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Se revisan datos sobre la Tasa de Incidencia de la pandemia de COVID 19 según 6° Informe Epidemiológico MINSAL. Se detallan los datos señalados a continuación de las comunas cuya tasa es superior a 50 personas contagiadas cada 1000 habitantes: Número de hogares en el 40% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares. — Viviendas que presentan falencias en su materialidad en las categorías de irrecuperable y recuperables según Censo 2017 — Porcentaje de hogares hacinados. Como observaciones generales se puede señalar que: 1. La situación de precariedad material de las viviendas es más aguda porcentualmente en las comunas de menor población, en tanto el hacinamiento se expresa en todas las comunas. 2. La precariedad material se verá particularmente agudizada en los meses de invierno y puede agravar las situaciones de riesgo y precariedad material de los grupos vulnerables. 3. Ambas condiciones, precariedad material y hacinamiento, dificultan el cumplimiento de medidas de cuarentena. 4. La epidemióloga Sra. Muriel Ramírez, sobre las medidas recomendables, relevó el uso de “Cordón Sanitario”, la implementación de cuarentenas totales para frenar la circulación de la enfermedad, y el uso de hoteles sanitarios para personas contagiadas o sospechosas que por distintas razones, entre las que se cuenta la precariedad de su propia vivienda o el hacinamiento, no puedan cumplirla en su domicilio. 5. Entre las buenas prácticas que han surgido posibles de replicar se puede destacar la implementación de puntos de higiene en sectores sin acceso a servicios básicos, provisión de agua mediante camiones garantizando mínimos familiares, y la reconexión de viviendas con los servicios sanitarios suspendidos por no pago.
También pertenece a: EconomíaEste informe examina la relación entre el avance del COVID 19 y factores territoriales que podrían contribuir a la adopción de medidas de protección. Para esto, se da cuenta de tres iniciativas que han tenido por objeto poner en evidencia la importancia de esta relación: Uno de Vergara Perucich y otros (2020) busca determinar los sectores de la ciudad en que se emplazan las viviendas con condiciones de precariedad material que presenta alto riesgo ante el COVID 19. Núñez (2020) y otros buscan determinar los espacios urbanos que promueven las interacciones sociales, y cuyo control y reducción de su actividad podría contribuir a disminuir potenciales focos de contagio. Un tercer estudio del Centro de Producción del Espacio de la Universidad Las Américas, busca construir un Índice de Vulnerabilidad para el COVID-19, que permita identificar los sectores de hogares más vulnerables a propósito de expansión del coronavirus en Chile. En este ámbito, se revisan los datos de las evolución del COVID 19 a nivel comunal, y utilizando el índice de incidencia, definido por OPS como el número de casos nuevos de una enfermedad u otra condición de salud dividido por la población en riesgo de la enfermedad (población expuesta) en un lugar específico y durante un período especifico y cuya interpretación matemática es la probabilidad de que un individuo perteneciente a la población en riesgo se vea afectado por la enfermedad de interés en un período específico.
También pertenece a: EconomíaEn Chile, la primera medida del Gobierno fue adoptada el 5 de enero del 2020, cuando promulgó el Decreto N° 4 (publicado el 8 de febrero de 2020), decretando Alerta Sanitaria por un año El 22 de enero de 2020 se declaró la fase 1 de la epidemia ante brote de 2019 del Covid 19 en China. Esto es considerando que aún no se presentan casos en el territorio nacional. El 15 de marzo de 2019, el Ministerio de Salud declara simultáneamente las fase 3 y 4 considerando de que ya existe transmisión sostenida del virus en la población, a consecuencia de lo cual se amplían las medidas de aislamiento, cuarentena y aduanas sanitarias. Con fecha 18 de marzo de 2020, el Presidente de la República declaró Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por calamidad pública, en el territorio nacional. Y a partir del jueves 26 de marzo, 7 comunas de la Región Metropolitana fueron declaradas oficialmente en cuarentena. Entre las diversas medidas adoptadas por las autoridades centrales y sanitarias, se cuentan acciones extraordinarias destinadas a fortalecer la capacidad hospitalaria, ampliar los medios de diagnóstico y establecer protocolos para la entrega de licencias médicas. Paralelamente, la autoridad elabora y publica diversos protocolos para la gestión de riesgos en este contexto, como son los relativos a la limpieza y desinfección de ambientes, y al manejo de contactos de casos Covid-19 (excluidos los establecimientos de atención de salud).
Según datos de la ONU, la pandemia de coronavirus puede tener un impacto catastrófico en la vida de millones de mujeres, debido a que el número de mujeres que no pueden acceder a planificación familiar y que se enfrentan a embarazos no planeados aumenta gravemente con los meses de cuarentena, así como también la violencia de género. Por esta razón, la UNFPA pide a los países redoblar los esfuerzos para facilitar el acceso a los servicios y la continuidad de uso de la anticoncepción y anticoncepción de emergencia (especialmente en los casos de violencia sexual), así como también dar acceso a la prevención y al tratamiento de infecciones de transmisión sexual (ITS) y el VIH. Nuestro país no ha estado ajeno a estos efectos secundarios del confinamiento. Según datos de la Corporación Miles, en la encuesta realizada sobre salud sexual y reproductiva, el 74% de las mujeres ha tenido problemas para acceder a métodos anticonceptivos durante la pandemia, ya sea por falta de stock, aumento de precio o porque el servicio de salud no estaba entregando el medicamento. Mientras el COLMED, da cuenta de demoras en la atención y falta de stock de anticonceptivos en la atención primaria. En Chile la anticoncepción está regulada principalmente por las Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad del Ministerio de Salud de Chile (primera versión del 2006, actualizada el 2018) y por la ley N° 20.418 que Fija Normas Sobre Información, Orientación y Prestaciones en Materia de Regulación de la Fertilidad (2010). Se suman al marco normativo, el marco programático dependiente de la Subsecretaría de salud pública, donde se encuentra el Programa de Salud de la Mujer, sumado a la Política Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva (2018), el Programa Salud de la Mujer (1997) y la Norma General Técnica para la atención de víctimas de violencia sexual. Además, debe considerarse el Programa Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes, bajo el cual se ha desarrollado la Consejería en Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes. Si bien los datos encontrados por la corporación Miles durante la pandemia son preocupantes, ya para el año 2016 el Barómetro Latinoamericano Sobre el Acceso de las Mujeres a los Anticonceptivos Modernos, daba cuenta de que si bien Chile disponía de un dispositivo legal y una política pública de avanzada en relación al acceso a métodos anticonceptivos, en la práctica hay deficiencias en la atención, que constituyen barreras de acceso a estos, vulnerando así los derechos de parte importante de las mujeres. Todo apunta a que las falencias en atención en salud sexual y reproductiva durante la pandemia se han agravado por la falta de un protocolo de atención en salud sexual y reproductiva que establezca directrices comunes, con participación de los actores y la asignación de un presupuesto independiente.
Antecedentes; Difusión en las Américas – casos confirmados de COVID-192; Emergencias de salud pública de carácter internacional: Influenza; Situación Global; La tasa de crecimiento en diferentes países; Fuentes de información.
En las consideraciones relativas a la rehabilitación durante el brote de covid19, la OMS ha llamado a integrar estas funciones lo antes posible en los planes nacionales para enfrentar la emergencia que ha provocado la referida pandemia. Un grupo prioritario de estas intervenciones son los casos de pacientes de covid19 grave, los cuales necesitarán rehabilitación a raíz delas consecuencias del uso de respiradores y de períodos prolongados de inmovilización y reposo en cama; entre las cuales se cuentan: el deterioro de la función pulmonar, el desacondicionamiento físico, las deficiencias cognitivas, la disfagia y los trastornos de salud mental. La finalidad de la rehabilitación aquí es optimizar la recuperación del paciente y reducir la discapacidad que este pueda experimentar. Un beneficio adicional para el sistema de salud,es que facilita el alta temprana y reduce el riesgo de reingreso, lo cual es especialmente importante en un contexto de escasez de camas de hospital.
Antes de que se cumplieran tres meses, desde que se promulgara la alerta sanitaria por covid-19 en el país, se instauraron en el Senado sesiones especiales, con el objeto de ir conociendo el desarrollo de la pandemia. Estas fueron celebradas conjuntamente por las Comisiones de Salud y Desafíos del Futuro, abocándose también a monitorear sus impactos en el país y la eficacia de la respuesta gubernamental. Con un funcionamiento semanal, participaron regularmente de estas sesiones un conjunto de expertos de diferentes disciplinas, los cuales, a poco andar, se constituyeron en un equipo asesor estable sobre dichas materias para la comisión conjunta. Así, dentro del año legislativo 2020, se celebraron 33 sesiones especiales, a las cuales también asistieron diversos científicos y autoridades representativas de distintos ámbitos y zonas geográficas del país, junto con representantes de la sociedad civil. De esta forma, esta comisión conjunta se convirtió en un espacio de diálogo social para facilitar el establecimiento de puentes entre actores, así como abrir ventanas de oportunidad para el diseño de políticas y medidas más ajustadas a las características y capacidades diferentes que poseen las unidades subnacionales del país. Además de la sinergia promovida en esta instancia, la comisión conjunta no fue ajena a las discusiones sobre un abanico de mociones parlamentarias relacionadas con esta emergencia sanitaria. En efecto, muchas de ellas se presentaron en coautoría por diferentes parlamentarios integrantes de esta comisión especial. De los proyectos tramitados, y en los que intervino la Comisión de Salud del Senado, tres de ellos ya fueron publicados como Ley de la República en transcurso del año 2020; mientras otros se encuentran aún en fase de tramitación.
También pertenece a: TrabajoEste trabajo analiza la efectividad de la medida de cuarentena a partir de las conclusiones de una serie de artículos científicos publicados recientemente. Además, mide la evolución de la movilidad en la provincia de Santiago desde el 1 de marzo en adelante. La primera parte revisa la literatura científica disponible (12 artículos indexados a Elsevier) que modelan la efectividad de la cuarentena durante la pandemia, analizando información de distintas ciudades, como Wuhan o la provincia de Hubei (China). Los principales resultados de dicha revisión son: i) las cuarentenas fueron consideradas efectivas para controlar la expansión del virus, y altamente efectivas durante los primeros dos meses de implementación, aunque ii) su efectividad depende, en la práctica, de diversos factores sociales, como el nivel de apego de la ciudadanía a la medida y su evolución con el tiempo, el nivel de hacinamiento promedio de los hogares en donde se implementa, además de otros factores muy difíciles de identificar, como determinados ‘estilos de vida’ de una población particular, los cuales explicarían, según Al Zobbi, et. al. (2020), el bajo apego de la población española durante su primer periodo de cuarentena (15 de febrero al 11 de abril).
El presente documento ha sido preparado para la representación chilena que participará en la Comisión Parlamentaria Mixta Chile –Unión Europea que se llevaría a cabo el día 05 de noviembre de 2020. La actividad fue suspendida y aún no hay confirmación de nueva fecha de realización. El documento se refiere a los acontecimientos transcurridos desde el llamado estallido social del día 18 de octubre de 2019 hasta el desarrollo de la crisis sanitaria producto de la pandemia mundial provocada por el COVID 19.
Según datos del Banco Central, el IMACEC disminuyó, comparado con igual mes del año anterior, un -3,36% en octubre y un -3,98% en noviembre de 2019, producto del “estallido social” , y en un -3,08% en marzo, un -14,10% en abril, y un -15,31% en mayo de 2020, comparado con igual mes del 2019, producto de la crisis sanitaria. Lo anterior tuvo efectos sobre las microempresas y pymes en términos de su capacidad de generar empleo, y en el uso de créditos con garantía estatal (Fogape). Por una parte los datos de ocupación de la Encuesta Nacional de Empleo del INE, permiten visualizar que el estallido social afectó, en un primer momento, a la ocupación en las grandes empresas, en comparación con la ocupación en las micro y pymes. En este periodo se observan tasas de variación negativas de la ocupación en doce meses en grandes empresas, y positivas en micro y pymes. Lo anterior podría estar indicando que ante la ausencia de empleos, las personas se emplearon en pymes o incluso se auto emplearon como trabajadores por cuenta propia. No obstante cabe decir que este fenómeno estaría asociado a mayores niveles de informalidad, es decir que la absorción de empleados en micro y pymes post estallido social ocurrió en el sector informal, y por lo tanto se constituye en una precarización de las condiciones ocupaciones y también de la productividad del sector micro y pyme como un todo. A partir de febrero-abril del presente año se observa un fenómeno masivo de destrucción de empleo en micro y pymes. Las tasas de variación de la ocupación son negativas en los tres tipos de empresas (micro, pymes y grandes), siendo la disminución en el nivel de ocupación en microempresas y en pymes más pronunciada que en las grandes empresas.
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