La Ley N.° 20.529 establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media, con el objetivo de garantizar una educación de calidad para todos los estudiantes del país. No obstante, dicha normativa carece de una definición explícita, amplia e integral del concepto de educación. Asimismo, no incorpora el Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) como una herramienta obligatoria, fiscalizable y sancionable, a pesar de su importancia en la protección de la vida, la integridad física y emocional de las personas, y el fortalecimiento de la cultura democrática en las comunidades educativas.
En la actualidad, esta omisión ha generado vacíos legales y operativos en el sistema educativo en Chile.
Por un lado, la falta de una definición clara de educación ha favorecido visiones reduccionistas centradas en conocimientos técnicos o académicos, excluyendo dimensiones clave como el bienestar emocional, la formación ética y ciudadana, la creatividad, el pensamiento crítico, la salud mental y la convivencia escolar. Esto se refleja en los planes de estudio actuales, donde las asignaturas orientadas al desarrollo socioemocional y ciudadano suelen ser despriorizadas, sin evaluación estructurada ni formación docente especializada. Como consecuencia, han aumentado el acoso escolar, el estrés académico y los problemas de salud mental en estudiantes, según datos del MINSAL y del Observatorio de la Niñez. Esta visión parcial limita el sentido del derecho a la educación garantizado por la Constitución y tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención sobre los Derechos del Niño, que promueven una educación integral, basada en los derechos humanos y orientada a la vida en sociedad.
Por otro lado, la carencia de obligatoriedad legal del PISE ha derivado en una implementación irregular, poco fiscalizada y en muchos casos simbólica o inexistente. Según datos de la Superintendencia de Educación, en su informe anual de fiscalización 2023, más del 37 % de los establecimientos educacionales del país no contaba con un Plan Integral de Seguridad Escolar actualizado o debidamente implementado. A esto se suma que, en múltiples regiones, los simulacros obligatorios no se realizan de forma regular; carecen de protocolos claros, y no contemplan la participación activa de toda la comunidad escolar, especialmente de los estudiantes y apoderados.
Un ejemplo alarmante fue el informe emitido por la Dirección Regional del SENAPRED en Valparaíso (2022): tras la simulación de un incendio, se indicó que el 22% de los colegios participantes evacuó de forma desorganizada, sin puntos de encuentro definidos ni personal capacitado para responder ante emergencias.
En 2023, se reportaron más de 170 incidentes escolares relacionados con emergencias sanitarias, accidentes en patios, amenazas externas o desastres naturales, muchos de los cuales se vieron agravados por la falta de preparación adecuada o de un protocolo de respuesta integral.
Estas cifras reflejan un riesgo estructural para la integridad y la vida de los estudiantes, docentes y asistentes de la educación, especialmente en un país como Chile; altamente expuesto a amenazas naturales como terremotos, incendios forestales, erupciones volcánicas e inundaciones. Que la seguridad escolar no sea exigible por ley ni tenga sanciones asociadas a su incumplimiento transmite un mensaje erróneo: la protección de la vida es secundaria frente a otros objetivos educativos. Un mensaje inaceptable desde perspectivas éticas, jurídicas y pedagógicas.
En Chile, el Mineduc establece políticas de convivencia escolar y formación ciudadana orientadas a promover la sana convivencia, los derechos humanos, la resolución pacífica de conflictos y la participación estudiantil. No obstante, su implementación suele ser superficial. La participación de estudiantes es limitada y la convivencia, frecuentemente, se reduce a medidas sancionatorias más que formativas.Asimismo, los Planes de Mejoramiento Educativo (PME) permiten a los establecimientos organizar metas en áreas como liderazgo, convivencia y resultados académicos. Sin embargo, priorizan el alza de puntajes y el cumplimiento de estándares, dejando en segundo plano la seguridad escolar y el desarrollo integral.
Estas herramientas tienen potencial, pero carecen de respaldo legal y seguimiento efectivo. Entregar orientaciones sin fiscalización real no basta.
Actualmente, no existe una visión educativa que incorpore explícitamente seguridad, salud mental, participación y ciudadanía como ejes esenciales. Por ello, proponemos modificar la Ley N.º 20.529, incorporando una definición integral de educación y estableciendo la obligatoriedad legal del Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE), junto a mecanismos de fiscalización ante su incumplimiento.
Este proyecto propone modificar la ley para incorporar una definición de educación centrada en el desarrollo integral de las personas, basado en los principios establecidos en tratados internacionales ratificados por Chile, como la Convención sobre los Derechos del Niño. Asimismo, establece la obligatoriedad legal del Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE), incluyendo mecanismos claros de fiscalización y sanciones ante eventuales incumplimientos.
Esta propuesta se enmarca dentro del Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC), contribuyendo a fortalecer su dimensión formativa y de mejora continua, especialmente en lo relativo al bienestar y la protección de las comunidades educativas. La incorporación del PISE como componente obligatorio del Proyecto Educativo Institucional (PEI) se alinea con el artículo 3° de la Ley General de Educación, que garantiza el derecho a una educación de calidad en entornos seguros y protectores. Además, se articula con el Decreto Exento N.º 1.494 de 2002 del Ministerio de Educación, que establece orientaciones para planes de seguridad escolar, y con los lineamientos de SENAPRED, promoviendo una cultura preventiva y participativa desde la educación formal.
Estas modificaciones buscan otorgar un marco legal robusto y coherente que permita transitar desde la voluntariedad hacia la responsabilidad institucional, asegurando así una respuesta oportuna y efectiva frente a riesgos que afecten a las comunidades educativas.
Agrégase el siguiente artículo nuevo, 1° bis, en el Título I de la Ley N.° 20.529:
Artículo 1° bis.
Para los efectos de esta ley, se entenderá por educación el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo integral en las dimensiones espiritual, ética, moral, afectiva, intelectual, artística y física, mediante la transmisión, apropiación y cultivo de valores, conocimiento y destrezas.
Este proceso debe respetar la diversidad de contextos socioculturales, promover el bienestar de los estudiantes y fomentar una ciudadanía activa, crítica y comprometida con la democracia, los derechos humanos y la seguridad personal y grupal.
Agrégase el siguiente artículo 27 bis, en el Título IV de la misma ley:
Artículo 27 bis.
Cada establecimiento educacional del país deberá contar con un Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE), actualizado y validado al inicio de cada año escolar, cuyo objetivo será resguardar la vida, la integridad física y emocional de todos los miembros de la comunidad educativa frente a riesgos naturales, sanitarios, tecnológicos o humanos.
EI PISE será parte del proyecto educativo institucional y deberá incluir medidas preventivas, protocolos de emergencia, rutas de evacuación, simulacros y estrategias de formación ciudadana orientadas al fortalecimiento de la vida democrática y el desarrollo integral de los estudiantes. Para ello, cada institución deberá tener un responsable con un
mínimo de horas (media jornada) y debe aparecer expresamente en su contrato de trabajo como encargado de Plan Pise.
Para la elaboración del plan se deberá considerar la participación del equipo directivo, docentes, asistentes de la educación, estudiantes y apoderados.
La Superintendencia de Educación será la entidad responsable de fiscalizar el cumplimiento de esta obligación en cualquier momento del año, sin desmedro de lo solicitado en fechas establecidas por el ministerio de educación.
El incumplimiento (por no presentar, actualizar o implementar el PISE, o por no contar con un programa de trabajo a inicios del año escolar) será sancionado de forma progresiva conforme a los siguientes criterios. Teniendo siempre como foco, que el incumplimiento pone en riesgo la vida de las personas.
1. Amonestación escrita y requerimiento de subsanación en un plazo máximo de 5 días hábiles.
2. Multa de hasta 500 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) si no se subsana en dicho plazo.
3. En casos de reiteración o negligencia grave, se podrá suspender temporalmente el pago de la subvención estatal al establecimiento y/o el reconocimiento oficial del mismo.
La Superintendencia deberá publicar anualmente un informe nacional sobre el cumplimiento del PISE en los establecimientos educacionales del país.
El Ministerio de Educación, en conjunto con la Superintendencia de Educación y SENAPRED, deberá emitir un reglamento que establezca los criterios mínimos para la elaboración, actualización y evaluación del PISE, todos los años en el mes de octubre para que las comunidades puedan trabajar durante noviembre y diciembre en sus actualizaciones y de esta manera estar disponibles el primer día de clases del año siguiente.
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2009. Ley N.° 20.529: Crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica, y Media. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1006040
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2009). Ley N.° 20.370: Ley General de Educación. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1006043
Ministerio de Educación. (2002). Decreto Extento N.° 1.494: Aprueba el Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE). Santiago, Chile. [Disponible en sitios oficiales del Mineduc o SENAPRED].
Superintendencia de Educación. (s.f.). Marco Normativo y sancionatorio. https://www.supereduc.cl
SENAPRED. (s.f.). Gestión del riesgo de desastres en el ámbito escolar. https://www.senapred.cl
UNESCO. (2016). Educación a lo largo de la vida: Documento de política. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. https://unesdoc.unesco.org/
Biblioteca Nacional Resolución exenta Núm. 2.515.- Santiago, 31 de mayo de 2018.
Ayuda Mineduc. (s.f.). Plan de Mejoramiento Educativo PME
https://www.ayudamineduc.cl/ficha/plan-de-mejoramiento-educativo-pme
Ministerio de Educación. (s.f.). Convivencia para la Ciudadanía.
https://convivenciaparaciudadania.mineduc.cl/pnce2024-2030/
Ministerio de Educación. (2016). Orientaciones para la implementación del Plan de Formación Ciudadana. https://epja.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/43/2016/07/Orientaciones-Plan-de-Formaci%C3%B3n-Ciudadana.pdf
Defensoría de la Niñez. (2024). Informe anual 2024: Situación de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en Chile. https://www.defensorianinez.cl/informe-anual-2024/wp-content/uploads/2024/11/DIGITAL_DDN_INFORME_ANUAL2024.pdf
Ministerio de Salud, División de Prevención y Control de Enfermedades. (2021). Actualización situación de salud de adolescentes: Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes. https://diprece.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/06/ACTUALIZACION-SITUACION-DE-SALUD-DE-ADOLESCENTES-PROGRAMA-NACIONAL-DE-SALUD-INTEGRAL-DE-ADOLESCENTES-Y-JOVENES.pdf
Gutiérrez, M., & Molina, F. (2020). Salud mental y educación en Chile: tensiones, desafíos y propuestas. Estudios pedagógicos (Valdivia), 46(2), 349–368. https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0719-56052020000200349&script=sci_arttext
Fundación Colunga. (2023). Agenda de violencia contra la niñez: Panorama de los últimos 10 años. https://www.fundacioncolunga.org/lanzamiento-agenda-violencia-contra-la-ninez-panorama-de-los-ultimos-10-anos/
Fundación Colunga. (2022). Primer informe sobre niñez y adolescencia en Chile. https://www.fundacioncolunga.org/descargaelprimerinformeninez/
Observatorio de la Niñez. (2023). Informe nacional sobre violencia contra la niñez en medios de comunicación. https://www.observatorioninez.org/medios/informeviolenciacontraninez
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2009). Ley General de Educación N.º 20.370. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1006043
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2011). Ley N.º 20.529 que crea el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Escolar. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1025058
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2002). Decreto Exento N.º 1.494 del Ministerio de Educación que establece orientaciones para planes de seguridad escolar. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=212468
Naciones Unidas. (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
Naciones Unidas. (1989). Convención sobre los Derechos del Niño. https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child
Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. [SENAPRED]. (s.f.). Material educativo y lineamientos para el Plan Integral de Seguridad Escolar. https://www.senapred.cl