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Se revisa los principales aspectos que comprenden los compromisos económicos que asumen los copropietarios bajo la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, principalmente en lo relativo a los gastos comunes y sus alcances. A la luz delo anterior, se examinan los nuevos proyectos de ley contenidos en los boletines 13.381-14 y 13.388-14, que en lo central, buscan alternativas para abordar las dificultades que podrían plantear la crisis del Covid 19 y sus consecuencias económicas para la cancelación de los gastos comunes para muchas familias. En este contexto, se precisa que los gastos comunes corresponden a los gastos necesarios para la mantención del funcionamiento de una comunidad y, en general, su cálculo permite cubrir los gastos mensuales que en ella se originan, por lo que las medidas a contemplar deben permitir asegurar el funcionamiento de las mismas. En este orden de ideas, se sugieren algunas observaciones que podrían contribuir a abordar la problemática descrita.
El miércoles 8 de Abril el Gobierno anunció una segunda ola de medidas económicas para complementar el Plan Económico de Emergencia lanzado el mes de Marzo. Una de las principales medidas anunciadas será la ampliación y capitalización del Fogape, para garantizar el financiamiento de empresas de hasta 1 millón de UF anuales, con una tasa nominal máxima del 3,5% y garantía Estatal por hasta un 85% de los montos. Otra medida, de la cual se espera tener más información con el transcurso de los días, es un fondo por US$ 2.000 millones para la protección de los ingresos de los más vulnerables y trabajadores informales sin contrato, cuyo uso será flexible La tramitación de este proyecto fue rápida, reflejando el amplio consenso político de la medida, aunque todavía existen dudas sobre la suficiencia de los montos y sobre cuales serán los reales beneficios de los bancos que otorguen los créditos con garantía estatal.
También pertenece a: TrabajoSe revisan datos sobre la Tasa de Incidencia de la pandemia de COVID 19 según 6° Informe Epidemiológico MINSAL. Se detallan los datos señalados a continuación de las comunas cuya tasa es superior a 50 personas contagiadas cada 1000 habitantes: Número de hogares en el 40% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares. — Viviendas que presentan falencias en su materialidad en las categorías de irrecuperable y recuperables según Censo 2017 — Porcentaje de hogares hacinados. Como observaciones generales se puede señalar que: 1. La situación de precariedad material de las viviendas es más aguda porcentualmente en las comunas de menor población, en tanto el hacinamiento se expresa en todas las comunas. 2. La precariedad material se verá particularmente agudizada en los meses de invierno y puede agravar las situaciones de riesgo y precariedad material de los grupos vulnerables. 3. Ambas condiciones, precariedad material y hacinamiento, dificultan el cumplimiento de medidas de cuarentena. 4. La epidemióloga Sra. Muriel Ramírez, sobre las medidas recomendables, relevó el uso de “Cordón Sanitario”, la implementación de cuarentenas totales para frenar la circulación de la enfermedad, y el uso de hoteles sanitarios para personas contagiadas o sospechosas que por distintas razones, entre las que se cuenta la precariedad de su propia vivienda o el hacinamiento, no puedan cumplirla en su domicilio. 5. Entre las buenas prácticas que han surgido posibles de replicar se puede destacar la implementación de puntos de higiene en sectores sin acceso a servicios básicos, provisión de agua mediante camiones garantizando mínimos familiares, y la reconexión de viviendas con los servicios sanitarios suspendidos por no pago.
También pertenece a: EconomíaEl presente documento tiene por objeto apoyar a diversos parlamentarios en la recolección de antecedentes respeto de la pandemia de COVID-19, en particular en lo referente a las Non-Pharmaceutical Interventions (NPIs) que corresponden a medidas, planes y políticas que promueven el aislamiento social y buscan evitar que el número de contagiados aumente de manera tal que los sistemas de salud a nivel mundial alcancen su capacidad críticA.
Los parlamentos de todo el mundo se están adaptando a las nuevas realidades resultantes de la pandemia de COVID-19. Están cambiando la forma en que votan, de llevar a cabo sesiones de comisiones y plenarias, y de fiscalizar a los gobiernos. Tales adaptaciones han sido fruto del acuerdo entre partes (Gobierno, Mesas de las cámaras y/o partidos políticos) y otros se han realizado formalmente, por vía de reforma constitucional, legal o reglamentaria. Un tema común entre casi todas las legislaturas en todo el mundo es que han cerrado sus edificios parlamentarios a toda actividad fuera de sus funciones esenciales. Algunos han optado por reducir sus quórums, como Alemania. En general, los funcionarios no esenciales se encuentran trabajando remotamente y para quienes deben permanecer se han adoptado medidas especiales de distanciamiento físico. Incluso, algunos han optado por cambiar la sede a fin de cumplir con estas medidas (Suiza). En el desarrollo de lo que se ha denominado el “parlamento virtual”, una gran mayoría de los casos revisados ha adoptado sistemas de videoconferencia para continuar con el trabajo parlamentario, tanto en plenario como en comisiones. Sin embargo, pocos han implementado el voto telemático, entre los que destaca Chile, Brasil y España. Si bien se mantiene el escrutinio a las acciones del Gobierno, aunque más restringido (por ejemplo, a través de menos tiempo para cuestionar a ministros, como en Francia y Reino Unido), en Nueva Zelanda se creó una comisión especial para fiscalizar la labor del Ejecutivo durante la pandemia. En cuanto a las aplicaciones elegidas para apoyar el trabajo parlamentario, si bien no existe una solución de “cero riesgo”, el sistema escogido debe ser lo suficientemente seguro como confiable. La plataforma de videoconferencia Zoom ha sido utilizada por varios parlamentos, pero no es la única que ha sido probada. Para los demás procedimientos internos, los países que ya han digitalizado sus procesos continúan usando sus sistemas internos. Atendido el rápido desarrollo de la contingencia, las materias tratadas en el presente informe son esencialmente dinámicas. En consecuencia, su contenido corresponde a información disponible y vigente al momento de su elaboración (15.04.2020)
También pertenece a: Congreso NacionalA la luz de la reciente publicación de la revista científica Science Robotics a fines de marzo de 2020 titulada “Combating COVID-19—The role of robotics in managing public health and infectious diseases”, se da revisión a las tres grandes áreas de aporte de la robótica al combate del coronavirus. Junto a ello –y para complementar el análisis– se releva la experiencia aplicada en países del Asia Pacífico, que con éxito han implementado robots para aminorar el impacto y exposición del virus, tanto de sus profesionales médicos como pacientes, en sus respectivos sistemas de salud.
A raíz del COVID-19, los países han dictado medidas restrictivas de libertades personales, consistentes en distintas formas de aislamiento social o “cuarentena”, sancionando la vulneración de dichas medidas con penas privativas de libertad y multas. En Argentina se sancionan las siguientes conductas:a) Delito de violación de medidas anti-epidémicas: con prisión de 6 meses a 2 años al que viole las medidas adoptadas por las autoridades para impedir la introducción o propagación de una epidemia. con prisión de 15 días a 1 año al que resista o desobedezca a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal.b) Propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa: con reclusión o prisión de 3 a 15 años.c) Declaración Jurada Falsa sobre antecedentes relacionados con la enfermedad: con reclusión o prisión de 1 a 6 años. d) Omisión de Denuncia del incumplimiento del aislamiento: prisión de 6meses a 3 años. En losEstados Unidos de América se sanciona la vulneración de la cuarentena:a) Estado de California: multa hasta 1.000 USD y/o privación de libertad de hasta 6 meses.b) Estado de Nueva York: multa de hasta 1.000 USD. En Francia se sanciona la violación del aislamiento social obligatorio con multa de hasta 750 euros; si hay reincidencia dentro de 15 días se sanciona con hasta 1.500 euros; si la infracción se reitera más de 3 veces en 30 días, se aplica multa de 3.750 euros y trabajo comunitario. En España se sanciona la vulneración de la cuarentena con multas de1.500 a 600.000 euros, y prisión de 3 meses a 4 años, dependiendo de su gravedad, reiteración y norma aplicada. En Perú se sanciona la vulneración de la cuarentena con pena privativa de libertad de 6 meses a 3 años y multa. Y si se trata de resistencia o desobediencia a la autoridad, con privación de libertad de 6 meses a 2años. Todos los delitos o infracciones señalados son mediante leyes penales en blanco, que se complementan con disposiciones administrativas.
Este documento aborda el problema de la elaboración de políticas públicas sobre empleo en medio de la crisis que ha generado la pandemia del COVID-19.
La Organización Internacional del Trabajo señala que los efectos de la pandemia son devastadores para el empleo y los ingresos de los trabajadores. Asimismo, invita a los países a adoptar medidas integradas y a gran escala, en cuatro pilares: apoyar a las empresas, el trabajo y los ingresos; estimular la economía y los empleos; proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo; y utilizar el diálogo social entre gobiernos, trabajadores y empleadores a fin de encontrar soluciones. Los países han estado tomando medidas de emergencia para poder disminuir los efectos negativos y generar políticas e instrumentos de ayuda a los trabajadores y a las empresas para superar esta crisis. De la revisión de las principales medidas de protección al empleo y/o trabajadores derivadas de la emergencia sanitaria en Argentina, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos de América y Reino Unido, se puede concluir que: - Todos los países analizados han adoptados medidas de protección a los ingresos de los trabajadores, por medio de subsidios directos, flexibilización de requisitos para acceder a las prestaciones de cesantía o la implementación de la modalidad de teletrabajo, suspensión de contrato o reducción de horas, entre otras medidas. - España, Argentina, Brasil, Estados Unidos y Reino Unido han implementado medidas para ir en ayuda de las empresas con asignaciones de complemento de sueldos, reducción de impuestos o de eximición de pago de cotizaciones previsionales por los periodos de crisis. - También algunos países han adoptado medidas específicas para los trabajadores autónomos y/o informales, ese es el caso de Argentina; Reino Unido y España. Atendida el rápido desarrollo de la contingencia, las materias tratadas en el presente informe son esencialmente dinámicas. En consecuencia, su contenido corresponde a información disponible y vigente al momento de su elaboración (08.04.2020).