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Tras la identificación de un brote de coronavirus en la ciudad de Wuhan en China, el gigante asiático implementó una serie de medidas para controlar el progreso del virus tanto en la provincia afectada como a nivel nacional. Sus políticas de aislamiento demostraron significativos resultados en cuanto a la reducción de la propagación del COVID-19. De hecho, a una semana de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la emergencia como pandemia, China informó que ya no tenía nuevos casos internos. Por su parte, Corea del Sur, quien inicialmente se posicionó como el segundo país más afectado por el virus, implementó importantes políticas de testeo y seguimiento, que lo han llevado a reducir el numero de contagios de manera considerable. A pesar de que aún no se declara el control total del virus, ya lograron aplacar la curva de contagios y su manejo sanitario se ha establecido como referente.
A medida que la pandemia fue desarrollándose, la investigación en la materia dio cuenta de que las cuarentenas implementadas para disminuir y postergar los contagios COVID-19 eran efectivas, en particular cuando eran aplicadas tempranamente, por periodos cortos y en conjunción con otras medidas de protección y control. Sin embargo, también quedó en evidencia que la respuesta de la población a esta medida dependerá de factores psicosociales particulares, que aumentan o disminuyen el nivel de incertidumbre y seguridad de la población. Organismos internacionales se han referido a la importancia de considerar estos factores en el plan para enfrentar la pandemia, para lo cual se hace fundamental tanto una comprensión de los grupos poblacionales más afectados(y sus necesidades), así como también integrar a la comunidad en la preparación e implementación de las medidas de control de la epidemia. En este marco,se deben considerar tres factores fundamentales en la estrategia que se establezca: satisfacción de necesidades básicas (alimentación, abrigo, vivienda etc.);consejería a la población y la reactivación de redes sociales; y estrategias de comunicación de riesgo.
El presente documento tiene por objeto apoyar a diversos parlamentarios en la recolección de antecedentes respeto de la pandemia de COVID-19, en particular en lo referente a las Non-Pharmaceutical Interventions (NPIs) que corresponden a medidas, planes y políticas que promueven el aislamiento social y buscan evitar que el número de contagiados aumente de manera tal que los sistemas de salud a nivel mundial alcancen su capacidad crítica.
Varios países han basado su respuesta ante la actual pandemia COVID-19 implementando las más diversas Intervenciones No Farmacológicas (NPI) ante la ausencia de una vacuna que regule la situación en el corto plazo. Si bien el COVID-19 fue detectado en Wuhan, China, en diciembre del año recién pasado, apenas el día 30 de enero de este año la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el evento como una Emergencia de Salud Pública internacional. Luego de 110.000 casos y 4.000 muertes en países de todos los continentes, excepto la Antártica, la OMS confirió el estatus de pandemia al COVID-19. Unos días después, con fecha 3 de febrero, Brasil hizo lo propio y la declaró una emergencia de Salud Pública a nivel nacional. En ausencia de una vacuna contra el SARS-CoV-2 (agente causante de COVID-19), se ha sugerido que los países centren parte importante de sus esfuerzos en la implementación de Intervenciones No Farmacológicas (NPIs, por sus siglas en inglés: Non- Pharmaceutical Interventions), teniendo como finalidad la inhibición de la transmisión de virus entre humanos, ralentizando la velocidad de esparcimiento de la enfermedad y finalmente logrando una reducción en el número de contagios, o al menos el retraso de éstos. Las estrategias en que se basan las NPIs permiten reducir instantáneamente la demanda por cuidados en centros asistenciales y minimizan también la mortalidad.
También pertenece a: EconomíaAlrededor de tres meses después del comienzo de las restricciones y medidas impuestas debido a la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, la propagación del patógeno en Alemania parece estar al menos contenida. Sin embargo, ocasionalmente siguen produciéndose brotes locales. La tasa de infección volvió a aumentar considerablemente.
Diferentes organismos internacionales vinculados a la protección de la salud y los derechos humanos han llamado a los gobiernos a realizar esfuerzos adicionales específicos para proteger los derechos de las personas con discapacidad (PcD) en su respuesta a la pandemia COVID-19. Esto es, considerando también que la pandemia tiene un impacto mayor en las PcD. En este marco se encuentran directrices para los gobiernos, a quienes se les llama a garantizar derechos y tomar medidas de protección específicas para diferentes situaciones que las afectan. Para ahondar en el conocimiento de estos requerimientos, en abril del presente año, el gobierno de Chile levantó la encuesta “Identificación de necesidades de las PcD en periodo Covid-19". Luego, parte importante de la respuesta gubernamental ha sido desarrollada por la Mesa Intersectorial Discapacidad y COVID-19, liderada por SENADIS. Es así como en el sitio web de este servicio se han publicado una serie de recomendaciones para personas con discapacidad ante el Coronavirus, las que están dirigida a diferentes públicos objetivos, considerando tanto a personas con discapacidades específicas ( visual, auditiva e intelectual) como a sus familias y cuidadores.
La situación epidemiológica de Uruguay ha sido resaltada como ejemplar, debido a que, después de haberse confirmado el primer caso de contagio a mediados de marzo, ya en la primera semana de junio las cifras daban cuenta de una cierta contención de la epidemia. Luego de ello, la transmisión se ha producido por brotes, sin haber llegado nunca a una fase de aumento exponencial. Este resultado es especialmente notorio, toda vez que, a la fecha, Uruguay no ha dictaminado cuarentenas obligatorias, optando por una estrategia que privilegia la libertad con responsabilidad. Otro aspecto destacado de la gestión gubernamental uruguaya es la coordinación lograda entre los tomadores de decisiones y el mundo científico. En efecto, prueba de ello es el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), compuesto por más de 55 expertos que asesoran científicamente a la Presidencia. Inspiradas en el modelo surcoreano, las acciones efectuadas para controlarla epidemia en Uruguay persiguieron especialmente mejorar la capacidad de testeo, considerado que es un factor crítico de la vigilancia posterior (trazabilidad y aislamiento de casos). Se evitó llegar así a una fase de transmisión donde las medidas de vigilancia pierden su eficacia, lo que supone mantener la epidemia en una escala manejable. Luego, se reconoce como un elemento clave para este propósito la rapidez de la respuesta del gobierno, quien declaró la emergencia sanitaria el mismo día en que se confirmó el primer caso de contagio en el país.
La urgencia sanitaria, declarada por la Ley francesa 2020-290 del 23 de marzo de 2020, ha permitido adoptar diferentes medidas frente a la propagación del virus SARS CoV-2. Algunas de dichas medidas han sido relacionadas con elrégimen laboral de los trabajadores. Las medidas para la protección del mercado laboral en el Derecho francés frente a la propagación de la epidemia Covid-19 debe distinguir los regímenes aplicables a trabajadores dependientes e independientes. Sólo en el primero de los casos, las medidas ya aplicables con anterioridad a la declaración de urgencia sanitaria han permitido limitar en mayor grado sus impactos.
También pertenece a: TrabajoAlemania y España han dictado Guías de Protocolos de prevención y control del riesgo de contraer Covid-19 para los trabajadores y trabajadores en el retorno laboral. En Alemania la Guía fue producto de un trabajo entre los organismos estatales y organizaciones de empleadores y trabajadores. Por su parte en España, las Guías fueron dictadas por el Ministerio de Trabajo y de Economía Social y Salud respectivamente.
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