Hoy en día estamos viviendo una crisis educacional a nivel mundial, ya sea por conflictos, como efectos y/o consecuencias de la pandemia, atentados escolares e incluso el uso compulsivo de la tecnología, donde nuestro país no se queda fuera. En Chile estamos enfrentando una crisis con múltiples dimensiones, pero la que más destaca para nosotros como estudiantes es la pérdida del respeto entre pares y sobre todo hacia los profesionales y funcionarios de la educación. Esto último resalta para nosotros porque ellos, como parte importante de la formación académica y humana de las/os alumnos, no son resguardados de agresiones cometidas por los mismos estudiantes y apoderados.
La ley 20.370, Art. 10, Sección B establece que los profesionales de la educación tienen el derecho de trabajar en un ambiente seguro, pero nada les garantiza estar protegidos por ella, porque esta no sanciona distintos tipos de violencia proveniente de miembros de la comunidad educativa.
Al hacer una lectura de esta ley nos percatamos de algo: se menciona como un derecho de los profesionales y asistentes de la educación un entorno seguro, pero no hay una garantía real de que esto se cumpla y de qué hacer en caso de que se incumpla. Esto se refleja en el hecho de que en los últimos 4 años han aumentado gradualmente los ataques, según informó el Colegio de Profesores.
No son muchos los casos conocidos a nivel nacional, ya que se subestima y no se les toma en serio, los únicos casos que llegan a los canales nacionales de noticias son solo los más escandalosos y violentos, como por ejemplo, el ataque a una docente en Trehuaco, donde la vida de los docentes termina peligrando producto de la agresión.
Para nosotros como alumnos es inaceptable que ataques como este queden impunes y que para colmo que muchas veces se culpabiliza a las víctimas por no saber controlar la situación, cualquier tipo de violencia sea cual sea debería ser inadmisible.
Mediante nuestro proyecto buscamos proteger lo más posible la integridad de nuestros profesionales de la educación. Para lograr esto proponemos un decreto de ley, que regularice las denuncias en caso de agresión física y hostigamiento, para evitar irregularidades en el proceso de denuncia. Además de estipular una condena mínima dependiendo de la edad, el tipo de agresión y la magnitud del daño, sin posibilidad de impunidad jurídica. También proponemos establecer la obligación de los establecimientos de resolver esto de la forma más eficaz posible.
Mediante una moción parlamentaria proponemos:
Título I : Disposiciones generales.
Art.1: La presente ley tiene por objeto proteger al personal educativo, mediante la instauración de un proceso que regule las denuncias para evitar la impunidad jurídica.
Art. 2: Para efectos de esta ley se entenderá como agresión, cualquier tipo de violencia, tales como:
Física: son todas las agresiones que atentan contra el cuerpo de una persona, ya sea a través de golpes, lanzamiento de objetos, entre otras conductas que puedan ocasionar daños físicos.
Psicológica/Moral: es cualquier tipo de agresión verbal o conductual que tiene como objetivo humillar, criticar, aislar, intimidar y amenazar.
Título II: Regularización y penas mínimas.
Art. 1:Toda institución educacional,pública o privada, tiene el deber de formular la denuncia correspondiente ante la autoridad competente en un plazo máximo de 24 horas desde el momento en que se tenga conocimiento del hecho.
La responsabilidad de cumplir con esta obligación recae en el director o representante legal de la institución, o quien esté encargado de la gestión en el momento del incidente.
Art. 2: La condena mínima para el agresor, será correspondiente a su edad y el tipo de agresión.
Cuando el agresor sea mayor de 18 años, siendo una agresión física:
Se impondrá una pena mínima de 3 años y 1 día, más las sanciones correspondientes al daño causado y las disposiciones del Código Penal.
Si es una agresión psicológica se impondrá una pena mínima de 1 año.
Cuando el agresor sea menor de 18 años, siendo una agresión física:
El menor será sujeto a un régimen especial conforme a la Ley 20.084 ( Ley de Responsabilidad Penal Juvenil). No obstante, se establece una medida mínima obligatoria de 6 meses de internamiento de régimen cerrado, además de medidas socioeducativas complementarias según evaluación del caso.
Si es una agresión psicológica, se impondrá sesiones de psicólogos, según crea conveniente el juez designará la cantidad de horas.
Art. 3: Será deber del Estado garantizar la atención jurídica, psicológica y médica gratuita a todo funcionario afectado por los hechos contemplados en esta ley.
Ley 20370, Establece la Ley general de educación.https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1006043
Samuel Fuentes (2025). Alumno deja en estado grave a profesora tras agredirla brutalmente en Liceo Bicentenario de Trehuaco. Biobio Chile. https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-nuble/2025/03/18/alumno-deja-en-estado-grave-a-profesora-tras-agredirla-brutalmente-en-liceo-bicentenario-de-trehuaco.shtml
Maximiliano Estrada (2025). Primero un atentado incendiario y ahora amenazas al director: violencia en el Liceo Lastarria obliga a clases virtuales. La Tercera. https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/primero-un-atentado-incendiario-y-ahora-amenazas-al-director-violencia-en-el-liceo-lastarria-obliga-a-clases-virtuales/CTCZGVZJYFEVXOOWP6JHU6TY2A/
Colegio de Profesores (2024). [CHV NOTICIAS] PROFESORES EN RIESGO: SE DUPLICARON LOS ATAQUES A DOCENTES Y EN 2024 VAN DOS SUICIDIOS. Recuperado el 02 de Mayo de 2025, de https://www.colegiodeprofesores.cl/2024/09/10/chv-noticias-profesores-en-riesgo-se-duplicaron-los-ataques-a-docentes-y-en-2024-van-dos-suicidios/
Ley 20.084, Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=244803