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Se analizan las principales medidas adoptadas por el gobierno para enfrentar la crisis social desencadenada por el COVID-19. Específicamente, se analiza la cobertura(población objetivo) establecida para cada una de las medidas, las cuales se pueden agrupar según si están dirigidas a i) determinado grupo de trabajadores/as; ii)determinado porcentaje de 'población vulnerable'; y a iii) dueños de pequeñas y medianas empresas (PYME). Cada uno de estos tres grupos está conformado por entre 4 a 6 medidas adoptadas por el gobierno, las cuales son analizadas según su población objetivo en cada caso. Luego se presentan los resultados de un estudio (Techo-Chile y PUC, 2020), de aparición reciente, que analiza la situación de los jefes de hogar en los campamentos, comparando sus ingresos antes y durante la crisis. Los resultados muestran un gran deterioro de sus condiciones materiales. Un 73% de dichos jefes de hogar tenía trabajoantes de la crisis, aunque solo un 33% del total pudo mantenerlo posteriormente. Un75% de los mencionados jefes de hogar declaró haber perdido la mitad o más de sus ingresos por causa de la crisis. Por último, un 32% de ellos declaró haber recibido elBono COVID-19.
Le presente Minuta fue elaborada para apoyar la participaciónde la delegación parlamentaria chilena en la reunión en línea dela Red Global Parlamentaria de la OCDE en asociación con Mujeres Líderes Políticas - OECD Global Parliamentary Networkin partnership with Women Political Leaders (WPL) que se sostendrá durante los días 1ero y 2 de Octubre de 2020.
También pertenece a: EconomíaEn la actualidad, el mundo es afectado por la pandemia del COVID-19, un virus de origen animal que pasó a humanos. Sin historial previo ni vacuna desarrollada, se expandió rápidamente por el mundo. En menos de cuatro meses, la disrupción de prácticamente todas las actividades humanas ha sido devastadora. La respuesta ha sido tan variada como gobiernos hay. Carente de una respuesta global coordinada, el mundo asiste a un escenario demúltiples medidas, y resultados producto de la casi total falta de preparación para enfrentar una pandemia. Ha habido aquellos que –como Corea del Sur- han tomado decisiones reconocidas como rápidas, oportunas, agresivas y bien informadas y pueden decir, por ahora que tienen la situación bajo control. Otros han reaccionado tarde y subvalorado la gravedad de la situación. Y otros, como Chile, que según cifras oficiales – disputadas por Espacio Público y el Colegio Médico de Chile, entre otros- están llegando a una situación que según sus autoridades ameritan la regularización de las actividades productivas. Y es allí precisamente donde los epidemiólogos, advierten de los peligros de las segundas y terceras olas de esta pandemia, porque sin vacuna, sin inmunidad natural, sin equipamiento hospitalario suficiente en cantidad y calidad, y sin equipos de diagnóstico pre y post infección, levantar las restricciones y permitir el regreso a las actividades “normales” podrían generar la repetición de las condiciones que posibilitaron la primera ola.
El Informe analiza el funcionamiento de las principales aplicaciones con rastreo de contactos diseñadas para enfrentar el COVID-19, con el objetivo de indagar sus oportunidades y riesgos asociados. Se pone especial énfasis en el marco normativo aplicable a este tipo de dispositivos, abordando el derecho internacional de los DDHH, la normativa supranacional de la Unión Europea, las modificaciones a la normativa nacional de dos casos (Australia y Colombia) y la situación normativa chilena.
Antecedentes; OMS; Preparación nacional para situaciones de emergencia en salud pública; Estrategias generales de la OMS para casos de pandemia de influenza; OMS y COVID-19.
A principios de 2020 se identificó un nuevo coronavirus en humanos. Su aparición fue en la ciudad de Wuhan, China, y al 10 de marzo se ha extendido a más de 103 países y 8 territorios, incluido Chile. Los países con más casos confirmados son China, Italia, República de Corea e Irán1. El 28 de febrero del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote como “emergencia de salud pública de preocupación internacional”, elevando el riesgo de propagación del coronavirus de “alto”2 a “muy alto”. El 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró el brote de Coronavirus Covid-19 como pandemia3. En Chile, el 7 de marzo el Ministerio de Salud decretó “Alerta Sanitaria” y otorgó facultades extraordinarias (contratación de personal, compra de insumos o equipamiento, difusión de mensajes en medios de comunicación, entre otros) a la Secretaria de Salud Pública.
Investigaciones sobre los tiempos pre-pandemia COVID-19 (año 2018), estimaban que al menos el 18% de la carga mundial de enfermedad se debe a trastornos mentales y autolesiones, cuando esta se mide en años vividos con discapacidad (AVD), proporción que fácilmente podría estar subestimada. Un estudio de OPS con datos correspondientes al año 2015, estimaba que la discapacidad causada por dichos trastornos alcanza a más de la tercera parte de la discapacidad total en la Región de las Américas. En Chile, se estima que esta proporción es de 36,2%, posicionando al país en el segundo lugar, después de Brasil, entre los países de la región con mayor carga relativa por estos trastornos. El estudio mundial sobre carga de enfermedad del año 2019 (GBD 2019), recientemente publicado (2022), mostró que los trastornos mentales permanecieron entre las diez principales causas de carga en todo el mundo, sin evidencia de una reducción global de la carga desde 1990. Esto es, que si bien en los últimos 30 años se registra un aumento en el número y la proporción de AVD causados por los trastornos mentales, las tasas de AVAD estandarizadas por edad se han mantenido constantes entre 1990 y 2019.
El presente documento, a solicitud parlamentaria, recopila las leyes que fueron promulgadas y publicadas en Chile, durante el periodo marzo 2020 a enero de 2021, en el contexto de los esfuerzos del Poder Legislativo para abordar las contingencias provocadas por la pandemia de COVID-19, y que pueden ser consideras como leyes que tienen algún impacto de género. En ese sentido, del un total de 51 leyes publicadas en el período comprendido entre el mes de marzo de 2020 y enero de 2021, relacionadas con la pandemia de COVID-19, se ha identificado un total de 18 leyes que dicen relación con algún tópico de género o mantienen un impacto específico en las mujeres. El análisis se ofrece a partir de un cuadro resumen que identifica las leyes, las clasifica en tres categorías (económicas, laborales y de justicia y derechos humanos); resume brevemente su contenido; y finalmente ofrece un breve análisis del impacto de género que podría producir y sus razones.
Ante el dispar y desigual proceso de vacunación en el mundo, los principales organismos en la materia se han mostrado contrarios a los denominados “pasaportes COVID” como requisito para la movilidad internacional, no obstante, han surgido algunas iniciativas con el propósito de reactivar la economía de manera segura y facilitar los requisitos transfronterizos. Ante ello, surgen importantes desafíos a la hora de su implementación a nivel internacional, tanto por el reconocimiento recíproco de vacunas, como por el resguardo de los datos personales, razón por la que algunas soluciones, se han centrado no solo en la inoculación de una vacuna contra el COVID-19 (SARS-CoV-2), sino también en la inmunidad contra el virus (exámenes PCR y/o recuperados).