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La Administración no sólo vela por la prestación de servicios públicos, sino también por la conservación del orden público. La evolución de esta última función no ha sido ajena a la propagación de epidemias. El cólera de 1886, la influenza española de 1918 y la gripe asiática en 1957 han motivado, respectivamente, la aparición de la legislación, el desarrollo de la codificación y la instauración de la organización administrativa en este ámbito.
Diferentes organismos internacionales vinculados a la protección de la salud y los derechos humanos han llamado a los gobiernos a realizar esfuerzos adicionales específicos para proteger los derechos de las personas con discapacidad (PcD) en su respuesta a la pandemia COVID-19. Esto es, considerando también que la pandemia tiene un impacto mayor en las PcD. En este marco se encuentran directrices para los gobiernos, a quienes se les llama a garantizar derechos y tomar medidas de protección específicas para diferentes situaciones que las afectan. Para ahondar en el conocimiento de estos requerimientos, en abril del presente año, el gobierno de Chile levantó la encuesta “Identificación de necesidades de las PcD en periodo Covid-19". Luego, parte importante de la respuesta gubernamental ha sido desarrollada por la Mesa Intersectorial Discapacidad y COVID-19, liderada por SENADIS. Es así como en el sitio web de este servicio se han publicado una serie de recomendaciones para personas con discapacidad ante el Coronavirus, las que están dirigida a diferentes públicos objetivos, considerando tanto a personas con discapacidades específicas ( visual, auditiva e intelectual) como a sus familias y cuidadores.
Declarada la pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mayoría de los países fue tomando medidas para disminuir o postergar el número de contagios, para que los sistemas médicos no colapsaran y así disminuir las muertes. Y si bien la pandemia en sí misma provoca miedo y ansiedad en las personas, muchas de las medidas de confinamiento y aislamiento social agregana ún mayor presión, convirtiéndose en un desafío la preocupación por el bienestar psicológico y social de la población. Estudios llevados a cabo en China, España e Italia dan cuenta del impacto psicológico que tiene el aislamiento social gatillado por la pandemia en las personas. En China, un estudio realizado al inicio de la pandemia muestra que el 53.8% de los encuestados reportó síntomas depresivos, ansiedad o niveles de estrés moderados a severos. Mientras que en Italia y España, con las cuarentenas ya instaladas, los resultados mostraron que cerca del 80% de los entrevistados tenían niveles altos y muy altos de depresión, ansiedad o estrés. A pesar de que todas las personas se ven afectadas por las situaciones de emergencias, estudios en la materia indican que hay que tener especial consideración con los grupos vulnerables. En este marco, algunos países han desarrollado acciones de recuperación de la salud mental y bienestar psicosocial para su población.
La presente minuta expone el estado de situación de la violencia contra la mujer en el contexto de la pandemia COVID 19 a nivel global, regional y nacional. Posteriormente, presenta una síntesis de las medidas y propuestas de organismos internacionales, las acciones más recurrentes llevadas a cabo por diversos países y las acciones destacadas en la materia por parte de ONU Mujeres. Además, se refiere a los planteamientos en el tema, desarrollados por el movimiento de mujeres en Chile y diversas organizaciones de la sociedad civil. Finalmente, hace referencia al debate legislativo en curso y los diversos planteamientos en torno al proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
A solicitud del usuario, se describen casos de legislación comparada relativa a suspensiones de embargos, ejecuciones hipotecarias o lanzamientos judiciales por no pago de obligaciones debido a dificultades económicas asociadas a la pandemia COVID-19. En España, en marzo de 2020 se extendió por cuatro años adicionales, el plazo original de siete años de la Ley 1/2013 que suspendió los lanzamientos “sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables”. Por su parte, en Argentina dos decretos de necesidad y urgencia suspenden ejecuciones hipotecarias para alguno inmuebles u originados en créditos prendarios suscritos en unidades reajustables. Asimismo, se decretó la suspensión de desalojos de determinados inmuebles por incumplimiento de obligaciones de pago de renta en contratos de arrendamiento.
El presente documento tiene por finalidad aportar al debate legislativo del Proyecto de Ley que dispone de la difusión obligatoria y gratuita de programas educativos a través de canales de televisión de libre recepción y radioemisoras regionales o locales(Boletín Nº 13.440 –24), actualmente en discusión en la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputados. En ese sentido, el documento expone las medidas que ya se han adoptado por el Ministerio de Educación (MINEDUC) en Chile, a partir de la suspensión de clases presenciales debido a la pandemia de COVID 19. Asimismo, se indaga en la experiencia que otros países han desarrollado en el mismo sentido. Se explora, específicamente, los casos de España, Argentina y Nueva Zelanda.
Varios países han basado su respuesta ante la actual pandemia COVID-19 implementando las más diversas Intervenciones No Farmacológicas (NPI) ante la ausencia de una vacuna que regule la situación en el corto plazo. Si bien el COVID-19 fue detectado en Wuhan, China, en diciembre del año recién pasado, apenas el día 30 de enero de este año la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el evento como una Emergencia de Salud Pública internacional. Luego de 110.000 casos y 4.000 muertes en países de todos los continentes, excepto la Antártica, la OMS confirió el estatus de pandemia al COVID-19. Unos días después, con fecha 3 de febrero, Brasil hizo lo propio y la declaró una emergencia de Salud Pública a nivel nacional. En ausencia de una vacuna contra el SARS-CoV-2 (agente causante de COVID-19), se ha sugerido que los países centren parte importante de sus esfuerzos en la implementación de Intervenciones No Farmacológicas (NPIs, por sus siglas en inglés: Non- Pharmaceutical Interventions), teniendo como finalidad la inhibición de la transmisión de virus entre humanos, ralentizando la velocidad de esparcimiento de la enfermedad y finalmente logrando una reducción en el número de contagios, o al menos el retraso de éstos. Las estrategias en que se basan las NPIs permiten reducir instantáneamente la demanda por cuidados en centros asistenciales y minimizan también la mortalidad.
También pertenece a: EconomíaLa obligación de confinamiento es una medida preventiva frente a la propagación del coronavirus, cuya eficacia descansa en una sanción esencial, a saber: las multas aplicables frente a un desplazamiento fuera del domicilio, por causa no debidamente justificada. Se trata de una retribución común, aplicable en el Derecho francés, español y chileno, cuyas formas varían sensiblemente desde tres puntos de vista diversos. Primero, el alcance de la obligación. Segundo, la tipificación de la infracción. Y tercero, el importe de la sanción pecuniaria aplicable en cada caso.
Debido a la pandemia, los sectores de turismo y transporte, a nivel mundial, se han visto fuertemente afectados. El cierre de fronteras y las cuarentenas han tenido un fuerte impacto en las actividades relativas al transporte aéreo. Actualmente, algunos países han implementado diversas acciones para implementar, progresivamente, lo que se ha llamado el “regreso a la nueva normalidad”. Es el caso de Colombia, que ha revisado los protocolos de salud pública, ha relajado las restricciones de vuelo e implementado ayudas económicas al sector. España también ha modificado las restricciones de viaje y ha desarrollado un plan para retomar, paulatinamente, la reactivación que incluye incentivos al turismo, lo que repercute en el transporte aéreo comercial. Estados Unidos de Norteamérica, por su parte, ha dispuesto recursos de información destinados tanto al viajero como a tripulación, operadores, protocolos de medición de temperatura y registro de pasajeros, en caso que fuese necesario realizar seguimiento sobre éste y sus contactos. También el país tiene en marcha ayudas económicas para el sector. Singapur también ha introducido cambios en las medidas fronterizas y ha bajado la rigurosidad de cómo los viajeros han de llevar a cabo las cuarentenas. El país asiático ha definido ayudas económicas para impulsar la reanudación del transporte aéreo y, así también, del sector turístico, reconociendo su incidencia positiva en la recuperación del transporte. Como introducción al tema, se incluyen directrices recomendadas por organismos internacionales del transporte aéreo y la aviación mundial.
El Proyecto de Ley que modifica la ley N°19.628, propone prohibir que se comuniquen las obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, mientras esté vigente el estado de excepción constitucional de catástrofe decretado con motivo de la pandemia de Covid-19 (boletines refundidos Nº 13.414-03, 13.444-03, 13.446-03, 13458-03, 13519-03, 13523-03, 13626-03). Se trata de boletines distintos que dan cuenta de fórmulas legislativas diversas. En este sentido, algunos proponen modificar la Ley Nº 19.628 sobre protección de la vida privada, otros proponen como soporte legal la Ley Nº 20.575 que establece el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales, y otros proponen una ley autónoma para los mismos efectos. En cuanto al plazo de suspensión de la comunicación de esta clase de datos, todos reconocen como elemento común la vigencia de un estado de excepción y, en base a ello, fijan distintos plazos de suspensión que van desde 90 días a un año. En cuanto a los beneficiarios, la mayoría de los boletines reconocen como beneficiarios a personas naturales, sin embargo algunos los extiendena micro, pequeñas y medianas empresas.