La Ley N.º 20.920, conocida como Ley REP (Responsabilidad Extendida del Productor), establece el marco legal para la gestión de residuos, promoviendo su reducción, revalorización y reciclaje. En ella, se define residuo como toda sustancia u objeto que su generador desecha o tiene la intención u obligación de desechar conforme a la normativa vigente.
La generación de residuos es consecuencia de un modelo lineal de producción y consumo, basado en extraer, fabricar, consumir y desechar, con el fin de satisfacer necesidades humanas como alimentación, vivienda, vestuario, transporte y comunicación. Este modelo intensifica el uso de recursos naturales y produce una creciente acumulación de desechos.
La Ley clasifica los residuos en diferentes categorías, de acuerdo a su peligrosidad:
• Residuo peligroso: aquel que representa riesgo para la salud pública o el medio ambiente, ya sea de forma directa o debido a su manejo actual o futuro.
• Residuo no peligroso: no representa riesgos evidentes, pero puede generar impactos negativos si no es gestionado adecuadamente.
• Residuo inerte: residuo no peligroso que no sufre transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, ni reacciona con otros elementos ni contamina.
Según su origen, los residuos se clasifican principalmente en:
• Residuos sólidos municipales: comprenden los desechos domiciliarios y aquellos generados en el sector servicios y pequeñas industrias, incluyendo también los residuos del aseo de calles, áreas verdes y playas.
• Residuos industriales: provienen de procesos de fabricación, transformación, consumo o mantenimiento industrial, y no pueden ser asimilados a residuos domésticos debido a sus características físico-químicas o microbiológicas.
Tanto los residuos peligrosos como los no peligrosos pueden causar importantes efectos negativos en el medio ambiente si no son correctamente manejados. Estos impactos incluyen la contaminación de suelos, agua y aire, daños a la flora y fauna, y la emisión de gases de efecto invernadero.
En el año 2021, se generaron aproximadamente 9 millones de toneladas de residuos municipales en Chile, con una población cercana a los 20 millones de habitantes. Esto equivale a 0,99 kilogramos de residuos diarios por persona. La Región Metropolitana concentró el 47,4% del total nacional, seguida por Valparaíso (11,7%), Biobío (6,5%) y Tarapacá (5,7%). Por otro lado, las regiones de Los Ríos, Antofagasta y La Araucanía presentaron la mayor generación per cápita de residuos, mientras que Arica y Parinacota y Tarapacá mostraron los niveles más bajos.
Del total de residuos municipales generados en 2021, solo un 20,9% fue valorizado, cifra que representa un aumento marginal respecto al año anterior, pero que se mantiene dentro del rango de valorización de los últimos años (20% a 22,6%), con el punto más alto registrado en 2018.
De los residuos no peligrosos valorizados en 2021:
• 62,7% correspondió a reciclaje,
• 14,7% a compostaje, y
• 8,1% a preparación para la reutilización.
Un ámbito crítico que evidencia la necesidad de fortalecer la Ley REP es el sistema educativo. En Chile existen 11.200 establecimientos educacionales, con una matrícula cercana a los 3,6 millones de estudiantes. A diario, estos estudiantes consumen alimentos que generan residuos, principalmente envases y embalajes, lo que representa una producción estimada de 700 toneladas mensuales de residuos reciclables. No obstante, solo el 50% de los colegios del país está realizando acciones de reciclaje.
El Primer Estudio Nacional de Reciclaje en Establecimientos Educacionales, realizado por Tetra Pak y Kyklos, encuestó a 1.647 colegios en 305 comunas del país, detectando que solo el 50,8% recolecta envases y embalajes para reciclaje. Este porcentaje aumenta en los colegios que cuentan con certificación ambiental SNCAE del Ministerio del Medio Ambiente (65%) y en los colegios particulares pagados (62%).
En total, 2.540 establecimientos poseen esta certificación a nivel nacional. En la Región de Los Ríos, son 138, lo que representa un 5,4% del total nacional.
Se propone modificar el artículo N°29 de la Ley N.º 20.920, dentro del Título IV: Mecanismos de Apoyo a la Responsabilidad Extendida del Productor, en los siguientes términos, vía Moción Parlamentaria.
En coordinación con el Ministerio de Educación, todos los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán implementar, de forma obligatoria, un programa anual de educación ambiental enfocado en la gestión de residuos, reciclaje, compostaje y consumo responsable. Asimismo, deberán contar con infraestructura mínima para la clasificación y acopio de residuos reciclables, en coordinación con los sistemas de gestión autorizados en el marco de la responsabilidad extendida del productor.
Dentro de un plazo máximo de cuatro años desde la entrada en vigor de la presente modificación, todos los establecimientos educacionales deberán incorporarse progresivamente al Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales (SNCAE), como mecanismo de evaluación y seguimiento del cumplimiento de esta obligación.
La justificación para esta modificación radica en 4 puntos importantes como son:
Impacto ambiental: La implementación obligatoria del reciclaje en establecimientos educacionales puede evitar que cientos de toneladas de residuos lleguen a vertederos cada mes.
Formación de conciencia ambiental: La educación ambiental desde temprana edad transforma a los estudiantes en agentes activos del cambio en sus hogares y comunidades.
Equidad en la implementación: Esta modificación garantiza que todos los colegios –independiente de su dependencia administrativa– cuenten con herramientas y obligaciones para educar ambientalmente.
Vinculación efectiva entre Ley REP y el sistema escolar: Se fortalece la coherencia entre la gestión de residuos a nivel nacional y la formación ciudadana.
La viabilidad de la propuesta mencionada anteriormente radica que desde el Ministerio del Medio Ambiente ya diseña programas de educación ambiental (como establece el artículo 29), por lo que esta propuesta amplía y fortalece una labor existente.
El Ministerio cuenta con convenios con sistemas de gestión y organizaciones como Kyklos, Fundación Basura y Tetra Pak, que pueden aportar contenido y logística para implementar el programa.
El SNCAE proporciona una plataforma ya activa que puede adaptarse como sistema de monitoreo del cumplimiento.
Se establece un plazo progresivo de cuatro años para facilitar la adaptación y cumplimiento gradual de los establecimientos educacionales.
El impacto esperado y los beneficios a la modificación del artículo N°29 de la Ley N°20920 es:
Se espera la reducción significativa en la cantidad de residuos generados y enviados a vertederos desde los colegios.
Más de 3,6 millones de estudiantes recibirán formación en sostenibilidad, lo que generará un impacto positivo en sus familias y comunidades.
Se fortalecerá el compromiso institucional de los establecimientos educacionales con la protección del medio ambiente, transversalizando la educación ambiental en el país.
Ministerio del Medio Ambiente, 2023, Octavo REMA 2023 Capítulo: C-Residuos. https://infogram.com/1ppmgeyyzdz5y6urw5p0zqv3vgtzrwkp6nw?live
Sistema Nacional de Información Ambiental, 2023, Reporte del Estado del Medio Ambiente. https://sinia.mma.gob.cl/estado-del-medio-ambiente/reporte-del-estado-del-medio-ambiente-2023/
Scaff, R. (2023). Residuos. https://www.achm.cl/wp-content/uploads/2023/08/Ricardo-Scaff.BASURA-2-1.pdf
Pais Circular, 19 de Abril de 2022 Solo 50% de los colegios del país reciclan: masificar esta práctica permitiría recuperar casi 700 toneladas mensuales de envases desde las aulas.
https://www.paiscircular.cl/ciudad/solo-50-de-los-colegios-del-pais-reciclan-masificar-esta-practica-permitiria-recuperar-casi-700-toneladas-mensuales-de-envases-desde-las-aulas/
Del Congreso Nacional, B. (2016, 17 mayo). Biblioteca del Congreso Nacional.
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1090894.