Expertos presentaron propuestas para acreditación y visualizan una oportunidad de implementarlas en la nueva normativa.
Con más de 450 espectadores vía Zoom, y en transmisión conjunta con La Tercera, el Centro de Políticas Públicas UC realizó, el 25 de agosto de 2020, el seminario virtual El aseguramiento de la calidad en la Ley de Educación Superior ¿Es posible una nueva acreditación en Chile?
En la ocasión, Judith Scharager, de la Facultad de Ciencias Sociales UC y Agencia Qualitas; y Enrique Fernández, vicerrector de Desarrollo Institucional de la Universidad Central; presentaron las principales conclusiones del estudio Aseguramiento de la calidad y la nueva Ley de Educación Superior, que busca aportar con reflexión y propuestas para despejar ciertos aspectos de la Ley 21.091 que se juzgan poco definidos.
Como antecedente, el trabajo indica que actualmente existe preocupación por cómo ha evolucionado el sistema, el cual ha fomentado el cumplimiento de criterios y estándares señalados por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) a través de un control formal y homogéneo. Además, “ha conllevado una pérdida del valor del trabajo académico en el aseguramiento de la calidad, frente al surgimiento de burocracias administrativas dedicadas a dar respuesta a los requerimientos de la acreditación”, dijo Scharager.
Lo anterior, ha llevado a las instituciones de educación superior a privilegiar, para el aseguramiento de la calidad, “el desarrollo de un enfoque técnico-formal de rendición de cuentas por sobre uno sustantivo y más cercano a los proyectos educativos de las instituciones y su labor académica”.
Por lo mismo, los expertos plantean que las modificaciones introducidas por este nuevo marco legislativo, entre ellas la eliminación de la acreditación voluntaria y la introducción de la acreditación institucional integral, “podrían ser una clave para poner énfasis justamente en dar acompañamiento y soporte a los diversos proyectos institucionales y sus mecanismos internos como base para el aseguramiento de la calidad”.
Según los autores, este aspecto “estaría respaldado por un cambio en el esquema y roles de las instituciones, con la Superintendencia asumiendo las funciones de fiscalización, especialmente en lo que respecta a la evaluación financiera de las instituciones, permitiendo que la CNA pueda desplegar de manera más enfática la promoción de la calidad”.
Para avanzar en los procesos de acreditación, los académicos proponen:
Respecto al último punto, Scharager relevó que “la experiencia en evaluación en procesos de acreditación es entrenable, pero no se puede improvisar”.
Además, el documento entrega algunas recomendaciones para adaptar consecuentemente los procesos de acreditación de acuerdo con las exigencias de la nueva ley. En este sentido, presenta alternativas para aquellos puntos que se juzgan más desafiantes a implementar, como la reformulación de la evaluación institucional y la evaluación de carreras y programas, que exige desarrollar un procedimiento de selección para representar la diversidad presente en la institución.
Según Fernández, aquí urge simplificar los requerimientos de información a las instituciones y agruparlas por perfil. Hay algunas, ejemplificó, “cuyo nivel de desarrollo hace impresentable que vayas a preguntarle si tienen biblioteca”.
Además, manifestó que “se debiera generar un procedimiento transparente de selección, que reduzca las suspicacias respecto de posibles sesgos”.
Finalmente, en el nivel institucional, la investigación desarrolla con mayor detalle el traslape de funciones que se anticipa entre la CNA y la Superintendencia, ofreciendo una propuesta de conciliación entre ambas instituciones.
Acá, la investigación sugiere eliminar de los procesos de acreditación aquellos aspectos de los formularios que sirven de base para la evaluación financiera, y en su lugar, solicitar el informe correspondiente a la Superintendencia de Educación Superior.
Comentarios sobre el documento
Antes de que los panelistas invitados entregaran sus apreciaciones sobre la investigación, Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC y uno de los autores del mismo, señaló que, si bien se acertó en legislar sobre la acreditación desde 2006, instalando la inquietud por la calidad, “en el devenir se fue tornando en una cuestión totalmente procedimental, bien formalista”. A su juicio, ahora existe la posibilidad de aspirar a que los procesos tengan “una mirada sustantiva del quehacer de las instituciones” y que hagan a los planteles “mirar hacia arriba, no hacia los papeles”.
En primera instancia, el Subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, dijo que “el proceso de acreditación no puede convertirse en un chequeo de ciertos estándares. Hay un criterio adicional que no puede estar subsumido dentro de la mera métrica”.
La autoridad también proyectó que la CNA tiene dos grandes desafíos: definir los nuevos criterios y estándares, lo cual “no debiera implicar, en ningún caso, un aumento en la carga burocrática”, y promover acciones para una mejora continua de la calidad. “En suma, debe complementar su rol de evaluador respecto de la aplicación de los criterios y estándares con un rol que permita acompañar a las instituciones”, planteó.
A su vez, el presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Hernán Burdiles, destacó que “a lo que hay que apelar es al buen criterio con el cual ejerzan su labor los comisionados. Y si no lo hacen, hay que reprochárselo”.
Además, coincidió en que es “un buen momento para mirar críticamente los procesos y volumen de antecedentes que se solicitan”. Con el foco puesto en los resultados, indicó, la institución podrá fortalecer la promoción de la calidad y el acompañamiento de los planteles.
Revisa versiones
Texto actualizado y completo de la Constitución Política de Chile de 1980.
