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La aparición en diciembre de 2019 del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) y su alta transmisibilidad, en una época de extrema globalización que ha determinado su rápida propagación por el mundo, supone uno de los mayores retos no sólo para la salud internacional sino también para los modelos económicos, sociales y culturales actualmente predominantes entrados a la segunda década del siglo XXI. Comprender el impacto de esta pandemia, particularmente en la salud y en los sistemas sanitarios, a través del análisis responsable de las múltiples fuentes de información disponibles ‒determinada por la hiperconectividad en que nos encontramos‒, supone también un importante desafío. El presente Informe, haciendo uso de fuentes oficiales o bien, de información generada “por” o transmitida “a través de” entidades de reconocida solvencia científica, busca dar un panorama general acerca de los negativos efectos que la primera pandemia de la presente centuria es capaz de producir en la salud y los sistemas sanitarios y los aprendizajes que será necesario rescatar de ella.
A raíz del COVID-19, los países han dictado medidas restrictivas de libertades personales, consistentes en distintas formas de aislamiento social o “cuarentena”, sancionando la vulneración de dichas medidas con penas privativas de libertad y multas. En Argentina se sancionan las siguientes conductas:a) Delito de violación de medidas anti-epidémicas: con prisión de 6 meses a 2 años al que viole las medidas adoptadas por las autoridades para impedir la introducción o propagación de una epidemia. con prisión de 15 días a 1 año al que resista o desobedezca a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal.b) Propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa: con reclusión o prisión de 3 a 15 años.c) Declaración Jurada Falsa sobre antecedentes relacionados con la enfermedad: con reclusión o prisión de 1 a 6 años. d) Omisión de Denuncia del incumplimiento del aislamiento: prisión de 6meses a 3 años. En losEstados Unidos de América se sanciona la vulneración de la cuarentena:a) Estado de California: multa hasta 1.000 USD y/o privación de libertad de hasta 6 meses.b) Estado de Nueva York: multa de hasta 1.000 USD. En Francia se sanciona la violación del aislamiento social obligatorio con multa de hasta 750 euros; si hay reincidencia dentro de 15 días se sanciona con hasta 1.500 euros; si la infracción se reitera más de 3 veces en 30 días, se aplica multa de 3.750 euros y trabajo comunitario. En España se sanciona la vulneración de la cuarentena con multas de1.500 a 600.000 euros, y prisión de 3 meses a 4 años, dependiendo de su gravedad, reiteración y norma aplicada. En Perú se sanciona la vulneración de la cuarentena con pena privativa de libertad de 6 meses a 3 años y multa. Y si se trata de resistencia o desobediencia a la autoridad, con privación de libertad de 6 meses a 2años. Todos los delitos o infracciones señalados son mediante leyes penales en blanco, que se complementan con disposiciones administrativas.
Este documento aborda el problema de la elaboración de políticas públicas sobre empleo en medio de la crisis que ha generado la pandemia del COVID-19.
La Organización Internacional del Trabajo señala que los efectos de la pandemia son devastadores para el empleo y los ingresos de los trabajadores. Asimismo, invita a los países a adoptar medidas integradas y a gran escala, en cuatro pilares: apoyar a las empresas, el trabajo y los ingresos; estimular la economía y los empleos; proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo; y utilizar el diálogo social entre gobiernos, trabajadores y empleadores a fin de encontrar soluciones. Los países han estado tomando medidas de emergencia para poder disminuir los efectos negativos y generar políticas e instrumentos de ayuda a los trabajadores y a las empresas para superar esta crisis. De la revisión de las principales medidas de protección al empleo y/o trabajadores derivadas de la emergencia sanitaria en Argentina, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos de América y Reino Unido, se puede concluir que: - Todos los países analizados han adoptados medidas de protección a los ingresos de los trabajadores, por medio de subsidios directos, flexibilización de requisitos para acceder a las prestaciones de cesantía o la implementación de la modalidad de teletrabajo, suspensión de contrato o reducción de horas, entre otras medidas. - España, Argentina, Brasil, Estados Unidos y Reino Unido han implementado medidas para ir en ayuda de las empresas con asignaciones de complemento de sueldos, reducción de impuestos o de eximición de pago de cotizaciones previsionales por los periodos de crisis. - También algunos países han adoptado medidas específicas para los trabajadores autónomos y/o informales, ese es el caso de Argentina; Reino Unido y España. Atendida el rápido desarrollo de la contingencia, las materias tratadas en el presente informe son esencialmente dinámicas. En consecuencia, su contenido corresponde a información disponible y vigente al momento de su elaboración (08.04.2020).
En Chile, la primera medida del Gobierno fue adoptada el 5 de enero del 2020, cuando promulgó el Decreto N° 4 (publicado el 8 de febrero de 2020), decretando Alerta Sanitaria por un año El 22 de enero de 2020 se declaró la fase 1 de la epidemia ante brote de 2019 del Covid 19 en China. Esto es considerando que aún no se presentan casos en el territorio nacional. El 15 de marzo de 2019, el Ministerio de Salud declara simultáneamente las fase 3 y 4 considerando de que ya existe transmisión sostenida del virus en la población, a consecuencia de lo cual se amplían las medidas de aislamiento, cuarentena y aduanas sanitarias. Con fecha 18 de marzo de 2020, el Presidente de la República declaró Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por calamidad pública, en el territorio nacional. Y a partir del jueves 26 de marzo, 7 comunas de la Región Metropolitana fueron declaradas oficialmente en cuarentena. Entre las diversas medidas adoptadas por las autoridades centrales y sanitarias, se cuentan acciones extraordinarias destinadas a fortalecer la capacidad hospitalaria, ampliar los medios de diagnóstico y establecer protocolos para la entrega de licencias médicas. Paralelamente, la autoridad elabora y publica diversos protocolos para la gestión de riesgos en este contexto, como son los relativos a la limpieza y desinfección de ambientes, y al manejo de contactos de casos Covid-19 (excluidos los establecimientos de atención de salud).
A la luz de la reciente publicación de la revista científica Science Robotics a fines de marzo de 2020 titulada “Combating COVID-19—The role of robotics in managing public health and infectious diseases”, se da revisión a las tres grandes áreas de aporte de la robótica al combate del coronavirus. Junto a ello –y para complementar el análisis– se releva la experiencia aplicada en países del Asia Pacífico, que con éxito han implementado robots para aminorar el impacto y exposición del virus, tanto de sus profesionales médicos como pacientes, en sus respectivos sistemas de salud.
El presente documento tiene por objeto apoyar a diversos parlamentarios en la recolección de antecedentes respeto de la pandemia de COVID-19, en particular en lo referente a las Non-Pharmaceutical Interventions (NPIs) que corresponden a medidas, planes y políticas que promueven el aislamiento social y buscan evitar que el número de contagiados aumente de manera tal que los sistemas de salud a nivel mundial alcancen su capacidad críticA.
Los parlamentos de todo el mundo se están adaptando a las nuevas realidades resultantes de la pandemia de COVID-19. Están cambiando la forma en que votan, de llevar a cabo sesiones de comisiones y plenarias, y de fiscalizar a los gobiernos. Tales adaptaciones han sido fruto del acuerdo entre partes (Gobierno, Mesas de las cámaras y/o partidos políticos) y otros se han realizado formalmente, por vía de reforma constitucional, legal o reglamentaria. Un tema común entre casi todas las legislaturas en todo el mundo es que han cerrado sus edificios parlamentarios a toda actividad fuera de sus funciones esenciales. Algunos han optado por reducir sus quórums, como Alemania. En general, los funcionarios no esenciales se encuentran trabajando remotamente y para quienes deben permanecer se han adoptado medidas especiales de distanciamiento físico. Incluso, algunos han optado por cambiar la sede a fin de cumplir con estas medidas (Suiza). En el desarrollo de lo que se ha denominado el “parlamento virtual”, una gran mayoría de los casos revisados ha adoptado sistemas de videoconferencia para continuar con el trabajo parlamentario, tanto en plenario como en comisiones. Sin embargo, pocos han implementado el voto telemático, entre los que destaca Chile, Brasil y España. Si bien se mantiene el escrutinio a las acciones del Gobierno, aunque más restringido (por ejemplo, a través de menos tiempo para cuestionar a ministros, como en Francia y Reino Unido), en Nueva Zelanda se creó una comisión especial para fiscalizar la labor del Ejecutivo durante la pandemia. En cuanto a las aplicaciones elegidas para apoyar el trabajo parlamentario, si bien no existe una solución de “cero riesgo”, el sistema escogido debe ser lo suficientemente seguro como confiable. La plataforma de videoconferencia Zoom ha sido utilizada por varios parlamentos, pero no es la única que ha sido probada. Para los demás procedimientos internos, los países que ya han digitalizado sus procesos continúan usando sus sistemas internos. Atendido el rápido desarrollo de la contingencia, las materias tratadas en el presente informe son esencialmente dinámicas. En consecuencia, su contenido corresponde a información disponible y vigente al momento de su elaboración (15.04.2020)
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