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El presente documento, a solicitud parlamentaria, explora las distintas medidas que los países han adoptado para reemprender las actividades educativas en modo presencial, haciéndose cargo de los problemas que esta ha debido enfrentar durante la suspensión de las clases por disposiciones sanitarias, y procurando enfrentar las consecuencias de esta suspensión. El informe aborda las medidas implementadas en tres países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), específicamente Canadá, Provincia de Ontario; España, Comunidad de Valencia, y por último, Inglaterra. La indagación se centra básicamente en tres aspectos: propuestas en materia académica y curricular; las nuevas medidas para organizar la enseñanza en tiempos de pandemia y post pandemia, y por último, cómo se han organizado para evaluar a los estudiantes. En general es posible observar la implementación de medidas de flexibilidad curricular, centradas en que cada escuela evalúe los déficits producto del cierre de las escuelas en 2020, así como una nueva organización logística de la escuela bajo normas sanitarias que impidan o ralenticen un posible brote de COVID-19.
El presente documento da cuenta de las distintas medidas económicas que han llevado a cabo una muestra de seis países iberoamericanos para paliar la crisis económica provocada por la crisis sanitaria del Covid-19. La información tiene como fuente datos oficiales originados en la Secretaria General Iberoamericana (SGI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL). Aun cuando las medidas económicas en su mayoría incluyen un presupuesto asignado, en el documento se ha omitido esta información por no encontrarse siempre disponible o bien por encontrarse en moneda local, dificultando por tanto su comparación. En los casos que los montos se encontraban en dólares, el valor se mantuvo, no obstante, se encuentran en dólares corrientes y no corregidos por poder de compra.
También pertenece a: TrabajoA la luz del “Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020” de las Naciones Unidas, se da revisión al progreso de los ODS con particular énfasis a los efectos del COVID-19 y el impacto de la recesión económica en el cumplimiento de los Objetivos. Sin embargo, a pesar de los importantes avances obtenidos en la última década, previo a la pandemia ya quedaba en evidencia el no cumplimiento de algunos objetivos, lo que junto a los importantes desafíos que deja la emergencia sanitariay actual crisis económica, obligará a los países, sus gobiernos y sociedad civil a redoblar los esfuerzos de cara al 2030.
A la luz del “Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020” de las Naciones Unidas, se da revisión al progreso de los ODS con particular énfasis a los efectos del COVID-19 y el impacto de la recesión económica en el cumplimiento de los Objetivos. Sin embargo, a pesar de los importantes avances obtenidos en la última década, previo a la pandemia ya quedaba en evidencia el no cumplimiento de algunos objetivos, lo que junto a los importantes desafíos que deja la emergencia sanitaria y actual crisis económica, obligará a los países, sus gobiernos y sociedad civil a redoblar los esfuerzos de cara al 2030.
El presente informe entrega un resumen de las medidasmás relevantes que han impulsado siete países elegibles de diferentes continentes; Europa, Oceanía y América del Norte para mitigar el impacto económico provocadopor la crisis Covid-19. Estas medidas tienen como principal objetivo reactivar la economía a través de estímulos fiscales que favorezcana las empresas, esencialmente a las Micro, pequeñas y medianas empresas(Mipymes) promoviendo la inversión y capital de trabajo en el marco de asegurarsuliquidezy mantener los empleos. Las cifras señaladas en el documento seentregan en euros y dólares. En cuanto a los países de Oceanía, los montos se convirtieron de moneda local a dólares estadounidenses.
La pandemia de coronavirus que azota al mundo ha llevado a los gobiernos a adoptar medidas extraordinarias, más o menos restrictivas, para contener o para paliar los efectos de la misma. En España, el Real Decreto, de 14 de marzo, por el que se estableció el estado de alarma, estableció importantes medidas restrictivas a la movilidad y la actividad económica. La norma, estableció, entre otros, la suspensión de la apertura al público de los museos, bibliotecas, las actividades deportivas y de ocio. No obstante, en abril de 2020, el Gobierno aprobó un Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, también denominado Proceso de Desescalada. El programa de 4 fases, contiene directrices en distintos ámbitos, incluidos el deporte profesional y federado y el deporte no profesional. Frente a la reanudación de la actividad deportiva, el Consejo Superior de Deportes(CSD), elaboró el Protocolo básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones deportivas federadas y profesionales. En Inglaterra, por su parte, el 11 de Mayo, el Primer Ministro presentó al parlamento el documento “Our plan to rebuild: The UK Government’s COVID-19 recovery strategy”,en el que se establecieron tres fases distintas en las que se esbozó la forma en que el Gobierno esperaba que el país volviese gradualmente a cierta normalidad. Además, el Department for Digital, Culture, Media and Sportha publicado guías con información para el público, entrenadores personales, para el regreso a la estructura del deporte en equipo, para proveedores de instalaciones sobre el retorno gradual del deporte y la recreación al aire libre.Junto a esto, se han emitido orientaciones para el regreso al entrenamiento del deporte de elite: etapa 1, 2 y 3.
El siguiente documento tiene como finalidad dar cuenta de los efectos de la crisis sanitaria sobre la actividad económica por sectores, identificando aquellos que por sus características están más expuestos al efecto de las restricciones impuestas. La imposibilidad de que las personas salgan de sus hogares genera un shock laboral(Chanona.M, 2020) que es particularmente intenso en ciertos sectores económicos, producto de las características de las ocupaciones que mayormente utilizan en la producción de sus bienes y servicios. Sectores económicos caracterizados por ocupaciones de baja sustitución de tecnología por trabajo, de alta proximidad física, y de baja posibilidad de trabajo vía remota, están más expuestos a las restricciones impuestas producto de la crisis sanitaria. De una revisión de la literatura reciente se puede constatar que sectores como hotelería y restaurantes, actividades artísticas, de entretención y recreación, comercio, construcción y servicios sociales y personales son particularmente afectados. No así actividades como servicios de intermediación financiera, servicios legales y administrativos y actividades extractivas que se verían menos perjudicadas.
De acuerdo a lo solicitado y en el marco del proyecto de ley que Modifica la Carta Fundamental para establecer por única vez, un impuesto al patrimonio de determinadas personas naturales, destinado al financiamiento de una renta básica de emergencia, Boletín 13555-07, el documento tiene como objeto determinar, con fuentes oficiales, el monto de los recursos disponibles del seguro de cesantía al inicio de la pandemia y el monto de esos fondos que se ha utilizado producto de la pandemia del Covid-19. Además, se determinará si hubo reducción de los salarios de los trabajadores y trabajadoras a causa de la pandemia. Si bien los recursos disponibles, tanto de las Cuentas Individuales de Cesantía (CIC) como del Fondo de Cesantía Solidario (FCS) han experimentado una leve alza entre el mes de febrero y el mes de junio de 2020, la relación entre los recursos que egresan por pago de prestaciones y los que ingresan por concepto de cotizaciones han aumentado fuertemente a partir del mes de marzo de 2020. Respecto de los ingresos de los trabajadores, el análisis diferenció entre los trabajadores y trabajadoras acogidos a suspensión del contrato, ya sea por acto de autoridad o pacto de suspensión con solicitud aprobada y que al 16 de agosto de 2020 llegaban a 722.615 trabajadores y aquellos afectos a reducción de jornada que a esa fecha sumaban 43.800 trabajadores y trabajadoras.
Según datos de la ONU, la pandemia de coronavirus puede tener un impacto catastrófico en la vida de millones de mujeres, debido a que el número de mujeres que no pueden acceder a planificación familiar y que se enfrentan a embarazos no planeados aumenta gravemente con los meses de cuarentena, así como también la violencia de género. Por esta razón, la UNFPA pide a los países redoblar los esfuerzos para facilitar el acceso a los servicios y la continuidad de uso de la anticoncepción y anticoncepción de emergencia (especialmente en los casos de violencia sexual), así como también dar acceso a la prevención y al tratamiento de infecciones de transmisión sexual (ITS) y el VIH. Nuestro país no ha estado ajeno a estos efectos secundarios del confinamiento. Según datos de la Corporación Miles, en la encuesta realizada sobre salud sexual y reproductiva, el 74% de las mujeres ha tenido problemas para acceder a métodos anticonceptivos durante la pandemia, ya sea por falta de stock, aumento de precio o porque el servicio de salud no estaba entregando el medicamento. Mientras el COLMED, da cuenta de demoras en la atención y falta de stock de anticonceptivos en la atención primaria. En Chile la anticoncepción está regulada principalmente por las Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad del Ministerio de Salud de Chile (primera versión del 2006, actualizada el 2018) y por la ley N° 20.418 que Fija Normas Sobre Información, Orientación y Prestaciones en Materia de Regulación de la Fertilidad (2010). Se suman al marco normativo, el marco programático dependiente de la Subsecretaría de salud pública, donde se encuentra el Programa de Salud de la Mujer, sumado a la Política Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva (2018), el Programa Salud de la Mujer (1997) y la Norma General Técnica para la atención de víctimas de violencia sexual. Además, debe considerarse el Programa Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes, bajo el cual se ha desarrollado la Consejería en Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes. Si bien los datos encontrados por la corporación Miles durante la pandemia son preocupantes, ya para el año 2016 el Barómetro Latinoamericano Sobre el Acceso de las Mujeres a los Anticonceptivos Modernos, daba cuenta de que si bien Chile disponía de un dispositivo legal y una política pública de avanzada en relación al acceso a métodos anticonceptivos, en la práctica hay deficiencias en la atención, que constituyen barreras de acceso a estos, vulnerando así los derechos de parte importante de las mujeres. Todo apunta a que las falencias en atención en salud sexual y reproductiva durante la pandemia se han agravado por la falta de un protocolo de atención en salud sexual y reproductiva que establezca directrices comunes, con participación de los actores y la asignación de un presupuesto independiente.