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Este trabajo analiza la efectividad de la medida de cuarentena a partir de las conclusiones de una serie de artículos científicos publicados recientemente. Además, mide la evolución de la movilidad en la provincia de Santiago desde el 1 de marzo en adelante. La primera parte revisa la literatura científica disponible (12 artículos indexados a Elsevier) que modelan la efectividad de la cuarentena durante la pandemia, analizando información de distintas ciudades, como Wuhan o la provincia de Hubei (China). Los principales resultados de dicha revisión son: i) las cuarentenas fueron consideradas efectivas para controlar la expansión del virus, y altamente efectivas durante los primeros dos meses de implementación, aunque ii) su efectividad depende, en la práctica, de diversos factores sociales, como el nivel de apego de la ciudadanía a la medida y su evolución con el tiempo, el nivel de hacinamiento promedio de los hogares en donde se implementa, además de otros factores muy difíciles de identificar, como determinados ‘estilos de vida’ de una población particular, los cuales explicarían, según Al Zobbi, et. al. (2020), el bajo apego de la población española durante su primer periodo de cuarentena (15 de febrero al 11 de abril).
La situación epidemiológica de Uruguay ha sido resaltada como ejemplar, debido a que, después de haberse confirmado el primer caso de contagio a mediados de marzo, ya en la primera semana de junio las cifras daban cuenta de una cierta contención de la epidemia. Luego de ello, la transmisión se ha producido por brotes, sin haber llegado nunca a una fase de aumento exponencial. Este resultado es especialmente notorio, toda vez que, a la fecha, Uruguay no ha dictaminado cuarentenas obligatorias, optando por una estrategia que privilegia la libertad con responsabilidad. Otro aspecto destacado de la gestión gubernamental uruguaya es la coordinación lograda entre los tomadores de decisiones y el mundo científico. En efecto, prueba de ello es el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), compuesto por más de 55 expertos que asesoran científicamente a la Presidencia. Inspiradas en el modelo surcoreano, las acciones efectuadas para controlarla epidemia en Uruguay persiguieron especialmente mejorar la capacidad de testeo, considerado que es un factor crítico de la vigilancia posterior (trazabilidad y aislamiento de casos). Se evitó llegar así a una fase de transmisión donde las medidas de vigilancia pierden su eficacia, lo que supone mantener la epidemia en una escala manejable. Luego, se reconoce como un elemento clave para este propósito la rapidez de la respuesta del gobierno, quien declaró la emergencia sanitaria el mismo día en que se confirmó el primer caso de contagio en el país.
A medida que la pandemia fue desarrollándose, la investigación en la materia dio cuenta de que las cuarentenas implementadas para disminuir y postergar los contagios COVID-19 eran efectivas, en particular cuando eran aplicadas tempranamente, por periodos cortos y en conjunción con otras medidas de protección y control. Sin embargo, también quedó en evidencia que la respuesta de la población a esta medida dependerá de factores psicosociales particulares, que aumentan o disminuyen el nivel de incertidumbre y seguridad de la población. Organismos internacionales se han referido a la importancia de considerar estos factores en el plan para enfrentar la pandemia, para lo cual se hace fundamental tanto una comprensión de los grupos poblacionales más afectados(y sus necesidades), así como también integrar a la comunidad en la preparación e implementación de las medidas de control de la epidemia. En este marco,se deben considerar tres factores fundamentales en la estrategia que se establezca: satisfacción de necesidades básicas (alimentación, abrigo, vivienda etc.);consejería a la población y la reactivación de redes sociales; y estrategias de comunicación de riesgo.
Según datos de la ONU, la pandemia de coronavirus puede tener un impacto catastrófico en la vida de millones de mujeres, debido a que el número de mujeres que no pueden acceder a planificación familiar y que se enfrentan a embarazos no planeados aumenta gravemente con los meses de cuarentena, así como también la violencia de género. Por esta razón, la UNFPA pide a los países redoblar los esfuerzos para facilitar el acceso a los servicios y la continuidad de uso de la anticoncepción y anticoncepción de emergencia (especialmente en los casos de violencia sexual), así como también dar acceso a la prevención y al tratamiento de infecciones de transmisión sexual (ITS) y el VIH. Nuestro país no ha estado ajeno a estos efectos secundarios del confinamiento. Según datos de la Corporación Miles, en la encuesta realizada sobre salud sexual y reproductiva, el 74% de las mujeres ha tenido problemas para acceder a métodos anticonceptivos durante la pandemia, ya sea por falta de stock, aumento de precio o porque el servicio de salud no estaba entregando el medicamento. Mientras el COLMED, da cuenta de demoras en la atención y falta de stock de anticonceptivos en la atención primaria. En Chile la anticoncepción está regulada principalmente por las Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad del Ministerio de Salud de Chile (primera versión del 2006, actualizada el 2018) y por la ley N° 20.418 que Fija Normas Sobre Información, Orientación y Prestaciones en Materia de Regulación de la Fertilidad (2010). Se suman al marco normativo, el marco programático dependiente de la Subsecretaría de salud pública, donde se encuentra el Programa de Salud de la Mujer, sumado a la Política Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva (2018), el Programa Salud de la Mujer (1997) y la Norma General Técnica para la atención de víctimas de violencia sexual. Además, debe considerarse el Programa Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes, bajo el cual se ha desarrollado la Consejería en Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes. Si bien los datos encontrados por la corporación Miles durante la pandemia son preocupantes, ya para el año 2016 el Barómetro Latinoamericano Sobre el Acceso de las Mujeres a los Anticonceptivos Modernos, daba cuenta de que si bien Chile disponía de un dispositivo legal y una política pública de avanzada en relación al acceso a métodos anticonceptivos, en la práctica hay deficiencias en la atención, que constituyen barreras de acceso a estos, vulnerando así los derechos de parte importante de las mujeres. Todo apunta a que las falencias en atención en salud sexual y reproductiva durante la pandemia se han agravado por la falta de un protocolo de atención en salud sexual y reproductiva que establezca directrices comunes, con participación de los actores y la asignación de un presupuesto independiente.
De acuerdo a lo solicitado y en el marco del proyecto de ley que Modifica la Carta Fundamental para establecer por única vez, un impuesto al patrimonio de determinadas personas naturales, destinado al financiamiento de una renta básica de emergencia, Boletín 13555-07, el documento tiene como objeto determinar, con fuentes oficiales, el monto de los recursos disponibles del seguro de cesantía al inicio de la pandemia y el monto de esos fondos que se ha utilizado producto de la pandemia del Covid-19. Además, se determinará si hubo reducción de los salarios de los trabajadores y trabajadoras a causa de la pandemia. Si bien los recursos disponibles, tanto de las Cuentas Individuales de Cesantía (CIC) como del Fondo de Cesantía Solidario (FCS) han experimentado una leve alza entre el mes de febrero y el mes de junio de 2020, la relación entre los recursos que egresan por pago de prestaciones y los que ingresan por concepto de cotizaciones han aumentado fuertemente a partir del mes de marzo de 2020. Respecto de los ingresos de los trabajadores, el análisis diferenció entre los trabajadores y trabajadoras acogidos a suspensión del contrato, ya sea por acto de autoridad o pacto de suspensión con solicitud aprobada y que al 16 de agosto de 2020 llegaban a 722.615 trabajadores y aquellos afectos a reducción de jornada que a esa fecha sumaban 43.800 trabajadores y trabajadoras.
El siguiente documento tiene como finalidad dar cuenta de los efectos de la crisis sanitaria sobre la actividad económica por sectores, identificando aquellos que por sus características están más expuestos al efecto de las restricciones impuestas. La imposibilidad de que las personas salgan de sus hogares genera un shock laboral(Chanona.M, 2020) que es particularmente intenso en ciertos sectores económicos, producto de las características de las ocupaciones que mayormente utilizan en la producción de sus bienes y servicios. Sectores económicos caracterizados por ocupaciones de baja sustitución de tecnología por trabajo, de alta proximidad física, y de baja posibilidad de trabajo vía remota, están más expuestos a las restricciones impuestas producto de la crisis sanitaria. De una revisión de la literatura reciente se puede constatar que sectores como hotelería y restaurantes, actividades artísticas, de entretención y recreación, comercio, construcción y servicios sociales y personales son particularmente afectados. No así actividades como servicios de intermediación financiera, servicios legales y administrativos y actividades extractivas que se verían menos perjudicadas.
La pandemia de coronavirus que azota al mundo ha llevado a los gobiernos a adoptar medidas extraordinarias, más o menos restrictivas, para contener o para paliar los efectos de la misma. En España, el Real Decreto, de 14 de marzo, por el que se estableció el estado de alarma, estableció importantes medidas restrictivas a la movilidad y la actividad económica. La norma, estableció, entre otros, la suspensión de la apertura al público de los museos, bibliotecas, las actividades deportivas y de ocio. No obstante, en abril de 2020, el Gobierno aprobó un Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, también denominado Proceso de Desescalada. El programa de 4 fases, contiene directrices en distintos ámbitos, incluidos el deporte profesional y federado y el deporte no profesional. Frente a la reanudación de la actividad deportiva, el Consejo Superior de Deportes(CSD), elaboró el Protocolo básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones deportivas federadas y profesionales. En Inglaterra, por su parte, el 11 de Mayo, el Primer Ministro presentó al parlamento el documento “Our plan to rebuild: The UK Government’s COVID-19 recovery strategy”,en el que se establecieron tres fases distintas en las que se esbozó la forma en que el Gobierno esperaba que el país volviese gradualmente a cierta normalidad. Además, el Department for Digital, Culture, Media and Sportha publicado guías con información para el público, entrenadores personales, para el regreso a la estructura del deporte en equipo, para proveedores de instalaciones sobre el retorno gradual del deporte y la recreación al aire libre.Junto a esto, se han emitido orientaciones para el regreso al entrenamiento del deporte de elite: etapa 1, 2 y 3.
A la luz del “Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020” de las Naciones Unidas, se da revisión al progreso de los ODS con particular énfasis a los efectos del COVID-19 y el impacto de la recesión económica en el cumplimiento de los Objetivos. Sin embargo, a pesar de los importantes avances obtenidos en la última década, previo a la pandemia ya quedaba en evidencia el no cumplimiento de algunos objetivos, lo que junto a los importantes desafíos que deja la emergencia sanitariay actual crisis económica, obligará a los países, sus gobiernos y sociedad civil a redoblar los esfuerzos de cara al 2030.
A la luz del “Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020” de las Naciones Unidas, se da revisión al progreso de los ODS con particular énfasis a los efectos del COVID-19 y el impacto de la recesión económica en el cumplimiento de los Objetivos. Sin embargo, a pesar de los importantes avances obtenidos en la última década, previo a la pandemia ya quedaba en evidencia el no cumplimiento de algunos objetivos, lo que junto a los importantes desafíos que deja la emergencia sanitaria y actual crisis económica, obligará a los países, sus gobiernos y sociedad civil a redoblar los esfuerzos de cara al 2030.