Chile,
país privilegiado en recursos hídricos de superficie a nivel mundial, cuenta
con una de sus mayores reservas en campos de hielo sur y en la zona austral.
Sin embargo, están desigualmente distribuidos, debido a causas geográficas y
climáticas, por ejemplo: en la zona norte se dispone de 500 metros
cúbicos/habitante/año, y en zonas del sur de 160.000 metros cúbicos/habitante/
año.
Durante
las últimas dos décadas se han incrementado los problemas de acceso, gestión y
gobernabilidad de estos recursos. Puede atribuirse a problemas sociales;
ambientales vinculados a la demanda de las ciudades; la contaminación y los
megaproyectos; sin embargo, la progresiva imposición de criterios de mercado, dan
como resultado que la "libre competencia" entre los diferentes usos y
derechos de propiedad de aguas ha favorecido la concentración de la propiedad
de éstas en el sector eléctrico, minero y exportador, “motores” del desarrollo
nacional, en perjuicio del acceso al recurso para la mayoría de la población y
las zonas agrícolas como las de Villarrica y nuestra Región de la Araucanía.
Las
políticas basadas en criterios de mercado, han generado la pérdida del carácter
de bien público del agua, provocando su privatización parcial o total, si bien
hemos sido uno de los países pioneros en la implementación de un régimen de libre
mercado en el manejo del agua, esto ha ido en desmedro de ser garante para que el
uso del recurso sea para todos los chilenos.
El
Estado concede estos derechos al sector privado gratuitamente y a perpetuidad, concentrándolos
en pocos actores y en el uso ineficiente de los recursos. Ello perjudica la
disponibilidad de agua para las economías locales; la conservación de los
ecosistemas y el uso múltiple para turismo, agricultura, generación eléctrica y
servicios sanitarios.
Se estableció recientemente en una reforma, el desincentivo para su
acumulación ociosa, por tanto, si bien ha motivado a que se utilicen esos derechos
en pocas manos, también ha multiplicado los proyectos para librarse del pago y
por ende ha acelerado las transacciones del mercado del agua, generándose una
presión aún más intensa sobre las cuencas perdiendo su caudal natural y muchas
de ellas están en franco colapso por contaminación y/o secamiento.
Enfrentamos,
entonces, el enorme desafío de proponer una reforma a la política sobre
recursos hídricos establecida en el Código
de Aguas vigente desde 1981,
promulgado por el gobierno militar y consolidado durante la transición
democrática. El debate ha estado lleno de dificultades y se ha perpetuado por más
de 20 años la tramitación de un Proyecto de Reforma a dicho Código en diversas
comisiones del Congreso
Nacional.Ley 2017
En
este marco, el objetivo de nuestra propuesta o proyecto de ley es entregar, a través
de ella la mirada de los jóvenes que heredaremos las tierras, pero no tendremos
la posibilidad de “regarlas”, pues si no somos prioritarios en el uso de
recursos hídricos, ni siquiera las lluvias del sur serán nuestras. Debemos
revisar las políticas públicas y el marco constitucional y normativo que rige
la gestión y manejo del agua en Chile; para que éste bien sea público y no un
privilegio.
Por
esto consideramos que es necesario promulgar nuevas leyes, mediante una moción que modifique los límites y derechos sobre el recurso hídrico en nuestro país que no contradiga
otras leyes, los derechos constitucionales y no sea contraproducente al bien
común de todos los ciudadanos:
1. Elevar a rango constitucional el
concepto del agua como bien nacional de uso público, a
través de una ley de quórum calificado cualquiera sea el estado en que ésta se
encuentre (líquida, sólida y gaseosa).
2. Establecer la
facultad del Estado para reservar caudales cuando así lo exijan el interés
general de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y salubridad pública y
la conservación del patrimonio ambiental.
3. Establecer
por ley el procedimiento de constitución, reconocimiento, transferencia,
transmisión, renuncia, extinción, caducidad y pérdida de los derechos
particulares sobre las aguas.
4. Establecer
por ley la exploración, explotación y constitución de derechos de
aprovechamiento de aguas de conformidad a la diversidad geográfica y climática
del país, y a la disponibilidad efectiva de los recursos hídricos.
5. Establecer
corporaciones administradoras de cuencas, que fortalezcan y velen por una
gestión integrada de estas.
“El agua es el elemento vital del planeta
y sin ella no sería posible la vida de ningún ser en él”