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En las consideraciones relativas a la rehabilitación durante el brote de covid19, la OMS ha llamado a integrar estas funciones lo antes posible en los planes nacionales para enfrentar la emergencia que ha provocado la referida pandemia. Un grupo prioritario de estas intervenciones son los casos de pacientes de covid19 grave, los cuales necesitarán rehabilitación a raíz delas consecuencias del uso de respiradores y de períodos prolongados de inmovilización y reposo en cama; entre las cuales se cuentan: el deterioro de la función pulmonar, el desacondicionamiento físico, las deficiencias cognitivas, la disfagia y los trastornos de salud mental. La finalidad de la rehabilitación aquí es optimizar la recuperación del paciente y reducir la discapacidad que este pueda experimentar. Un beneficio adicional para el sistema de salud,es que facilita el alta temprana y reduce el riesgo de reingreso, lo cual es especialmente importante en un contexto de escasez de camas de hospital.
Datos internacionales recientes muestran que aproximadamente el 25% de los pacientes covid-19 positivos experimentan síntomas más allá del período de infección aguda, mientras aproximadamente el 10% de las personas continúan experimentando síntomas debilitantes doce (12)semanas después del diagnóstico, los que pueden durar muchos meses. Estos síntomas crónicos entran dentro de la definición de Síndrome Post COVID-19. Si bien aún no es posible determinar el por qué solo algunas personas experimentan un covid-19prolongado, o cuánto durarán estos síntomas o si algunos de los problemas de salud serán crónicos, el creciente cuerpo de conocimientos sobre los efectos del covid-19han permitido sustentar las bases de servicios médicos especializados en la atención del Síndrome Post Covid(SPC).
El presente documento apoya la participación de la delegación parlamentaria en la 142 reunión de Unión Inter Parlamentaria, abril 2021. Se consigna en el trabajo algunas dimensiones que han sido más afectadas por la pandemia Covid-19, en la perspectiva de la superación de la emergencia y las nuevas orientaciones que deberían adoptar los gobiernos para la post crisis, de acuerdo a agencias de Naciones Unidas, FMI, OMS, etc., en materias económicas, sanitarias, desarrollo sustentable y género. Asimismo, concluye el texto con una reflexión acerca del rol de los parlamentos en esta etapa.
Varios países han basado su respuesta ante la actual pandemia COVID-19 implementando las más diversas Intervenciones No Farmacológicas (NPI) ante la ausencia de una vacuna que regule la situación en el corto plazo. Si bien el COVID-19 fue detectado en Wuhan, China, en diciembre del año recién pasado, apenas el día 30 de enero de este año la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el evento como una Emergencia de Salud Pública internacional. Luego de 110.000 casos y 4.000 muertes en países de todos los continentes, excepto la Antártica, la OMS confirió el estatus de pandemia al COVID-19. Unos días después, con fecha 3 de febrero, Brasil hizo lo propio y la declaró una emergencia de Salud Pública a nivel nacional. En ausencia de una vacuna contra el SARS-CoV-2 (agente causante de COVID-19), se ha sugerido que los países centren parte importante de sus esfuerzos en la implementación de Intervenciones No Farmacológicas (NPIs, por sus siglas en inglés: Non- Pharmaceutical Interventions), teniendo como finalidad la inhibición de la transmisión de virus entre humanos, ralentizando la velocidad de esparcimiento de la enfermedad y finalmente logrando una reducción en el número de contagios, o al menos el retraso de éstos. Las estrategias en que se basan las NPIs permiten reducir instantáneamente la demanda por cuidados en centros asistenciales y minimizan también la mortalidad.
También pertenece a: EconomíaA raíz del COVID-19, los países han dictado medidas restrictivas de libertades personales, consistentes en distintas formas de aislamiento social o “cuarentena”, sancionando la vulneración de dichas medidas con penas privativas de libertad y multas. En Argentina se sancionan las siguientes conductas:a) Delito de violación de medidas anti-epidémicas: con prisión de 6 meses a 2 años al que viole las medidas adoptadas por las autoridades para impedir la introducción o propagación de una epidemia. con prisión de 15 días a 1 año al que resista o desobedezca a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal.b) Propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa: con reclusión o prisión de 3 a 15 años.c) Declaración Jurada Falsa sobre antecedentes relacionados con la enfermedad: con reclusión o prisión de 1 a 6 años. d) Omisión de Denuncia del incumplimiento del aislamiento: prisión de 6meses a 3 años. En losEstados Unidos de América se sanciona la vulneración de la cuarentena:a) Estado de California: multa hasta 1.000 USD y/o privación de libertad de hasta 6 meses.b) Estado de Nueva York: multa de hasta 1.000 USD. En Francia se sanciona la violación del aislamiento social obligatorio con multa de hasta 750 euros; si hay reincidencia dentro de 15 días se sanciona con hasta 1.500 euros; si la infracción se reitera más de 3 veces en 30 días, se aplica multa de 3.750 euros y trabajo comunitario. En España se sanciona la vulneración de la cuarentena con multas de1.500 a 600.000 euros, y prisión de 3 meses a 4 años, dependiendo de su gravedad, reiteración y norma aplicada. En Perú se sanciona la vulneración de la cuarentena con pena privativa de libertad de 6 meses a 3 años y multa. Y si se trata de resistencia o desobediencia a la autoridad, con privación de libertad de 6 meses a 2años. Todos los delitos o infracciones señalados son mediante leyes penales en blanco, que se complementan con disposiciones administrativas.
El presente documento es solicitado en el marco de la visita de una delegación parlamentaria de la Cámara de diputados a Rumania y Hungría. La minuta introduce respecto del escenario latinoamericano en el que transcurre la pandemia del COVID 19 y sus particulares efectos en diversos ámbitos. Luego hace referencia específica a la situación de la vacunación en la región y el país como una de las acciones principales de control sanitario, a la situación chilena actual de la pandemia en cifras y presenta una síntesis de las acciones estratégicas de respuesta desde la salud pública al comportamiento de la pandemia hasta la actualidad.
Investigaciones sobre los tiempos pre-pandemia COVID-19 (año 2018), estimaban que al menos el 18% de la carga mundial de enfermedad se debe a trastornos mentales y autolesiones, cuando esta se mide en años vividos con discapacidad (AVD), proporción que fácilmente podría estar subestimada. Un estudio de OPS con datos correspondientes al año 2015, estimaba que la discapacidad causada por dichos trastornos alcanza a más de la tercera parte de la discapacidad total en la Región de las Américas. En Chile, se estima que esta proporción es de 36,2%, posicionando al país en el segundo lugar, después de Brasil, entre los países de la región con mayor carga relativa por estos trastornos. El estudio mundial sobre carga de enfermedad del año 2019 (GBD 2019), recientemente publicado (2022), mostró que los trastornos mentales permanecieron entre las diez principales causas de carga en todo el mundo, sin evidencia de una reducción global de la carga desde 1990. Esto es, que si bien en los últimos 30 años se registra un aumento en el número y la proporción de AVD causados por los trastornos mentales, las tasas de AVAD estandarizadas por edad se han mantenido constantes entre 1990 y 2019.
Este informe examina la relación entre el avance del COVID 19 y factores territoriales que podrían contribuir a la adopción de medidas de protección. Para esto, se da cuenta de tres iniciativas que han tenido por objeto poner en evidencia la importancia de esta relación: Uno de Vergara Perucich y otros (2020) busca determinar los sectores de la ciudad en que se emplazan las viviendas con condiciones de precariedad material que presenta alto riesgo ante el COVID 19. Núñez (2020) y otros buscan determinar los espacios urbanos que promueven las interacciones sociales, y cuyo control y reducción de su actividad podría contribuir a disminuir potenciales focos de contagio. Un tercer estudio del Centro de Producción del Espacio de la Universidad Las Américas, busca construir un Índice de Vulnerabilidad para el COVID-19, que permita identificar los sectores de hogares más vulnerables a propósito de expansión del coronavirus en Chile. En este ámbito, se revisan los datos de las evolución del COVID 19 a nivel comunal, y utilizando el índice de incidencia, definido por OPS como el número de casos nuevos de una enfermedad u otra condición de salud dividido por la población en riesgo de la enfermedad (población expuesta) en un lugar específico y durante un período especifico y cuya interpretación matemática es la probabilidad de que un individuo perteneciente a la población en riesgo se vea afectado por la enfermedad de interés en un período específico.
También pertenece a: EconomíaEn momentos en que a nivel mundial los casos confirmados de COVID-19 superan los 1,3 millones de contagios y el número de muertes se eleva a cerca de 75.000, la mayoría de los Estados ha debido recurrir a sus Fuerzas Armadas para la ejecución de diversas tareas. En los casos revisados a continuación, a saber, Australia (5.797), Ecuador (3.747), India (4.778), México (2.143) y Sudáfrica (1.655), que superan los mil casos de contagios, se advierten ciertas similitudes en las labores desarrolladas por sus efectivos, con los matices propios de cada cultura. En todos los casos, y desde los inicios del brote en la provincia china de Wuhan, las respectivas Fuerzas Aéreas han realizado labores de repatriación y asistencia médica en las cuarentenas. De igual forma, los medios aéreos han sido utilizados para el transporte de víveres, equipos y personal médico. Por su parte, y a medida que las cifras de contagio se elevan, las FF.AA., salvo en México, han sido convocadas para apoyar las labores de los organismos policiales en términos de control, patrullaje y verificación de cumplimiento por parte de la ciudadanía de las medidas de restricción de circulación y/o toque de queda, implementadas en cada uno de los países.
El presente documento tiene por objeto apoyar a diversos parlamentarios en la recolección de antecedentes respeto de la pandemia de COVID-19, en particular en lo referente a las Non-Pharmaceutical Interventions (NPIs) que corresponden a medidas, planes y políticas que promueven el aislamiento social y buscan evitar que el número de contagiados aumente de manera tal que los sistemas de salud a nivel mundial alcancen su capacidad crítica.