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Se describen los planes o normas que regulan el proceso de “desconfinamiento” (vuelta al estado anterior al confinamiento, total o parcialmente) por cuarentenas prolongadas asociadas al coronavirus COVID-19, en España, Alemania, Reino Unido, Francia, Colombia y Uruguay. España, Francia e Inglaterra han establecido un proceso de desconfinamiento paulatino a desarrollarse en diferentes fases y sujetas a la evolución de los datos epidemiológicos y del impacto de las medidas adoptadas por COVID-19. En los tres casos, la última de las fases supone mantener medidas de cuidado asociadas al distanciamiento social, higiene, etc. En Francia, sin embargo, las fases se implementan según las realidades de los territorios (departamentos). Alemania no tiene un plan nacional, sino que acuerdos generales con los estados (landers), los que deben desarrollar una propuesta de desconfinamiento para sus territorios. Particularmente, en el caso de la ciudad-estado de Hamburgo, se han establecido reglas autorizando -bajo criterios restrictivos- la apertura de comercio y establecimientos varios, reinicio de actividades educacionales y deportivas, etc. En todo caso, se mantienen las restricciones de distanciamiento social, higiene, etc.
El acuerdo entre el oficialismo y la oposición, dado a conocer públicamente el 14 de junio de 2020, en el marco de la pandemia de coronavirus, contendría diversas medidas para proteger los ingresos de las familias y de los trabajadores e impulsar la reactivación económica. Algunas de tales medidas anunciadas por el Gobierno y por medios de comunicación social serían de carácter tributario, y consistirían en: a) Rebaja del 50% de Impuesto a la Renta, desde 25% a 12,5%, a empresas acogidas al régimen tributario Pro-Pyme,para los años comerciales 2020, 2021 y 2022 (años tributarios 2021, 2022 y 2023, respectivamente). b) Extender en 3 meses la suspensión del pago de los PPM, hasta septiembre de 2020. El anuncio no señala si esta medida es solo para Pymes o para todas las empresas. c) Devolver excepcionalmente, por una vez, los remanentes de crédito fiscal IVA a Pymes. Esta medida es absolutamente excepcional, pues ello solo procede en caso de término de giro y de adquisición de activo fijo. d) Ampliar hasta 31/12/2022 la depreciación instantánea al 100%. Esta medida propuesta permitiría depreciar instantáneamente el 100% de los activos adquiridos para proyectos de inversión en el país a contar del 1° de octubre de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2021. e) Liberación de la contribución regional de 1% a los proyectos de inversión durante el año 2021. La falta de recaudación que origine esta propuesta ya tiene una solución prevista anticipadamente en la propia Ley N° 21.210, consistente en realizar transferencias desde el Tesoro Público. f) Incentivo a la contratación de trabajadores: Una vez que se agote un subsidio mensual para trabajadores desempleados o suspendidos, de un porcentaje del sueldo mínimo, hasta 20 UTM de remuneración bruta mensual, se establecería un crédito tributario a la contratación, del 23% del valor de la remuneración de cada nuevo trabajador dependiente. De todas estas medidas anunciadas solo la de postergación de PPM puede implementarse administrativamente por el SII, siendo las otras, de naturaleza legislativa.
Síntesis de las principales propuestas efectuadas por los expertos y actores del mundo educativo que han sido invitados a las sesiones especiales fijadas por la Comisión, para tratar el tema de un eventual retorno a clases presenciales de los estudiantes del sector escolar en nuestro país. Para ello, se revisaron las sesiones correspondientes y las presentaciones de cada uno/ade los/as invitados/as. Las recomendaciones entregadas por los/as expositores/as fueron agrupadas en los siguientes temas: a.Participación de la comunidad escolar en las pautas sobre retorno a clases. b.Bienestar socioemocional y salud mental de la comunidad escolar. c.Condiciones de seguridad sanitaria y de higiene. d.Priorización curricular. e.Desactivación o readecuación de los mecanismos de rendición de cuentas y de evaluación. f.Educación a distancia. g.Establecimientos escolares rurales.
Luego de 14 díasde negociación, el oficialismo logró un acuerdo con los tres principales partidos de la Oposición para enfrentar los efectos económicos y sociales de la pandemia del Covid-19 en Chile. A grandes rasgos, el acuerdo incluye medidas para proteger los ingresos de las familias como la ampliación de cobertura y monto del Ingreso Familiar de Emergencia, la creación de fondos para apoyar a los municipios, a las organizaciones sociales y a la red de salud, más una serie de medidas para fomentar el empleo, la inversión privada y pública y proveer de liquidez a las empresa, todo dentro de un marco de gasto fiscal expansivo y extraordinario, que se espera sea estabilizado en el mediano plazo (2022).
Se analizan las principales medidas adoptadas por el gobierno para enfrentar la crisis social desencadenada por el COVID-19. Específicamente, se analiza la cobertura(población objetivo) establecida para cada una de las medidas, las cuales se pueden agrupar según si están dirigidas a i) determinado grupo de trabajadores/as; ii)determinado porcentaje de 'población vulnerable'; y a iii) dueños de pequeñas y medianas empresas (PYME). Cada uno de estos tres grupos está conformado por entre 4 a 6 medidas adoptadas por el gobierno, las cuales son analizadas según su población objetivo en cada caso. Luego se presentan los resultados de un estudio (Techo-Chile y PUC, 2020), de aparición reciente, que analiza la situación de los jefes de hogar en los campamentos, comparando sus ingresos antes y durante la crisis. Los resultados muestran un gran deterioro de sus condiciones materiales. Un 73% de dichos jefes de hogar tenía trabajoantes de la crisis, aunque solo un 33% del total pudo mantenerlo posteriormente. Un75% de los mencionados jefes de hogar declaró haber perdido la mitad o más de sus ingresos por causa de la crisis. Por último, un 32% de ellos declaró haber recibido elBono COVID-19.
El Informe analiza el funcionamiento de las principales aplicaciones con rastreo de contactos diseñadas para enfrentar el COVID-19, con el objetivo de indagar sus oportunidades y riesgos asociados. Se pone especial énfasis en el marco normativo aplicable a este tipo de dispositivos, abordando el derecho internacional de los DDHH, la normativa supranacional de la Unión Europea, las modificaciones a la normativa nacional de dos casos (Australia y Colombia) y la situación normativa chilena.
Desde su inicio, en China, la pandemia del coronavirus COVID-19 ha provocado la muerte de más de 450 mil personas y ha contagiado a más de 8,3 millones en todo el mundo, muchas de las cuales residen en grandes centros urbanos. Autoridades en distintos países, a nivel local y gubernamental, han adoptado medidas que reducen los eventuales efectos negativos producidos por el aumento del uso del automóvil en zonas urbanas, así como, el distanciamiento físico y el volumen de pasajeros en el transporte público. Así, para generar una mayor movilidad de las bicicletas en el transporte urbano España ha ampliado las zonas para ciclistas y fomentado su uso compartido; Colombia ha expandido las ciclovías y reemplazado puentes peatonales por pasos a nivel con estaciones del sistema de bicicletas públicas; Bélgica ha reconvertido espacios utilizados por automóviles en zonas de reunión y Unión Europea ha expandido las ciclovías y reconvertido km. para el ciclismo. Por otra parte, se ha impulsado paquetes con ayuda financiera para el desarrollo e impulso de la movilidad urbana sostenible para el transporte en bicicleta. Francia ha destinado ayuda financiera a reparación de bicicletas, instalación de estacionamientos y habilitación de ciclovías temporales; Reino Unido apoyo económico para nuevas ciclovías, habilitación de éstas en carreteras y expansión de las ya existentes y Unión Europea para apoyar inversiones en ciclismo. Finalmente, se incluye la promoción del uso de la bicicleta por parte de OMS Europa, la habilitación de datos del impacto del COVID-19 en el transporte público por parte de UNECE e iniciativas desarrolladas en Chile.
Alrededor de tres meses después del comienzo de las restricciones y medidas impuestas debido a la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, la propagación del patógeno en Alemania parece estar al menos contenida. Sin embargo, ocasionalmente siguen produciéndose brotes locales. La tasa de infección volvió a aumentar considerablemente.
Para la OCDE(2020), el COVID-19 puso al descubierto la estrecha interacción entre nuestro medio ambiente y economía, evidenciando la urgente necesidad de fortalecer la calidad y resistencia de los activos naturales. Por ello, propone que la búsqueda del crecimiento no signifique un retorno a “lo de siempre”, siendo necesario invertir en una amplia gama de activos complementarios, incluidos no solo el capital físico y humano, sino también el conocimiento y el capital intangible, además del capital natural y social. Para esto, los paquetes de estímulo deben incluir políticas que aborden el cambio climático, el daño ambiental y las desigualdades sociales. Según se plantea por algunos organismos internacionales –FMI, OCDE, IEA, WEF –el escenario actual, en donde los esfuerzos de los países están en reactivar la economía es la oportunidad perfecta para convertir las tan necesarias mejoras ambientales en parte integral de la recuperación económica, en lugar de percibir tales medidas como una carga adicional en un momento de crisis. A partir de la revisión de varias propuestas de recomendaciones para una recuperación sostenible(FMI, OCDE, IEA, WEF), frente a la crisis causada por COVID-19 se evidencian grandes coincidencias, por ejemplo en la necesidad de evaluar el impacto climático de las medidas de apoyo, sugiriendo que sean seleccionadas por su impacto climático, predominando la no flexibilización de las normas ambientales.
Este documento busca identificar las leyes discutidas y aprobadas en el Congreso Nacional, durante el periodo de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, para enfrentar la emergencia sanitaria producida por la pandemia COVID-19, y su impacto en la vida social y pública del país; así como en el empleo y en la actividad económica y productiva en general. La revisión de la base de datos legal www.leychile.cl, en el periodo comprendido entre el 18 de marzo de 2020 y el 25 de junio del 2020, muestra que se han publicado 18 leyes referidas a la emergencia sanitaria del Covid-19. Las leyes analizadas son las número 21.219; 21.220; 21.221; 21.222; 21.223; 21.224; 21.225; 21.226; 21.227; 21.228; 21.229; 21.230; 21.232; 21.235; 21.237; 21.240; 21.242; y 21.243. Las leyes se presentan ordenadas según la temática que abordan. De esta forma, se identificaron ocho leyes sociales, seis leyes laborales, una ley sanitaria, dos leyes relacionadas con la vida pública y una ley que va en ayuda de las empresas. En cada ley reseñada, un cuadro presenta la información formal relevante, seguida de una síntesis de los principales aspectos de cada una de ellas. Se agregan algunos comentarios (en negrita) que intentan orientar respecto de la vigencia y modificaciones sufridas por algunas de estas leyes durante el periodo considerado.