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En Chile, la primera medida del Gobierno fue adoptada el 5 de enero del 2020, cuando promulgó el Decreto N° 4 (publicado el 8 de febrero de 2020), decretando Alerta Sanitaria por un año El 22 de enero de 2020 se declaró la fase 1 de la epidemia ante brote de 2019 del Covid 19 en China. Esto es considerando que aún no se presentan casos en el territorio nacional. El 15 de marzo de 2019, el Ministerio de Salud declara simultáneamente las fase 3 y 4 considerando de que ya existe transmisión sostenida del virus en la población, a consecuencia de lo cual se amplían las medidas de aislamiento, cuarentena y aduanas sanitarias. Con fecha 18 de marzo de 2020, el Presidente de la República declaró Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por calamidad pública, en el territorio nacional. Y a partir del jueves 26 de marzo, 7 comunas de la Región Metropolitana fueron declaradas oficialmente en cuarentena. Entre las diversas medidas adoptadas por las autoridades centrales y sanitarias, se cuentan acciones extraordinarias destinadas a fortalecer la capacidad hospitalaria, ampliar los medios de diagnóstico y establecer protocolos para la entrega de licencias médicas. Paralelamente, la autoridad elabora y publica diversos protocolos para la gestión de riesgos en este contexto, como son los relativos a la limpieza y desinfección de ambientes, y al manejo de contactos de casos Covid-19 (excluidos los establecimientos de atención de salud).
La aparición en diciembre de 2019 del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) y su alta transmisibilidad, en una época de extrema globalización que ha determinado su rápida propagación por el mundo, supone uno de los mayores retos no sólo para la salud internacional sino también para los modelos económicos, sociales y culturales actualmente predominantes entrados a la segunda década del siglo XXI. Comprender el impacto de esta pandemia, particularmente en la salud y en los sistemas sanitarios, a través del análisis responsable de las múltiples fuentes de información disponibles ‒determinada por la hiperconectividad en que nos encontramos‒, supone también un importante desafío. El presente Informe, haciendo uso de fuentes oficiales o bien, de información generada “por” o transmitida “a través de” entidades de reconocida solvencia científica, busca dar un panorama general acerca de los negativos efectos que la primera pandemia de la presente centuria es capaz de producir en la salud y los sistemas sanitarios y los aprendizajes que será necesario rescatar de ella.
Este Informe ha sido elaborado para entregar antecedentes enrelación a los efectos multidimensionales que está teniendo la pandemia de coronavirus en Chile. En particular, centra la atención en los efectos políticos que ha tenido para generar una recalendarización general del itinerario electoral de 2020, con especial atención a la celebración del Plebiscito constitucional.
Algunas empresas chilenas con inversiones en el extranjero o con activos en moneda extranjera podrían pagar más impuestos en los años 2020 y 2021, sólopor causa de un aumento en el valor de los activos en razón del alza del tipo de cambio. Lo anterior, por cuanto la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR)obliga a corregir monetariamente dichos activos y pasivos, usando la cotización de la moneda de los mismos. Esto genera resultados tributarios distorsionados por la fluctuación del tipo de cambio.El Código Tributario permite al contribuyentecontabilizar sus operaciones y/o declarar o pagar sus impuestos en moneda extranjera. Sin embargo, ellono necesariamente conviene al contribuyente, pues éste debe pagar los impuestos según el tipo de cambio vigente a la fecha del pago, debiendoel contribuyente soportar la diferencia de valor de la moneda extranjera entre el 31 de diciembre y la fecha de pago de los impuestos. Así, si el contribuyente dispone de moneda extranjera puede venderla para pagar el impuesto y de este modo no sufrir perjuicio. Pero puede ser que la empresa no disponga de ella, sino que la haya invertido en mercadería, activo fijo o en cuentas por cobrar, contabilizadas en dólares–por ejemplo-. Por tanto, en este caso el contribuyente deberá financiar la diferencia de tipo de cambio para pagar el impuesto, sin haber ganado nada. Bajo la norma legal y administrativa actual, lo anterior no parece evitable, pues las normas vigentes resguardan el interés del Fisco.
En momentos en que a nivel mundial los casos confirmados de COVID-19 superan los 1,3 millones de contagios y el número de muertes se eleva a cerca de 75.000, la mayoría de los Estados ha debido recurrir a sus Fuerzas Armadas para la ejecución de diversas tareas. En los casos revisados a continuación, a saber, Australia (5.797), Ecuador (3.747), India (4.778), México (2.143) y Sudáfrica (1.655), que superan los mil casos de contagios, se advierten ciertas similitudes en las labores desarrolladas por sus efectivos, con los matices propios de cada cultura. En todos los casos, y desde los inicios del brote en la provincia china de Wuhan, las respectivas Fuerzas Aéreas han realizado labores de repatriación y asistencia médica en las cuarentenas. De igual forma, los medios aéreos han sido utilizados para el transporte de víveres, equipos y personal médico. Por su parte, y a medida que las cifras de contagio se elevan, las FF.AA., salvo en México, han sido convocadas para apoyar las labores de los organismos policiales en términos de control, patrullaje y verificación de cumplimiento por parte de la ciudadanía de las medidas de restricción de circulación y/o toque de queda, implementadas en cada uno de los países.
Ante el coronavirus,algunos países delAsia han implementado con –éxito y en tiempo récord–una serie de medidas para vigilar el cumplimiento del aislamiento de los pacientes COVID-19. Gracias aluso del bigdata, la geolocalización y otras tecnologías, se busca resguardar al resto de la población a través de aplicaciones (apps)que alertan de ubicaciones posiblemente peligrosas, aunque se discuten los límites en el resguardo de los datos personales y la privacidad. No obstante,a pesar de los positivos resultados, existen importantes desafíos para poder replicar estas medidas tanto en Occidente como en nuestro país, fruto de las brechas en materia de protección de datos, resguardo de información sensible y derechos civiles. Sin embargo, existen elementos que podrían implementarse en Chile, y que facilitarían la gobernanza local en temas como la salud pública y la seguridad.
Con fecha 02 de abril de 2020 fue promulgado le Proyecto de Ley que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley N°19.728 en circunstancias excepcionales. El texto aprobado por el Congreso Nacional dispone una serie de beneficios de acceso a prestaciones de seguridad social que buscan proteger el empleo frente a diferentes circunstancias derivadas de la emergencia sanitaria producida por la enfermedad denominada COVID-19. De estas medidas destacan: a) la suspensión de pleno derecho y por el solo ministerio de la ley de las relaciones laborales cuando exista un acto o declaración de la autoridad que establezca medidas para el control de dicha enfermedad, que impidan o prohíban totalmente la prestación de servicios contratados, accediendo en tal caso los trabajadores a las prestaciones del seguro de cesantía; b) la posibilidad de que empleadores y trabajadores pacten una suspensión en los mismos términos descritos y con los mismos beneficios, cuando se trate de actividades que si bien no se encuentran afectas a las medidas de control dispuestas en el acto o declaración de autoridad, ven afectadas total o parcial la actividad de sus establecimientos, c) la posibilidad de que empleadores y trabajadores que se encuentren en algunos de los supuestos dispuestos en la norma (disminución del promedio de sus ventas o empleadores que no se encuentren afectos a las medidas dispuestas por el acto o declaración de la autoridad, entre otras), pacten una reducción de la jornada de trabajo de hasta un 50%, teniendo el trabajador derecho a una remuneración de cargo del empleador equivalente a la jornada reducida, y a un complemento con cargo al seguro de cesantía; d) la prohibición de los empleadores, por el plazo de 6 meses o bien, existiendo el Estado de Catástrofe, de poner término a los contratos de trabajo por causal de fuerza mayor, invocando como motivo los efectos de la pandemia de COVID-19.
La adopción de medidas fiscales para potenciar el mercado de los créditos o millonarios planes de estímulo para incrementar la producción y los niveles de consumo, son algunas de las medidas que destacan para levantar las economías locales.
Este informe examina la relación entre el avance del COVID 19 y factores territoriales que podrían contribuir a la adopción de medidas de protección. Para esto, se da cuenta de tres iniciativas que han tenido por objeto poner en evidencia la importancia de esta relación: Uno de Vergara Perucich y otros (2020) busca determinar los sectores de la ciudad en que se emplazan las viviendas con condiciones de precariedad material que presenta alto riesgo ante el COVID 19. Núñez (2020) y otros buscan determinar los espacios urbanos que promueven las interacciones sociales, y cuyo control y reducción de su actividad podría contribuir a disminuir potenciales focos de contagio. Un tercer estudio del Centro de Producción del Espacio de la Universidad Las Américas, busca construir un Índice de Vulnerabilidad para el COVID-19, que permita identificar los sectores de hogares más vulnerables a propósito de expansión del coronavirus en Chile. En este ámbito, se revisan los datos de las evolución del COVID 19 a nivel comunal, y utilizando el índice de incidencia, definido por OPS como el número de casos nuevos de una enfermedad u otra condición de salud dividido por la población en riesgo de la enfermedad (población expuesta) en un lugar específico y durante un período especifico y cuya interpretación matemática es la probabilidad de que un individuo perteneciente a la población en riesgo se vea afectado por la enfermedad de interés en un período específico.
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