En la ciudad de Calama, las grandes empresas mineras circulan diariamente utilizando la infraestructura pública, pero no pagan sus permisos de circulación ni el IVA en la comuna. Estos impuestos se registran en otras ciudades, como Santiago o Las Condes, provocando una pérdida millonaria para la región. Mientras tanto, cientos de estudiantes enfrentan dificultades económicas para costear su transporte escolar, lo que afecta su asistencia y permanencia en el sistema educativo. Existe una gran desigualdad territorial entre lo que Calama produce y lo que recibe a cambio en inversión pública.
Nuestra propuesta busca modificar la Ley N° 20.696 para establecer un mecanismo que obligue a las grandes empresas mineras que operan físicamente en Calama a pagar el IVA y sus permisos de circulación directamente en esta comuna. Los recursos recaudados por estos conceptos serán destinados a un fondo municipal exclusivo para subvencionar el transporte escolar.
Este fondo financiará directamente a los micreros y empresas de transporte locales, garantizando la gratuidad del pasaje escolar para todos los estudiantes de educación básica y media de establecimientos públicos y subvencionados en la comuna. La propuesta contempla además una fiscalización efectiva para asegurar el cumplimiento del pago de impuestos en el lugar de operación real de las empresas.
Con esta modificación, buscamos transformar la riqueza que genera Calama en oportunidades concretas para su comunidad, avanzando en equidad territorial, justicia social y fortalecimiento del derecho a la educación
Biblioteca del Congreso Nacional (bcn.cl) – Ley N° 20.696
• Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, datos sobre el Transporte Escolar Gratuito (TEG)
• Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) – Inversión municipal y descentralización
• Diario Financiero – Artículos sobre tributación minera en Chile
• Estudio Fundación Terram: Minería y territorio: distribución de la carga y beneficios