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En relación a las recomendaciones, medidas o programas para enfrentar el Coronavirus 19 (COVID-19) en la agricultura, la Organización de los Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha realizado las siguientes recomendaciones: garantizar la cadena de suministro de alimentos y transporte; ayudar a los países, especialmente sus poblaciones más vulnerables; que los países que prestan ayuda a otros que continúen esa ayuda; asegurar la seguridad alimentaria e informar casos de mortalidad animal. Chile ha declarado la agricultura como un servicio esencial. Por tanto, el Ministerio de Agricultura ha dispuesto: resguardo de la salud de los trabajadores agrícolas (estableciendo protocolos y manuales); monitoreo y apoyo al funcionamiento de la cadena de abastecimiento y apoyo financiero (agilización de trámites y continuidad de funciones).
Las medidas adoptadas por la crisis sanitaria del Covid-19 han desencadenado también una crisis en la educación, producto del cierre temporal de los establecimientos escolares. Según UNESCO, 186 países en el mundo debieron cerrar, por lo que 1.292 millones de estudiantes han estado sin aprendizaje presencial; y algunos de ellos simplemente sin aprendizaje. Los expertos señalan que las medidas de aislamiento han supuesto un retroceso educativo y agudizado la desigualdad social, por lo que advierten de la necesidad de revertir la situación cuanto antes. Sin embargo, esta decisión de planificar la reapertura escolar requiere condiciones de seguridad para el bienestar de la comunidad escolar y procesos de planificación flexibles sujetos a cómo evolucionará la pandemia, además del asesoramiento permanente de los expertos en salud. El informe da cuenta de la experiencia de cuatro países del hemisferio norte, que ya han abierto o decretado una fecha próxima de retorno escolar: Alemania, Dinamarca, Noruega y los Países Bajos. Todos ellos han implementado un retorno gradual y controlado. Respecto de la gradualidad, difieren en qué nivel educativo se incorpora primero. Algunos optan para que sean los más pequeños, argumentando la necesidad que tiene este grupo de un aprendizaje presencial, ya que los más grandes son más autónomos en el aprendizaje a distancia como es el caso de Dinamarca, Noruega y los Países Bajos. Otros señalan que es mejor que ingresen los cursos mayores, ya que ellos pueden respetar mejor las normas de distanciamiento, y además tienen más urgencia en seguir con sus procesos formativos como es el caso de Alemania (Bavaria y Berlín). En cuanto al control, todos implementan medidas de higiene, limpieza y distanciamiento. Respecto al distanciamiento, establecen que en la sala de clases debe trabajarse con grupos reducidos, y se deben organizar grupos o cohortes que se mantengan juntos para trabajar en clases, compartir los recreos e incluso los almuerzos. En los Países Bajos se destaca además que la jornada escolar de la semana será 50% en el colegio y 50% modalidad a distancia.
A solicitud de la Comisión de Hacienda del Senado, en el contexto del debate del Proyecto de Ley que establece un seguro social de protección de ingresos para los trabajadores que indica (boletín N.° 13.479-05) y del Proyecto de Ley que establece un beneficio para los trabajadores independientes que indica, para proteger sus ingresos ante las dificultades generadas por la propagación de la enfermedad Covid-19 en Chile (boletín N.o 13.542-05), se revisa la experiencia comparada sobre las medidas que se han adoptado en otros países para apoyar a los trabajadores independientes afectados por la emergencia sanitaria del COVID-19. Se analiza Argentina, Francia, Reino Unido, Brasil, Colombia, España e Italia. Para dichos efectos se revisaron las legislaciones y regulaciones correspondientes, así como las páginas de internet oficiales de diversos ministerios de los países revisados y artículos de prensa, entre otras fuentes. Adicionalmente, se tomaron como base tres documentos de la Biblioteca del Congreso Nacional: “Revisión Comparada de medidas de protección al empleo frente a Covid-19“(2020), “Resumen y revisión de medidas comparadas de protección al empleo por COVID-19 (2020) y “Las medidas de protección laboral de urgencia sanitaria en el derecho francés“(2020) .Dado que en el momento de la solicitud de la Comisión de Hacienda del 22 de mayo de 2020 el proyecto de ley no tenía la forma de un préstamo, y para cumplir con el plazo de entrega que por la tramitación de la iniciativa legal ha sido más corto de lo inicialmente previsto, no se han podido analizar las medidas que tenían el carácter de préstamo en estos países.
De acuerdo a un estudio de Fundación Sol, para el trimestre móvil diciembre- febrero 2018 el 40,6% de los empleos - tanto en el sector público como privado - no se encuentran protegidos. Mientras que el 52,9% corresponde a asalariados protegidos por el Código del trabajo y el 6,5% por el Estatuto Administrativo. Sin embargo, Fundación Sol realiza una apertura de los trabajadores desprotegidos, encontrándose a aquellos subempleados o con jornada parcial que estarían dispuestos a trabajar una completa. Más interesante aún son los trabajadores y trabajadoras de inserción laboral endeble, ya que todos ellos se encuentran en una situación de precariedad. No obstante, para el análisis requerido los de mayor interés son los denominados subordinados independientes que corresponden a aquellos que entregan boleta a honorarios que suman en el trimestre móvil diciembre-febrero de 2018 a 1.127.349 trabajadoras y trabajadores. También son relevantes para el análisis los asalariados desprotegidos ya que carecen de un contrato de trabajo, cotización previsional, cotización de salud y/o seguro de cesantía, estos alcanzaban en el trimestre móvil diciembre-febrero de 2018 a 338.368 personas. Los trabajadores a honorarios y los asalariados desprotegidos en el trimestre móvil señalado suman 1.465.717 personas. Por último, se señala que el ingreso promedio mensual, de acuerdo al INE, en 2018 fue de $ 573.964. Sin embargo, el ingreso mediano llegó a $400.000 mensuales. Fundación Sol, en tanto, estima que el 80% de los trabajadores y trabajadoras asalariadas que no tienen contrato de trabajo, gana menos de $412 mil.
El presente trabajo tiene por objeto sistematizar las recomendaciones formuladas por la Comisión y la Corte IDH, para asegurar que en el contexto de la emergencia sanitaria se respeten y garanticen los Derechos Humanos, y poner a disposición de la comunidad parlamentaria y de usuarios en general, en un solo documento, los lineamientos a considerar por los órganos del Estado al diseñar, adoptar, implementar, evaluar las medidas para enfrentar los efectos de la pandemia COVID-19.
Miembro de la Comisión de Ciencias y Tecnología de la Cámara de Diputados, se refirió puntualmente a los casos de China y Corea del Sur, donde el COVID-19 se encuentra en una exitosa fase de control. En su opinión, es importante que las aplicaciones no resulten invasivas para las libertades básicas.
El presente documento indaga en las medidas que distintos paíseshan implementado tanto al inicio de la pandemia de COVID 19como en etapas más avanzadas de esta, en el ámbito de la educación en los niveles preescolar, primario y secundario. De esta forma, se busca evidenciar qué decisiones concretas han adoptado determinadas administraciones educativas en torno a la suspensiónde las actividades presenciales; así como a su posterior reanudación, en distintas modalidades.En general, la investigación arroja los siguientes tópicos:•Se advierte una tendencia general a mantener las escuelas cerradas como parte de las medidas globales de incrementar la distancia social para impedir la dispersión de la pandemia.•No obstante, en la mayoría de los países estudiados se mantiene una política de apertura de las escuelas para los grupos de niños y niñas que por razones específicas requieren asistir a ellas.•Se observa un amplio despliegue de plataformas de aprendizajes en línea para los y las estudiantes, tanto en herramientas web como televisivas.•Se observa que los departamentos o ministerios de educación de algunos países, especialmente los anglófonos, mantienen sitios web con información muy clara y precisa, algunos en modalidad pregunta/respuesta, para la población, de forma de dar cobertura a todas las inquietudes que pueden surgir en un contexto como el que se vive.
Daniel Álvarez, académico de la Universidad de Chile, se refirió al uso de tecnologías para contener el COVID-19 en China y Corea del Sur, y la forma como atentan en contra de los datos personales. Aunque matiza la efectividad de las aplicaciones, cree que es necesario que en nuestro país exista una autoridad que garantice nuestra privacidad.
En la actualidad, el mundo es afectado por la pandemia del COVID-19, un virus de origen animal que pasó a humanos. Sin historial previo ni vacuna desarrollada, se expandió rápidamente por el mundo. En menos de cuatro meses, la disrupción de prácticamente todas las actividades humanas ha sido devastadora. La respuesta ha sido tan variada como gobiernos hay. Carente de una respuesta global coordinada, el mundo asiste a un escenario demúltiples medidas, y resultados producto de la casi total falta de preparación para enfrentar una pandemia. Ha habido aquellos que –como Corea del Sur- han tomado decisiones reconocidas como rápidas, oportunas, agresivas y bien informadas y pueden decir, por ahora que tienen la situación bajo control. Otros han reaccionado tarde y subvalorado la gravedad de la situación. Y otros, como Chile, que según cifras oficiales – disputadas por Espacio Público y el Colegio Médico de Chile, entre otros- están llegando a una situación que según sus autoridades ameritan la regularización de las actividades productivas. Y es allí precisamente donde los epidemiólogos, advierten de los peligros de las segundas y terceras olas de esta pandemia, porque sin vacuna, sin inmunidad natural, sin equipamiento hospitalario suficiente en cantidad y calidad, y sin equipos de diagnóstico pre y post infección, levantar las restricciones y permitir el regreso a las actividades “normales” podrían generar la repetición de las condiciones que posibilitaron la primera ola.
Desde una perspectiva económica, la actual pandemia mundial se presenta como una crisis mucho más amplia que crisis mundiales anteriores. Se trata de una crisis global y multidimensional que requiere de respuestas globales, pero que se presenta en un momento en el que no existen liderazgos globales que las faciliten. A medida que el virus se propaga por todo el mundo crece el acuerdo en que una mayor acción coordinada será clave para disminuir la incertidumbre, aumentar la confianza y proporcionar estabilidad a la economía global. Sin embargo,los principales mecanismos de gobernanza global, están jugando un rol secundario en la gestión de este problema sanitario con efectos y consecuencias económicas y sociales aún difíciles de dimensionar. La minuta indaga respecto a las condiciones existentes en la actual gobernanza mundial para articular respuestas globales a estos problemas globales.