Considerando que a agosto de 2015, el 90,8% de pensiones de vejez bajo la de modalidad retiro programado, es decir, las pagadas por las AFP, son menores a $150.519 (Superintendencia de Pensiones); que el 25,8% recibe la pensión básica solidaria (fundación Oportunidad Mayor); que el 60,6% de los adultos mayores de 60 años utiliza transporte público, entendido como metro, autobús o tren, y que existen 38.755 morosos de 65 años o más, que reciben la pensión básica solidaria, con un aumento del 34% anual entre 2015 y 2016 (Universidad San Sebastián), creemos justo y necesario realizar una política pública que asegure un alivio para los gastos mensuales de nuestros adultos mayores.
La idea de plantear una alianza público-privada en un tema tan delicado es justamente debido a la urgencia que tienen nuestros adultos mayores en cuanto al abandono y estado económico en el cual se encuentran. No se buscará una razón del porqué el nivel de pensiones actual en Chile es bajo, sino que se aceptará como una realidad nacional que se debe solucionar por el respeto al derecho que tienen nuestros adultos mayores a una vejez digna y tranquila.
La iniciativa de ayudar a nuestra población mayor en lo relacionado al transporte se viene planteado desde hace tiempo. El año 2015 fue, en la Cámara de Diputados, promovido por un grupo de legisladores de la Nueva Mayoría e independientes liderados por la diputada Karol Cariola, y se le solicitó a la Presidenta de la República "la formulación de un proyecto de ley orientado a implementar un subsidio para los adultos mayores de todo el país que utilizan el transporte público y una Tarjeta Nacional de Transporte para los Adultos Mayores, que permita utilizar este y otros beneficios en todo el territorio nacional". También, mediante un subsidio de $ 15 millones al año, que entregará el municipio de Aysén a 50 taxi colectivos, los adultos mayores de esa comuna serán los primeros en Chile en contar con pasaje liberado. Este método busca ser replicado en Rancagua, Pirque, Las Cabras, Pelarco, San Fabián, Hijuelas, Los Alamos y Estación Central.
Nuestra propuesta, al buscar diversos métodos para disminuir el gasto de la población de la tercera edad, es la de subsidiar en forma mixta la gratuidad del transporte urbano a aquellos adultos mayores en situación de necesidad. Este beneficio estaría destinado para los adultos mayores que reciban el Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV) o la Pensión Básica Solidaria de Vejez (PBSV), las cuales forman parte del Sistema de Pensiones Solidarias, creado durante el 2008 mediante la Reforma Previsional (LEY Nº 20.255). La Secretaría Regional Ministerial de Transporte divulgará una tarjeta que acredite el beneficio del adulto mayor, similar a la estudiantil pero con la diferencia de que el beneficiado no necesitará pagar una tarifa especial. Este beneficio solo funcionaría en los servicios de transporte público urbano, por ejemplo: Transantiago, Merval, etc. La gratuidad llegaría a cerca del millón de personas, cantidad parecida a los beneficiados por el Bono Invierno, que cumplen requisitos similares.
Para financiar esta propuesta las empresas de transporte dentro del sistema público urbano (propietarias o arrendatarias con opción de compra de buses) que utilicen petróleo diesel en buses tienen derecho a rebajar de su débito fiscal, por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el porcentaje a que se refiere el inciso segundo del artículo 2° de la Ley N° 19.764, de 2001, el que es de un 25% del Impuesto Específico al Petróleo Diesel soportado en sus adquisiciones. Así esto genera un incentivo a las empresas de mejorar sus medios de transporte, tanto en calidad como en cantidad, aumentando la cobertura del servicio no solamente para los adultos mayores beneficiados.
También para introducir un aporte estatal a este nuevo método, se usará un subsidio garantizado por la Ley de Subsidio al Transporte Público (Ley Nº 20.378), más conocida como la Ley espejo de fondos del Transantiago. Será la División de Transporte Público Regional de la Subsecretaría de Transportes la encargada enviar el decreto correspondiente al monto necesario para financiar y colaborar a las empresas en el transporte de adultos mayores. Las empresas deberán acreditar, mediante el corte de boletos especiales, la cantidad de adultos mayores transportados, y así ayudar a la División en el cálculo del aporte anual. El aporte correspondiente irá directamente a las empresas de transporte, consolidando la alianza público-privada en el proyecto.
La Seremi de Transportes tendrá el rol de fiscalización del cumplimiento del beneficio. Se entenderá que todo adulto mayor que porte la tarjeta que acredite, emitida por la misma Seremi, tiene el derecho a ser transportado gratuitamente.
Para consolidar este proyecto, el Poder Ejecutivo, haciendo uso de su rol de colegislador, deberá mandar un Mensaje Presidencial que modifique el artículo 2° de la Ley N° 19.764, introduciendo el párrafo: las empresas de transporte dentro del sistema público urbano (propietarias o arrendatarias con opción de compra de buses) que utilicen petróleo diesel en buses tienen derecho a rebajar de su débito fiscal, por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el porcentaje a que se refiere el inciso segundo del artículo 2° de la Ley N° 19.764, de 2001, el que es de un 25% del Impuesto Específico al Petróleo Diesel soportado en sus adquisiciones.
También se modificará la Ley Nº 20.378, introduciendo en su articulo 3, el parrafo: "la División de Transporte Público Regional de la Subsecretaría de Transportes la encargada enviar el decreto correspondiente al monto necesario para financiar y colaborar a las empresas en el transporte de adultos mayores. Las empresas deberán acreditar, mediante el corte de boletos especiales, la cantidad de adultos mayores transportados. El aporte será enviado directamente a la empresa".