Docentes recomiendan entregar un rol más preponderante a estas instituciones para seleccionar programas de acreditación integral, porque da más agilidad al proceso.
En el marco de la consulta impulsada por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) respecto a criterios y estándares de calidad correspondientes a la acreditación institucional de universidades, el Centro de Políticas Públicas UC conformó un grupo de expertos para comentar estas propuestas.
En el documento “Acreditación institucional en educación superior: comentarios a los criterios y estándares propuestos por la CNA”, los profesionales se centran en las consideraciones generales respecto de conceptos subyacentes a la acreditación institucional contenidos en la Ley 21.091 y que tienen implicancias en el proceso.
En este sentido, se plantea la dificultad de lograr un equilibrio entre el cumplimiento de criterios y estándares generales y el respeto al proyecto y misión de cada institución. A esto se suma que la definición de calidad que subyace a la propuesta de la CNA da una señal para que todas las universidades se orienten hacia acciones propias de aquellas más complejas, lo que no es respetuoso de la diversidad ni se hace cargo de las particularidades misionales de cada entidad.
Por ello, el texto recomienda que los criterios sean pocos y comprehensivos de la variedad de las instituciones, y sugiere revisar la lista propuesta por la CNA para evitar la repetición y sobreponderación de algunas dimensiones por sobre otras. También propone que los estándares críticos deberían diferenciarse claramente de los requisitos de licenciamiento sin los cuales una universidad no podría estar autorizada a funcionar.
Luego, los académicos entregan observaciones a los criterios y estándares propuestos en cada dimensión de acreditación, así como sugerencias para una mejor formulación e implementación.
Respecto al cumplimiento de los criterios, el documento señala que el concepto de progresión y su operacionalización deben ser revisados para que los niveles efectivamente recojan y transmitan una lógica lineal.
Sobre los estándares, los expertos indican que no deberían expresarse como umbrales cuantitativos, proponiendo eliminarlos de esta rúbrica, “puesto que responden a una lógica de verificación externa y no registran elementos más sustantivos del quehacer académico como parte del proceso de aseguramiento de la calidad”.
En tercer lugar, los docentes del área de acreditación de la educación superior subrayan la importancia de avanzar en la definición del procedimiento para la selección de una muestra de programas que forma parte de la acreditación institucional integral y dan algunas sugerencias para ello.
El equipo de trabajo considera que deberían maximizarse los esfuerzos por informar bajo qué parámetros se realizará dicha selección, proponiendo poner en el centro los criterios de selección especificados en la ley y los complementa, incorporando la variable matrícula.
Además, señalan la importancia de crear un cupo para aquellos programas más pequeños, tendiendo a un balance en la selección.
Finalmente, recomiendan entregar un rol a las universidades en esta selección, dando un grado de flexibilidad al proceso.
Opiniones de rectores
Sobre los nuevos criterios y estándares de evaluación y acreditación de los programas de pregrado, postgrado, áreas de doctorado, especialidades médicas y odontológicas presentados por la CNA, el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, opinó que “tienen el riesgo de estimular el desarrollo de un enfoque técnico y minucioso en lo formal, dejando de lado una aproximación más sustantiva, que se base en la confianza en las instituciones y en su capacidad interna para innovar y determinar metas en su avance en la calidad”.
Por su parte, el rector de la Universidad Andrés Bello, Julio Castro, aseguró que “las universidades requerimos criterios y estándares flexibles –no un modelo único– que puedan adecuarse a la diversidad de proyectos educacionales existentes, y contribuir con ello a generar y fortalecer en cada institución una cultura de la calidad, apuntando a promover aquellas buenas prácticas que inciden en la mejora de los aprendizajes. No podemos estandarizar el sistema, tenemos que ser respetuosos de la misión y propósitos de cada institución”.
A su vez, el mandamás de la Universidad San Sebastián, Carlos Williamson, explicó que las reglas del juego que pretende implementar la CNA atentan contra la diversidad de las instituciones de educación superior, las cuales tiene misiones y objetivos muy distintos unas de otras.
“Tenemos que avanzar a una diversidad; segundo, creo que no todas las universidades pueden llegar a lo mejor a un nivel de excelencia académica, está bien, pero las que están entremedio con este sistema, tal como se está aplicando, mueren y están funcionando bien, y tienen años de acreditación”, indicó.
En este escenario, un estudio de Acción Educar señala que de las 56 universidades que hay en el país, sólo 16 igualan o superan el nivel básico en indicadores críticos como Cuerpo Docente y Oferta de postgrado.
También releva que de las 40 universidades que no logran cumplir con el criterio de oferta de postgrado, actualmente 30 de ellas están acreditadas. A su vez, 11 son universidades estatales, cuatro son privadas del Consejo de Rectores (Cruch) y 25 son privadas no pertenecientes a este conglomerado.
El centro de pensamiento concluye que “la propuesta de la CNA, mediante la definición de indicadores cuantitativos, no da cuenta de la realidad de nuestro sistema universitario, estableciendo criterios que son excesivos, que no tienen respaldo en la evidencia y pueden volverse arbitrarios, pudiendo dejar sin acreditación a 40 instituciones del país, muchas de las cuales cuentan con proyectos consolidados”.
Para el Doctor en sociología, Juan Pablo Rodríguez, el proceso constituyente actual es “una oportunidad para reflexionar sobre las perspectivas y demandas de la sociedad sobre el sentido y rol de la educación superior, elementos que debiesen a su vez operacionalizarse en las formas de gobernanza y mecanismos de aseguramiento de la calidad. Sólo de este modo se podrá garantizar -esta vez sobre bases tanto técnicas como políticas sólidas- la confianza pública en el funcionamiento de las universidades y su pertinencia frente a los desafíos presentes y futuros de nuestro país”.
Revisa versiones
Texto actualizado y completo de la Constitución Política de Chile de 1980.
