Formación Cívica

La dificultad de traducir jurídicamente el concepto de ambiente parece explicar que dicha noción asuma formas diversas, en sus múltiples consagraciones. La consagración constitucional del derecho al ambiente no es una excepción. En su forma subjetiva, este derecho no ha sido reconocido de manera expresa en todos los países. Cuando así ha sucedido, este reconocimiento puede seguir técnicas diversas. Así, la integración de esta garantía en la Constitución chilena de 1980 contrasta con la anexión o incorporación de su regulación en la Constitución francesa de 1958. En los casos en que este reconocimiento no es expreso, sino implícito o tácito, las formas de consagración son también variadas. El derecho subjetivo al ambiente puede desprenderse no sólo de otros derechos (patrimoniales o no), como en el caso de la Constitución norteamericana, sino también a partir de la formulación de verdaderos principios rectores, como ha sido el caso bajo la Constitución española de 1978.

La Escala Única de Sueldos es el régimen de remuneraciones de mayor aplicación en la Administración Pública. Está establecida en el Decreto Ley N° 249 de 1974, y su fundamento inicial respondía a la necesidad de establecer criterios unívocos para determinar las rentas de los funcionarios del Estado. Sin embargo, con el paso del tiempo han surgido otros regímenes de sueldos, así como numerosas asignaciones que complementan el sueldo base, para conformar la remuneración final de cada trabajador. Existen en la actualidad iniciativas legislativas que buscan rebajar la remuneración de las altas autoridades en el Poder Ejecutivo. Los primeros grados de la Escala Única de Sueldos son ocupados por el Presidente de la República, ministros, subsecretarios, intendentes, jefes superiores de servicio, gobernadores, seremi, directores regionales de servicio, entre otros. A quiénes les resulte aplicable una rebaja en las remuneraciones, y a quiénes no, dependerá en buena medida de los grados de la EUS en los que se decida aplicar la rebaja. Cabe mencionar, que la remuneración de cada funcionario se conforma de un sueldo base, correspondiente a su propio grado, y asignaciones cuyo monto se calcula para ese funcionario en particular, en función de su propio grado y sus propias condiciones. Por tanto, rebajar la remuneración de altas autoridades, no necesariamente tendría un efecto en el resto de los funcionarios, adscritos a grados inferiores en la Escala Única de Sueldos. A quienes sí afectaría directamente es a los altos directivos públicos, quienes tienen como tope de remuneración la que percibe el respectivo subsecretario.

Se describe la regulación nacional en materia de acceso a la información pública sobre Planes de manejo de bosques nativos. De acuerdo a la Constitución Política (art. 8°) son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, sus fundamentos y los procedimientos que utilicen, salvo casos excepcionales de reserva y secreto. Desarrollando el principio de publicidad, la Ley N° 20.285 dispone que es pública también la información que obre en poder de la Administración del Estado y la financiada con presupuesto público. Esta Ley N° 20.285 establece dos mecanismos para acceder a la información: transparencia activa y transparencia pasiva. La primera, es la acción de publicar en sitio web un catálogo de actos, resoluciones e información. La segunda, es el procedimiento administrativo para solicitar entrega de información. Tanto la Constitución Política como la Ley N°20.285 establecen causales de reserva y secreto: cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional y cuando una ley de quórum calificado establecer la reserva o secreto de actos, resoluciones, fundamentos y procedimientos. Por su parte, la Ley N° 19.300 sobre Medioambiente dispone que toda persona tiene derecho a acceder a la información de carácter ambiental que se encuentre en poder de la Administración, conforme a la Constitución Política y la Ley Nº 20.285. Puntualmente, la Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal y Planes de manejo, establece en el art. 5° que estos Planes aprobados deberán ser de carácter público y estar disponibles en la página web de la CONAF para quien lo solicite y además el art. 9 de la ley dispone que este organismo deberá llevar una nómina o sistema de información, consolidado por provincias, ambos de carácter público, en los que consten los Planes de manejo aprobados, y certificará su existencia respecto de un determinado predio a quien lo solicite. El Consejo para la Transparencia se ha pronunciado a favor de entregar los Planes de manejo en poder de CONAF cuando han sido solicitados por terceros. Los fundamentos del Consejo son: los Planes y su contenido son información que obra en poder de la Administración del Estado y su divulgación es de interés público; los Planes son fundamentos de actos administrativos de CONAF y también por las normas de transparencia de la Ley N° 19.300 y de la Ley N° 20.283.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece el deber de los Estados partes de reconocer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, en todos los aspectos de la vida, y de proporcionar acceso a los sistemas de apoyo y salvaguardias necesarios para garantizar el respeto de sus derechos, voluntad y preferencias (art. 12). La Observación General N° 1 de 2014 del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad a Chile, supervisor de dicha Convención, desarrollando dicha obligación, se refiere además a la necesidad de derogar las instituciones jurídicas de sustitución de la voluntad de las personas con discapacidad (como la interdicción). Una reforma como la que propone el Boletín N° 12.816-08, esto es, eliminar la suspensión del derecho a sufragio a las personas declaradas interdictas por demencia, constituye uno de los aspectos en los que Chile debería avanzar. Así lo ha señalado el referido Comité el año 2016. Sin embargo, la sola reforma constitucional parece insuficiente a la luz del estándar internacional. Éste exige, para el efectivo respeto de los derechos, la voluntad y preferencias de las personas con discapacidad intelectual, que éstas puedan ejercer su capacidad jurídica en el marco de un sistema de toma de decisiones con apoyo y de salvaguardas, instrumentos con los que Chile aún no cuenta. El Boletín N° 12.441-17, que este proyecto de reforma constitucional cita en sus antecedentes, avanza hacia esa reforma integral y propone también, la eliminación de la causal de suspensión del derecho del N° 1 del art. 16 de la Constitución Política, lo que el autor de dicha iniciativa materializó en el Boletín N° 12.521-07, muy similar al que se analiza en este documento. Así se concluye que la reforma que este proyecto propone si bien se enmarca en la dirección correcta, requiere para su implementación y armonía regulatoria, de una modificación legal de mayor envergadura.

Recientemente se ha generado en Chile un acuerdo político sobre la necesidad de debatir y revisar en profundidad la vida en sociedad, lo que tiene una significativa expresión, en la búsqueda de un itinerario que posibilite alcanzar un nuevo texto constitucional. Contribuye a esta reflexión una aproximación al constituyente originario de 1980, y su evolución en estos casi 40 años, a partir de la discusión sobre los mecanismos de reforma que ha experimentado la carta fundamental, consagrados en su Capítulo XV, mediante una selección consolidada de información autentica del establecimiento de esta parte de la Constitución. El presente documento sistematiza la información que dispone la Biblioteca del Congreso Nacional sobre este tópico, extraída de la historia fidedigna del capítulo XV de la Constitución y sus diversas reformas, incluyendo un cuadro comparativo de los textos de las disposiciones que lo componen, todo ello ordenado cronológicamente, en soporte digital integrado y dinámico, con hipervínculos a información complementaria. En este contexto, esta investigación busca entregar a todos los actores de la comunidad nacional información valiosa del constituyente chileno, que enriquezca el debate público y apoye la toma de decisiones colectivas derivadas del actual proceso constituyente.