Durante el trascurso del año 2017 se dio a conocer una estremecedora cifra, entre los años 2005 y año 2016, se detectaron 1.313 muertes ocurridas bajo la tutela del Servicio Nacional de Menores, sin embargo, ante la falta de fiscalización, la ocultación de pruebas y el paso del tiempo, la polémica se fue diluyendo.

El 29 de Abril del presente año, una niña de un año y siete meses, fue violada y asesinada por el hombre que la tutelaba, el SENAME cargaría con el peso de enviarla con quien fuese su torturador y asesino. Las siguientes cifras y experiencias deberían ser pruebas suficientes para diagnosticar el estado de la situación, el SENAME ha fallado en su Misión de Contribuir a la promoción, protección y restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes vulnerados/as , convirtiéndose en todo lo contrario.Quedar indiferentes a estos sucesos, es prácticamente imposible, si bien la memoria colectiva tiende a olvidar con facilidad, la constancia de estos sucesos nos permite recordar permanentemente la urgencia de la situación.

Justificarnos no mejorará la calidad de vida de quienes hoy, en vez de ser salvaguardados, son potenciales víctimas de abuso y asesinato. Desde este estado de urgencia, surge la necesidad imperante de cambiar el sistema actual, la necesidad de actuar con la mayor inmediatez posible. En base a estas garantías, creemos en la derogación inmediata y absoluta del Decreto Ley 246 (1979) el cual crea el Servicio Nacional de Menores y Fija el texto de su Ley Orgánica. Esto debido principalmente a dos factores. En primer lugar, el sistema ya existente se encuentra viciado y deslegitimado por la población. En segundo lugar, porque desde su creación, su última modificación legal, fue realizada el año 2005, volviéndose una institución obsoleta si pensamos en las necesidades y desafíos de la actualidad.Bajo este contexto, es que nace nuestra propuesta de ley, denominada Ley de Protección y Resguardo de Menores en Riesgo Social, la cual busca mejorar la responsabilidad estatal para con los niños y niñas de Chile, haciendo efectivas estas palabras con acciones concretas que nos permitan mejorar sustantivamente la calidad de vida de quienes hoy más lo requieren.

La urgencia de este proyecto de ley es innegable, la impunidad con que el SENAME sigue haciéndose cargo de los niños y niñas en riesgo social, es un peligro latente que atenta contra todos los Derechos Humanos ya mencionados. Podemos debatir las formas y los métodos, sin embargo, lo que no podemos seguir haciendo, es poner en riesgo a quienes de por sí ya están en riesgo, es, por tanto, deber del Estado, cerciorarse del cumplimiento y resguardo de los desprotegidos, los niños y niñas de Chile.

1-. Crear dos instituciones independientes entre sí; una encargada exclusivamente de aquellas niñas y niños en situación de orfandad, abandono o maltrato, asociada al Ministerio de Desarrollo Social. Y una segunda institución, dedicada en su totalidad a la Penalidad Adolescente, encargada de aquellos jóvenes en situaciones delictuales, asociada al Ministerio de Justicia.
2-. Establecer requisitos mínimos para los funcionarios de ambas instituciones, como títulos técnicos o profesionales ligados a las áreas de trabajo, como psicología, educación, trabajo social, experiencia previa en áreas afines, etc.
3-. Responsabilidad legal para quienes estén a cargo tanto directa como indirectamente de las niñas y niños involucrados, esto incluye, Directores Regionales, Tutores, Asistentes Sociales, etc. En otras palabras, es necesario responsabilizar, a quienes han sido partícipes de tomar decisiones que afectan de manera directa la integridad física y psicológica de las niñas y niños de Chile, actuando negligentemente ante las disposiciones legales como los Derechos Humanos y los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente.
4-. Desarrollar un trabajo hacia dentro, esto quiere decir, trabajar única y exclusivamente con personal de la institución, evitando intermediarios y agentes externos. En efecto, 96% de los jóvenes que hoy son intervenidos por el SENAME, son atendidos por agentes externos a la institución, afectando la claridad con que se fiscaliza el trabajo realizado por estos. De esta manera, proponemos cerrar las barreras que obstaculizan el control efectivo de quienes trabajan para la institución como también poder tener mayor rigurosidad con el estado de las niñas y niños involucrados
5-. Aumentar el presupuesto estatal destinado para este fin, esto entendiendo que hoy, cerca de 50% del financiamiento es realizado por el Estado, mientras que la diferencia percentil, es asumida por instituciones externas a la gestión. Proponemos entonces, la cobertura total para este fin, pensando en que también, estos fondos se puedan administrar de manera más eficaz y sistemática siendo utilizados en mejoras infraestructurales, alimentación, especialistas, etc.
6-. Fiscalización constante y rigurosa por parte de entidades como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia, con el fin de evitar las negligencias ocurridas por parte del personal hacia los jóvenes involucrados.

7-. Divulgación mediante campañas, los Derechos Humanos del Niño y la Niña, pensando en que estos derechos sientan la base de nuestra institución, por tanto, antes de actuar, es fundamental prevenir el maltrato y el abuso mediante la concientización constante de quienes hoy son potenciales abusadores y abusados.
8-. Aumentar la rigurosidad para quienes quieran optar a la adopción de niñas y niños en situación de riesgo social. Esto pensando en que hoy, gran parte de los casos de abuso y maltrato devienen de negligencias incurridas por quienes están a cargo de aquellos menores. Por lo tanto, deberían establecerse como pisos mínimos, como el registro de antecedentes, pruebas psicológicas y mentales, una situación económica que permita el mantenimiento de una vida, etc.
9-. Transparencia en términos burocráticos, en el sentido de tener un registro público de aquellos jóvenes en riesgo social, pero también de quienes esten trabajando en favor de ellos o decidan tomar la vía de la adopción, generando vínculos de mayor control y coerción entre los grupos partícipes.
10-. En caso de llegar a cometer cualquier tipo de negligencia que atente contra la integridad de cualquier niña, niño o joven, imponer una investigación exhaustiva de los hechos, permitiendo generar vínculos de justicia que permitan esclarecer la situación. Trabajar en paralelo con el poder judicial, permitirá hacer justicia por aquellos que el sistema anterior silenció.