Según Jhon Dewey "la enseñanza debe ser por la acción. La educación es la vida ; la escuela es la sociedad". (1) La sociedad deposita en la educación todas las ilusiones de un futuro más próspero, por lo que la búsqueda de mejorar la calidad de la educación depende de la creciente participación de los jóvenes en la vida ciudadana, por consiguiente mejorar la participación en la sociedad permite un mayor compromiso con el proceso de toda la comunidad educativa.
En la constitución se establece la protección del derecho de los estudiantes a ejercer su voz y voto, como se evidencia en la Ley 20.370, Artículo 10 (https://bcn.cl/2s03i): en donde se expresa el derecho que tienen los alumnos y alumnas a expresar su opinión, y "que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y culturales, conforme al reglamento interno del establecimiento, [...] así como a participar en la vida cultural [...] y a asociarse entre ellos."
Asimismo podemos destacar en el Artículo 15 (https://bcn.cl/2m00e), de la misma ley se establece que las instituciones educativas tienen que proporcionar una instancia donde tendrá como objetivo canalizar la participación de la comunidad educativa.
Sin embargo, resulta alarmante observar que estos derechos no siempre se enfocan en escuchar activamente la opinión de los estudiantes o directamente en darles cabida en la participación de decisiones, y se detecta una falta de coherencia en los espacios de participación del cuerpo estudiantil en diferentes secciones de los artículos.
Además, se constata que estos artículos o conjuntos de artículos no se reflejan de manera efectiva en los reglamentos escolares al referirse a una participación en general, sin definiciones concretas de los canales de participación en particular.
En la actualidad, a pesar de contar con leyes y artículos que establecen la participación democrática de los estudiantes en su educación, se observa que no hay una fiscalización correspondiente que se dé el espacio al cumplimiento de estas normativas, por lo que se hace necesaria una mayor fiscalización para garantizar el respeto de los derechos de los alumnos.
El siguiente proyecto de ley debe iniciarse por moción, según lo dispuesto en el artículo 65 inciso primero de la Carta Magna.
1.-Reemplázase el primer apartado del Artículo 49 de la Ley Nº20.529 (https://bcn.cl/3dw8e) por lo siguiente: Fiscalizar que los establecimientos educacionales y sus sostenedores reconocidos oficialmente cumplan con la normativa educacional, esto mediante una asamblea programada de forma anual de fiscalización que conlleva lo siguiente:
La verificación del cumplimiento de los derechos de los estudiantes, incluyendo su participación activa y democrática en la toma de decisiones y en la vida escolar.
En esta asamblea, deberán participar todo el cuerpo educacional contando con los directivos del establecimiento educacional, representantes de profesores, representantes de apoderados, el centro de alumnos y representantes de los distintos niveles.
2.- Agréguese un apartado al artículo 10 de la ley 20.529 ((https://bcn.cl/2s03i)), desplazando el orden de los demás apartados una letra, con el siguiente texto:
Se añade apartado A, desplazando el orden de los demás incisos una letra;
A) A la agencia de calidad de educación va a tener la función de realizar fiscalizaciones de los derechos democráticos estudiantiles
Nuestra propuesta busca modificar los parámetros existentes gradualmente en un plazo de 1 año, a través de la modificación y creación de los artículos, la fiscalización de reglamentos escolares, la capacitación del personal educativo, la creación de comités estudiantiles y la implementación de mecanismos de monitoreo. Con estas acciones, buscamos garantizar una participación democrática efectiva y una fiscalización regular a los centros educativos de enseñanza media para evaluar y garantizar una mayor democracia y calidad educativa a los alumnos pertenecientes a la educación media en Chile.
A su vez esta fiscalización no solo beneficiaría a los estudiantes, sino que también contribuiría a fomentar una participación democrática consciente más amplia en todo el país. Al promover una cultura de participación y diálogo en el ámbito educativo, se estaría sentando las bases para una ciudadanía informada y comprometida, capaz de involucrarse activamente en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
Es importante destacar que la fiscalización no debe ser vista como una imposición o una mera supervisión burocrática, sino como una oportunidad para generar cambios significativos y promover una cultura de respeto y participación en la comunidad educativa. La participación de los estudiantes debe ser valorada y considerada como un aporte fundamental para mejorar la calidad de la educación y asegurar que se satisfagan sus necesidades e intereses.
En resumen, la falta de cumplimiento de los derechos de estudiantes en cuanto a su participación democrática es una deficiencia significativa en nuestro país. Para abordar esta situación, es necesario implementar una mayor fiscalización que garantice el respeto de dichos derechos. Esta fiscalización no solo beneficiaría a los estudiantes, sino que también promovería una participación democrática consciente en todo el país, sentando las bases para una sociedad más justa y equitativa.
https://bcn.cl/31gtf articulo 20 "La educación media...tiene como finalidad que cada alumno expanda habilidades y actitudes que les permita ejercer una ciudadanía activa"
https://bcn.cl/2s03i Articulo 10 respeto mutuo, a expresar su opinión
https://bcn.cl/2m00e Articulo 15 "Promoverá la participación de la comunidad educativa."