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El presente documento ha sido elaborado con motivo de la reunión de la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), que se llevará a cabo el día jueves 25 de marzo de 2021. El documento introduce algunos antecedentes panorámicos respeto de la situación actual de América Latina y el Caribe y presenta las principales medidas y propuestas que se han debatido para enfrentar la crisis en sus diversas dimensiones. A corto plazo se plantea la necesidad de aunar esfuerzos en torno a una estrategia de vacunación equitativa y a mediano y largo plazo, se propone visibilizar la centralidad del cuidado en nuestras sociedades para lograr una recuperación efectiva y sostenible.
El presente documento ha sido preparado para la representación chilena que participará en la Comisión Parlamentaria Mixta Chile –Unión Europea que se llevaría a cabo el día 05 de noviembre de 2020. La actividad fue suspendida y aún no hay confirmación de nueva fecha de realización. El documento se refiere a los acontecimientos transcurridos desde el llamado estallido social del día 18 de octubre de 2019 hasta el desarrollo de la crisis sanitaria producto de la pandemia mundial provocada por el COVID 19.
Alemania y España han dictado Guías de Protocolos de prevención y control del riesgo de contraer Covid-19 para los trabajadores y trabajadores en el retorno laboral. En Alemania la Guía fue producto de un trabajo entre los organismos estatales y organizaciones de empleadores y trabajadores. Por su parte en España, las Guías fueron dictadas por el Ministerio de Trabajo y de Economía Social y Salud respectivamente.
También pertenece a: TrabajoEl presente Informe tiene por objeto servir de apoyo a los parlamentarios chilenos que participarán de la reunión online organizada por la Red Parlamentaria Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE) en asociación con Mujeres Líderes Políticas (WPL, por su sigla en inglés), la cual tendrá lugar los próximos días 1 y 2 de octubre. Con él se persigue ilustrar al lector sobre el modo cómo se conciben los sistemas de salud, sus principales características y el impacto que en ellos ha tenido la actual pandemia por COVID-19, lo que llama a reflexionar acerca de lo que significa contar con un sistema de salud fuerte en las actuales condiciones.
En el ámbito de la seguridad y salud de los trabajadores los países que comenzaron a suavizar y/o terminar las medidas de confinamiento producto del Covid-19 han elaborado guías, protocolos, para el regreso de los trabajadores a sus lugares de trabajo en forma segura y con coexistencia del Covid-19. Asimismo, organismos internacionales y organizaciones de trabajadores y empleadores han dictado guías sobre la materia (Unión Europea y la Organización Internacional del Trabajo). De la revisión de la experiencia comparada de Francia y Uruguay respecto a las medidas adoptadas para la seguridad y salud del trabajador en el retorno gradual frente a Covid-19. Se puede concluir: 1. En ambos países los Ministerios de Trabajo han dictado Protocolos de prevención y control del riesgo de contraer Covid-19. 2. El Ministerio del Trabajo francés dictó un Protocolo en mayo y ha tenido varias actualizaciones (la última el 31 de agosto). Este es vinculante y es parte de la obligación en materia de salud y seguridad del empleador. Contempla seis temas relativas a: implementación de medidas; protección de trabajador (higiene, distanciamiento, uso de mascarillas, contaminación manual); sistema de protección de trabajadores; test de detección de Covid-19; protocolo para cuidado de persona con síntomas y sus cercanos y control de temperatura. Se contempla en la legislación un subsidio para trabajadores que no pueden teletrabajar y presentan patologías particularmente graves, enumeradas en Decreto No. 2020-1098, y para padres trabajadores que no tienen guardería, escuela o colegio para cuidado de sus hijos y deben dejar de trabajar y no es posible el teletrabajo. 3. Por su parte, el Ministerio de Trabajo uruguayo dictó la Resolución N°54/2020 que estableció que corresponde a las empresas por rama presentar los Protocolos de Prevención de actuación ante el riesgo de contraer COVID 19.
También pertenece a: TrabajoEste trabajo analiza la efectividad de la medida de cuarentena a partir de las conclusiones de una serie de artículos científicos publicados recientemente. Además, mide la evolución de la movilidad en la provincia de Santiago desde el 1 de marzo en adelante. La primera parte revisa la literatura científica disponible (12 artículos indexados a Elsevier) que modelan la efectividad de la cuarentena durante la pandemia, analizando información de distintas ciudades, como Wuhan o la provincia de Hubei (China). Los principales resultados de dicha revisión son: i) las cuarentenas fueron consideradas efectivas para controlar la expansión del virus, y altamente efectivas durante los primeros dos meses de implementación, aunque ii) su efectividad depende, en la práctica, de diversos factores sociales, como el nivel de apego de la ciudadanía a la medida y su evolución con el tiempo, el nivel de hacinamiento promedio de los hogares en donde se implementa, además de otros factores muy difíciles de identificar, como determinados ‘estilos de vida’ de una población particular, los cuales explicarían, según Al Zobbi, et. al. (2020), el bajo apego de la población española durante su primer periodo de cuarentena (15 de febrero al 11 de abril).
La situación epidemiológica de Uruguay ha sido resaltada como ejemplar, debido a que, después de haberse confirmado el primer caso de contagio a mediados de marzo, ya en la primera semana de junio las cifras daban cuenta de una cierta contención de la epidemia. Luego de ello, la transmisión se ha producido por brotes, sin haber llegado nunca a una fase de aumento exponencial. Este resultado es especialmente notorio, toda vez que, a la fecha, Uruguay no ha dictaminado cuarentenas obligatorias, optando por una estrategia que privilegia la libertad con responsabilidad. Otro aspecto destacado de la gestión gubernamental uruguaya es la coordinación lograda entre los tomadores de decisiones y el mundo científico. En efecto, prueba de ello es el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), compuesto por más de 55 expertos que asesoran científicamente a la Presidencia. Inspiradas en el modelo surcoreano, las acciones efectuadas para controlarla epidemia en Uruguay persiguieron especialmente mejorar la capacidad de testeo, considerado que es un factor crítico de la vigilancia posterior (trazabilidad y aislamiento de casos). Se evitó llegar así a una fase de transmisión donde las medidas de vigilancia pierden su eficacia, lo que supone mantener la epidemia en una escala manejable. Luego, se reconoce como un elemento clave para este propósito la rapidez de la respuesta del gobierno, quien declaró la emergencia sanitaria el mismo día en que se confirmó el primer caso de contagio en el país.
A medida que la pandemia fue desarrollándose, la investigación en la materia dio cuenta de que las cuarentenas implementadas para disminuir y postergar los contagios COVID-19 eran efectivas, en particular cuando eran aplicadas tempranamente, por periodos cortos y en conjunción con otras medidas de protección y control. Sin embargo, también quedó en evidencia que la respuesta de la población a esta medida dependerá de factores psicosociales particulares, que aumentan o disminuyen el nivel de incertidumbre y seguridad de la población. Organismos internacionales se han referido a la importancia de considerar estos factores en el plan para enfrentar la pandemia, para lo cual se hace fundamental tanto una comprensión de los grupos poblacionales más afectados(y sus necesidades), así como también integrar a la comunidad en la preparación e implementación de las medidas de control de la epidemia. En este marco,se deben considerar tres factores fundamentales en la estrategia que se establezca: satisfacción de necesidades básicas (alimentación, abrigo, vivienda etc.);consejería a la población y la reactivación de redes sociales; y estrategias de comunicación de riesgo.
Según datos de la ONU, la pandemia de coronavirus puede tener un impacto catastrófico en la vida de millones de mujeres, debido a que el número de mujeres que no pueden acceder a planificación familiar y que se enfrentan a embarazos no planeados aumenta gravemente con los meses de cuarentena, así como también la violencia de género. Por esta razón, la UNFPA pide a los países redoblar los esfuerzos para facilitar el acceso a los servicios y la continuidad de uso de la anticoncepción y anticoncepción de emergencia (especialmente en los casos de violencia sexual), así como también dar acceso a la prevención y al tratamiento de infecciones de transmisión sexual (ITS) y el VIH. Nuestro país no ha estado ajeno a estos efectos secundarios del confinamiento. Según datos de la Corporación Miles, en la encuesta realizada sobre salud sexual y reproductiva, el 74% de las mujeres ha tenido problemas para acceder a métodos anticonceptivos durante la pandemia, ya sea por falta de stock, aumento de precio o porque el servicio de salud no estaba entregando el medicamento. Mientras el COLMED, da cuenta de demoras en la atención y falta de stock de anticonceptivos en la atención primaria. En Chile la anticoncepción está regulada principalmente por las Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad del Ministerio de Salud de Chile (primera versión del 2006, actualizada el 2018) y por la ley N° 20.418 que Fija Normas Sobre Información, Orientación y Prestaciones en Materia de Regulación de la Fertilidad (2010). Se suman al marco normativo, el marco programático dependiente de la Subsecretaría de salud pública, donde se encuentra el Programa de Salud de la Mujer, sumado a la Política Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva (2018), el Programa Salud de la Mujer (1997) y la Norma General Técnica para la atención de víctimas de violencia sexual. Además, debe considerarse el Programa Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes, bajo el cual se ha desarrollado la Consejería en Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes. Si bien los datos encontrados por la corporación Miles durante la pandemia son preocupantes, ya para el año 2016 el Barómetro Latinoamericano Sobre el Acceso de las Mujeres a los Anticonceptivos Modernos, daba cuenta de que si bien Chile disponía de un dispositivo legal y una política pública de avanzada en relación al acceso a métodos anticonceptivos, en la práctica hay deficiencias en la atención, que constituyen barreras de acceso a estos, vulnerando así los derechos de parte importante de las mujeres. Todo apunta a que las falencias en atención en salud sexual y reproductiva durante la pandemia se han agravado por la falta de un protocolo de atención en salud sexual y reproductiva que establezca directrices comunes, con participación de los actores y la asignación de un presupuesto independiente.
Según datos del Banco Central, el IMACEC disminuyó, comparado con igual mes del año anterior, un -3,36% en octubre y un -3,98% en noviembre de 2019, producto del “estallido social” , y en un -3,08% en marzo, un -14,10% en abril, y un -15,31% en mayo de 2020, comparado con igual mes del 2019, producto de la crisis sanitaria. Lo anterior tuvo efectos sobre las microempresas y pymes en términos de su capacidad de generar empleo, y en el uso de créditos con garantía estatal (Fogape). Por una parte los datos de ocupación de la Encuesta Nacional de Empleo del INE, permiten visualizar que el estallido social afectó, en un primer momento, a la ocupación en las grandes empresas, en comparación con la ocupación en las micro y pymes. En este periodo se observan tasas de variación negativas de la ocupación en doce meses en grandes empresas, y positivas en micro y pymes. Lo anterior podría estar indicando que ante la ausencia de empleos, las personas se emplearon en pymes o incluso se auto emplearon como trabajadores por cuenta propia. No obstante cabe decir que este fenómeno estaría asociado a mayores niveles de informalidad, es decir que la absorción de empleados en micro y pymes post estallido social ocurrió en el sector informal, y por lo tanto se constituye en una precarización de las condiciones ocupaciones y también de la productividad del sector micro y pyme como un todo. A partir de febrero-abril del presente año se observa un fenómeno masivo de destrucción de empleo en micro y pymes. Las tasas de variación de la ocupación son negativas en los tres tipos de empresas (micro, pymes y grandes), siendo la disminución en el nivel de ocupación en microempresas y en pymes más pronunciada que en las grandes empresas.
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