El Sistema de Educación Pública, a través de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), que prometía mejorar la educación estatal, hoy enfrenta serios problemas que afectan directamente nuestras comunidades escolares.
La Ley N° 21.040, que creó los SLEP en 2017, buscó terminar con la administración municipal de los colegios, profesionalizar la gestión y dar mayor equidad. Sin embargo, a siete años de iniciarse esta reforma, las dificultades no sólo persisten, sino que se agravan. ¿El principal problema? La falta de financiamiento basal, estable y suficiente, que garantice condiciones mínimas para enseñar y aprender con dignidad.
Actualmente, los SLEP dependen en gran parte del modelo de subvención por asistencia, una fórmula heredada del modelo neoliberal impuesto en dictadura (DFL N°2 de 1980), donde los recursos que recibe un establecimiento dependen de cuántos estudiantes asisten cada día. Esto ha generado inestabilidad financiera, especialmente en regiones rurales o con alta vulnerabilidad, donde factores como enfermedades, transporte o clima afectan la asistencia.
Un caso crítico fue el del SLEP Atacama en 2023, donde más de 25.000 estudiantes vieron suspendidas sus clases por semanas, debido a la falta de condiciones mínimas: infraestructura deficiente, baños inutilizables, ausencia de materiales y, peor aún, no pago de cotizaciones previsionales a profesores. Este no fue un caso aislado. Problemas similares han ocurrido en otros SLEP como Barrancas, Gabriela Mistral y Huasco.
Como estudiantes, hemos visto cómo nuestras escuelas pierden confianza, cómo nuestros profesores enfrentan estrés y frustración, y cómo nuestras familias se sienten abandonadas por el sistema. Según la Contraloría General de la República, varios SLEP muestran desorden financiero, lo que refleja una institucionalidad débil y mal implementada. El Colegio de Profesores, por su parte, advierte que el modelo actual no considera diferencias territoriales, castigando a quienes más apoyo necesitan.
A esto se suma que los presupuestos no permiten planificar a largo plazo. ¿Cómo se pueden hacer mejoras pedagógicas o arreglos estructurales si los recursos dependen de la asistencia mensual? La educación requiere certezas, no improvisación.
Sabemos que el Estado no está ausente. El Presupuesto Nacional 2025 destina 82 billones de pesos, con un aumento del 2% respecto al año anterior, e incluye fondos para la Nueva Educación Pública. Es decir, recursos hay. Lo que falta es reorganizarlos con una visión de justicia educativa, garantizando un financiamiento basal para todos los SLEP.
La Dipres y el Ministerio de Educación han reconocido estas falencias, y ya se discute modificar la ley para incluir un financiamiento más justo. Pero aún no hay una solución concreta. Mientras tanto, el derecho a la educación se sigue vulnerando.
PROPUESTA LEGISLATIVA
El presente proyecto debe iniciarse como mensaje presidencial, según lo establece nuestra Carta Magna en su art. 65 inciso 1°
Modifíquese la ley 21.040
Implementar un modelo mixto de financiamiento, con un financiamiento basal garantizado para los SLEP, complementado con componentes variables según matrícula o calidad.
ARTÍCULO 1: Financiamiento basal fijo, que permita cubrir los costos estructurales mínimos: sueldos, servicios básicos, mantenimiento, seguridad, insumos y materiales pedagógicos, independiente de la asistencia diaria. Esto daría estabilidad y dignidad al funcionamiento escolar.
ARTÍCULO 2: Componente variable, asociado a matrícula, indicadores de calidad y otras metas educativas. Este permitiría incentivar mejoras, sin depender exclusivamente de factores externos como la asistencia.
ARTÍCULO 3: Criterios territoriales diferenciados, para asegurar que zonas rurales, extremas o vulnerables reciban recursos justos, considerando sus desafíos particulares y no solo el número de estudiantes.
ARTÍCULO 4: Fortalecimiento de la gestión administrativa, a través de formación y selección rigurosa de directivos, acompañamiento técnico desde el Ministerio de Educación y supervisión constante. La profesionalización real debe ser un pilar de los SLEP.
ARTÍCULO 5: Participación de las comunidades escolares, incluyendo estudiantes, docentes, asistentes y apoderados en los procesos de planificación, evaluación y fiscalización del uso de recursos.
ARTÍCULO 6: Transparencia y rendición de cuentas pública, con informes trimestrales que permitan monitorear el uso del financiamiento y actuar preventivamente frente a malas prácticas o desórdenes.
Este modelo ya existe en otros sectores públicos, como el Aporte Fiscal Directo a universidades estatales, que combina financiamiento basal con criterios de desempeño. Aplicarlo a la educación escolar pública sería coherente, justo y necesario.
En concreto, un financiamiento basal habría evitado el colapso del SLEP Atacama en 2023. La baja asistencia no habría puesto en riesgo el funcionamiento básico de los colegios, y miles de estudiantes no habrían perdido semanas de clases.
Con el presupuesto actual, esto es perfectamente posible. Lo que necesitamos es voluntad política y una mirada que entienda que la educación no puede seguir dependiendo de la lógica del mercado ni de la competencia entre escuelas. La educación es un derecho, y como tal, debe estar garantizada.
La desmunicipalización no debe fracasar. Al contrario, es una oportunidad histórica para dignificar la educación pública. Pero eso sólo será posible si se cambia el modelo de financiamiento. No podemos seguir parchando un sistema que ya mostró sus límites. Es hora de avanzar hacia una educación pública robusta, equitativa y planificada.
Desde nuestra voz estudiantil, pedimos con respeto pero con firmeza:
Financiamiento basal ahora, por el futuro de nuestros compañeros, nuestras escuelas y nuestro país.
Fuentes y Bibliografía:
Ley N.º 21.040 sobre Nueva Educación Pública (2017)
Contraloría General de la República (2023). Informes sobre SLEP y gestión financiera
Colegio de Profesores de Chile (2023). Declaraciones sobre crisis del SLEP Atacama
Dirección de Presupuestos (DIPRES). Propuesta Ley de Presupuestos 2025
Fundación Nodo XXI (2023). Informe: Financiamiento Basal en la Nueva Educación Pública
DFL N.º 2 de 1980. Marco legal del financiamiento por subvención de asistencia