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Se revisa los principales aspectos que comprenden los compromisos económicos que asumen los copropietarios bajo la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, principalmente en lo relativo a los gastos comunes y sus alcances. A la luz delo anterior, se examinan los nuevos proyectos de ley contenidos en los boletines 13.381-14 y 13.388-14, que en lo central, buscan alternativas para abordar las dificultades que podrían plantear la crisis del Covid 19 y sus consecuencias económicas para la cancelación de los gastos comunes para muchas familias. En este contexto, se precisa que los gastos comunes corresponden a los gastos necesarios para la mantención del funcionamiento de una comunidad y, en general, su cálculo permite cubrir los gastos mensuales que en ella se originan, por lo que las medidas a contemplar deben permitir asegurar el funcionamiento de las mismas. En este orden de ideas, se sugieren algunas observaciones que podrían contribuir a abordar la problemática descrita.
Las consecuencias negativas de la pandemia por COVID-19 han alcanzado a diversos ámbitos sociales, entre ellos, el sistema educativo de los países. En una primera etapa, esto ha planteado desafíos para implementar modalidades de trabajo a distancia; y en una segunda etapa, de preparación para el retorno a clases presenciales, se pone a prueba la capacidad de la infraestructura de los establecimientos, y la aplicación de estrictas normas sanitarias, entre otras; en todos los establecimientos y niveles educativos. Sin embargo, en el caso del subsistema escolar, a diferencia de lo que ocurre en países con esquemas principalmente públicos, aquellos con una gran oferta privada de educación, y que se financia en parte importante por el pago de aranceles, enfrentan otro problema importante: la incapacidad de los hogares para pagar la educación de sus hijos. Considerando que este es el caso de Chile, este documento indaga en las medidas que han tomado países latinoamericanos que han debido enfrentar este mismo desafío. Para ello, se observan los casos de Argentina, poniendo especial énfasis en la Provincia de Buenos Aires, la cual cuenta con un gran número de colegios privados, así como el caso de Colombia.
El brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha provocado que muchos países hayan declarado estados de excepción constitucional, que incluyen la limitación de la libertad de circulación, y diversas medidas de contención en el ámbito sanitario, educativo, laboral, comercial, y recreativo, con el objeto de evitar la propagación de dicha enfermedad. Sin embargo, estas medidas han generado impactos en la vida habitual de las personas, principalmente dentro de las familias, y en especial en las mujeres que siguen siendo las que cargan con la mayor parte de las labores domésticas, pues aún perdura en muchos hogares las desigualdades de género. Tanto ONU Mujeres como la OECD han recomendado a los gobiernos adoptar medidas de emergencia incorporando una perspectiva de género, y medidas que ayuden a los padres a manejar las tareas laborales y las de cuidado equitativo entre padre y madre, proponiendo: a) cuidado infantil a los padres que trabajan en servicios esenciales; b) apoyo financiero directo a los trabajadores que deben tomar un permiso para cuidar a los niños; y c) adaptar el teletrabajo y la flexibilidad laboral, para permitir a los trabajadores conciliar el trabajo remunerado y no remunerado.
La situación en el país asiático es cada vez peor y la cantidad de nuevos contagios por Covid-19 superó los 400 mil. Si bien el proceso de vacunación comenzó en enero y ha cubierto a poco más de 120 millones de personas, esta cifra no representa aún al 10 por ciento de la población.
Algunas empresas chilenas con inversiones en el extranjero o con activos en moneda extranjera podrían pagar más impuestos en los años 2020 y 2021, sólopor causa de un aumento en el valor de los activos en razón del alza del tipo de cambio. Lo anterior, por cuanto la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR)obliga a corregir monetariamente dichos activos y pasivos, usando la cotización de la moneda de los mismos. Esto genera resultados tributarios distorsionados por la fluctuación del tipo de cambio.El Código Tributario permite al contribuyentecontabilizar sus operaciones y/o declarar o pagar sus impuestos en moneda extranjera. Sin embargo, ellono necesariamente conviene al contribuyente, pues éste debe pagar los impuestos según el tipo de cambio vigente a la fecha del pago, debiendoel contribuyente soportar la diferencia de valor de la moneda extranjera entre el 31 de diciembre y la fecha de pago de los impuestos. Así, si el contribuyente dispone de moneda extranjera puede venderla para pagar el impuesto y de este modo no sufrir perjuicio. Pero puede ser que la empresa no disponga de ella, sino que la haya invertido en mercadería, activo fijo o en cuentas por cobrar, contabilizadas en dólares–por ejemplo-. Por tanto, en este caso el contribuyente deberá financiar la diferencia de tipo de cambio para pagar el impuesto, sin haber ganado nada. Bajo la norma legal y administrativa actual, lo anterior no parece evitable, pues las normas vigentes resguardan el interés del Fisco.
Esta minuta se elabora en el contexto de la crisis sanitaria provocada por el virus COVID –19. En ella se entregan antecedentes referidos al impacto que la pandemia provoca en un grupo especialmente vulnerable de la población como son las personas migrantes. Se identifican los principales factores de riesgo, las recomendaciones que diversos organismos especializados hacen a los Estados para que éstos consideren en las políticas públicas y en la gestión de la crisis los derechos humanos de la población migrante, desplazada y refugiada. Finalmente, se presentan algunos elementos del escenario nacional e internacional en la materia.
Los coronavirus (COV) son una gran familia de virus que causan diversos tipos de enfermedades broncopulmonares, desde el resfrío común hasta enfermedades más severas, como el MERS-CoV y el SARS-CoV. Un nuevo coronavirus (nCoV) es una nueva cepa no previamente identificada en humanos. Aunque la influenza y COVID-19 presentan síntomas similares, sus agentes causales son virus diferentes.
Daniel Álvarez, académico de la Universidad de Chile, se refirió al uso de tecnologías para contener el COVID-19 en China y Corea del Sur, y la forma como atentan en contra de los datos personales. Aunque matiza la efectividad de las aplicaciones, cree que es necesario que en nuestro país exista una autoridad que garantice nuestra privacidad.
Se revisan datos sobre la Tasa de Incidencia de la pandemia de COVID 19 según 6° Informe Epidemiológico MINSAL. Se detallan los datos señalados a continuación de las comunas cuya tasa es superior a 50 personas contagiadas cada 1000 habitantes: Número de hogares en el 40% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares. — Viviendas que presentan falencias en su materialidad en las categorías de irrecuperable y recuperables según Censo 2017 — Porcentaje de hogares hacinados. Como observaciones generales se puede señalar que: 1. La situación de precariedad material de las viviendas es más aguda porcentualmente en las comunas de menor población, en tanto el hacinamiento se expresa en todas las comunas. 2. La precariedad material se verá particularmente agudizada en los meses de invierno y puede agravar las situaciones de riesgo y precariedad material de los grupos vulnerables. 3. Ambas condiciones, precariedad material y hacinamiento, dificultan el cumplimiento de medidas de cuarentena. 4. La epidemióloga Sra. Muriel Ramírez, sobre las medidas recomendables, relevó el uso de “Cordón Sanitario”, la implementación de cuarentenas totales para frenar la circulación de la enfermedad, y el uso de hoteles sanitarios para personas contagiadas o sospechosas que por distintas razones, entre las que se cuenta la precariedad de su propia vivienda o el hacinamiento, no puedan cumplirla en su domicilio. 5. Entre las buenas prácticas que han surgido posibles de replicar se puede destacar la implementación de puntos de higiene en sectores sin acceso a servicios básicos, provisión de agua mediante camiones garantizando mínimos familiares, y la reconexión de viviendas con los servicios sanitarios suspendidos por no pago.
También pertenece a: EconomíaEste informe examina la relación entre el avance del COVID 19 y factores territoriales que podrían contribuir a la adopción de medidas de protección. Para esto, se da cuenta de tres iniciativas que han tenido por objeto poner en evidencia la importancia de esta relación: Uno de Vergara Perucich y otros (2020) busca determinar los sectores de la ciudad en que se emplazan las viviendas con condiciones de precariedad material que presenta alto riesgo ante el COVID 19. Núñez (2020) y otros buscan determinar los espacios urbanos que promueven las interacciones sociales, y cuyo control y reducción de su actividad podría contribuir a disminuir potenciales focos de contagio. Un tercer estudio del Centro de Producción del Espacio de la Universidad Las Américas, busca construir un Índice de Vulnerabilidad para el COVID-19, que permita identificar los sectores de hogares más vulnerables a propósito de expansión del coronavirus en Chile. En este ámbito, se revisan los datos de las evolución del COVID 19 a nivel comunal, y utilizando el índice de incidencia, definido por OPS como el número de casos nuevos de una enfermedad u otra condición de salud dividido por la población en riesgo de la enfermedad (población expuesta) en un lugar específico y durante un período especifico y cuya interpretación matemática es la probabilidad de que un individuo perteneciente a la población en riesgo se vea afectado por la enfermedad de interés en un período específico.
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