistema internacional como el interamericano de derechos humanos, han destacado en sus Recomendaciones y Directrices el deber de los Estados de mantener el pleno respeto de los derechos humanos en las diversas medidas que se adopten, prestando especial atención al mayor impacto que la pandemia tendrá en los grupos en mayor riesgo, entre los que se cuenta a los NNA. En abril pasado, el Comité de Derechos del Niño advirtió sobre el grave efecto físico, emocional y psicológico de la pandemia COVID-19 en los niños e hizo un llamado a los Estados para proteger sus derechos. Las recomendaciones internacionales destacan que el interés superior del niño debe ser una consideración primordial en las medidas y estrategias que adopten los Estados para responder a la pandemia. Los Estados deben considerar que la especial vulnerabilidad en la que se encuentran algunos NNA, se aumenta por las condiciones excepcionales que provoca la pandemia.