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El presente trabajo tiene por objeto sistematizar las recomendaciones formuladas por la Comisión y la Corte IDH, para asegurar que en el contexto de la emergencia sanitaria se respeten y garanticen los Derechos Humanos, y poner a disposición de la comunidad parlamentaria y de usuarios en general, en un solo documento, los lineamientos a considerar por los órganos del Estado al diseñar, adoptar, implementar, evaluar las medidas para enfrentar los efectos de la pandemia COVID-19.
Las medidas adoptadas por la crisis sanitaria del Covid-19 han desencadenado también una crisis en la educación, producto del cierre temporal de los establecimientos escolares. Según UNESCO, 186 países en el mundo debieron cerrar, por lo que 1.292 millones de estudiantes han estado sin aprendizaje presencial; y algunos de ellos simplemente sin aprendizaje. Los expertos señalan que las medidas de aislamiento han supuesto un retroceso educativo y agudizado la desigualdad social, por lo que advierten de la necesidad de revertir la situación cuanto antes. Sin embargo, esta decisión de planificar la reapertura escolar requiere condiciones de seguridad para el bienestar de la comunidad escolar y procesos de planificación flexibles sujetos a cómo evolucionará la pandemia, además del asesoramiento permanente de los expertos en salud. El informe da cuenta de la experiencia de cuatro países del hemisferio norte, que ya han abierto o decretado una fecha próxima de retorno escolar: Alemania, Dinamarca, Noruega y los Países Bajos. Todos ellos han implementado un retorno gradual y controlado. Respecto de la gradualidad, difieren en qué nivel educativo se incorpora primero. Algunos optan para que sean los más pequeños, argumentando la necesidad que tiene este grupo de un aprendizaje presencial, ya que los más grandes son más autónomos en el aprendizaje a distancia como es el caso de Dinamarca, Noruega y los Países Bajos. Otros señalan que es mejor que ingresen los cursos mayores, ya que ellos pueden respetar mejor las normas de distanciamiento, y además tienen más urgencia en seguir con sus procesos formativos como es el caso de Alemania (Bavaria y Berlín). En cuanto al control, todos implementan medidas de higiene, limpieza y distanciamiento. Respecto al distanciamiento, establecen que en la sala de clases debe trabajarse con grupos reducidos, y se deben organizar grupos o cohortes que se mantengan juntos para trabajar en clases, compartir los recreos e incluso los almuerzos. En los Países Bajos se destaca además que la jornada escolar de la semana será 50% en el colegio y 50% modalidad a distancia.
Una de las consecuencias negativas del COVID-19 ha sido el impacto de éste para el mundo del trabajo y los ingresos de los trabajadores. La Organización Internacional del Trabajo ha invitado a los países a adoptar medidas urgentes, integradas y a gran escala, en cuatro pilares: apoyar a las empresas, el trabajo y los ingresos; estimular la economía y los empleos; proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo, y utilizar el diálogo social entre gobiernos, trabajadores y empleadores para encontrar soluciones. Las medidas adoptadas por los países son de índole muy diversa. Se han ido tomando medidas de emergencia para poder disminuir los efectos negativos y generar políticas e instrumentos de ayuda a los trabajadores y a las empresas para superar esta crisis. A modo de ejemplo: planes de protección contra el desempleo, prestaciones por desempleo a trabajadores despedidos que en otras circunstancias no tendrían derecho a seguro de desempleo, subsidios o bonos directos a los trabajadores, entre otros. A continuación se entregan las principales conclusiones del Informe BCN “Revisión comparada de medidas de protección al empleo frente al COVID-19 (2020)”, en el cual se eligieron seis países por representar distintos modelos: Argentina, Colombia Brasil, España, Reino Unido y Estados Unidos, analizándose las medidas adoptadas en materia laboral, específicamente protección del empleo como consecuencia del COVID- 19. Atendida el rápido desarrollo de la contingencia, las materias tratadas en el presente informe son esencialmente dinámicas. En consecuencia, su contenido corresponde a información disponible y vigente al momento de la elaboración del Informe que se resume (13.04.2020).
En relación a las recomendaciones, medidas o programas para enfrentar el Coronavirus 19 (COVID-19) en la agricultura, la Organización de los Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha realizado las siguientes recomendaciones: garantizar la cadena de suministro de alimentos y transporte; ayudar a los países, especialmente sus poblaciones más vulnerables; que los países que prestan ayuda a otros que continúen esa ayuda; asegurar la seguridad alimentaria e informar casos de mortalidad animal. Chile ha declarado la agricultura como un servicio esencial. Por tanto, el Ministerio de Agricultura ha dispuesto: resguardo de la salud de los trabajadores agrícolas (estableciendo protocolos y manuales); monitoreo y apoyo al funcionamiento de la cadena de abastecimiento y apoyo financiero (agilización de trámites y continuidad de funciones).
El buen manejo de la crisis epidemiológica en el país oceánico tiene sello de mujer, Jacinda Ardern ha sabido comunicar la importancia de seguir una estrategia fundamentada en cuatro niveles de acción, pero también de llamar a sus ciudadanos a la sensatez y a ser considerados con las personas más vulnerables.
Las estimaciones del impacto del COVID-19 en la economía mundial dan cuenta de un creciente pesimismo, proyectando para el 2020 un crecimiento mundial del PIB negativo (-2,0% por la CEPAL). Igual situación se replicaría en América Latina y el Caribe, para la cual se estimó una contracción del -5,3%, mientras que para Chile las estimaciones van desde -1,5 a -4,5%. Este escenario de contracción mundial y regional implicaría importantes efectos a nivel de sectores de la economía. La CEPAL identifica al ”Comercio al por mayor y al por menor”, ”Reparación de bienes”, “Hoteles y restaurantes”, ”Transporte y almacenamiento y comunicaciones” y “Servicios”en general”, como las ramas de la actividad económica más afectados por la crisis generada por el COVID-19. La OIT indica que cerca del 68% de la fuerza de trabajo mundial, incluidos el 81% de los empleadores y 66% de los trabajadores por cuenta propia, viven y trabajan en países afectados por el cierre ordenado o recomendado de loslugares de trabajo. Y que en términos concretos, 436 millones de empresas de los sectores más afectados en todo el mundo enfrentan un alto riesgo de experimentar graves perturbaciones.
También pertenece a: EconomíaEl 16 de marzo de 2020, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ante los efectos negativos o impacto que el COVID-19 genera o pudiere generar en la economía, en los contribuyentes y en los ciudadanos, emitió una guía de políticas impositivas, para facilitar el cumplimiento de las obligaciones y generar incentivos para los distintos contribuyentes, señalando que estas sugerencias deben ser evaluados en y por cada jurisdicción, debiendo ser adaptados a la realidad de cada país. Por su parte, los países OCDE han seguido tales recomendaciones, aplicando las siguientes medidas tributarias pro contribuyentes
La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha tenido efectos importantes en el mercado del trabajo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas la tasa de desempleo aumentó a un 8,2% en marzo de 2020 siendo mayor este incremento en las mujeres. En encuestas realizadas por la Cámara Nacional de Comercio se señala que la modalidad de teletrabajo ha sido baja en todas las empresas independiente de su tamaño. Adicionalmente, los datos muestran que el porcentaje de las empresas que estaban funcionando al 100% en la primera medición (14,5%) bajan en la segunda encuesta al 7,1% producto principalmente del inicio de la cuarentena. Las micro y pequeñas empresas son las más afectadas respecto de la capacidad de seguir operando. Ante la consulta sobre como espera que sean sus ventas este trimestre respecto de igual trimestre del año anterior, el 51,8% espera que caigan en un 50% o más. El 40% de las empresas declara poder sobrevivir sin ventas un mes más, siendo las más afectadas las microempresas. También se destaca que el 17% de los trabajadores podrían ser desvinculado en los próximos meses. Al 30 de abril de 2020 la Dirección del Trabajo (DT) reportó que 7.318 trabajadores y trabajadoras se encuentran acogidos a la reducción de jornada, 170.637 se encontraban con suspensión de contrato por acto de autoridad y 210.604 se encontraban con pactos de suspensión de contrato.
La pandemia generada por el COVID-19, más allá del impacto inmediato en la salud, tiene implicaciones importantes para las economías mundiales, el uso de energía y las emisiones de CO2. Según la Agencia Internacional de la Energía(IEA), la demanda mundial de energía disminuyó un 3,8% en el primer trimestre de 2020, y la mayor parte del impacto se sintió en marzo, a medida que se aplicaban las medidas de confinamiento en Europa, América del Norte y otros lugares. En términos anuales, la IEA prevé que la demanda mundial de energía del 2020 se contraerá en un 6%, equivalente a la mayor contracción en 70 años en términos porcentuales y absolutos. Igualmente, para el año 2020, estimó que las emisiones globales de CO2disminuirían en un 8% o casi 2.6 Giga-toneladas (Gt).Para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los principales retos del sector en tiempos del COVID-19 sonasegurar la adecuada y continua operación del sistema eléctrico con el fin de asegurar el abastecimiento del servicio, además de garantizar el acceso de la población más vulnerable y la sustentabilidad financiera y operativa del sector. Para Chile, la consultora Systep (2020) prevé un impacto en las perspectivas futuras del sector, explicada por un menor crecimiento de la demanda eléctrica en el corto plazo y una contracción estimada del 2% del PIB que, provocaría una reducción en los planes de inversión. En Chile, al igual que en el resto de los países de América Latina y el Caribe - dada su condición de servicio básico - los gobiernos han tomado medidas para asegurar el suministro de electricidad e incluso, posponer su pago y aliviar en parte los efectos sobre la economía familiar.
El presente documento tiene como objetivo informar sobre medidas para inyectar capital de trabajo a micro, pequeñas y medianas empresas, a través de préstamos, en Estados Unidos, Australia, Canadá, Reino Unido y Nueva Zelanda. Se da cuenta de los principales programas y se explican sus principales características y condiciones. En primer lugar cabe destacar que se observan diferencias entre la interacción entre el Estado y las instituciones financieras privadas que proveen los préstamos. En todos los países se observan programas de financiamiento vía préstamo en donde el Estado actúa como aval del deudor, siendo la institución privada la que provee el crédito. No obstante, en Canadá se observa un esquema de cofinanciamiento, es decir una parte la presta el Estado y la otra parte el sector privado, y esquemas en donde no intervienen los privados y el prestamista es 100% el Estado. Un esquema interesante se da en el Reino Unido, en donde el Estado actúa como inversionista de empresas recién creadas, es decir inyecta recursos a través de préstamos convertibles, adquiriendo un porcentaje de la propiedad de la empresa. Otro aspecto diferenciador es la participación del Estado en la definición de las condiciones del crédito cuando son privados los que los proveen. En Estados Unidos existen por ejemplo el Pay Check Protection Programy el Economic Injury Plan, en los cuales el Estado fijala tasa de interés, incluso diferenciando entre empresas e independientes.