Desde el año 2001 rige en Chile la ley 19.733 sobre libertades de opinión e información y
ejercicio del periodismo que, como su nombre lo indica, pretende garantizar el ejercicio de
libertad de opinión al mismo tiempo que determina las condiciones de funcionamiento de los
medios de comunicación. En función a esta pretensión de cuidado de los derechos políticos
y comunicacionales de los ciudadanos chilenos resulta imposible no abordar los problemas
de las nuevas tecnologías de comunicación y sus posibles usos malintencionados. En la
actualidad, la aparición de nuevos medios de comunicación y la evidencia del uso de
noticias e información para direccionar la opinión pública, particularmente en las redes
sociales, hacen necesario repensar la situación y efectividad de la legislación vigente al
momento de resguardar los derechos comunicacionales y democráticos de la ciudadanía.
En la actualidad, si bien existen sanciones y definiciones de delitos penalizables en la ley en
cuestión, estas no contemplan la regulación de la desinformación producida por
información falsa emitida por los medios de comunicación. La inexistencia de una
legislación que contemple la fiscalización y sanción de la información falsa transmitida por
los medios de comunicación ha permitido consecuencias negativas en la población, como lo
son el temor, la desconfianza, la violencia y el desinterés por lo público. En respuesta a esta
deficiencia, se busca realizar modificaciones a la ley que permitan tanto la regulación como
verificación de la información que llega desde los medios de comunicación a los
ciudadanos, esto, bajo la comprensión de que es labor del estado garantizar las condiciones
democráticas, elementales para que sus ciudadanos sean libres en función de información
real.
Las noticias no fidedignas al ser generadas y promulgadas en medios tradicionales, cómo la
radio, la televisión y los diarios, impacta a una cantidad masiva de gente y a una velocidad
incontrolable, en primera instancia, mengua el derecho de acceder a información, disminuye
la credibilidad de los medios y, aunque es algo controversial, afecta significativamente la
libertad de expresión y a largo plazo la democracia, los cuales son pilares fundamentales.
Es importante saber que al hacer uso de libertades cómo la de expresión se ve involucrado
el acceso de información, por lo que al verse vulnerado alguno de estos dos afecta
directamente al contrario. La penalización de noticias falsas siempre se vincula a lo
negativo, sin embargo, no hay que desconocer que trae consigo notables beneficios, pues,
estar bien informados ayuda al desarrollo en actividades democráticas, crea mayor
confianza en la ciudadanía, se evitan actos de odio y tomando en cuenta, por ejemplo, el
periodo de Covid-19, en la cuál se detectaron varias noticias falsas sobre el número de
contagios, de muertes o métodos de prevención que afectaron considerablemente, causó
terror el no estar seguro de los datos y se empezó a desconfiar de los métodos que
ayudaban, dificultando al personal médico, resulta imperante una ley que garantice primacía
de información fidedigna en el tránsito de noticias para la ciudadanía.
Según la información entregada en el estudio “información proceso de la ONG" derechos
digitales, realizado por DATABOS, el año 2021, el porcentaje de noticias que circulan en
redes sociales es del 48.56% y dentro de los medios de comunicación tradicionales la
televisión presenta 21.85% de información falsa, lo que representa una de cada cinco
noticias. Este índice de información falsa transmitida en el espacio comunicacional de
nuestro país evidencia la necesidad de la regulación de las noticias emitidas por los medios
de comunicación. Es fundamental aclarar que aunque es un tema controversial hay países
que ya están ejerciendo un sistema de ley de medios, Italia y Francia son claros ejemplos,
que aunque han recibido fuertes críticas, la Ley "Anti fake news" sigue vigente, ambos con
un objetivo parecido; mejorar la transparencia de medios de comunicación, sinceridad en
campañas políticas y eludir las perturbaciones en el orden público, siempre con la idea de
que a largo plazo la información verídica facilita el desarrollo democrático.
En función del artículo 65 inciso primero de nuestra constitución el presente proyecto de ley
debe iniciarse por moción legislativa.
1. Se modifica el inciso del artículo 7 de la ley 19733, por lo siguiente "cada editorial,
persona autónoma, en general creador de noticias, deberá mostrar la fuente de
información que utilizó para analizar y verificar si la información dada y fuente son
confiables y verídicas.”
2. Agréguese un inciso al artículo 1 de la ley 19733, con el siguiente texto: "Todo
creador de noticias tendrá el derecho de expresar sin censura, opinar y publicar su
contenido siempre y cuando no dañe, confunda, cree pánico y/o tenga información
verídica y confiable."
Bibliografía
● https://www.diarioconstitucional.cl/2021/11/17/fake-news-y-libertad-de-expresion-porflorencia-m-bossi/
● https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=186049
● https://www.abc.es/espana/abci-principales-paises-europeos-no-legislado-contra-des
informacion-o-tienen-organismos-independientes-202011052132_noticia.html
● Cuadro de reporte de resultados del informe "Información Proceso Constituyente",
ONG Derechos Digitales, DATAVOZ.
● Campos-Freire, F. (2008). Las redes sociales trastocan los modelos de los medios
de comunicación tradicionales. Revista Latina de Comunicación Social.