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El brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha provocado que muchos países hayan declarado estados de excepción constitucional, que incluyen la limitación de la libertad de circulación, y diversas medidas de contención en el ámbito sanitario, educativo, laboral, comercial, y recreativo, con el objeto de evitar la propagación de dicha enfermedad. Sin embargo, estas medidas han generado impactos en la vida habitual de las personas, principalmente dentro de las familias, y en especial en las mujeres que siguen siendo las que cargan con la mayor parte de las labores domésticas, pues aún perdura en muchos hogares las desigualdades de género. Tanto ONU Mujeres como la OECD han recomendado a los gobiernos adoptar medidas de emergencia incorporando una perspectiva de género, y medidas que ayuden a los padres a manejar las tareas laborales y las de cuidado equitativo entre padre y madre, proponiendo: a) cuidado infantil a los padres que trabajan en servicios esenciales; b) apoyo financiero directo a los trabajadores que deben tomar un permiso para cuidar a los niños; y c) adaptar el teletrabajo y la flexibilidad laboral, para permitir a los trabajadores conciliar el trabajo remunerado y no remunerado.
Del análisis de las constituciones de Uruguay, Colombia, Bolivia, Brasil, Ecuador, México, Perú, Suiza, Sudáfrica y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea es posible concluir que las atribuciones constitucionales de los bancos centrales sueles ser genéricas. En algunos casos, de manera más específica, se permite o se prohíbe que el banco central pueda otorgar préstamos directos al Estado o se le permite comprar deuda pública en el mercado secundario. No todos los bancos centrales tienen establecida su autonomía o independencia en la constitución. El Banco Central Europeo ha puesto en marcha dos medidas principales en respuesta al coronavirus. El 12 de marzo de 2020 anunció la compra activos por valor €120.000 millones hasta final de año, tanto privados como estatales en los mercados secundarios. El 24 de marzo puso en marcha el Programa Temporal de Compras de Emergencia en Caso de Pandemia por valor de €750.000 millones, para la compra de activos privados y públicos en los mercados secundarios. La Reserva Federal ha puesto en marcha un programa de compra de valores del Tesoro y de valores hipotecarios de corporaciones patrocinadas por el gobierno, inicialmente por US$500.000 millones y luego por U$200.000 millones, respectivamente. También ha respaldado a los fondos mutuos del mercado monetario y ha otorgado préstamos a instituciones relevantes del mercado de valores. El Banco de Inglaterra ha aumentado el límite máximo de compra de activos públicos y privados en los mercados secundarios en aumentar la cantidad de compras de bonos en el mercado secundario en £200.000 millones adicionales a lo que ya existía y ha extendido el uso del Ways and Means Facility que consiste en el financiamiento directo al Gobierno a corto plazo.
La actual emergencia sanitaria a nivel mundial, producto del COVID-19 ha generado que las autoridades tomen diversas medidas para proteger a la población y evitar su propagación. Una de las principales medidas ha sido la declaración de confinamiento o aislamiento domiciliario, medida que ha provocado un gran impacto en la vida habitual de los hombres y las mujeres. Sin embargo, hay ciertos grupos de personas vulnerables a las cuales estas medidas impactan de una manera que requiere protección especial, como es el caso de las mujeres que sufren violencia doméstica. Estas mujeres en situación de confinamiento domiciliario, están siendo obligadas a convivir con su agresor, lo que las expone a más violencia y las imposibilita a tener acceso a las redes habituales de protección, poniendo en riesgo su vida o la de sus hijos.
Frente a la pandemia del COVID-19, que a la fecha ha cobrado 119.588 vidas, con un creciente número de contagios, que supera a la fecha los 1.9 millones de confirmados, los Estados han debido recurrir a sus Fuerzas Armadas para hacer frente a la crisis sanitaria. Chile -a la fecha con 7.525 casos confirmados, de los cuales 2.367 se han recuperado y 82 han fallecido- no ha sido la excepción. La participación de los efectivos de la Defensa Nacional en las labores para hacer frente al COVID-19, permite identificar dos fases. La primera, que transcurre entre la declaración de “Alerta Sanitaria”, mediante Decreto Supremo N° 4, del día 5 de febrero, y el Decreto de Estado de Excepción de Catástrofe, de 18 de marzo de 2020, basada fundamentalmente en lo establecido en el artículo N° 20 de la Ley N° 16.282, sobre disposiciones permanentes para casos de sismos o catástrofes; en el Plan Nacional de Acción Civil; y en el artículo N° 9, del mentado Decreto Supremo N° 4, que establece el deber de todos los órganos de la Administración del Estado de prestar su colaboración a las autoridades sanitarias. En este contexto, se evidencia la utilización de sus redes sociales oficiales para la socialización de medidas preventivas contra el Coronavirus, a la vez que se da cuenta de las primeras coordinaciones con las autoridades sanitarias en materia de planificación; facilitación de instalaciones y personal sanitario; y traslado de insumos médicos y alimentos, entre otras. Una segunda etapa se constata a partir del día 18 de marzo, con la dictación del Estado de Excepción de Catástrofe, vigente a la fecha, que se tradujo en una intensificación de la labor de los efectivos militares, ampliándose su campo de misión y atribuciones, y activándose la figura de los Jefes de la Defensa Nacional como entidad de mando de las Fuerzas Armadas, y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública bajo su jurisdicción, según lo dispuesto por la Constitución Política y la Ley Orgánica de los Estados de Excepción Constitucional (N° 18.415). En el referido contexto, las FF.AA. adoptan funciones de control de orden público y resguardo de infraestructura crítica, que se suman a las labores de asistencia sanitaria y logística, anteriormente mencionadas, regulando su actuación por las Reglas de Uso de la Fuerza, previamente definidas.
La adopción de medidas fiscales para potenciar el mercado de los créditos o millonarios planes de estímulo para incrementar la producción y los niveles de consumo, son algunas de las medidas que destacan para levantar las economías locales.
Con fecha 02 de abril de 2020 fue promulgado le Proyecto de Ley que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley N°19.728 en circunstancias excepcionales. El texto aprobado por el Congreso Nacional dispone una serie de beneficios de acceso a prestaciones de seguridad social que buscan proteger el empleo frente a diferentes circunstancias derivadas de la emergencia sanitaria producida por la enfermedad denominada COVID-19. De estas medidas destacan: a) la suspensión de pleno derecho y por el solo ministerio de la ley de las relaciones laborales cuando exista un acto o declaración de la autoridad que establezca medidas para el control de dicha enfermedad, que impidan o prohíban totalmente la prestación de servicios contratados, accediendo en tal caso los trabajadores a las prestaciones del seguro de cesantía; b) la posibilidad de que empleadores y trabajadores pacten una suspensión en los mismos términos descritos y con los mismos beneficios, cuando se trate de actividades que si bien no se encuentran afectas a las medidas de control dispuestas en el acto o declaración de autoridad, ven afectadas total o parcial la actividad de sus establecimientos, c) la posibilidad de que empleadores y trabajadores que se encuentren en algunos de los supuestos dispuestos en la norma (disminución del promedio de sus ventas o empleadores que no se encuentren afectos a las medidas dispuestas por el acto o declaración de la autoridad, entre otras), pacten una reducción de la jornada de trabajo de hasta un 50%, teniendo el trabajador derecho a una remuneración de cargo del empleador equivalente a la jornada reducida, y a un complemento con cargo al seguro de cesantía; d) la prohibición de los empleadores, por el plazo de 6 meses o bien, existiendo el Estado de Catástrofe, de poner término a los contratos de trabajo por causal de fuerza mayor, invocando como motivo los efectos de la pandemia de COVID-19.
Algunas empresas chilenas con inversiones en el extranjero o con activos en moneda extranjera podrían pagar más impuestos en los años 2020 y 2021, sólopor causa de un aumento en el valor de los activos en razón del alza del tipo de cambio. Lo anterior, por cuanto la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR)obliga a corregir monetariamente dichos activos y pasivos, usando la cotización de la moneda de los mismos. Esto genera resultados tributarios distorsionados por la fluctuación del tipo de cambio.El Código Tributario permite al contribuyentecontabilizar sus operaciones y/o declarar o pagar sus impuestos en moneda extranjera. Sin embargo, ellono necesariamente conviene al contribuyente, pues éste debe pagar los impuestos según el tipo de cambio vigente a la fecha del pago, debiendoel contribuyente soportar la diferencia de valor de la moneda extranjera entre el 31 de diciembre y la fecha de pago de los impuestos. Así, si el contribuyente dispone de moneda extranjera puede venderla para pagar el impuesto y de este modo no sufrir perjuicio. Pero puede ser que la empresa no disponga de ella, sino que la haya invertido en mercadería, activo fijo o en cuentas por cobrar, contabilizadas en dólares–por ejemplo-. Por tanto, en este caso el contribuyente deberá financiar la diferencia de tipo de cambio para pagar el impuesto, sin haber ganado nada. Bajo la norma legal y administrativa actual, lo anterior no parece evitable, pues las normas vigentes resguardan el interés del Fisco.
En momentos en que a nivel mundial los casos confirmados de COVID-19 superan los 1,3 millones de contagios y el número de muertes se eleva a cerca de 75.000, la mayoría de los Estados ha debido recurrir a sus Fuerzas Armadas para la ejecución de diversas tareas. En los casos revisados a continuación, a saber, Australia (5.797), Ecuador (3.747), India (4.778), México (2.143) y Sudáfrica (1.655), que superan los mil casos de contagios, se advierten ciertas similitudes en las labores desarrolladas por sus efectivos, con los matices propios de cada cultura. En todos los casos, y desde los inicios del brote en la provincia china de Wuhan, las respectivas Fuerzas Aéreas han realizado labores de repatriación y asistencia médica en las cuarentenas. De igual forma, los medios aéreos han sido utilizados para el transporte de víveres, equipos y personal médico. Por su parte, y a medida que las cifras de contagio se elevan, las FF.AA., salvo en México, han sido convocadas para apoyar las labores de los organismos policiales en términos de control, patrullaje y verificación de cumplimiento por parte de la ciudadanía de las medidas de restricción de circulación y/o toque de queda, implementadas en cada uno de los países.
Ante el coronavirus,algunos países delAsia han implementado con –éxito y en tiempo récord–una serie de medidas para vigilar el cumplimiento del aislamiento de los pacientes COVID-19. Gracias aluso del bigdata, la geolocalización y otras tecnologías, se busca resguardar al resto de la población a través de aplicaciones (apps)que alertan de ubicaciones posiblemente peligrosas, aunque se discuten los límites en el resguardo de los datos personales y la privacidad. No obstante,a pesar de los positivos resultados, existen importantes desafíos para poder replicar estas medidas tanto en Occidente como en nuestro país, fruto de las brechas en materia de protección de datos, resguardo de información sensible y derechos civiles. Sin embargo, existen elementos que podrían implementarse en Chile, y que facilitarían la gobernanza local en temas como la salud pública y la seguridad.
Este Informe ha sido elaborado para entregar antecedentes enrelación a los efectos multidimensionales que está teniendo la pandemia de coronavirus en Chile. En particular, centra la atención en los efectos políticos que ha tenido para generar una recalendarización general del itinerario electoral de 2020, con especial atención a la celebración del Plebiscito constitucional.