Ley N° 20.084 establece un sistema de responsabilidad penal adolescente con el doble propósito de sancionar las conductas delictivas y promover la reinserción social de los jóvenes. Sin embargo, en la práctica, muchas sanciones no se cumplen de forma efectiva ni logran una rehabilitación integral. Esta situación se refleja en elevados índices de reincidencia y en la vulneración de los derechos de los adolescentes, al no contar con un acompañamiento adecuado en su desarrollo educativo, social, familiar y psicológico.
Estudios recientes revelan que aproximadamente el 39,4% de los adolescentes que cumplen condena en centros cerrados, semi cerrados y programas en el medio libre del Servicio Nacional de Menores reciben una nueva sanción por parte de la justicia en el plazo de 12 meses desde que egresan del sistema (FACSO, Universidad de Chile). Este fenómeno se agrava cuando se considera que un pequeño grupo de jóvenes concentra una proporción significativa de los delitos cometidos por adolescentes. Según datos del Ministerio Público, en 2018, el 17% de los menores infractores concentró el 49% de los delitos cometidos por adolescentes en ese año.
Las causas de esta problemática son multifactoriales. La deserción escolar, la falta de oportunidades laborales, la pobreza y la violencia intrafamiliar son factores que empujan a muchos jóvenes hacia el delito. Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Chile reveló que el 50% de los adolescentes infractores de ley en Chile que reinciden en actos delictuales viven en situación de indigencia.
Además, existen casos emblemáticos que ilustran las falencias del sistema. El caso de "J", un adolescente de Antofagasta, es particularmente revelador. Desde los 11 años vivió en situación de calle, fue víctima de abuso y consumo de drogas, y a pesar de múltiples intervenciones institucionales, continuó involucrado en actividades delictivas hasta ser detenido por su participación en saqueos y otros delitos durante el estallido social de 2019.
Asimismo, la modalidad delictiva conocida como "turbazos", donde grupos de jóvenes irrumpen violentamente en domicilios y negocios, ha ido en aumento en los últimos años, generando preocupación en la ciudadanía y evidenciando la necesidad de intervenciones más efectivas para prevenir la participación de adolescentes en este tipo de delitos.
La falta de mecanismos efectivos de seguimiento y control sobre el cumplimiento de las sanciones por parte de los organismos responsables debilita la eficacia del sistema y socava la confianza pública en las políticas orientadas a la justicia juvenil. Es imperativo implementar reformas que garanticen no solo el cumplimiento efectivo de las sanciones, sino también una reinserción social real y sostenible para los adolescentes infractores.
Se propone modificar el Artículo 13 de la Ley N° 20.084 para incorporar mecanismos obligatorios que aseguren el cumplimiento efectivo de las sanciones, así como la implementación sistemática de estrategias de reinserción social individualizadas y sostenibles.
1. Plan de Cumplimiento Personalizado (PCP)
Todo adolescente sancionado deberá contar con un Plan de Cumplimiento Personalizado, elaborado por el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, en coordinación con el adolescente, su familia y el equipo psicosocial correspondiente.
Este plan deberá:
Establecer objetivos específicos en las áreas de educación, salud mental, formación laboral, fortalecimiento familiar y vinculación comunitaria.
Ser aprobado por el juez competente en audiencia.
Ser flexible y ajustable conforme a la evolución del proceso de reinserción.
2. Seguimiento mensual obligatorio
El Servicio deberá realizar un seguimiento mensual del PCP mediante visitas personales, entrevistas estructuradas y contacto con el entorno del adolescente.
Cada seguimiento deberá generar un informe remitido al tribunal.
En caso de incumplimientos graves o reiterados, el juez podrá:
Revisar o ajustar la medida.
Ordenar medidas de apoyo intensivo.
Garantizar el respeto del principio del interés superior del adolescente y su derecho a la reinserción.
3. Sistema de alertas tempranas
Se establecerá un sistema de alertas para detectar factores de riesgo de deserción, reincidencia o abandono del plan. Estas alertas activarán medidas inmediatas de acompañamiento o derivación a servicios especializados.
4. Informe final de reinserción
Al finalizar la sanción, el Servicio deberá emitir un informe integral que contenga:
Evaluación del cumplimiento del PCP.
Indicadores de logro en cada área de intervención.
Recomendaciones sobre medidas de seguimiento o apoyo post-sanción.
Valoración participativa del propio adolescente y su red de apoyo.
5. Participación y corresponsabilidad
El PCP deberá promover la participación activa del adolescente, reconociendo su capacidad progresiva, fomentando su responsabilidad, motivación al cambio y sentido de pertenencia con su proceso de reinserción.
6. Fiscalización y sanciones a organismos ejecutores
Los organismos, programas o instituciones responsables de ejecutar las sanciones que no cumplan con los estándares exigidos:
Podrán perder su acreditación.
Serán objeto de sanciones administrativas por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Dicho Ministerio deberá publicar anualmente un informe público que incluya:
Estadísticas de cumplimiento de sanciones.
Evaluación de los organismos acreditados.
Indicadores de reincidencia y reinserción social.
UNICEF Chile. (2021). La reinserción social de adolescentes en conflicto con la ley.
Defensoría de la Niñez. (2020). Informe sobre el sistema de responsabilidad penal adolescente.
Red Latinoamericana de Justicia Juvenil. (2020). Buenas prácticas en justicia juvenil.
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Chile. (2022). Informe de gestión y estadísticas sobre justicia juvenil.
Informe Anual de Justicia Juvenil, Chile. (2023).
Ciper Chile. (2024). ¿Qué necesita el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil?
Fundación San Carlos de Maipo. (2017). Informe sobre trayectoria de adolescentes en SENAME y su paso al sistema penal adulto.
Observatorio de Justicia Juvenil. (2023). Estadísticas de reincidencia y cumplimiento de sanciones en adolescentes.
CIDH. (2011). Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas.
ONU. Comité de los Derechos del Niño. (2007). Observación General N° 10: Derechos del niño en la justicia juvenil.