?INFORME DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DROGAS RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE REFORMA EL CÓDIGO PENAL TIPIFICANDO LOS DELITOS DE ROBO O HURTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y CREA NUEVAS FIGURAS DELICTIVAS Y AUMENTA SU PENALIDAD.

BOLETÍN Nº 7481-07.

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas viene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia, iniciado en moción de los Diputados señores Pedro Browne Urrejola; Eduardo Cerda García; Fuad Chahín Valenzuela; Felipe Harboe Bascuñán; Cristián Monckeberg Bruner; Carlos Montes Cisternas; René Saffirio Espinoza; Gabriel Silber Romo; Patricio Vallespín López, y Matías Walker Prieto.

Este proyecto de ley, por acuerdo de la Sala adoptado en sesión 137ª, de fecha 10 de marzo de 2011, debe ser informado, además, por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

Durante el análisis de esta iniciativa legal la Comisión contó con la colaboración del asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, don Juan Francisco Galli, y del abogado y asesor parlamentario, don Enrique Aldunate.

I.- CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

1) Idea matriz o fundamental del proyecto:

Crea el tipo penal de robo o hurto de vehículo motorizado como una figura especial, con la finalidad de aumentar, en general, la penalidad de estos delitos.

2) Normas de quórum especial

No hay normas orgánicas constitucionales ni de quórum calificado.

3) Normas que requieran trámite de Hacienda.

Sus disposiciones no son de competencia de la Comisión de Hacienda.

4) Aprobación del proyecto, en general.

El proyecto fue aprobado, en general, por la unanimidad de los integrantes de la Comisión presentes señorita Marcela Sabat y señores Felipe Harboe; Cristián Letelier; Cristián Monckeberg; Gabriel Silber; Arturo Squella, y Matías Walker.

5) Diputado informante:

Se designó Diputado informante al señor Matías Walker Prieto.

II.- ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA INICIATIVA.

Según estadísticas de la División de Seguridad Pública del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, el robo o hurto de vehículos motorizados ha ido aumentando su frecuencia, en forma progresiva y significativamente en el tiempo, representado un porcentaje importante del total de delitos de connotación social.

En efecto durante el año 2010, las sustracciones llegaron a 31.726 casos, mientras que en julio del año 2011 se han cursado 8.411 órdenes de búsqueda de vehículos robados, según antecedentes entregados por la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Carabineros de Chile.

Con el objeto de abordar este creciente fenómeno y en atención a que el delito de robo o hurto de, desde y en vehículo motorizado, según sea el caso, no se encuentra tipificado como tal en el ordenamiento jurídico penal, siendo uno más dentro del catálogo de delitos contra la propiedad, se propone crear una figura especial.

Los autores de la Moción hacen presente que, al no existir en Chile una figura especial que tipifique el delito de robo o hurto de vehículos motorizados y como ocurre con mayor frecuencia en la vía pública, en los hechos solo se aplica -en general- la sanción de presidio menor en su grado medio a máximo, 541 días a 5 años, contemplada en el artículo 442 al que se remite el artículo 443, ambos del Código Penal que sanciona el robo de cosas que se encuentren en bienes nacionales de uso público.

Asimismo, tampoco se encuentran penalizadas de manera específica algunas hipótesis típicas que se dan en la comisión del delito, como son el envío, transporte, colaboración o facilitación en el envío o transporte al extranjero de vehículos motorizados robados; la utilización o facilitación para el uso del vehículo en la comisión de otro u otros delitos.

En otros países como Argentina, Brasil y México, se sancionan el hurto o robo de vehículos en el Código Penal, pero con figuras específicas que contemplan a los vehículos motorizados como objetos del delito, salvo el caso de Venezuela, en que existe una ley específica, denominada “Ley sobre hurto y robo de vehículos automotores”.

Los autores, expresaron la necesidad de legislar sobre la materia creando el tipo penal de robo o hurto de vehículo motorizado como una figura especial; establecer otras figuras específicas que surgen del tipo penal y que responden a hipótesis delictuales no contempladas en el ordenamiento, y aumentar, en general, la penalidad de estos delitos.

Para ello, la figura penal de robo o hurto de vehículo motorizado ha sido creada en el Título IX Crímenes y Simples Delitos contra la Propiedad del Código Penal, de forma tal de dar continuidad y coherencia a esta figura en el marco de delitos de su especie. Consecuentemente, se propone ubicarla después de algunos delitos de robo o hurto en inmuebles y antes del delito de abigeato, robo o hurto de caballos o bestias de silla o carga, debido ello al valor pecuniario y patrimonial que tiene en la vida moderna el uso de vehículos motorizados.

III.- CONTENIDO DEL PROYECTO.

La idea matriz o fundamental del proyecto de ley se desarrolla, en la moción, en siete artículos permanentes:

El artículo 1° reemplaza el párrafo 4 bis del Abigeato del Título IX Crímenes y Simples Delitos contra la Propiedad, por un nuevo 4 bis, denominado “Del Robo o Hurto de Vehículos Motorizados”.

El artículo 2° reemplaza el artículo 448 bis, sancionando a quien con empleo de la fuerza robe uno o más vehículos motorizados, con presidio mayor en su grado mínimo, 5 años un día a 10 años.

El artículo 3° modifica el artículo 448 ter, creando nuevas figuras o hipótesis, respecto de las cuales se establece la penalidad única de presidio mayor en su grado mínimo, 5 años un día a 10 años, según se trate de enviar, transportar, colaborar o facilitar el envío o transporte al extranjero de uno o más vehículos motorizados; y/o cuando se fuera a utilizar o facilitar un vehículo en la comisión de otro delito; y/o el robo recaiga sobre vehículos destinados al transporte público o colectivo de carga o pasajeros, o que estén expuestos a la confianza pública por necesidad, costumbre o destinación y/o cuando quien realice el robo sea un funcionario público que desempeñe funciones de prevención, persecución o sanción de los delitos.

El artículo 4° modifica el artículo 448 quáter castigando con presidio menor en su grado máximo, 3 años un día a 5 años, y multa de quince unidades tributarias mensuales, a los autores de hurto de vehículo motorizado.

El artículo 5° ubica el párrafo sobre el Abigeato, en el 5 bis.

El artículo 6° reubica los artículos artículo 448 bis, como 449; el artículo 448 ter como 449 bis; el artículo 448 quater como artículo 449 ter y; el artículo 448 quinquies a artículo 449 quater.

El artículo 7° elimina el párrafo número 5, sobre disposiciones comunes a los cuatro párrafos anteriores y el artículo 449 del Código Penal.

- Normas legales o reglamentarias que se propone modificar o que inciden, directa o indirectamente, en esta iniciativa legal.

El proyecto propone introducir modificaciones en el Código Penal.

IV.- DISCUSIÓN DEL PROYECTO.

a) Discusión general.

Durante el estudio de la iniciativa se recibió la opinión de las siguientes personas:

1.- Subsecretario de Prevención del Delito, señor Cristóbal Lira;

2.- Jefe de Gabinete del Subsecretario, señor Carlos Francisco Charme;

3.- Jefe del Servicio Encargo y Búsqueda de Vehículos (S.E.B.V.) de Carabineros de Chile, Teniente Coronel Jorge Ramírez Giver;

4.- Abogado de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, señor José Veizaga González;

5.- Presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile AG., señor Fernando Cámbara;

6.- Secretario General de la Asociación de Aseguradores de Chile AG., señor Jorge Claude, y

7.- Fiscal de la misma Asociación, señor Francisco Sergueira.

1.- El Jefe del Servicio de Encargos y Búsqueda de Vehículos Motorizados (S.E.B.V.) de Carabineros de Chile, Teniente Coronel Jorge Ramírez.

Informó que los delitos que se vinculan al parque vehicular han tenido una evolución en el país, surgiendo distintas modalidades de ejecución de éstos ilícitos, de acuerdo al destino que un vehículo sustraído tiene.

Existen las siguientes modalidades:

1) Desarme por partes piezas:

Este tipo delictual se vincula tradicionalmente al robo de vehículos motorizados, que tiende a enfocarse en determinados tipos de automóviles, en especial, aquellos que tienen una data mayor a los cinco años de fabricación, situación que dependerá exclusivamente de la demanda de partes y piezas que exista en el mercado informal que mantienen personas dedicadas a la venta de ellas, ya sea en desarmadurías establecidas o locales comerciales de venta de repuestos en general.

En la modalidad de ejecución se puede apreciar una delincuencia intermedia, al existir la vinculación o relación de, al menos, tres personas y dos lugares físicos para que se concrete esta modalidad, es decir, un sujeto que sustraiga el móvil, otro que lo reciba o encargue, otro que se dedique al desmantelamiento del vehículo por partes y piezas incluyendo el corte de la carrocería y otro sujeto que las comercialice, pudiendo existir más participantes, quienes deberán tener al menos un lugar donde se realizarán los desarmes y un local comercial establecido donde sean reducidas estas partes y piezas.

2) Modalidades de blanqueo:

Un vehículo puede ser reconocido única y exclusivamente a través de sus números identificatorios de motor y chasis, que la compañía automotriz fabricante estampó al momento de su producción, conforme a las normas de estandarización internacional, ISO 3.779 y 3.780, que rigen su codificación e interpretación, siendo únicos e irrepetibles a nivel mundial por al menos 30 años, los cuales son relacionados, en el caso de nuestro país, por medio de la Placa Patente Única (P.P.U.) que otorga el Servicio de Registro Civil e Identificación, al momento de su inscripción en el parque automotor

Uno de los destinos de los vehículos robados es su blanqueo, mediante el ocultamiento de su verdadera identidad utilizando los datos de otro de similares características, en particular de sus series identificatorias, teniendo como fin posterior su comercialización irregular.

Los vehículos afectados bajo la modalidad de blanqueo, se caracterizan por corresponder a determinados tipos de carrocerías, de no más allá de tres o cuatro años de fabricación, advirtiéndose mayor sofisticación en las técnicas para suplantar las series identificatorias del vehículo sustraído.

Esta modalidad admite las siguientes particularidades:

a) Gemeleo: Consiste en la existencia de dos vehículos de iguales características (ejemplo: Automóvil, marca Chevrolet, color rojo, modelo Aveo 1.6., año 2007); circulando ambos por la vía pública con una misma P.P.U., por lo que uno de ellos es al que originalmente le corresponde dicha identificación y otro que suplanta la identidad del anterior, ocultando la real identidad del vehículo de procedencia ilícita.

Ello se efectúa mediante la falsificación de las placas patentes observadas por el delincuente o la obtención de una de ellas mediante la sustracción, para posteriormente continuar con la comercialización del móvil mediante un contrato de compra venta falso.

La existencia de un vehículo sometido a este blanqueo, es detectada al momento de su revisión física y técnica, que se realiza en un control policial, por medio de la ubicación del verdadero propietario o por quien en ese momento se percate que estando el vehículo en su poder, se encuentra transferido a nombre de otra persona sin haber nunca tramitado la transferencia del móvil.

b) Clonación: Como modalidad de blanqueo, surge a través de la adquisición maliciosa e intencional de un vehículo destruido por pérdida total, producto de un accidente de tránsito u otro siniestro, rematado en subasta pública, con el único pretexto de extender la vida de dicho móvil suplantando esa identidad sobre un vehículo sustraído de idénticas características, rescatando de esa forma las series identificatorias de motor y chasis, las placas patentes y la documentación del móvil.

Al respecto, destacó que la Superintendencia de Valores y Seguros ha instruido a las compañías de seguro, que con motivo del remate de vehículos siniestrados con pérdida total, debe, previamente, cancelar la inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados y por ende retirar la P.P.U. del móvil que se subaste. Lo que en la práctica no se cumple, careciendo dicho órgano fiscalizador de facultades para obligar a las compañías aseguradoras a cumplir con dicha instrucción.

Para usar esta modalidad se requiere conocimiento de mecánica automotriz y de un taller mecánico donde se realizarán los cambios, mediante la intervención de las zonas donde son estampados o reemplazadas las series identificatorias, tales como número de chasis y motor; para posteriormente comercializarlo en el mercado formal o informal. En esta modalidad necesariamente participa una organización y/o agrupación delictual debidamente coordinada y con funciones específicas que realiza cada uno de los trabajos en las etapas correspondientes.

En este tipo de delitos los delincuentes presentan mayor preparación y sofisticación en las técnicas para suplantar las series identificatorias de un vehículo sobre otro sustraído, llegando incluso, a robar vehículos de las mismas características al subastado, para únicamente sustraer determinadas partes y piezas, para usarlas en el vehículo siniestrado y de esa forma no alterar la superficie de las zonas identificatorias, abandonando, sin las partes útiles, el móvil sustraído, a fin de terminar de cierto modo la persecución policial que existía sobre el móvil.

c) Reinscripción fraudulenta mediante documentos falsos: Este tipo de blanqueo es uno de los más frecuentes, que tiene por finalidad ocultar la identidad de un vehículo sustraído, basado en ciertas vulnerabilidades que presenta el sistema de inscripción de un vehículo nuevo. A partir de un vehículo robado de reciente data de fabricación, se simula su adquisición como nuevo, individualizado maliciosamente en una factura falsa, supuestamente emitida por una empresa automotriz, en la que consta un numero de serie de motor y chasis (distinta a la del vehículo robado), como también, en una declaración de importación aduanera falsa o mediante una supuesta resolución judicial de un tribunal civil, también apócrifa.

Esa documentación es presentada en una oficina del Registro Civil e Identificación, y una vez revisados los antecedentes básicos y contrarrestados con la "solicitud de inscripción" presentada por el solicitante, en la que constan rubros como: identidad del propietario, del solicitante, antecedentes del vehículo tales como marca, modelo año, color, números de serie y los datos del documento fundante, factura, documento aduanero o judicial, es ingresado al Sistema del Registro Nacional de Vehículos Motorizados (R.N.V.M.), asignándole una placa patente única (P.P.U.) original, que es entregada al solicitante.

Una vez obtenidos los documentos operativos que permiten su libre circulación en la vía pública -permiso de circulación, certificado de homologación y seguro automotriz- es comercializado en el mercado formal o informal.

Posteriormente, y sólo cuando los antecedentes son enviados al Archivo Nacional del Registro Civil, la Oficina de Fiscalización tiene la oportunidad de detectar la falsedad del documento fundante y rechazar la inscripción, decretando la devolución de las placas patentes, sin embargo, dicha diligencia no es exitosa, al resultar los antecedentes de identidad falsos, manteniendo entonces el vehículo "blanqueado" una identidad legal, siendo comercializado.

3) Comercialización al extranjero/salida del país:

El éxodo de vehículos al exterior, especialmente hacia países limítrofes, pasa por la demanda de vehículos 4x4 y en una mínima cantidad de vehículos de lujo, junto con otra serie de factores geográficos, políticos y culturales de los países demandantes de vehículos robados en Chile.

En efecto, existen bandas que se dedican a robar vehículos 4x4 o camionetas para luego venderlos en Bolivia o desmantelarlos y comercializar sus piezas o "blanquearlos" para revenderlos. Los integrantes de ellas poseen un nivel de organización alto, división de funciones y un provecho económico bastante importante.

Recordó que Bolivia hace tres meses dictó una ley de saneamiento legal de vehículos indocumentados que permitió nacionalizar autos ingresados de manera ilegal y que aún no estaban regularizados.

4) Uso de vehículos sustraídos para la comisión de otros delitos:

El vehículo constituye un medio de movilización, razón por la que es considerado por la delincuencia como parte importante para concretar la comisión de otros delitos, utilizado como recurso logístico tanto para el traslado, fuga o medio de fuerza para acceder a determinados lugares.

Destacó que ninguna de las modalidades de delitos respecto de vehículos motorizados en comento, se encuentran tipificadas de manera especial, sino que operativamente sólo se intentan encuadrar en figuras como la receptación, uso malicioso de placas patentes, estafas, robo en bienes nacionales de uso público, robo en lugar no habitado, entre otros.

Las cifras relacionadas en los últimos tres años, obtenidas desde la base de datos del Sistema de Encargos de Carabineros de Chile, demuestran un crecimiento de las cifras traducidas en denuncias formuladas por las propias víctimas.

Asimismo, precisó que el 86% de los robos de vehículos se comenten cuando se encuentran estacionados en la vía pública, sin que haya autor conocido, cuando se recupera el vehículo el conductor es detenido por el delito de receptación y no por robo. De ello se desprende que es un delito altamente atractivo pues tiene alta rentabilidad y baja pena.

Por ello consideró importante denunciar al Departamento de Encargo y Búsqueda de Vehículos, Unidad especializada con jurisdicción en todo el territorio nacional. En todo caso, informó que el delito de robo de vehículos posee un altísimo porcentaje de denuncia. En otras palabras, la casi totalidad de estos hechos tienden a ser denunciados ante la policías y los tribunales. Ello dice relación también con las empresas aseguradoras que exigen la denuncia para hacer efectivos los procesos de indemnizaciones.

Hizo constar que los autos más robados son aquellos que poseen una o varias condiciones favorables para los delincuentes como son:

- alta demanda por sus partes y piezas, lo que permite reducirlas con rapidez como los Toyota Yaris;

- abundancia del modelo en el mercado, lo que facilita la clonación; atractivos para robos por encargo, muchas veces del exterior, en especial los modelos 4x4, y

- bajas medidas de seguridad de fábrica, por ejemplo chapas, lo que permite un robo rápido.

Actualmente varios de estos modelos están incluyendo, en algunas de sus versiones, dispositivos como inmovilizadores y/o marcaje de piezas ofreciendo mejores estándares de seguridad a sus clientes.

Asimismo, agregó que han introducido la realización de pericias, por los niveles de especialización de estas asociaciones que se dedican a la falsificación de documentación de vehículos y de placas patentes.

En relación a la implementación del auto señuelo como medida tecnológica para perseguir y combatir el robo de automóviles, en su opinión, Carabineros no estaría facultado legalmente para utilizarlo.

Carabineros de Chile ha logrado mantener tasas de recuperabilidad de vehículos del orden del 80%. Pese a ello, consideró que mientras no existan desincentivos para evitar la sustracción de vehículos, a través de sanciones mayores o figuras especiales, que recojan las nuevas formas de comisión de los delitos que afectan al parque automotor, las retribuciones que conlleva para el delincuente continuarán impulsando el alza de este tipo de ilícitos.

Asimismo, destacó la importancia de las medidas de autocuidado que adopten las personas, puesto que la prevención es primordial para disminuir la ocurrencia de estos delitos y de los ilícitos colaterales que estos conllevan.

Durante el año 2009 hubo 27.738 encargos, el 2010, 31.726 y hasta el 31 de julio de este año 20.916, cifra esta última que ha aumentado en 14% si se compara con la del año pasado, no obstante se debe tener el cuenta el aumento del parque vehicular. Las cifras de autos recuperados han alcanzado el año 2009, 21.703; el 2010, 24.537 y hasta el 31 de julio de este año 18.001.

Sostuvo que el robo de vehículos no es un delito simple, sino que, de acuerdo a la experiencia de su comportamiento y la utilidad que éste presta para las organizaciones y/o agrupaciones criminales, es un "delito base" para la comisión de otros de mayor gravedad, existiendo personas que se han especializado en cometer estos hechos.

Consideró conveniente la creación de nuevas figuras penales, relativas a los delitos de hurto, robo, desvalijamiento, modificación a la identidad vehicular y receptación de vehículos motorizados, entre otros, a fin de contar con una herramienta legal para la persecución penal y el trabajo de Carabineros de Chile, entregando facultades para el proceso investigativo con el fin de recopilar pruebas, considerando la actuación de organizaciones y/o agrupaciones criminales que se encuentran detrás de los ilícitos mencionados.

En efecto, expresó que se hace necesario contar con facultades especiales para el uso de técnicas investigativas tales como:

a) Uso de agentes reveladores y encubiertos: para conocer la estructura de las agrupaciones criminales y la obtención de pruebas físicas y específicas.

b) Entregas vigiladas de vehículos en el territorio nacional: Para permitir conocer la identidad y nivel de participación de los distintos sujetos que se vinculan con las figuras criminales en cuestión;

c) Uso de vehículos señuelos: Caracterizados por contar con dispositivos electrónicos que permiten conocer permanentemente su ubicación mediante el uso de equipos GPS, visualización mediante cámaras ocultas dentro del móvil y capacidad de escuchar el audio interno del vehículo una vez sustraído.

Dando respuesta a una consulta sobre la cooperación de los concesionarios de las vías urbanas, informó que existe un convenio que permite a la policía detectar automóviles robados cuando cruzan por los telepeajes, debido al cruce instantáneo de la información proveniente de los registros policiales con la base de datos de vehículos provistos de TAG. De esta manera, el Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Carabineros puede detectar "on line" si un vehículo sustraído ingresa a alguna de las autopistas concesionadas y, de esa manera, disponer el operativo para controlar al conductor en un punto seguro.

Existen protocolos claros y que los procedimientos se adoptan como corresponde, siempre orientados a resguardar la seguridad de las personas que transitan por las autopistas.

Asimismo, hizo presente que existe otro convenio con algunos malls respecto de vehículos que cuenten con el ticket de ingreso a los estacionamientos para que puedan acceder a un lector de patentes.

Además, señaló que Carabineros se encuentra en proceso de licitación de un sistema que permitirá usar cámaras lectoras de patentes y el sensor del dispositivo electrónico, que complementado con la base de datos de la Sección Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Carabineros, establecerá automáticamente, si el vehículo cuya patente se está leyendo fue robado previamente.

El Diputado señor Walker indicó que el proyecto de ley de su autoría busca crear el tipo penal de robo o hurto de vehículo motorizado como una figura especial y establecer otras figuras específicas que surgen del tipo penal y que responden a hipótesis delictuales que el ordenamiento no contempla o debiera contemplar preventivamente y; aumentar, en general, la penalidad de estos delitos, que afectan, especialmente, a la clase media y que puede traer aparejado otros ilícitos contra la integridad física de las personas.

Consideró necesario implementar una campaña a fin de que las personas, al momento de adquirir un vehículo exijan mejores y más efectivas medidas de seguridad contra robos.

El Diputado señor Harboe valoró la moción en cuanto se hace cargo de una situación que está ocurriendo y que es creciente, como es el robo de vehículos y sus partes, respecto del cual se ha creado un mercado de reducidores que es necesario regular.

No obstante ello, consideró que la autoridad administrativa podría adoptar medidas tendientes a generar desincentivos que permitan bajar las tasas de robos de vehículos que en los últimos años ha tenido un aumento progresivo.

El Diputado señor Montes sugirió elevar la exigencia de ciertos lugares donde se debe resguardar de mejor manera el cuidado los vehículos, como estacionamientos pagados, malls, supermercados, y centros comerciales.

El Diputado señor Calderón, por su parte, consideró que esta tipificación no es necesaria, pues se pueden aplicar las normas generales vigentes y, además, adoptar un conjunto de medidas orientadas a la prevención y al castigo de dichos delitos. Agregó que es necesario avanzar en la racionalización del uso de la cárcel, para que quienes estén presos sean los que representan realmente un peligro para la sociedad y, desde ese punto de vista, opinó que no era partidario de criminalizar todas las conductas y agravar las penas.

2.- El Subsecretario de Prevención del Delito, señor Cristóbal Lira.

Señaló que la estrategia impulsada por el Gobierno contra el robo de vehículos se enmarca dentro del Plan Chile Seguro, diseñado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Esta estrategia permitirá, reducir sustancialmente el porcentaje de hogares chilenos víctimas de delitos, la tasa de victimización y la cantidad de ilícitos cometidos en espacios públicos.

Los ejes del Plan Chile Seguro son: prevenir, proteger, sancionar, apoyar y rehabilitar.

Explicó que la prevención social del delito tiene como objetivo:

a) Reducir los factores de riesgo que causan comportamiento delictivo, y

b) Promover los factores que protegen contra el involucramiento en actividades antisociales o delictivas, antes de que éstas se manifiesten.

La protección, apunta a que los delitos se pueden evitar mediante políticas o acciones de prevención o protección situacional, es decir: interviniendo las características del entorno en que se producen y las situaciones o circunstancias que los facilitan.

Los ámbitos de acción se centrarán en hacer más seguros los lugares en que se concentran delitos, a través de un mejor diseño y una mayor vigilancia y, por otra, reducir el atractivo de cometer delitos contra la propiedad, a través de la marcación de bienes y de la intervención de los mercados de reventa de bienes robados.

Asimismo, el Sistema Táctico de Análisis Delictivo (STAD), tiene como objetivo potenciar la efectividad policial en la reducción del delito, en especial privilegiando la intervención en mercados de bienes robados; robos de cajeros automáticos, vehículos, celulares, cables, etc.

En cuanto a sancionar, sostuvo que esta línea de acción, tiene por objetivo mejorar la eficacia del sistema de persecución penal. A través de acciones de control y sanción se busca lograr el mayor impacto posible en cada etapa de ese proceso.

En relación a las acciones de apoyo implican brindar asistencia a las víctimas de delitos, especialmente reparatoria, que genere efectos positivos como una Política Nacional de Atención de Víctimas de Delitos Violentos.

La rehabilitación, por su parte, implica ejecutar de manera correcta determinados tipos de programas, lo que disminuye la probabilidad de que las personas que han cometido un delito vuelvan a hacerlo. En este sentido se contemplan la reinserción laboral y social de quienes han cumplido condena.

Sobre el robo de vehículo, precisó que, durante el primer semestre de este año, 17.681 vehículos fueron robados en distintos puntos del país, cifra que representa un 10% más que los registrados en el año 2010. Las cifras revelan que diariamente 91 automóviles son sustraídos y en un porcentaje mayor -según el análisis policial- son usados para cometer otros delitos, principalmente, "alunizajes" o robos de cajeros automáticos.

Asimismo, hizo presente que a partir de las denuncias, Carabineros y la Subsecretaría de Prevención del Delito han identificado los principales puntos donde operan las bandas dedicadas a la sustracción de vehículos en la Región Metropolitana.

En cuanto a las motivaciones para el robo, mencionó el desarme y la reventa, extendiéndose el proceso, desde el robo a la venta, desarme o abandono, entre 5 y 10 días.

Por otra parte, entre las estrategias impulsadas por el Gobierno para reducir estos delitos, se encuentran:

1.- Convenio con autopistas urbanas para reconocimientos de patentes:

Mediante un sistema de comunicación de datos que entrega información sobre autos robados circulando por las autopistas. Informó que se realizó un piloto en la Autopista Costanera Norte y está en proceso la incorporación de las otras autopistas urbanas.

2.- Sistema automático de reconocimiento de patentes para radio patrullas. Se encuentra en proceso de licitación.

3.- Autos señuelos:

Corresponde a autos equipados con sistemas de rastreo, inmovilizadores, cámaras y micrófono. Este equipamiento permite monitorear y entregar pruebas para una investigación en caso de ser robados.

4.- Identificación de hot spots y ranking de vehículos:

La identificación de hot spots radica en identificar los puntos y comunas que presentan mayores índices de robo de vehículos, y además se contempla la publicación periódica de la lista de vehículos más robados, con el propósito que la población tome decisiones informadas en la compra de automóviles. Por su parte

Según información proporcionada por Carabineros, durante el primer semestre de 2011, las marcas y modelos más sustraídos por los delincuentes, fueron Nissan V16 y Sentra; Toyota Rav 4 y Yaris, Chevrolet Aveo y Luv, llegando a sumar entre estas cuatro marcas más del 38% del total de automóviles denunciados por robo en los primeros seis meses de este año. El total de denuncias por robo de vehículo alcanzó en la primera mitad de 2011, las 17.681 unidades.

Por modelos, los vehículos más sustraídos durante los primeros seis meses de este año son el Nissan V-16 con 1.382 unidades robadas; el Toyota Yaris, con 758 denuncias por sustracción, la camioneta Chevrolet Luv con 698 robos, Subarú Legacy, con 693; y el Nissan Sentra, que ha sufrido 658 robos. El ranking Top 20 de autos más robados incluye también modelos como el Hyundai Accent, el Suzuki Swift o el Kia Pride.

Sobre un cambio normativo en la seguridad para los vehículos, informó que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones posee facultades legales para normar medidas de seguridad en vehículos y que se encuentra en elaboración un reglamento que define nuevos mecanismos de prevención y disuasión del robo en autos nuevos, como: inmovilizadores y marcado con micropuntos.

Entre otras medidas en ejecución, mencionó:

1.- Seguimiento de remates de autos con pérdida total: La Superintendencia de Valores y Seguros normará la entrega de información sobre los remates de autos con pérdida total, como insumo para Carabineros y la Policía de Investigaciones para realizar investigaciones de bandas blanqueadoras.

2.- Nuevas placas patentes: Este año el Registro Civil e Identificación licitará la fabricación de placas patentes de vehículos, por lo que se está trabajando en conjunto con dicho Servicio y el SEBV, en la incorporación de mayores medidas de seguridad en las nuevas placas, así como en la introducción de una tercera patente al interior del vehículo y el cambio de tipografía.

3.- Transferencia y duplicado de patentes: Mediante una nueva conexión en línea entre la base de autos con encargo y el Registro Civil e Identificación permitirá a este Servicio negar la entrega de duplicados de placas patentes e impedir las transferencias cuando existe encargo por robo.

4.- Factura electrónica: En conjunto con la Asociación Nacional Automotriz de Chile, la Cámara Nacional de Comercio Automotriz de Chile, y el Registro Civil e Identificación impulsarán la puesta en marcha del uso de las facturas electrónicas en vehículos nuevos.

5.- Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del MERCOSUR, interfaz digital mediante la cual los distintos miembros y asociados del Mercosur, pueden realizar consultas de las bases de datos de vehículos robados y armas con encargo.

6.- Taxis: Está en proceso la búsqueda de nuevas medidas específicas para taxis.

7.- Desarmadurías: Se intensificará el despliegue de operativos conjuntos de la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile.

8.- Manual de prevención: Se publicó la “Guía para la prevención del robo de vehículos y accesorios”, consejos prácticos y simples para prevenir este delito, y

9.- Control fronterizo con Bolivia, mediante un plan de protección de fronteras.

Explicó que para un cambio legislativo, se debe tener presente que:

3)Éste es un delito complejo. Debe ser atacado con técnicas como la utilización de agentes encubiertos y autos señuelos, entre otras. El robo del vehículo es una parte de la cadena delictiva que incluye clonación, alunizajes, robos de cajeros, y otros.

b) Es muy difícil probar un robo. Cuando un vehículo se recupera, se puede presumir que es robado por los daños que presenta, tales como chapas forzadas, vidrios rotos, entre otros, pero en general, el autor directo no es conocido y cuando se logran condenas, sólo se consiguen por receptación, y muchas veces se considera que el robo fue frustrado. El 91% de los recuperados se encuentran en la vía pública.

c) Las penas actuales son bajas, por ello el beneficio económico del robo no se compara con los posibles costos. No solo se debe aumentar la pena por robo, sino también por receptación.

El Diputado señor Walker, hizo presente, que por el principio de oportunidad los fiscales sobreseen aquellos delitos en que, a pesar de existir antecedentes para investigar o acusar, consideran que los hechos son de poca gravedad y no comprometen el interés público, salvo en casos de flagrancia en que se considera el delito como frustrado o en grado de tentativa.

Anunció la presentación de una indicación sustitutiva del proyecto que pretende homologar una serie de conductas, como el envío de vehículos robados al extranjero, la colaboración o facilitación del envío, a los que se les aplicará la misma pena, ya que existen verdaderas bandas organizadas en la comisión de estos ilícitos que tienen una baja sanción asignada.

El Diputado señor Montes, respecto de la venta de repuestos consideró necesario elevar las exigencias y fiscalización de los locales que se dedican a su comercialización, así como de venta de autos usados para evitar la falsificación de documentos.

El Diputado señor Harboe consideró que se debe regular la salida del país de vehículos robados. Por otra parte, hizo presente que no es partidario de establecer una sanción subsidiaria respecto de una actividad que se podría autoregular. Cree que se debe apuntar a las normas de importación, aumentar las exigencias de medidas de seguridad, así como desincentivar el mercado de la demanda de estos autos.

Sostuvo que la Policía de Investigaciones ha señalado que la fiscalización de las actas de procedencia no constituye un obstáculo para que los que se dedican a comercializar repuestos vendan partes o piezas de autos robados. Sugirió otorgar mayores potestades a la Policía de Investigaciones o eventualmente a Carabineros para la fiscalización de las desarmadurías.

El señor Subsecretario expresó que la receptación es distinta a la reducción del auto robado a piezas. Agregó que es prácticamente imposible constatar que quien va conduciendo el vehículo fue el que lo sustrajo, por ello se condena como autor de receptación y no de robo. Sugirió, para aumentar la sanción, aplicarle la misma pena asignada a la reiteración de este delito.

Por otra parte, respecto de las medidas de prevención que se están proponiendo como el micro punto, el marcado de piezas, o el inmovilizador, destacó que serán medidas que se exigirán, como requisito para la importación de vehículos nuevos, y el Ministerio de Transporte, deberá dictar un decreto estableciendo que si no cuentan con ellas no podrán ingresar al país.

3.- El Presidente General de la Asociación de Aseguradores AG., señor Fernando Cámbara.

Señaló que la Asociación ha observado un preocupante aumento de vehículos robados en los últimos años. Según información de las Policías, los automóviles robados tendrían principalmente cuatro destinos:

- Ser utilizados en otros ilícitos;

- Clonación o gemeleo;

- Exportación, y

- Desarme para venta por partes.

Precisó que la tasa de siniestralidad por robo de vehículos es alta, pues esta cobertura se otorga en la mayoría de los casos dentro de la cobertura básica para vehículos motorizados. Por ello la Asociación de Aseguradores creó una entidad especializada de apoyo al giro, PROSE S.A, que les permita enfrentar estas situaciones, que se concentra en colaborar con la autoridad en la búsqueda de soluciones al problema, tanto en la prevención como en la recuperación. Esta entidad entrega apoyo proactivo de manera transversal a todas las compañías de Seguros Generales que contraten sus servicios, en todas aquellas áreas que necesiten de gestión para contribuir en la solución de sus problemas, partiendo con el robo de vehículos, con el propósito de disminuir el número de vehículos robados y aumentar el número de vehículos recuperados.

Frente a cada problema se han implementado estrategias y actividades, a saber:

El desarmado para repuestos se ha centrado en la prevención que ha consistido en la evaluación y recomendación de “dispositivos” antirrobo, incluyendo logística y campañas de publicidad. La actividad ha consistido en la instalación de estos dispositivos, en conjunto con la Municipalidad de Santiago, Carabineros y ALTO S.A, que les otorga asesoría jurídica, además les ha recomendado efectuar marcaje de piezas y partes de determinados modelos de autos.

Para enfrentar la clonación o gemeleo de placas patentes, la estrategia ha sido el control por parte de PROSE-CHILE de la prohibición de enajenar y la fiscalización de remates. Se acaba de iniciar la venta condicionada de 4 marcas y modelos más robados.

Para la exportación, la estrategia ha consistido en la fiscalización que se ha realizado mediante trabajo con el Departamento de Seguridad para instalar cámaras lectoras de patentes y PSS[2], y vehículos señuelos. Acciones que se han trabajado en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ante el uso en otros ilícitos o eventualmente para fines de semana, se ha intentado disuadir mediante coordinación con entidades privadas y públicas como el SEBV, PDI, Aduana, Autopistas, etc., y se ha desarrollado una plataforma informática para que las Policías, el Servicio de Registro Civil e Identificación y las Fiscalías, accedan a la base de datos de Carabineros.

Además, han trabajado con la Subsecretaría de Prevención del Delito y con Carabineros de Chile para la eventual repatriación de vehículos con encargo de robo en Chile. Asimismo en coordinación con el Departamento de Seguridad han instalado cámaras lectoras de patentes y vehículos señuelos.

Sobre la cantidad de vehículos motorizados robados que estaban asegurados, expresó que en el año 2008 fueron 2.862; el 2009 fue de 4.083, y el 2010 llegó a 5.973, y en el presente año a julio se han contado 3.245.

Respecto de los automóviles asegurados que son más robados expresó que son los siguientes:

“Top 10” asegurados más robados a julio 2011 (asegurados)

Concluyó señalando que:

1.- El robo o hurto de, desde y en vehículo motorizado representa un porcentaje significativo del total de delitos de connotación social.

2.- Es necesario crear un tipo penal de robo o hurto de vehículos motorizados como una figura especial; establecer otras figuras específicas que surgen del tipo penal, y aumentar las penas pertinentes.

3.- La nueva disposición legal debería tipificar: el robo de vehículos, el envío o transporte de vehículos robados fuera de las fronteras del país y la facilitación y colaboración para dicho propósito, la utilización o facilitación de vehículos robados para la comisión de otros delitos, el robo de vehículos para proceder a la apropiación, para uso o comercialización, de partes y piezas, y sancionar a quien a sabiendas adquiera un vehículo robado, o partes y piezas de uno de ellos.

Sobre la existencia de un registro de vehículos robados, explicó que el Registro Civil e Identificación tiene a su cargo el registro de vehículos motorizados y de interdicciones y prohibiciones de enajenar y que, efectivamente, en éste se puede explicitar si existe encargo por búsqueda, pero ello lo debe inscribir la Sección de Encargo y Búsqueda de Carabineros.

En otro orden de materias, consideró que la receptación, prácticamente no tiene sanción por ello constituye un incentivo más que una limitación para el robo de vehículos motorizados.

Respecto del aumento de las primas de los seguros, sostuvo que es materia de política de cada Compañía fijar sus montos lo que se hace en función de las tasas de siniestralidad y de las marcas de autos mas robadas. No obstante, señaló que resulta lógico que a mayor riesgo de una determinada marca las tasas se encarecen.

Por último, hizo presente que el monto de indemnización anual de las compañías alcanza a los 45 millones de dólares anuales y el recupero físico no sobrepasa el 20% de lo pagado, lo que arroja un promedio de seis millones de dólares anuales.

4.- El abogado de la Unidad de Asesoría Jurídica del Ministerio Público, señor José Veizaga.

Señaló que compartía los fundamentos de la iniciativa legal en tramitación puesto que efectivamente el Código Penal no tiene una tipificación especial para el delito de robo o hurto de vehículos motorizados, ya que el hurto de vehículo motorizado se sanciona de acuerdo al artículo 446 y la penalidad se gradúa en conformidad al avalúo del vehículo sustraído y en caso de robo se sanciona de acuerdo al artículo 443, esto es como robo de cosas que se encuentra en bienes de uso público.

Observó que la propuesta legal sanciona el hurto o robo de vehículo con pena de crimen, es decir presidio mayor en su grado mínimo, de 5 años y un día a 10 años, no obstante ser el bien jurídico protegido la propiedad de un bien en contraposición a delitos que afectan la integridad física de las personas e incluso a la vida, por ejemplo las lesiones graves se castigan con presidio menor en su grado medio, es decir 541 días a 3 años, o el homicidio simple cuya sanción tiene como piso presidio mayor en su grado mínimo, de 5 años y un día a 10 años.

En todo caso, reconoció que existen dificultades en la persecución y sanción de este delito, pues el artículo 449 del Código Penal, establece una figura agravada cuando el objeto material del delito es un vehículo, siendo facultativo para el juez imponerla. En la práctica, es de todos conocidos el hecho de que no se aplica la pena agravada, debido, en su opinión, al principio de proporcionalidad de las penas contenidas en el referido cuerpo normativo.

Aclaró que al sancionarse con pena de crimen este ilícito, implicará que la investigación y persecución se regirían por las normas del proceso ordinario. En tal rango de pena ésta debe darse en el respectivo juicio oral lo cual implicará una mayor recarga del trabajo para los fiscales, ya sobrepasados, y mayores recursos económicos.

El Diputado señor Walker señaló que el Fiscal Regional de su distrito le hizo presente la necesidad de aumentar en un grado la penalidad fundamentado en el hecho de que en la mayoría de los casos se castiga como tentativa de delito o delito frustrado y que, en los pocos casos, en que se sanciona como consumado es porque se sorprende al delincuente en delito flagrante. En este caso, la pena asignada, salvo excepciones, será reclusión nocturna, producto de la concurrencia de circunstancias atenuantes y beneficios carcelarios.

Acotó que esta situación no se condice con el aumento sostenido de este ilícito. Por ello esta iniciativa legal aumenta en un grado la pena del robo de vehículos motorizados y en el caso del hurto, propone sancionarlo con presidio menor en su grado máximo. En el caso de la receptación de vehículos, por regla general, se aplica la pena más baja. De ahí que resaltó la necesidad de tipificar de manera especial este delito, pues afecta especialmente a las familias de clase media, cuyos vehículos no cuentan con la debida tecnología para evitar los robos. Además, en muchos casos, son perpetrados por bandas muy sofisticadas, cuyo objeto es venderlos en el extranjero, especialmente en Bolivia.

El Diputado señor Calderón opinó que esta tipificación especial no es necesaria, estimando que para atacar este problema se pueden aplicar las normas generales y adoptar un conjunto de medidas que tiendan a la prevención y al castigo de dichos delitos. Sostuvo que la tendencia en la legislación actual es racionalizar el uso de la cárcel, para que las personas privadas de libertad sean las que representan realmente un peligro para la sociedad y, desde ese punto no compartió la idea de criminalizar todas las conductas y agravar las penas.

- Votación en general del proyecto.

La Comisión, compartiendo los objetivos y fundamentos tenidos en consideración por la moción y los proporcionados por los invitados procedió a dar su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de los Diputados presentes, señorita Marcela Sabat y señores Felipe Harboe; Cristián Letelier; Cristián Monckeberg; Gabriel Silber; Arturo Squella, y Matías Walker.

b) Discusión particular.

Los Diputados señores Cristián Letelier y Matías Walker formularon la siguiente indicación sustitutiva:

“Artículo único: Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1) Derógase el artículo 449.

2) Incorpórase en el título IX del Libro II del Código Penal “Crímenes y Simples Delitos contra la Propiedad”, a continuación del párrafo 4 bis, el siguiente párrafo 4 ter:

&amp 4 ter. Del Robo y Hurto de Vehículos Motorizados.

Art. 449.- A los culpables de robo de vehículos motorizados se les aplicarán las respectivas penas que correspondieren a su grado de participación en el delito, aumentadas en un grado.

Con la misma pena de los autores se castigará a quienes envíen, transporten o saquen del país vehículos robados.

Art. 449 bis. El hurto de vehículos motorizados será castigado con presidio menor en su grado máximo y multa de quince unidades tributarias mensuales, independiente del valor de la especie sustraída.

Art. 449 ter. Las penas correspondientes a los autores de los delitos de hurto y robo de vehículos motorizados se aplicarán, respectivamente, a quienes destruyan tales especies para apropiarse solamente de partes de ella.

3) Reemplázase, en el párrafo 5, del título IX, la palabra “cuatro”, por “cinco”.”

Artículo único.

Número 1).

Deroga el artículo 449 del Código Penal.

El Diputado señor Walker explicó que esta derogación obedece a razones de técnica legislativa formal, pues ello permite introducir el nuevo tipo penal propuesto.

Puesto en votación, el numeral fue aprobado por la unanimidad de los Diputados señorita Marcela Sabat y señores Felipe Harboe; Cristián Letelier; Cristián; Monckeberg; Gabriel Silber; Arturo Squella, y Matías Walker.

Número 2).

Incorpora, en el título IX Crímenes y Simples Delitos contra la Propiedad, un párrafo 4 ter, denominado “Del Robo y Hurto de Vehículos Motorizados”.

Se acordó votación separada de los artículos que integran este párrafo.

Se formularon las siguientes indicaciones:

1.- De los Diputados señorita Marcela Sabat; señora María Angélica Cristi y señores Cristián Letelier, Gabriel Silber y Matías Walker, para reemplazar el artículo 449, por el siguiente:

“Art. 449.- El que mediante fuerza o intimidación robe uno o más vehículos motorizados, será castigado con presidio mayor en su grado mínimo. Será castigado con la misma pena, quienes envíen o transporten fuera del país dichos vehículos.”

El Diputado señor Walker explicó que la pena asignada al delito va desde 5 años y un día a 10 años, aumentando así la que correspondería aplicar actualmente que es de presidio menor en su grado medio a máximo, 541 días a 5 años.

El Diputado señor Letelier manifestó su acuerdo en orden a introducir un nuevo párrafo para el robo y hurto de vehículos motorizados tomando en consideración la frecuencia y alarma pública que hoy en día ocasionan este tipo de robos.

Argumentó que la indicación de su autoría sanciona no sólo a quien robe vehículos mediante fuerza sino que también a quien utilice intimidación en las personas.

El abogado señor Enrique Aldunate, aclaró que el robo con fuerza consiste en sustraer especies mediante fracturas, forzamiento, uso de llaves falsas, etc. Un ejemplo es la sustracción de vehículos que se encuentran estacionados en la vía pública, así como el robo de radios u otras especies al interior de ellos. En estos casos, se sancionará con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo, 541 días a 5 años de presidio.

Agregó que en el Código Penal los ilícitos se construyen en base a figuras genéricas y calificadas. Dentro de las primeras se encuentra el artículo 436[3] que sanciona el robo con fuerza o intimidación como figura básica. Si se comete mediante intimidación o violencia la sustracción del vehículo, se reconduce a dicha norma. No obstante la indicación del Diputado señor Letelier la sanciona como figura privilegiada.

El Diputado señor Squella observó que el artículo 436 tiene una penalidad mayor que la figura que se está creando en el artículo 449.

El señor Galli, asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, opinó que el artículo 449 debe circunscribirse a los casos en que el bien jurídico protegido es la propiedad de acuerdo al objetivo de esta iniciativa. En el robo con violencia o intimidación el bien jurídico protegido es la integridad de las personas y por ello, a su juicio, se debe sancionar conforme al artículo 436 cuyo rango de pena es mayor.

El Diputado señor Letelier explicó que el término “intimidación”, intenta abarcar las situaciones en que una persona se encuentra al interior de su vehículo siendo abordado por delincuentes, que lo amedrentan con un cuchillo en el cuello y le exigen descender del móvil, huyendo del lugar. En su opinión el artículo 446 sería aplicable a los casos en que producto del atraco resulte un homicidio o lesiones.

El Diputado señor Squella argumentó que en tal caso se aplica el párrafo referido al robo con fuerza e intimidación en las personas, específicamente el artículo 433, cuya sanción es mayor que el artículo 436.

Los Diputados señores Calderón y Harboe sostuvieron que todo robo implica necesariamente fuerza por ello utilizar ambos términos es redundante.

El Diputado señor Letelier opinó que la expresión “fuerza” no es redundante porque de eliminarse se aplicaría, según la norma propuesta, la misma pena para quien robe usando fuerza o intimidación, sin embargo concordó en que se podría suprimir la expresión “intimidación” para hacer un distingo y sancionar con una mayor penalidad en caso de que exista efectivamente intimidación. En efecto, de acuerdo a lo sugerido, se aplicaría el artículo 436 para éste último caso y para el uso de fuerza la norma propuesta en el artículo 449.

El señor Aldunate comentó que el anteproyecto del Código Penal Chileno del año 2005, elaborado por la Comisión Foro Penal, convocada por el Ministerio de Justicia, tiende a establecer una conducta genérica, centrándose en algunas figuras agravadas, intentando así, terminar con la casuística.

El señor Galli precisó que la ley penal es un instrumento de política pública consistente en establecer incentivos y desincentivos ante problemas sociales. En este caso específico la legislación actual no desincentiva el robo de vehículos, por ello es necesario, más que basarse en la teoría penal, centrarse en la realidad de los hechos.

Recordó que el Gobierno, además está implementando otras medidas para frenar el aumento de este ilícito como campañas para hacer frente a los robos de vehículos dirigida tanto a los importadores como a los dueños, así como la elaboración de un ranking de las marcas y modelos más sustraídos por los delincuentes y medidas para combatirlos.

2.- Del Diputado señor Calderón para reemplazar artículo 449, por el siguiente:

“Art. 449. El robo de vehículos motorizados será castigado con presidio mayor en su grado mínimo. Con la misma pena será castigado el que envíe o transporte fuera del país vehículos robados.

El hurto de vehículos motorizados será castigado con el máximum de la pena que le corresponda de acuerdo con el artículo 446.

La reducción de un vehículo motorizado robado o hurtado a sus partes y la venta o arrendamiento de estas a cualquier título, será sancionada con la misma pena del inciso anterior.”

El Diputado señor Díaz manifestó no estar de acuerdo con introducir un párrafo especial a este delito, sino que, en su opinión, debería ubicarse dentro del título general relativo al robo. Asimismo manifestó dudas acerca del efecto disuasivo de las penas. Agregó que la expresión “culpables de robo de vehículos motorizados” implica no sólo elevar la sanción al autor sino también al cómplice y al encubridor, lógica que no comparte, así como tampoco elevar la pena del hurto de vehículos.

El Diputado señor Calderón explicó que su indicación no incorpora un nuevo párrafo sino que sustituye el tenor del artículo 449, debido a que se trata de un tipo de ilícito especificado por su objeto, por ello debe permanecer dentro de las disposiciones comunes.

Asimismo limita la conducta a quienes roben, envíen o transporten fuera del país vehículos robados, suprimiendo la expresión “saquen” por estar subsumida dentro de la conducta transportar.

El Diputado señor Díaz observó que dicha descripción comprende a quienes envíen o transporten vehículos robados, fuera del país, desconociendo su origen. Por ello sugirió introducir la expresión “a sabiendas”.

El Diputado señor Calderón señaló que queda a salvo de este tipo penal el sujeto que tiene en su poder la cosa hurtada o robada, pero desconoce su origen ilícito. Ello resulta concordante en el sentido de que lo que se persigue es sancionar la mala fe. Agregó que todo delito supone conocimiento del tipo y antijuridicidad de la conducta, por ello si una persona desconoce el origen no cumple con la conducta descrita, ya que se exige conocer que se trata de un vehículo robado.

Por otra parte, el señor Galli, asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en cuanto a la receptación, sugirió incorporar los vehículos motorizados en el inciso tercero del artículo 456 bis A que tipifica este delito respecto de cosas que forman parte de redes de suministro de servicios públicos o domiciliarios, imponiéndose la pena de presidio menor en su grado máximo y multa de cinco a veinte unidades tributarias mensuales. Lo anterior es una limitación respecto a la figura base de la receptación descrita en el inciso primero del citado artículo, por cuanto en está la sanción es presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de 5 a 20 unidades tributarias mensuales, pudiendo el juez recorrerla en toda su extensión.

Explicó que la intención del legislador es sancionar a quienes, en conocimiento de que una especie es producto de un ilícito, la comercialice en cualquier forma, o la tenga a cualquier título. Por ello quedan cubiertas en este delito las acciones de compra y venta, la reducción de un vehículo motorizado y la tenencia de su piezas al tenor del propio inciso primero del artículo 456 bis A[4].

-------

Por las consideraciones expuestas, la Comisión acogió la sugerencia en orden a introducir la receptación de vehículos robados en el inciso tercero del artículo 456 bis A del Código Penal, y concordó en proseguir la discusión de las demás disposiciones del párrafo propuesto.

Los Diputados señorita Marcela Sabat; señora María Angélica Cristi y señores Cristián Letelier, Gabriel Silber y Matías Walker, formularon indicación para sustituir el artículo 449 bis, por el siguiente:

“Art. 449 bis. El hurto de vehículos motorizados será castigado con presidio menor en su grado máximo y multa de quince unidades tributarias mensuales, independiente del valor de la especie sustraída.”.

El Diputado señor Calderón sostuvo que la indicación rompe el principio de la proporcionalidad de las penas, ya que propone una pena única de presidio menor en su grado máximo, 3 años y un día a 5 años, y multa de quince unidades tributarias mensuales, independiente del valor de la especie sustraída, lo constituiría una excepción al artículo 446.

Enfatizó que su indicación propone que el hurto de vehículos motorizados, mantiene la proporcionalidad y obligan al juez a aplicar el máximum de la pena que le correspondería de acuerdo con el artículo 446, de modo de mantener la graduación de la pena según el valor de la cosa hurtada.

Referente al máximum de la pena, explicó que no significa aplicar el grado superior de la sanción, sino que se determina el mínimum y el máximum dividiendo por mitad el período de su duración: la más alta de estas partes formará el máximum y la más baja el mínimum[5], por ejemplo presidio menor en su grado mínimo es una pena única con una parte inferior y una parte superior, siendo el máximum la parte superior, es decir 541 días.

Después de intercambiar opiniones, la Comisión acordó eliminar la referencia al hurto de vehículos motorizados en este párrafo, así como en el epígrafe de la moción, optando por no modificar las sanciones que contempla el Código para esta conducta ilícita.

En consideración al debate, los autores de las indicaciones presentadas procedieron a retirarlas.

Seguidamente los Diputados señorita Marcela Sabat y señores Giovanni Calderón, Cristián Letelier, Cristián Monckeberg; y Matías Walker, formularon la siguiente indicación sustitutiva:

“Artículo único: Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1) Derógase el artículo 449.

2) Incorpórase en el título IX del Libro II del Código Penal “Crímenes y Simples Delitos contra la Propiedad”, a continuación del párrafo 4 bis, el siguiente párrafo 4 ter:

“&amp 4 ter. Del Robo de Vehículos Motorizados.

Art. 449. A los culpables de robo de vehículos motorizados se les aplicarán las respectivas penas que correspondieren a su grado de participación en el delito, aumentadas en un grado.

Con la misma pena de los autores se castigará a quienes envíen o transporten fuera del país vehículos robados.

3) Reemplázase, en el párrafo 5, del título IX, la palabra “cuatro”, por “cinco”.

4) Agrégase, en el inciso tercero del artículo 456 bis A, a continuación de la expresión “la receptación sean” la oración “vehículos motorizados o”.”

Habida consideración, que el número 1), del proyecto de ley ya había sido aprobado, se acordó votar en forma separada el resto de los numerales de la iniciativa legal.

Puesto en votación, el epígrafe del párrafo 4 ter, fue aprobado por tres votos a favor y uno en contra. Por la afirmativa lo hicieron la señorita Sabat y los señores Monckeberg Bruner y Walker, y en contra el señor Calderón.

Sometido a votación, el artículo 449 fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes señorita Sabat y señores Calderón, Monckeberg Bruner y Walker.

Puesto en votación, el número 3) fue aprobado por tres votos a favor, de los Diputados señorita Sabat y señores Monckeberg Bruner y Walker, y el voto en contra del señor Calderón.

Sometido a votación, el número 4) fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes señorita Sabat y señores Calderón, Monckeberg Bruner y Walker.

V.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS.

No hay artículos ni indicaciones rechazadas.

------

Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente el Diputado Informante, la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, recomienda aprobar el siguiente

PROYECTO DE LEY

“Artículo único: Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1) Derógase el artículo 449.

2) Incorpórase en el título IX del Libro II del Código Penal “Crímenes y Simples Delitos contra la Propiedad”, a continuación del párrafo 4 bis, el siguiente párrafo 4 ter:

“&amp 4 ter. Del Robo de Vehículos Motorizados

Art. 449. A los culpables de robo de vehículos motorizados se les aplicarán las respectivas penas que correspondieren a su grado de participación en el delito, aumentadas en un grado.

Con la misma pena de los autores se castigará a quienes envíen o transporten fuera del país vehículos robados.

3) Reemplázase, en el párrafo 5, del título IX, la palabra “cuatro”, por “cinco”.

4) Agrégase, en el inciso tercero del artículo 456 bis A, a continuación de la expresión “la receptación sean” la oración “vehículos motorizados o”.”

--------

Se designó Diputado Informante al señor MATÍAS WALKER PRIETO.

--------

Tratado y acordado, según consta las actas correspondientes a las sesiones de fechas 10, 17 y 31 de agosto, 7 y 14 de septiembre de 2011 con la asistencia de los Diputados señores Giovanni Calderón Bassi; Romilio Gutiérrez Pino; Felipe Harboe Bascuñán; Cristián Letelier Aguilar; Cristián Monckeberg Bruner; Carlos Montes Cisternas; Gabriel Silber Romo; Arturo Squella Ovalle y Matías Walker Prieto y, Diputada señorita Marcela Sabat Fernández (Presidenta).

Asistieron además los Diputados señores Marcelo Díaz Díaz y Marcelo Schilling Rodríguez en reemplazo del Diputado señor Montes, y la Diputada señora María Angélica Cristi Marfil.

Sala de la Comisión, 14 de septiembre de 2011.

MARÍA TERESA CALDERÓN ROJAS

Abogada Secretaria de la Comisión.

ÍNDICE

BOLETÍN Nº 7481-07…1

I.- CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS….1

1) IDEA MATRIZ O FUNDAMENTAL DEL PROYECTO:…1

2) NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL…1

3) NORMAS QUE REQUIERAN TRÁMITE DE HACIENDA…1

4) APROBACIÓN DEL PROYECTO, EN GENERAL…1

5) DIPUTADO INFORMANTE:…1

II.- ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA INICIATIVA…2

III.- CONTENIDO DEL PROYECTO…3

IV.- DISCUSIÓN DEL PROYECTO…3

A) DISCUSIÓN GENERAL…3

1.- EL JEFE DEL SERVICIO DE ENCARGOS Y BÚSQUEDA DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS (S.E.B.V.) DE CARABINEROS DE CHILE, TENIENTE CORONEL JORGE RAMÍREZ…4

2.- EL SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN DEL DELITO, SEÑOR CRISTÓBAL LIRA…10

3.- EL PRESIDENTE GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES AG., SEÑOR FERNANDO CÁMBARA…14

4.- EL ABOGADO DE LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA DEL MINISTERIO PÚBLICO, SEÑOR JOSÉ VEIZAGA…16

- VOTACIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO…17

B) DISCUSIÓN PARTICULAR…17

V.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS…23

PROYECTO DE LEY…23

?INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE REFORMA EL CÓDIGO PENAL TIPIFICANDO LOS DELITOS DE ROBO O HURTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS, CREA NUEVAS FIGURAS DELICTIVAS Y AUMENTA SU PENALIDAD.

BOLETÍN N° 7481-07

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia viene en informar, en primer trámite constitucional, el proyecto de la referencia originado en una moción de los Diputados señores Pedro Browne Urrejola, Eduardo Cerda García, Fuad Chahín Valenzuela, Felipe Harboe Bascuñan, Cristián Monckeberg Bruner, Carlos Montes Cisternas, René Saffirio Espinoza, Gabriel Silber Romo, Patricio Vallespín López y Matías Walker Prieto.

Esta iniciativa cuenta con un primer informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas y, por acuerdo de la Sala, adoptado en sesión 86ª., de 28 de septiembre de 2011, corresponde sea conocida, asimismo, por esta Comisión.

Durante el análisis de esta iniciativa, la Comisión contó con la colaboración de don Juan Francisco Galli Basili, asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, don Mauricio Fernández Montalván, Director de la Unidad de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado del Ministerio Público y don Enrique Aldunate Esquivel, asesor parlamentario.

I.- IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES.

La idea central del proyecto, de acuerdo al texto propuesto por la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, tiene por objeto modificar el Código Penal para tipificar como delito autónomo, el robo de vehículos motorizados.

Tal idea, la que el proyecto aprobado por esa Comisión, concreta mediante un artículo único que introduce las modificaciones pertinentes, es propia de ley al tenor de lo establecido en el artículo 19 N° 3, incisos octavo y noveno de la Constitución Política, en relación con los números 2) y 3) del artículo 63 de la misma Constitución.

II.- CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS.

Para los efectos de lo establecido en los números 2°, 4° y 7° del artículo 287 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia de lo siguiente:

1.- Que ninguna de las disposiciones del proyecto requiere un quórum especial de aprobación.

2.- Que sus disposiciones no son de la competencia de la Comisión de Hacienda.

3.- Que se rechazaron los números 2 y 3 del artículo único propuesto por la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas.

Se rechazó, asimismo, la indicación del Diputado señor Burgos para reemplazar en el inciso primero del nuevo artículo 449 propuesto por la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, la expresión “culpables” por “autores, cómplices o encubridores” y para derogar el inciso segundo de ese mismo artículo.

III.- DIPUTADO INFORMANTE.

Se designó Diputado Informante al señor Matías Walker Prieto.

IV.- ANTECEDENTES.

Los autores de la moción sostienen que se ha venido configurando en el país, en los hechos, el delito de robo o hurto de vehículos motorizados y explican que ello es así porque en nuestro ordenamiento no se encuentra tipificado como tal, sino que se lo incluye en las figuras del robo o hurto, dentro del catálogo de delitos contra la propiedad. En otras palabras, se configuran los ilícitos mencionados sin distinguir la identidad del bien objeto del delito.

Señalan que en países como Argentina, Brasil y México, el robo y el hurto de vehículos constituyen delitos autónomos e, incluso, en Venezuela, la represión de tal ilícito se encuentra reglada en una ley especial, distinta del Código Penal.

Agregan que no resulta posible efectuar un estudio comparado de la penalidad aplicable a este delito en los distintos países, porque al igual que en Chile, la penalidad se fija de acuerdo a distintos factores como la identidad del objeto, el destino que se desea darle, el medio empleado para la comisión, la función pública del autor y la concurrencia de circunstancias que modifican la responsabilidad, pero, en todo caso, en lo que se refiere al hurto en la vía pública de vehículos motorizados, la penalidad aplicable en el país resulta ser la más baja en relación a la impuesta en todos los países analizados.

La falta de una tipificación autónoma de estos delitos, trae como consecuencia que tampoco tengan una penalización específica determinadas hipótesis de comisión que pueden darse en el país o que pueden llegar a darse, como son el envío, transporte o facilitación en el envío o transporte al extranjero de vehículos motorizados, la utilización o facilitación para el empleo del vehículo en la comisión de otro ilícito, robo de vehículos destinados al transporte público de carga o pasajeros o delito cometido por funcionario público encargado de la prevención o persecución de delitos.

Señalan, en seguida, que es un hecho indesmentible que el robo y hurto de vehículos o realizado en o desde ellos, constituye un porcentaje significativo del total de delitos de connotación social en el país, como lo demuestran datos estadísticos tomados entre abril y junio de 2010, en que en las denuncias por robo con fuerza, un 27,7 % correspondió a robo de objeto de o desde vehículo y un 15,2% a robo de vehículo, lo que en conjunto hace un total de 42,9%, es decir, el primer lugar dentro de los delitos de su especie. A su vez, las detenciones por robo con fuerza en igual período, arrojaron un 12,6% en el caso de robos de objeto de o desde vehículo y un 16,5% a robo de vehículo, lo que da un total de 29,1%, ocupando el segundo lugar en delitos de su especie.

Además de lo anterior, conforme a los datos proporcionados por la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, estos delitos han aumentado en forma progresiva y significativa en el tiempo, pasando el robo con fuerza de un total de 7.777 denuncias en el año 2003 a 26.682 en el año 2009, lo que arroja un crecimiento de un 343% en sólo seis años.; el robo con fuerza de accesorios de un total de 38.646 denuncias en el año 2003 a 53.337 en el año 2009, es decir, 138% de crecimiento en igual lapso, y las detenciones de un total de 1129 en 2003 a 2206 en 2009, es decir, un incremento de 195%.

Por todas estas razones, los autores de la moción creen necesario tipificar como delitos autónomos el robo y hurto de vehículos motorizados, asimilando al primero en su penalidad al robo con fuerza en lugar habitado previsto en el artículo 440, es decir, presidio mayor en su grado mínimo ( 5 años y un día a 10 años); incluir en esta tipificación nuevas figuras o hipótesis como son el robo de vehículo para su envío al extranjero o para transportar, colaborar o facilitar su envío; o para que se lo utilice en la comisión de otro delito, o bien que el robo recaiga sobre vehículo destinado al transporte público de carga o pasajeros, o que sea realizado por funcionario público encargado de la prevención, persecución o sanción de los delitos, figuras que hoy no están consideradas y que cuando se cometen, generalmente en un bien nacional de uso público como es la calle, se sancionan con la pena establecida en el artículo 443, la que se remite a la que impone el artículo 442 para el robo en lugar no habitado, es decir, presidio menor en sus grados medio a máximo ( 541 días a 5 años). En este caso, se trata de elevar la penalidad, fijándola en el grado máximo (3 años y un día a 5 años).

En lo que se refiere al hurto de vehículos motorizados, la moción prescinde del valor del vehículo y aplica la penalidad propia de ese delito que señala el artículo 446, en su grado más alto, vale decir, presidio menor en su grado máximo ( 3 años y un día a 5 años) y multa de quince unidades tributarias mensuales.

Por último, en lo que se refiere a la ubicación de este nuevo párrafo, se señala que por razones de coherencia y continuidad, se lo ubica en el Título IX el Libro II que trata de los Crímenes y Simples Delitos contra la Propiedad y antes del párrafo que trata del delito de abigeato, en razón del valor pecuniario y patrimonial que tiene el uso de vehículos motorizados en la vida moderna.

V.- DISCUSIÓN DEL PROYECTO

a) El texto propuesto por la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, introduce cuatro modificaciones en el Código Penal:

1.- Por la primera deroga el artículo 449, norma que señala que en los casos de robo o hurto de vehículos podrán ser aplicadas respectivamente a los autores, cómplices y encubridores, las penas superiores en un grado a las que les hayan correspondido.

Su inciso segundo agrega que cuando la pena conste de dos o más grados, el aumento establecido en el inciso primero se hará después de determinarse la pena que habría correspondido al condenado con prescindencia de la expresada circunstancia.

Su inciso tercero añade que será castigado en la forma señalada en este artículo, el que destruya las especies a que él se refiere para apropiarse solamente de partes de ellas.

2.- Por la segunda introduce un nuevo Párrafo en el Título IX del Libro II, bajo el epígrafe de “& 4 ter. Del Robo de Vehículos Motorizados”, el que cuenta con el siguiente artículo:

“Art. 449.- A los culpables de robo de vehículos motorizados se les aplicarán las respectivas penas que correspondieren a su grado de participación en el delito, aumentadas en un grado.

Con la misma pena de los autores se castigará a quienes envíen o transporten fuera del país vehículos robados.”.

3.- Por la tercera reemplaza en el párrafo 5 del Título IX, la palabra “cuatro” por “cinco”.

4.- Por la cuarta modifica el artículo 456 bis A, norma que trata del delito de receptación, y que dispone que el que conociendo su origen o no pudiendo menos de conocerlo, tenga en su poder, a cualquier título, especies hurtadas, robadas u objeto de abigeato, de receptación o de apropiación indebida del artículo artículo 470, N° 1°, las transporte, compre, venda, transforme o comercialice en cualquier forma, aún cuando ya hubiese dispuesto de ellas, sufrirá la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de cinco a cien unidades tributarias mensuales.

Su inciso segundo agrega que para la determinación de la pena aplicable, el tribunal tendrá especialmente en cuenta el valor de las especies, así como la gravedad del delito en que se obtuvieron, si éste era conocido por el autor.

Su inciso tercero añade que cuando el objeto de la receptación sean cosas que forman parte de redes de suministro de servicios públicos o domiciliarios, tales como electricidad, agua, alcantarillado, colectores de agua lluvia o telefonía, se impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo y multa de cinco a veinte unidades tributarias mensuales. La sentencia condenatoria por delitos de este inciso dispondrá el comiso de los instrumentos, herramientas o medios empleados para cometerlos o para transformar o trasportar los elementos sustraídos. Si dichos elementos son almacenados, ocultados o transformados en algún establecimiento de comercio con conocimiento del dueño o administrador, se podrá decretar, además, la clausura definitiva de dicho establecimiento, oficiándose a la autoridad competente.

Su inciso cuarto añade que se impondrá el grado máximo de la pena establecida en el inciso primero, cuando el autor haya incurrido en reiteración de esos hechos o sea reincidente en ellos. En los casos de reiteración o reincidencia en la receptación de los objetos señalados en el inciso precedente, se aplicará la pena privativa de libertad allí establecida, aumentada en un grado.

La modificación consiste en intercalar en el inciso tercero entre las palabras “la receptación sean “y “cosas”, los términos “vehículos motorizados o”.

b) El Diputado señor Walker, como principal impulsor de esta moción, explicó que la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, la había simplificado, eliminando la tipificación del hurto de vehículos por cuanto las hipótesis de configuración de tal ilícito resultaban escasas, ya que requerirían, por ejemplo, que el vehículo se encontrara sin ocupantes y con las llaves del contacto puestas o con el motor en marcha. Asimismo, se había tenido presente que, de acuerdo al artículo 446, para la aplicación de la penalidad debería atenderse al valor del vehículo, motivos todos estos que llevaron a desistirse de la idea de sancionarlo específicamente.

La moción, entonces, se circunscribía al delito de robo, propuesta que contaba con el apoyo del Ejecutivo y de la Fiscalía, habiendo hecho esta última hincapié en esta tipificación ya que lo usual era sancionar estos ilícitos bajo la figura descrita en el artículo 443, es decir, el robo de una especie mueble en un bien nacional de uso público, el que tiene una penalidad de presidio menor en su grado medio a máximo, es decir, 541 días a 5 años. No obstante, existiría, en los hechos, una suerte de impunidad para sus autores, porque lo normal sería se los sancionara como responsables del delito pero en grado de tentativa o de frustrado, lo que escasamente daba lugar a la aplicación de penas privativas de libertad, siendo normalmente beneficiados con la remisión condicional.

Por ello, entonces, se proponía derogar el artículo 449, que hacía facultativo para el juez aplicar la pena asignada al delito aumentada en un grado, haciendo imperativo tal aumento y tipificando esta figura en una norma nueva.

En cuanto al segundo inciso que se proponía para esta nueva norma, señaló que obedecía al hecho de que la hipótesis más frecuente de comisión de este delito, decía relación con la clonación y cambio de matrículas a fin de venderlos en el extranjero, especialmente en Bolivia, país en el que se había aprobado una reciente ley para sanear el dominio de vehículos ingresados en forma ilegal, cuestión que facilitaba la comisión de este ilícito, el que resultaba entonces altamente rentable.

Por último, refiriéndose al número 4) de la propuesta, señaló que se había acogido una sugerencia del Ejecutivo en cuanto a modificar el inciso tercero del artículo 456 bis A, que sanciona el delito de receptación, a fin de incorporar a los vehículos motorizados entre los bienes que pueden ser objeto de este ilícito.

c.- Entrando a la discusión misma del proyecto, la Comisión llegó a los siguientes acuerdos:

Números 1) y 2).

El Diputado señor Burgos observó que la derogación del artículo 449 que se proponía por el número 1), significaría eliminar el hurto de vehículos motorizados, aclarando el Diputado señor Calderón que no había sido esa la intención de la Comisión de Seguridad Ciudadana, la que en el curso del debate había propuesto un artículo específico para sancionar ese delito con presidio menor en su grado máximo y multa de quince unidades tributarias mensuales, sin atender al valor de la especie sustraída. Precisamente, esta última acotación había dado lugar a no aprobar esa propuesta, porque graduándose la penalidad del hurto de acuerdo al valor de lo sustraído, tratándose de vehículos motorizados, en cambio, se aplicaría una pena única y fija, sin atender a ese valor, excepción que no se estimó adecuada.

El mismo Diputado señor Burgos, refiriéndose ahora al número 2) de la propuesta, señaló que lo lógico sería que el inciso primero del nuevo artículo 449 se refiriera no a los “culpables “sino que a los “autores, cómplices y encubridores” para guardar concordancia con el texto del Código Penal, como también en el caso del inciso segundo, que sancionaba con la misma pena de los autores a quienes enviaran o transportaran fuera del país vehículos robados, creía que tal hipótesis quedaría mejor cubierta en el delito de receptación, para lo que le parecía suficiente la modificación que se introducía por el número 4) del proyecto en el artículo 456 bis A.

Los representantes del Ejecutivo coincidieron con la sugerencia del Diputado señor Burgos en el sentido de sancionar como delito de receptación el envió y transporte de vehículos fuera del país, por cuanto resultaba muy difícil comprobar que quien transporta al extranjero un vehículo robado ha tenido participación en el delito.

El Diputado señor Calderón, junto con señalar que había dado su apoyo a la iniciativa como una forma de resolver el problema, reconocido por el Ministerio Público, del robo de vehículos por cuanto resultaba imposible sancionar al autor de robo en grado de consumado, ya que al ser descubierto con posterioridad a su comisión, lo normal era sancionarlo por receptación, dijo estar de acuerdo con castigar a los que transportan vehículos al extranjero como autores del delito previsto en el artículo 456 bis A, es decir, receptación, pero que, en todo caso, lo que proponía el proyecto en el inciso segundo del nuevo artículo 449, significaba una mayor penalidad.

Ante una nueva observación del Diputado señor Burgos en el sentido que para lograr el carácter imperativo del aumento de grado en el caso de robo de vehículos, bastaba con sustituir la palabra “podrán” del inciso primero del actual artículo 449, por “deberán”, lo que permitiría, además, mantener la sanción para el hurto de vehículos que establece esa norma, el Diputado señor Walker, recordando que de acuerdo a los datos proporcionados por la Unidad de Búsquedas de Carabineros, en el país se daba un promedio de cien vehículos robados al día, destacó la importancia de la señal que, desde el punto de vista político criminal, significaría para la ciudadanía la incorporación de un nuevo párrafo en el Título IX que sancione específicamente el robo de vehículos motorizados, especialmente por su connotación patrimonial para los sectores medios y porque el mismo Código contempla un párrafo especial para el delito de abigeato, de menor resonancia.

El Diputado señor Calderón previno en contra de este aumento obligatorio de la penalidad, por cuanto en determinadas hipótesis de robo de vehículos, dicho aumento podría significar aplicar presidio perpetuo calificado, a lo que se llegaría sólo en función del objeto material robado, lo que entendía excedía el propósito de los autores de la moción. Por ello, era partidario de considerar, en el caso de ser un vehículo el objeto robado, que tal circunstancia fuera estimada como una agravante especial, que no tendría aplicación en el caso que la pena fuera la de presidio perpetuo.

De acuerdo a lo debatido, el Diputado señor Burgos presentó una indicación para reemplazar en el inciso primero del nuevo artículo 449 propuesto por la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, la expresión “culpables” por “autores, cómplices o encubridores” y para derogar el inciso segundo de ese mismo artículo.

El Diputado señor Walker, a su vez, presentó una nueva indicación para trasladar el contenido del inciso primero propuesto por la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas para el nuevo artículo 449, como inciso segundo del artículo 443, con el siguiente texto:

“Para incorporar en el artículo 443 del Código Penal, el siguiente inciso segundo:

“Si el delito a que se refiere el inciso precedente se cometiere sobre un vehículo motorizado, se impondrá a los autores, cómplices o encubridores las penas correspondientes aumentadas en un grado.”.

El Diputado señor Calderón, explicando los alcances de esta última indicación, señaló que ella trasladaba la agravante especial contemplada en el actual artículo 449, al artículo 443, que, por lo demás, significaba un aumento de la penalidad, dado que lo que hoy es facultativo, es decir, el aumento de la pena, pasaría a ser obligatorio. Agregó que al dejar de ser de aplicación general este aumento, tal como sucede hoy, el hurto no quedaría afecto al incremento de la penalidad, cuestión con la que concordaba.

Refiriéndose a una sugerencia del Diputado señor Burgos para suprimir los incisos segundo y tercero del artículo 449 y conservar el inciso primero, reiteró lo dicho acerca del carácter obligatorio que ahora tendría el aumento de la penalidad, añadiendo que el inciso segundo tenía por objeto fijar un piso a dicho incremento de penalidad, por cuanto tratándose de una pena con dos o más grados, no habría una base determinada para aplicarlo. De ahí que esta disposición estableciera que para aplicar el aumento, debería estarse a la pena concreta.

Ante una observación de los representantes del Ejecutivo en cuanto a que esta nueva propuesta solamente alcanzaría al robo en bienes nacionales de uso público y terminaría con la facultad judicial de aumentar la penalidad a los delitos contemplados en los primeros cuatro párrafos del Título IX, entre los que figuran el robo con fuerza, el robo con violencia o intimidación y el hurto, el asesor señor Aldunate hizo presente que el artículo 449 actual, no era adecuado a lo que se trataba porque su texto respondía a una enmienda que se había hecho al delito de abigeato, y, en cuanto a que el aumento de la penalidad no alcanzara al hurto, le parecía correcto, por cuanto no correspondía equiparar situaciones que merecían un tratamiento diferenciado; en efecto, la divergencia intrínseca entre el hurto y el robo era el empleo de la fuerza o la violencia, de lo que surgía como algo lógico que el aumento de la penalidad se limitara a las conductas más graves.

Cerrado finalmente el debate, la Comisión acogió la indicación del Diputado señor Walker, sólo con ajustes de redacción, acordando, además, incorporar, con adecuaciones, los actuales incisos segundo y tercero del artículo 449, como nuevos incisos tercero y cuarto del artículo 443.

Como consecuencia de esta modificación, la Comisión acordó, asimismo, rectificar la referencia que hace el actual inciso segundo de este artículo al “inciso anterior”, por otra al “inciso primero”.

Se aprobó esta propuesta por unanimidad, con los votos de los Diputados señora Turres y señores Burgos, Calderón, Cardemil, Eluchans, Cristián Monckeberg, Schilling y Walker, quedando, en consecuencia, rechazada la indicación del Diputado señor Burgos.

Con la misma votación y participación, se aprobó el número 1) de la propuesta de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas y se rechazó el número 2).

Número 3).

Este número, como consecuencia de la derogación del artículo 449 actual y de la aprobación de la indicación del Diputado señor Walker, se rechazó, sin debate, por unanimidad, con los votos de los Diputados señora Turres y señores Burgos, Calderón, Cardemil, Eluchans, Cristián Monckeberg, Schilling y Walker.

Número 4).

Acogiendo los planteamientos de los Diputados señores Burgos y Calderón, la Comisión procedió a aprobar este número, por unanimidad, con los votos de los Diputados señora Turres y señores Burgos, Calderón, Cardemil, Eluchans, Cristián Monckeberg, Schilling y Walker.

*****

Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente el señor Diputado Informante, esta Comisión propone las siguientes indicaciones al texto aprobado por la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas:

1° Para anteponer el siguiente número 1) en el artículo único:

1).- Modifícase el artículo 443 en el siguiente sentido:

a.- Intercálanse los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto:

“Si el delito a que se refiere el inciso precedente recayere sobre un vehículo motorizado, se impondrá a los autores, cómplices o encubridores las penas correspondientes aumentadas en un grado.

El aumento a que hace mención el inciso anterior se hará después de determinarse la pena que habría correspondido al condenado, con prescindencia de la expresada circunstancia.

Será castigado en la forma señalada en este artículo, el que destruya las especies a que él se refiere para apropiarse solamente de partes de ellas.”.

b.- Sustitúyese en el inciso segundo, que ha pasado a ser quinto, los términos “inciso anterior” por “inciso primero”.

2° Para incluir el actual número 1) como número 2).

3°. Para suprimir los números 2) y 3).

TEXTO DEL PROYECTO EN CASO DE APROBARSE LAS INDICACIONES FORMULADAS POR LA COMISIÓN

“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1).- Modifícase el artículo 443 en el siguiente sentido:

a.- Intercálanse los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto:

“Si el delito a que se refiere el inciso precedente recayere sobre un vehículo motorizado, se impondrá a los autores, cómplices o encubridores las penas correspondientes aumentadas en un grado.

El aumento a que hace mención el inciso anterior se hará después de determinarse la pena que habría correspondido al condenado, con prescindencia de la expresada circunstancia.

Será castigado en la forma señalada en este artículo, el que destruya las especies a que él se refiere para apropiarse solamente de partes de ellas.”.

b.- Sustitúyese en el inciso segundo, que ha pasado a ser quinto, los términos “inciso anterior” por “inciso primero”.

2).- Derógase el artículo 449.

3).- Intercálanse en el inciso tercero del artículo 456 bis A, entre las palabras “la receptación sean” y el término “cosas”, las expresiones “vehículos motorizados o”.

Sala de la Comisión, a 11 de octubre de 2011.

Acordado en sesiones de fechas 4 y 11 del mes en curso, con la asistencia de los Diputados señor Alberto Cardemil Herrera (Presidente), señora Marisol Turres Figueroa y señores Jorge Burgos Varela, Giovanni Calderón Bassi, Guillermo Ceroni Fuentes, Marcelo Díaz Díaz, Edmundo Eluchans Urenda, Felipe Harboe Bascuñán, Cristián Monckeberg Bruner, Ricardo Rincón González y Arturo Squella Ovalle.

En reemplazo de los Diputados señores Aldo Cornejo González y Marcelo Díaz Díaz asistieron los Diputados señores Matías Walker Prieto y Marcelo Schilling Rodríguez, respectivamente.

EUGENIO FOSTER MORENO

Abogado Secretario de la Comisión

Nota: Se hace presente para los efectos de la denominación de este proyecto, que la Comisión suprimió las modificaciones al Código relacionadas con el hurto, de tal manera que de aprobarse su propuesta, el título del proyecto no va a decir relación con su contenido.

AUMENTO DE PENALIDAD A DELITO DE ROBO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS. Primer trámite constitucional.

El señor MELERO ( Presidente ).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que reforma el Código Penal, tipifica los delitos de robo de vehículos motorizados, crea nuevas figuras delictivas y aumenta su penalidad.

Diputado informante de las comisiones de Seguridad Ciudadana y Drogas y de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Matías Walker.

Antecedentes:

-Moción, boletín N° 7481-07, sesión 131ª, en 1 de marzo de 2011. Documentos de la Cuenta N° 32.

-Informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, sesión 86ª, en 28 de septiembre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 5.

-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 102ª, en 2 de noviembre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 7.

El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante.

El señor WALKER.- Señor Presidente , en mi calidad de diputado informante de las comisiones de Seguridad Ciudadana y Drogas y de Constitución, Legislación y Justicia, paso a informar el proyecto, iniciado en moción de los diputados señores Pedro Browne , Eduardo Cerda , Fuad Chahín , Felipe Harboe , Cristián Monckeberg , Carlos Montes , René Saffirio , Gabriel Silber , Patricio Vallespín y quien habla, que reforma el Código Penal, para tipificar los delitos de robo o hurto de vehículos motorizados, crear nuevas figuras delictivas y aumentar su penalidad, en primer trámite constitucional y primero reglamentario.

Este proyecto de ley, por acuerdo de la Sala adoptado en sesión 137ª, de fecha 10 de marzo de 2011, debió ser informado, por la Comisión de Constitución.

La iniciativa en análisis tiene como objetivo crear el tipo penal de robo de vehículos motorizados como una figura especial, con la finalidad de aumentar, en general, la penalidad de esos delitos.

Según estadísticas de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, el robo o hurto de vehículos motorizados ha aumentado su frecuencia en forma progresiva y significativa en el tiempo, representando un porcentaje importante del total de delitos de connotación social.

En efecto, durante 2010, las sustracciones ascendieron a 31.726 casos; a julio de 2011 se han cursado 8.411 órdenes de búsqueda de vehículos robados, según antecedentes entregados por la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos, de Carabineros de Chile (SEBV), con un promedio diario de cien robos de vehículos motorizados perpetrados en el país.

Con el objeto de abordar este creciente fenómeno y en atención a que el delito de robo o hurto desde y en vehículo motorizado, según el caso, no se encuentra tipificado como tal en el ordenamiento jurídico penal, por lo tanto, es uno más dentro del catálogo de delitos contra la propiedad, se propone crear una figura especial.

Los autores de la moción hemos hecho presente que al no existir en Chile una figura especial que tipifique el delito de robo o hurto de vehículos motorizados, y como ocurre con mayor frecuencia en la vía pública, sólo se aplica en general y en abstracto la sanción de presidio menor en su grado medio a máximo, con penas de 541 días a 5 años, consagrada en el artículo 442 al que se remite el artículo 443, ambos del Código Penal, que sanciona el robo de cosas que se encuentren en bienes nacionales de uso público.

Los casos que terminan en condena se sancionan con penas de 61 a 540 días, en grado de frustrado, o de 41 a 60 días en caso de tentativa, es muy extraño establecer un delito consumado.

Asimismo, tampoco se encuentran penalizadas de manera específica algunas hipótesis típicas que se dan en la comisión del delito, como el envío, transporte, colaboración o facilitación en el envío o transporte al extranjero de vehículos motorizados robados; la utilización o facilitación para el uso del vehículo en la comisión de otro u otros delitos.

La moción, en una primera instancia, proponía crear un título nuevo que sancionara el robo y hurto de vehículos motorizados. Establecía que el robo de uno o más vehículos motorizados se condenara con presidio mayor en su grado mínimo.

Por otra parte, se creaban nuevas figuras o hipótesis, respecto de las cuales la penalidad única era la de presidio mayor en su grado mínimo, según se tratare del envío, colaboración o facilitación de salida de vehículos robados al extranjero.

Asimismo, sancionaba con presidio menor en su grado máximo, 3 años y un día a 5 años, y multa a los autores de hurto de vehículos motorizados.

En la discusión en la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas se recibió, entre otras, la opinión del jefe del Servicio de Encargos y Búsqueda de Vehículos Motorizados de Carabineros de Chile, teniente coronel Jorge Ramírez , quien informó que los delitos que se vinculan al parque vehicular ha evolucionado, surgiendo distintas modalidades de ejecución de estos ilícitos, de acuerdo al destino de un vehículo sustraído.

Al respecto, señaló que las principales modalidades eran las siguientes:

1) Desarme por partes o piezas:

Este tipo delictual se vincula tradicionalmente al robo de vehículos motorizados, que tiende a enfocarse en determinados tipos de automóviles, en especial aquellos que tienen una data mayor a cinco años de fabricación, situación que dependerá exclusivamente de la demanda de partes y piezas que exista en el mercado informal que mantienen personas dedicadas a la venta de ellas, ya sea en desarmadurías establecidas o en locales comerciales de venta de repuestos en general.

2) Modalidades de blanqueo:

Uno de los destinos de los vehículos robados es su blanqueo mediante el ocultamiento de su verdadera identidad; para ello se utilizan los datos de otro de similares características, en particular de sus series identificatorias, con el fin de su posterior comercialización irregular.

Esta modalidad admite las siguientes particularidades:

a) Gemeleo: consiste en la existencia de dos vehículos de iguales características que circulan por la vía pública con una misma placa patente única, por lo que uno de ellos es al que originalmente le corresponde dicha identificación y el otro suplanta la identidad del anterior, de ese modo se oculta la real identidad del vehículo de procedencia ilícita.

b) Clonación: como modalidad de blanqueo, surge a través de la adquisición maliciosa e intencional de un vehículo destruido por pérdida total, rematado en subasta pública, con el único pretexto de extender la vida de dicho móvil, suplantando esa identidad sobre un vehículo sustraído de idénticas características, rescatando de esa forma las series identificatorias de motor y chasis, las placas patentes y la documentación del móvil.

c) Reinscripción fraudulenta mediante documentos falsos.

3) Comercialización al extranjero o salida del país.

4) Uso de vehículos sustraídos para la comisión de otros delitos.

El teniente coronel señor Ramírez destacó que ninguna de esas modalidades se encuentran tipificadas de manera especial, sino que operativamente solo se intentan encuadrar en figuras como la receptación, uso malicioso de placas patentes, estafas, robo en bienes nacionales de uso público, robo en lugar no habitado, entre otros.

Asimismo, precisó que el 86 por ciento de los robos de vehículos se cometen cuando se encuentran estacionados en la vía pública, sin que haya autor conocido, por lo que cuando se recupera el vehículo el conductor es detenido por el delito de receptación y no por robo. De lo anterior se desprende que es un delito altamente atractivo, pues tiene alta rentabilidad y baja pena.

Por último, sostuvo que el robo de vehículo no es un delito simple, sino que, de acuerdo a la experiencia de su comportamiento y la utilidad que presta para las organizaciones y/o agrupaciones criminales, es un “delito base” en la comisión de otros de mayor gravedad. Existen personas que se han especializado en cometerlos.

El proyecto fue aprobado, en general, por la unanimidad de los integrantes presentes en la Comisión, diputada señorita Marcela Sabat y diputados señores Felipe Harboe , Cristián Letelier , Cristián Monckeberg , Gabriel Silber , Arturo Squella y el diputado que habla.

En la discusión se presentó una indicación sustitutiva que incorporó en el Código Penal un párrafo 4 ter denominado “Del Robo de Vehículos Motorizados”, y deroga el artículo 449.

Se introdujo un nuevo artículo 449, norma que hace aplicable a los culpables de robo de vehículos motorizados las respectivas penas que correspondieren a su grado de participación en el delito, aumentadas en un grado y castiga con la misma pena de los autores a quienes envíen o transporten fuera del país vehículos robados.

La Comisión acordó eliminar la referencia al hurto de vehículos motorizados en este párrafo, así como en el epígrafe de la moción, y optó por no modificar las sanciones que contempla el Código para esta conducta ilícita.

Por otra parte, en el inciso tercero del artículo 456 bis A -que tipifica la receptación- se agrega entre las palabras “la receptación sean” y el término “cosas” e impone la pena de presidio menor en su grado máximo y multa de cinco a veinte unidades tributarias mensuales a los vehículos motorizados.

Lo anterior es una limitación respecto de la figura base de la receptación descrita en el inciso primero del citado artículo, por cuanto en ella la sanción es presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de cinco a veinte unidades tributarias mensuales, de modo que el juez podrá recorrerla en toda su extensión.

Discusión en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia:

1. La Comisión, en consideración a que, por lo general, el robo de vehículos motorizados se produce en bienes nacionales de uso público, es decir, en las calles, estimó más adecuado incluir este ilícito como figura agravada del robo en lugar no habitado, y lo intercaló como inciso segundo del artículo 443, el que precisamente aplica las mismas penas que establece el artículo 442 para el delito mencionado, es decir, presidio menor en sus grados medio a máximo, de 541 días a 5 años, dando, tal como lo propone la Comisión de Seguridad Ciudadana, carácter imperativo al aumento de la penalidad en un grado para autores, cómplices y encubridores, según sea el caso.

Igualmente, acordó trasladar a este mismo artículo 443, los actuales incisos segundo y tercero del artículo 449 del Código, como incisos tercero y cuarto, pasando el actual segundo a ser quinto, dada la necesidad de mantener la regla de aplicación de la pena que el primero de los incisos mencionados contiene en razón de constar de dos grados la sanción básica y con el objeto de alcanzar con el segundo la hipótesis de destrucción del vehículo para apropiarse solamente de parte de él.

2. Respecto de la modificación que la Comisión de Seguridad Ciudadana introduce al artículo 456 bis A para sancionar el delito de receptación, la Comisión coincidió con ella, sólo con adecuaciones formales, por estimar que esta figura sería igualmente aplicable a la salida ilegal de vehículos del país.

3. Las demás modificaciones introducidas por esta Comisión no son más que la consecuencia de las que se efectúan en el artículo 443, según se señala en el número 1 de este capítulo.

Por otra parte, se hace constar que la iniciativa legal no contiene disposiciones orgánicas constitucionales o normas que requieran aprobarse como ley de quórum calificado, ni artículos de competencia de la Comisión de Hacienda.

En razón de lo expuesto, solicito a esta honorable Sala aprobar el proyecto conforme al texto propuesto por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

He dicho.

El señor MELERO ( Presidente ).- Por haber llegado a su término el Orden del Día, la discusión de este proyecto se efectuará en la sesión de mañana.

AUMENTO DE PENALIDAD A DELITO DE ROBO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS. Primer trámite constitucional. (Continuación).

El señor MELERO ( Presidente ).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que reforma el Código Penal, tipificando los delitos de robo o hurto de vehículos motorizados, crea nuevas figuras delictivas y aumenta su penalidad, cuyos informes fueron rendidos en la sesión de ayer por el diputado señor Matías Walker.

Antecedentes:

-La discusión del proyecto de ley contenida en el boletín N° 7481-07, se inició en la sesión 109ª., en 16 de noviembre de 2008.

El señor MELERO (Presidente).- En discusión general el proyecto

Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker.

El señor WALKER.- Señor Presidente , un grupo transversal de diputados, muchos de ellos miembros de las comisiones de Seguridad Ciudadana y Drogas, y de Constitución, Legislación y Justicia, somos los autores del proyecto. Quiero destacar la transversalidad de quienes hemos suscrito esta moción, aprobada por unanimidad en ambas comisiones, y que, de alguna manera, ha simplificado la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara.

Hoy, el robo de vehículos motorizados se sanciona de la misma manera que el robo de cosas que se encuentren en bienes nacionales de uso público, como puede ser, por ejemplo, una silla.

En sucesivas encuestas de victimización y también en una reciente encuesta y datos entregados por el Gobierno, hemos visto que, en el último trimestre, entre los delitos de mayor connotación social, el robo de vehículos motorizados ha aumentado en 12,5 por ciento. Durante 2010 hubo más de 31 mil casos de robo de vehículos motorizados y, de acuerdo con lo informado por la Unidad de Búsqueda de Carabineros de Chile, en lo que va de 2011 tenemos registrados más de 10 mil casos.

En promedio, cien vehículos motorizados son robados todos los días en nuestro país. El problema está en que este delito está asociado a bandas que se dedican a robar autos para posteriormente clonarlos -según información de Carabineros- y venderlos generalmente en el extranjero, todo esto facilitado por una lamentable legislación que rige en un país vecino, Bolivia, que ha permitido el blanqueamiento de vehículos robados en el extranjero. Muchas veces, esos vehículos son cambiados por droga.

Este tipo de robo se asocia a la comisión de otros delitos. Asimismo, existen bandas que rematan en subasta pública vehículos con pérdida total, con el objeto de hacerse de su matrícula o placa patente y así utilizarla en otros que han sido robados.

En suma, estamos hablando de un negocio muy lucrativo para bandas organizadas que se dedican a la perpetración de esos ilícitos con cero costo penal. En la actualidad, ninguno de los miembros de estas bandas, una vez que son detenidos, cumple pena efectiva de privación de libertad por el robo de vehículos motorizados.

Dicho delito afecta principalmente a la clase media que, con mucho esfuerzo, logra hacerse de un vehículo motorizado, sobre todo cuando se trata de vehículos que no cuentan con la tecnología más moderna para impedir esta clase de robos.

En la actualidad, los condenados por este delito normalmente reciben penas de 61 a 541 días, cuando se sanciona en grado de frustrado, y de 41 días a 60 días, cuando se sanciona en grado de tentativa, de acuerdo con lo que nos han informado representantes del Ministerio Público y fiscales que asistieron a la Comisión, toda vez que, habitualmente, los delitos no son consumados. Según lo que señalaron los representantes del Ministerio Público, uno de los factores que influye en la comisión de estos delitos, sea de autos o de accesorios, es que económicamente resultan bastante rentables, ya sea por la venta de partes y piezas de vehículos o de accesorios, como radios o parlantes; por la clonación de vehículos para venderlos como nuevos con inscripciones efectuadas con facturas falsas, o por el traslado de vehículos -principalmente los 4x4- a Bolivia o Perú para cambiarlos por droga. Otro factor que incide dice relación con el bajo costo penal del delito, ya que la pena va de 541 días a 5 años, si es consumado, siempre que no concurran circunstancias atenuantes, lo que también es habitual, caso en el cual el marco penal es de 541 días a 3 años, lo cual permite acceder a beneficios alternativos a las penas, lo que normalmente se traduce en remisión condicional si el imputado no tiene condenas anteriores, o en reclusión nocturna, si tiene una sanción anterior.

En general, no soy partidario de combatir la delincuencia vía aumento de las penas, pero creo que éste es un caso en que la excepción confirma la regla, ya que, claramente, aquí existe un negocio bastante lucrativo que tiene una sanción penal muy baja.

Voy a explicar brevemente y, de alguna manera, ratificar lo que informé ayer. En un primer momento, el proyecto pretendía aumentar la pena, tanto en el robo como en el hurto de vehículos motorizados. Uno podría preguntarse cuándo estamos en presencia de hurto de vehículos motorizados. Efectivamente, es un caso de menor ocurrencia, que se da cuando una persona, por ejemplo, deja el auto con las llaves puestas o es inducida a engaño -práctica que hoy es muy habitual- para que se baje, por ejemplo, a reparar un neumático, y en ese momento otra persona se apropia del vehículo. Ahí, tal vez, estaríamos en presencia de hurto y no de robo.

Eso fue bastante discutido en el seno de la Comisión y se optó por prescindir de tipificar el hurto de vehículos motorizados, ya que no existió consenso al interior de la misma en cuanto a la graduación de la pena para que fuera de acuerdo con el valor del vehículo hurtado.

Al final, esto se simplificó en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que intercaló un inciso segundo en el artículo 443 del Código Penal -a propósito del robo en bien nacional de uso público-, que establece que “Si el delito a que se refiere el inciso precedente recayere sobre un vehículo motorizado, se impondrá a los autores, cómplices o encubridores las penas correspondientes aumentadas en un grado”. Eso propone finalmente el proyecto. Actualmente, el Código Penal establece que el juez tiene la facultad para aumentar en un grado la pena cuando se trata del robo en un vehículo motorizado. El proyecto establece de manera imperativa la obligación del juez de aumentar en un grado la pena, en virtud de la valoración patrimonial que este objeto tiene para los ciudadanos y muy especialmente para la familia de clase media de nuestra sociedad.

Finalmente, se acogió una indicación del Ejecutivo para aumentar la pena de la receptación, que será de presidio menor en su grado máximo.

Aprovecho la oportunidad para agradecer a todos los diputados que contribuyeron con sus indicaciones y sus propuestas a mejorar este proyecto, así como también al Ejecutivo , por entender que era importante fijarle urgencia.

La iniciativa fue aprobada de manera unánime por ambas comisiones, y espero que la Sala proceda de la misma forma.

He dicho.

El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Giovanni Calderón.

El señor CALDERÓN.- Señor Presidente , como miembro de las Comisiones de Seguridad Ciudadana y Drogas, y de Constitución, Legislación y Justicia, quiero destacar esta iniciativa, promovida por el diputado Matías Walker , que se hace cargo de un fenómeno que viene siendo recurrente en las calles de nuestro país: el robo de vehículos motorizados.

Se trata de un fenómeno delictual de reciente aparición, que ha causado cierto grado de alarma pública. Muchas veces, llama la atención ver en lugares públicos autos que están prácticamente anclados, debido al temor de sus propietarios de que sean robados.

Considero necesario destacar esta iniciativa del diputado Matías Walker y, por cierto, la participación de los integrantes de las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia, y de Seguridad Ciudadana y Drogas en su discusión, que tuvo un desarrollo muy interesante porque se buscaron las mejores alternativas para combatir este delito, respetando los principios constitucionales que limitan el ejercicio de la potestad punitiva por parte del Congreso Nacional.

Básicamente, el proyecto introduce tres modificaciones muy relevantes en el combate contra el robo de vehículos motorizados.

En primer lugar, perfecciona la penalidad de este delito, contemplado en el artículo 449 del Código Penal como un tipo especial agravado, en razón del objeto robado, es decir, el vehículo motorizado. El delito tenía una pena facultativa, porque el juez podía aplicar una mayor o menor, de manera que se transformaba en una situación de desigualdad, porque, dependiendo del criterio del juez, el mismo delito podía ser sancionado con distintas penas.

Lo que hace el proyecto es establecer una pena imperativa y, a partir de ella, una vez que se hayan aplicado todas las medidas que establece el Código Penal, es decir, las agravantes y las atenuantes, o sea, todo el procedimiento para establecer la responsabilidad penal, se aplica el grado superior de la pena, lo que, por cierto, le asigna mayor gravedad al delito de robo de vehículos motorizados. A partir de la promulgación de la ley, siempre que el proyecto sea aprobado por esta Sala y por el Senado, la persona que robe un vehículo motorizado recibirá, en términos concretos, una pena mucho mayor que la que se había aplicado hasta ahora.

En segundo lugar, se tipifica por primera vez -lo que no es menor- el desmantelamiento de vehículos para venderlos por partes. Como digo, esto no es de menor importancia porque una de las aristas de este negocio ilegal, al cual aludió el diputado Matías Walker , es el desmantelamiento de vehículos con el objeto de vender sus partes, delito que antes no podía ser sancionado penalmente por la sencilla razón de que no estaba tipificado, no obstante que sí lo estaban el robo y la receptación.

Por último, se sanciona la receptación, es decir, la compra de vehículos robados, con una pena mayor que la que existía hasta ahora. El inciso primero del artículo 456 bis A del Código Penal sanciona este delito con la pena común para la receptación. A partir de la vigencia de la ley en tramitación, será castigado con la pena agravada que establece el inciso tercero de dicho artículo.

Considero que, en general, este proyecto representa un importante avance en el combate contra la delincuencia y, en particular, contra un delito de reciente aparición, como es el robo de vehículos motorizados.

La iniciativa del diputado Matías Walker merece ser destacada y, por lo mismo, llamo a los colegas a aprobarla.

He dicho.

El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.

El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, me siento complacido de que quienes informen los proyectos sean sus autores. Algunos dicen que es un plus porque nos permite conocer mejor las materias que discutimos.

Agradezco al colega Matías Walker su intervención como diputado informante y, después, sus comentarios, porque nos han dado un poco más de optimismo sobre algo que, al parecer, no pasaba de ser una noticia permanente en los medios de comunicación. Por eso, mis parabienes a los autores del proyecto, en particular al diputado informante , que nos ha entregado muchos antecedentes relacionados con legislaciones que no siempre son bien entendidas.

Esta iniciativa introduce modificaciones al Código Penal para que penas facultativas pasen a ser imperativas y tengan mayor fuerza, de manera que el delincuente deba pensarlo muy bien antes de cometer un delito que, hasta hoy, era una verdadera granjería.

Como dijo el diputado informante , en Chile, a fines de diciembre se habrán vendido alrededor de 330 mil vehículos nuevos, es decir, unos 900 por día. No sé si esto habla bien de nuestro país, pero no ocurre lo mismo en otras latitudes. Como país, hay algo que decir al respecto.

Pues bien, este aumento de las ventas de automóviles ha traído como consecuencia un explosivo incremento de los robos de vehículos motorizados. ¿Para qué? Para venderlos, adulterando el número de inscripción, que, muchas veces, no es comprobado por sus compradores. Nos consta que ello ocurre en las regiones alejadas de Santiago y de la zona central del país, donde se concentran las ventas y los robos. Muchas veces, vehículos robados o sus partes son vendidos en aquellas regiones.

Otro grave delito que se comete actualmente es la venta de vehículos robados, pero en países limítrofes, debido -hay que decirlo- a que en ellos existe muy poco control. En realidad, es un gran negocio.

Considero que éstas son las motivaciones que tuvieron los autores de este proyecto, que apunta a tipificar los delitos de robo o hurto de vehículos motorizados. No estoy seguro de que seguir creando figuras penales para delitos que ya están establecidos en nuestra legislación sea el camino más adecuado para legislar. En este caso, los juristas tienen la palabra. Hace unos días, conversaba con el diputado Felipe Harboe sobre este tema. Si lo seguimos haciendo, corremos el riesgo de transformar nuestro Código Penal en una normativa similar al Código Tributario, en que las excepciones superan con creces la norma general. Tal vez, sería mejor establecer penalidades de acuerdo a la cuantía de lo sustraído y no seguir tipificando una larga lista de delitos.

Me gustaría conocer la opinión del diputado Matías Walker , quien ha asumido este problema como algo muy personal.

En fin, entrego la última palabra sobre el proyecto a quienes lo han desarrollado y pueden darnos su opinión sobre lo que se requiere.

Me parece interesante la norma que se incluye, relativa al delito de receptación, en que se agravan las penas. Aquí podemos establecer un paralelo con el delito de abigeato, que tantos dolores de cabeza nos da en el sur de Chile. Al respecto, hace unas semanas discutimos una iniciativa relativa a facilitar su investigación, ya que ese delito, al igual que el robo de automóviles en zonas urbanas, se ha multiplicado y “profesionalizado” en las zonas rurales y del campo de nuestro país.

Hacía falta un proyecto como el que conocemos hoy, y me alegro de contribuir con mi voto a su aprobación.

Para evitar interrogantes futuras, queda pendiente la pregunta a los autores de la moción y al diputado informante, en este caso, el colega Matías Walker.

He dicho.

El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Frank Sauerbaum.

El señor SAUERBAUM.- Señor Presidente , como dijo el diputado Jaramillo , la normativa propuesta se hace cada vez más necesaria, en consideración a la alta cifra de robos de vehículos.

Dado el crecimiento del parque automotor, más el uso cotidiano del vehículo motorizado, es de suma urgencia efectuar modificaciones a nuestra normativa penal, en el sentido de crear una figura que tipifique las posibles conductas ilícitas relacionadas con esta materia.

Nuestro cuerpo normativo penal nada dice al respecto, ni diferencia este ilícito del hurto o robo de otros bienes. Por ello, se hace necesaria dicha modificación.

El informe de la Comisión señala que según estadísticas de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el robo o hurto de vehículos motorizados ha ido aumentando su frecuencia en forma progresiva y significativa en el tiempo, representando un porcentaje importante del total de delitos de connotación social.

Durante 2010, por ejemplo, las sustracciones ascendieron a 31.726, mientras que a julio de 2011 se habían cursado 8.411 órdenes de búsqueda de vehículos robados, según antecedentes entregados por la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV), de Carabineros de Chile.

Estos antecedentes reafirman la importancia de establecer una figura penal acorde a nuestros tiempos, pues en el texto del Código Penal, respecto de estas materias, creado en noviembre de 1874, no se ha planteado una tipificación de esas conductas en relación con esta materia. En consecuencia, Chile está atrasado en comparación con los países vecinos.

Tal como se cita en la moción, en otros países, tales como Argentina, Brasil y México, cuyas normativas han sido analizadas a la luz del proyecto, se sanciona el hurto o

robo de vehículos en el Código Penal, pero con figuras específicas, que consagran a los vehículos motorizados como objetos de delito, salvo en el caso de Venezuela, también analizado, en que existe una ley específica, distinta del Código Penal, denominada ley sobre hurto y robo de vehículos automotores.

Además, se enuncia que, en relación con este delito, incluso estaríamos aplicando el menor régimen de sanciones, en comparación con otros países. Sólo a modo referencial, es posible señalar que el delito de hurto o robo sin violencia o fuerza de vehículos, ocurre con mayor frecuencia en la vía pública, tanto en Chile como en el extranjero. Si se revisa sólo esta figura, para establecer un punto de comparación común a la legislación estudiada, se concluye que la pena aplicable en Chile es la más baja de los países analizados, esto es, de presidio menor en su grado medio a máximo, es decir, 541 días a 5 años, mientras que en Brasil es de 3 a 8 años, en México, de 7 a 15 años, y en Venezuela, de 4 a 8 años.

Entonces, dado que en nuestro Código Penal no existe una figura exacta de la conducta ilícita del robo o hurto de vehículos motorizados, y tras conocer las estadísticas sobre la recurrencia de esos delitos, esta iniciativa nos parece de suma necesidad e importancia, porque nos ayudará a contrarrestar la comisión de esas conductas delictuales. Si a eso agregamos un aumento de las políticas preventivas respecto de esos ilícitos, sin duda se avanzará a una reducción importante de las cifras delictuales.

Finalmente, anunciamos el voto favorable de la bancada de Renovación Nacional al proyecto.

He dicho.

El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado Felipe Harboe.

El señor HARBOE.- Señor Presidente , en primer lugar, corresponde felicitar al autor y motivador de esta moción parlamentaria, diputado Matías Walker , y también, por cierto, a las diputadas y los diputados que participaron en el debate y permitieron su perfeccionamiento.

También es justo hacer un reconocimiento a don Enrique Aldunate , abogado y asesor parlamentario, quien en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia ayudó a perfeccionar el proyecto, toda vez que hubo observaciones de forma que se tradujeron finalmente en el proyecto que ahora estamos analizando.

No cabe ninguna duda de que el robo de vehículos es un delito de creciente ocurrencia. Las estadísticas nacionales revelan que en Chile existen aproximadamente cinco millones de vehículos; de ellos, un porcentaje importante son particulares, es decir, no dedicados al transporte público.

El delito de robo de vehículos y de robo de objetos desde vehículos -dos tipos penales distintos- se ha ido incrementando fuertemente durante los últimos años. Lamentablemente, en esta materia Chile tiene uno de los niveles más altos de Latinoamérica, principalmente por la existencia de un mercado de receptación, compra y venta de artículos robados, y la facilidad para la reducción de vehículos, lo que genera un verdadero crimen organizado en torno a esta nueva industria ilícita, que abarca desde los que identifican los vehículos, los que roban materialmente o sustraen los vehículos o partes de los mismos, y los que los desarman para finalmente terminar en la industria de la distribución, a través del mercado informal o de mercados que, pese a ser formales, ocultan el origen de las partes de los vehículos que se roban.

Por eso, es muy importante destacar esta moción parlamentaria, que se hace cargo del problema, con una técnica legislativa bastante adecuada, mediante la incorporación, en el artículo 443 del Código Penal, que se refiere al robo de objetos, de los incisos segundo, tercero y cuarto, que cambian la actual estructura.

Lo digo porque originalmente el mocionante y los que lo acompañamos, pensamos en la creación de un tipo penal especial, es decir, en virtud del principio de especialidad, íbamos a crear un nuevo delito: el robo de vehículos.

Sin embargo, tras estudiar la técnica legislativa empleada en otros países y también en el nuestro, no parecía correcto crear un tipo penal especial, sino más bien fortalecer la actual estructura del Código Penal y establecer algunas reglas especiales, particularmente en materia de agravantes.

En consecuencia, en los referidos incisos segundo y tercero que se intercalan en el artículo 443 del Código Penal, se establece lo siguiente: “Si el delito a que se refiere el inciso precedente recayere sobre un vehículo motorizado, se impondrá a los autores, cómplices o encubridores las penas correspondientes aumentadas en un grado”. Es decir, le va a salir más caro al delincuente robarse un vehículo que robar algún otro objeto que se encuentre en la vía pública.

“El aumento a que hace mención el inciso anterior se hará después de determinarse la pena que habría correspondido al condenado, con prescindencia de la expresada circunstancia.”.

A continuación, en el inciso cuarto se establece: “Será castigado en la forma señalada en este artículo, el que destruya las especies a que él se refiere para apropiarse solamente de partes de ellas.”.

Esto, porque muchas veces alguien roba un vehículo y luego lo destruye, para proveerse sólo de algunas partes y piezas que, finalmente, terminan engrosando el mercado ilícito.

Estamos ante una buena técnica legislativa. Por lo tanto, la futura ley dotará, tanto a los fiscales como a la policía, de una nueva herramienta de política criminal, a fin de aumentar la sanción, a través de una agravante, a quienes se dediquen al robo de vehículos y a su receptación.

Respecto de este último ilícito, es muy importante señalar lo siguiente. Represento al distrito de la comuna de Santiago, donde hay muchas cosas buenas, pero también tenemos un mercado de reducción de objetos de vehículos robados. Es de común ocurrencia el robo de espejos o de cualquier implemento de los vehículos en la comuna y en lugares aledaños.

Por eso, el artículo que se refiere a la receptación me parece muy atinente, toda vez que permitirá perfeccionar la norma en materia de vehículos motorizados.

La iniciativa propone intercalar en el inciso tercero del artículo 456 bis A, entre las palabras “la receptación sean” y el término “cosas”, las expresiones “vehículos motorizados o”. Es decir, en el artículo destinado a definir la receptación se establece, en virtud del principio de especialidad, la receptación de objetos de vehículos motorizados.

En consecuencia, esto tendrá dos implicancias inmediatas. La primera es que en virtud del principio de especialidad, cuando la policía sorprenda a alguien en delito flagrante de robo de objetos de un vehículo o que esté procediendo a su receptación, se aplicará un tipo penal específico. No será necesario probar un conjunto de elementos que impiden o dificultan la prueba dentro del proceso. Además, quedará consignada de manera expresa, en correlación con la modificación que mencioné, la receptación de objetos o de vehículos motorizados.

De ese modo, el artículo 456 bis A tendrá la correspondiente relación con la modificación de la agravante que consignamos para el robo de vehículos.

Por lo tanto, me parece un muy buen proyecto, de aplicación práctica, que permitirá sancionar de manera adecuada a las personas que hacen del robo de vehículos o de la receptación de objetos robados de vehículos, su actividad habitual.

De esa manera, disminuiremos la impunidad y detendremos el aumento que ha venido teniendo este tipo de delitos en el país, lo que no es menor.

Como salvedad final, quiero decir que este tipo de normas debe ser complementada con medidas prácticas. La industria automotora debe adoptar medidas de seguridad en sus normas de importación. No es posible que todo lo tengamos que solucionar a través de normas penales. Está bien, el legislador se abre a modificar la ley; pero también debe existir el esfuerzo de la industria, que legítimamente lucra con la venta de vehículos, en cuanto a contar con elementos que aumenten sus niveles de seguridad.

Por último, también se requiere mejorar las condiciones culturales del país. Con mucha responsabilidad, estoy en condiciones de sostener que existe un doble discurso en materia de delincuencia, hay mucha hipocresía al respecto. En efecto, muchas personas que durante la semana reclaman en contra de los delitos y argumentan que se debe condenar con firmeza la delincuencia, los días sábados o domingos se levantan muy temprano a comprar artículos robados en un mercado informal, porque les sale más barato.

Se debe tomar conciencia de que entre más cultura tengamos acerca de evitar la compra de artículos robados, habrá menos mercado de receptación y, por ende, menos incentivos a la creación de esta verdadera industria de robo de vehículos y de objetos de vehículos que hoy estamos sancionando con este buen proyecto de ley.

Por eso, anuncio mi voto favorable y reitero mis felicitaciones a sus autores.

He dicho.

El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.

El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente , este proyecto me llega muy de cerca, porque hace tres o cuatro años presenté uno en este mismo sentido y, por extraña coincidencia, las que más se opusieron a que se hiciera realidad fueron las empresas aseguradoras. Afirmaban que los vehículos que debían pagar por pérdida total, bajarían a un valor cero si no tenían la posibilidad de subastarlos con sus documentos.

Al parecer, en ese momento a la Comisión le hizo más fuerza lo que sostenían las aseguradoras que lo que proponíamos nosotros. Sin duda, es un incentivo perverso comprar esos vehículos “hechos pebre”, porque no existe posibilidad alguna de arreglo. Claramente, de eso se desprende que sólo interesan los papeles para robar y clonar otro vehículo, y después venderlo como si no tuviera problema.

Felicito a los autores de este proyecto, que vamos a aprobar sin duda alguna, porque las personas que se dedican a este negocio ilícito no deben quedar en la impunidad.

Al analizar los proyectos que están en estudio en la Cámara, a la luz de los robos y de la gente que vive de este negocio, uno no se puede explicar que no se haya aprobado en ese momento la iniciativa a que me referí y que no se haya hecho nada.

No haría distinción entre hurto y robo. Todos sabemos la diferencia entre ambos términos, pero hoy es tal la expertise de estos delincuentes, que sus ilícitos se pueden transformar en puros hurtos, pues no hacen ningún daño al vehículo. Para los que tienen chapa electrónica, con una máquina buscan la clave y lo abren. También cometería hurto el que abre un vehículo cuyas llaves su dueño olvidó en su interior, siempre que el vehículo no presente daño.

En consecuencia, estos ilícitos deberían considerarse siempre robo, no hurto, y aplicar a sus autores penas más drásticas. Tal como expresó el diputado Harboe , hay gente especializada en determinados talleres, que encarga un neumático de tal auto, esto o lo otro.

En el verano, en Viña del Mar una banda especializada robó más de 40 neumáticos de un modelo de vehículo Toyota que lleva un neumático atrás. Alguien se preguntará por qué ese neumático. Por una razón muy simple: porque cuesta 1.200.000 pesos, y lo venden de inmediato en 300 mil o 250 mil pesos.

Las penas son tan bajas que esa gente saca la cuenta de que no tiene nada que perder y que gana más plata con un robo de ese tipo al mes que trabajando.

Por lo tanto, es un incentivo perverso no establecer penas mucho más altas para los robos de vehículos motorizados.

Al analizar las aristas de este tipo de negocio, se da cuenta de que es muy poco limpio. La pregunta que haría a mis colegas es si alguno compraría un auto “hecho pebre” para arreglarlo. ¡Nadie! Entonces, el incentivo que existe tras esas compras es hacer desaparecer ese vehículo, transformarlo en chatarra, porque no tiene arreglo, pero quedaron con su documentación, a fin de acreditar que se trata, por decir algo, de un Chevrolet Corsa , año tanto; luego, vamos robando.

¿Cuáles son los vehículos más apetecidos? Sin duda, las camionetas Nissan 4x4. Unas se van para el extranjero, otras quedan aquí; las disfrazan. Las de Santiago son enviadas al sur; las del sur, mandadas para otros lados. Las que robaban en Arica e Iquique eran llevadas a Bolivia. Lo curioso es que cuando uno habla de estas cosas, la gente se pregunta si será tan así.

En Bolivia, los vehículos andaban con patente y revisión técnica chilenas. El gobierno boliviano daba todas las facilidades a esta gente para que los saneara allá, lo que constituía un negocio redondo, pues no pagaban su costo y todo era utilidad. Por eso, con este proyecto tenemos la esperanza de que esta situación se vaya frenando.

Estos vehículos pueden llegar a tener hasta dos padrones. No obstante ello, hubo posturas que buscaban no apoyar la ley que protege los cajeros automáticos. En el fondo, la idea no es proteger los cajeros, pues éstos no se roban solos, sino que se necesita el apoyo de un vehículo todo terreno, generalmente robado, para cometer el ilícito.

Sin ir más lejos, a un colega que se bajó de su auto para hacer un trámite le robaron su vehículo -nuevo, cero kilómetro- y nunca más se supo de él. Si bien es cierto estaba asegurado, cabe preguntarse qué pasa con las personas que no cuentan con un seguro. Indudablemente, sufren una gran pérdida de patrimonio. Por lo demás, hace rato que el automóvil dejó de ser un lujo; hoy, constituye una herramienta de trabajo. Por eso, mucha gente, como decían algunos colegas, comparan la situación con el abigeato. En efecto, a una persona que le roban su vehículo la dejan de brazos cruzados, sin su herramienta de trabajo.

Hago un llamado a mis colegas a tener conciencia de que se trata de un proyecto largamente esperado, no por las aseguradoras o por la gente que se dedica a robar, o por los reducidores, sino por la gente que logra tener su vehículo con mucho esfuerzo.

Hay situaciones graves, como cuando una persona compra un vehículo, se lo roban y debe seguir pagándolo, a no ser que tenga seguros comprometidos. Con todo, la gran mayoría de los seguros pertenecen a las empresas automotoras que venden esos vehículos. Así las cosas, si a una persona le roban el auto y le quedan tres cuotas, ese dinero irá a la empresa que se lo vendió y nuevamente tendrá que hacer un esfuerzo para comprar uno nuevo.

No me gustaría hacer un distingo entre robo y hurto, por las razones que mencioné al principio de mi intervención. Muchas veces, no hay daño al vehículo, porque es tal la especialización de quienes roban que son capaces de abrir un automóvil en segundos, tal como dejó de manifiesto en una oportunidad un programa de televisión.

Por las razones expuestas, votaré favorablemente el proyecto, al igual que la bancada de Renovación Nacional. Espero que mis colegas hagan lo propio, a fin de contar con una ley que ha sido largamente esperada por todos quienes han sufrido el robo de sus vehículos.

He dicho.

El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Arturo Squella.

El señor SQUELLA.- Señor Presidente , en primer lugar, quiero manifestar mi alegría por ser parte de la discusión de este proyecto, relacionado con una materia que afecta a cientos de miles chilenos que viven día a día el robo de sus vehículos motorizados.

En segundo lugar, deseo hacer hincapié en el temor que han sentido quienes han sido víctimas de este tipo de delitos que, como sabemos, ha crecido fuertemente durante el último tiempo.

Para hacer algo de historia en cuanto a las cifras, hace algunos años era común ver el robo de accesorios, el cual bajó fuertemente en el último tiempo; sin embargo, subió, de manera sustantiva, el robo del vehículo propiamente tal. Por lo mismo, creo que la discusión que estamos llevando a cabo es bastante apropiada, porque, en parte, viene a solucionar un problema que desde hace tiempo afecta a la ciudadanía y que hasta el momento no había encontrado solución en cuanto a la aplicación de penalidades.

Por otra parte, es bueno reflexionar y darnos cuenta de cómo se van enriqueciendo los proyectos de ley. De hecho, se comenzó por algo que era total y absolutamente distinto. En efecto, la idea primigenia consistió en establecer un tipo penal nuevo, que se refería directamente al robo de vehículos motorizados. Con el correr del tiempo, con la discusión y la participación de expertos en la materia, nos fuimos dando cuenta de que, incluso, ese tipo penal específico podía remar en contra de los intereses de todos quienes queremos sancionar de mejor forma el robo de vehículos motorizados. Cuando un robo de un vehículo motorizado es cometido a través de la violencia o intimidación es, precisamente, ese tipo penal el que se aplica. De existir un tipo penal específico, referido directamente al robo de vehículos motorizados, lamentablemente, habría que aplicar ese tipo penal y no podríamos determinar el más genérico. Como señalé, eso se fue corrigiendo. Gracias a los aportes efectuados al interior de las comisiones de Seguridad Ciudadana y Drogas y de Constitución, Legislación y Justicia, logramos aumentar en un grado la pena a quien participe en un robo de vehículo motorizado. Me parece apropiado, porque se extiende a todos los tipos penales que puedan encajarse -por decirlo de alguna forma- en lo que respecta al robo propiamente tal. Estamos hablando de robos con violencia o intimidación, robo en lugar habitado, robo en lugar no habitado y -el más común de todos- el robo de bienes nacionales de uso público, que actualmente tiene una pena de presidio menor en su grado medio. En cada uno de esos tipos penales, independientemente de la manera en que se proceda al robo, se va a aumentar en un grado la pena, lo cual es una excelente noticia, tanto para quienes participamos en la discusión como para todos los ciudadanos que están esperando una solución en esta materia.

Ahora bien, un tema de fondo -no es primera vez que tenemos la oportunidad de discutirlo en la Cámara- se relaciona con las importantes diferencias que existen a la hora de calificar a las personas que obran en contra de la sociedad, particularmente a quienes cometen delitos. Hay quienes piensan -en forma muy legítima- que, en parte, es culpa de la sociedad el hecho de que algunas personas terminen delinquiendo. Otros, si bien reconocen algún grado de responsabilidad de la sociedad por la falta de oportunidades que brinda, piensan que quienes delinquen son lo suficientemente responsables como para hacerse cargo de las penas. En ese marco, hay un punto que es tremendamente importante. Quizá, es un poco técnico, pero no por ello lo vamos a dejar de mencionar: me refiero a la proporcionalidad de las penas.

Ayer, en la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, en el marco de la discusión del mensaje presidencial que retipifica el delito de desórdenes públicos -artículo 269 del Código Penal-, contamos con la participación del profesor de derecho penal de la Universidad de Chile, señor Matus , y quien habla le pidió que abordara el tema de la proporcionalidad. Siempre que nos vemos frente a la discusión de un tipo penal o al aumento propiamente tal de una pena, aparece la desproporción que podría tener la pena asignada a determinada conducta.

Concretamente, le pregunté al profesor Matus cuáles eran los elementos que se tienen a la vista para el examen de proporcionalidad. Lo pregunté, humildemente, desde la perspectiva de quien no es experto en materia penal. Sin embargo, me llevé la sorpresa de que en la academia, entre quienes se dedican precisamente a la enseñanza del derecho penal, no existe concordancia al respecto, sino que la existencia de distintas teorías, lo que, de alguna manera, me permite reafirmar que en el examen de proporcionalidad se deben tener a la vista elementos que, quizá, para algunos pueden ser objetivos, pero que, a mi juicio, son bastante relevantes, como, por ejemplo, la sensación de temor que puede generar un determinado delito en la población. Cuando resumimos o reducimos el examen de proporcionalidad a analizar cuál es la pena que se le asigna a determinada conducta, lo que hacemos es comparar las conductas. Con ello, estamos dejando a un lado el rol preventivo de la pena, que es tremendamente importante, pero que, lamentablemente, debido a un mal entendimiento de las corrientes, tienen un poco más de lógica en países más desarrollados, como, por ejemplo, Holanda o Alemania. En Chile se ha ido recogiendo poco a poco, a pesar de que estamos en otra categoría en cuanto al tratamiento del comportamiento delictivo.

Sin embargo, es importante no perder de vista algo que conversamos hace algún tiempo, a propósito del informe de la Comisión Investigadora de la Cárcel de San Miguel. Participé y voté favorablemente el informe, y en uno de sus puntos se trataba precisamente el tema. Cuando en la Cámara y en el Congreso, en general, nos tengamos que referir, a través de mociones o mensajes, a los aumentos de pena, debemos tener a la vista cuál es la consecuencia que ello tendrá en el sistema penitenciario. Desde el punto de vista político -me imagino que todos quienes aprobaron el informe coinciden en que no fue correcto- considero que debemos hacernos cargo de esa materia. Cada vez que asignemos una pena mayor a determinadas conductas, debemos tener a la vista la repercusión que tendrá en los recintos penitenciarios. Recordemos que, en promedio, tenemos una tasa de hacinamiento del 60 por ciento. Lo señalo no como argumento en contra o porque no me guste el proyecto, sino porque estoy de acuerdo en aumentar las penas, pero con responsabilidad.

De paso, me gustaría mandarle el mensaje directamente al ministro de Justicia y preguntarle directamente al Ejecutivo qué está pasando con la construcción de los nuevos recintos penitenciarios. No debemos hacerle el quite a la realidad. No tenemos suficientes recintos penitenciarios.

Es evidente que la forma de solucionar los problemas de delincuencia no pasa únicamente por la vía de encarcelar a las personas o privarlas de libertad, aunque hay que reconocer que es una medida bastante significativa y que debe ir de la mano con el objetivo de mejorar los procesos de rehabilitación y de reinserción en materia laboral. No debemos perder de vista el objetivo de apurar y acelerar la construcción de nuevos recintos penitenciarios, en el entendido de que hay gran cantidad de proyectos que responden al clamor de la ciudadanía en cuanto a sancionar, de mejor forma, ciertas conductas que atentan contra las personas o la sociedad en general.

Sobre esta materia, quiero destacar el comentario del mismo profesor de derecho penal frente a la pregunta relativa a si en Chile las penas son, como cree lamentablemente la opinión pública -particularmente en el caso de los delitos contra la propiedad- lo suficientemente altas. Dijo que no. Agregó que para entender el tamaño de la pena, debe tenerse a la vista su aplicación efectiva.

Por lo tanto, debemos tener a la vista el momento en que una pena o su aplicación, conlleva una cantidad de tiempo inferior a cinco años. No estamos hablando de cinco años efectivos, sino de que esa persona condenada va a tener acceso a medidas alternativas, a beneficios penitenciarios. En términos prácticos, no estamos hablando verdaderamente de una pena real, como señala el Código Penal.

Por último, felicito al diputado Matías Walker , uno de los mocionantes, porque ha tenido la valentía de encabezar y “jinetear” un proyecto que directamente sanciona más severamente un comportamiento delictual. Lo felicito, además, porque forma parte de un conglomerado político que, en términos generales, con argumentos y legitimidad, ha sido contrario a modificar la ley por esta vía. En tal sentido, dicho conglomerado se ha plegado al clamor que, durante años, las bancadas de Renovación nacional y de la UDI han encabezado.

También quiero señalar que es un agrado saber que hoy, en la bancada de la DC, tenemos a muchos diputados que saben recoger, como corresponde, el clamor ciudadano, en el sentido de sancionar más severamente la delincuencia.

En consecuencia, hago un llamado a la Cámara a aprobar el proyecto.

He dicho.

El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.

El señor BURGOS.- Señor Presidente , nuestra sociedad, y varias otras, viven en permanente preocupación por el incremento de la inseguridad ciudadana. Durante la campaña presidencial, el Primer Mandatario ofreció y anunció que la delincuencia se iba a acabar, que el recreo se iba a acabar, que los que gobernaron anteriormente le habían entregado el país a los delincuentes. Estimo que esa irresponsabilidad se paga. La delincuencia no es un tema simplemente de campaña, sino de estrategia y de decisión política a mediano y largo plazo.

El problema del Gobierno es que no tiene estrategia. El ministro del Interior y Seguridad Pública -por primera vez, una autoridad en Chile reúne esas dos condiciones- no tiene una estrategia clara y definida. Da palos de ciego. Además, promueve peleas con otros órganos del Estado y establece elementos que no van al fondo del problema. Y se rodea de personas y de asesoría. Eligió a dos ex fiscales que van a pasar a la historia como los que llevaron sobre sus espaldas los peores errores cometidos por la Fiscalía. Me refiero a los señores Peña y Fodich.

Desde el punto de vista de la prevención, eligió a un ex gerente de una empresa, cuyo mérito fundamental consistió en hacer lobby contra el robo hormiga desde la perspectiva de la persecución y no de la prevención.

Entonces, es bien poco probable que exista una estrategia.

Este proyecto se inserta en esa problemática. Sus autores, en especial, el diputado Matías Walker, hacen un bien cuando señalan que existe un problema de impunidad.

Me inscribo entre los que estiman que, en general, el aumento de penas no es una solución mágica; tampoco es un dogma. Tampoco digo que en nuestra legislación no se puedan incrementar o bajar las penas.

También tenemos problemas en la penalidad de los delitos económicos. Al respecto, tenemos cientos de mociones que no han pasado a trámite y que hablan de aumento de penas. Asimismo, existe un problema respecto de la penalidad del homicidio.

Soy un convencido de que tenemos delitos problemáticos respecto de sus penalidades. Tampoco trabajamos bien el tema de la rehabilitación. Se puede criticar la acción de la Concertación en materia de seguridad, pero considero que había una estrategia precisa de la Presidenta Michelle Bachelet , del ministro del Interior y del subsecretario del Interior de entonces, hoy colega nuestro. En la actualidad, no hay estrategia. Por lo tanto, el Parlamento tiene derecho a decir que hay problemas de impunidad, que los delitos aumentan y que hay poca acción preventiva y punitiva.

Estimo que el proyecto va en una dirección correcta. Aunque es una gota en el océano, va en la dirección correcta, más todavía con las correcciones que le introdujo la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. El proyecto ha mejorado sustancialmente. Por esa razón, tiene sentido apoyarlo.

Por último, en esta tribuna política, quiero señalar que, en materia de seguridad pública, entre la promesa irresponsable de que se va a terminar la delincuencia y la situación en que viven cotidianamente los chilenos, hay un trecho gigantesco, del cual debe hacerse cargo el Gobierno y, por cierto, los demás poderes del Estado.

He dicho.

El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez.

El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente , hace algunos días, observé una sesión de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. En un momento intervino el Presidente de la Excelentísima Corte Suprema , quien señalaba, de manera muy categórica, primero, que tenemos un Código Penal obsoleto -data de 1874-, y segundo, que hasta hoy lo único que hemos hecho es desvirtuarlo con nuestras reformas penales.

También señaló que el Código Procesal Penal, cuyas reformas habían sido aprobadas con tanta pompa por el Congreso Nacional y cuyo carácter garantista supera al antiguo juicio inquisitivo con las más de treinta modificaciones de las que había sido objeto, estaba a punto de quedar reducido a un procedimiento inquisitivo. ¡Imagínense lo que dijo! Que todas las reformas que habíamos aprobado -yo no lo hice- estaban reduciendo el Código Procesal Penal a un código inquisitivo, el mismo que, supuestamente, se quiso superar con la gran reforma procesal penal.

Luego de analizar el proyecto que pretende reformar el Código Penal en los términos que indica, me preguntaba si existía algún informe de Gendarmería de Chile que señalara cuál sería el impacto penitenciario de la reforma penal que se pretende aprobar, en el cual se indicara cuántas personas más serían recluidas en la cárcel debido a la reforma que todos alaban sin ningún tipo de restricciones. La respuesta es que no lo sabemos.

En Chile, hay más de cien mil personas privadas de libertad, las que se encuentran cumpliendo penas sin posibilidad alguna de rehabilitación ni de reinserción y que vegetan día a día en nuestras cárceles. Sin embargo, se está pensando en aumentar las penas.

A mi entender, al no ligar la crisis carcelaria con la política criminal se comete el error de pensar en subir las penas, sin consi-

derar que hay cien mil personas en el país que están encarceladas y que no están siendo rehabilitadas ni se está pensando en su reinserción.

Resulta fácil pedir el aumento de las penas para determinados robos o delitos. Eso ya se ha hecho en el caso del abigeato. Sin embargo, quiero decir a todos los legisladores que los jueces están preocupados por la disminución de la dosificación de los grados alcohólicos que se estableció para considerar el manejo en estado de ebriedad, porque eso provocará mayores dificultades a la situación en que se encuentran las cárceles.

Para conocimiento de la Sala, también se quiere endurecer las penas contra los desordenes públicos, con el mero objeto de encarcelar a aquellos que los cometen en la vía pública. Si esa es la razón, más allá de lo que se pueda señalar, lo que busca ese proyecto del Gobierno es lograr que más jóvenes vayan a parar a la cárcel. ¡Eso es lo que se busca: encarcelar a más jóvenes! Eso, sin duda, a algunos les gusta, porque creen que la solución para terminar con los problemas sociales es el encarcelamiento. No por casualidad hay cien mil personas privadas de libertad.

La Sala aprobó por mayoría el informe que elaboró la Comisión investigadora de los hechos que dieron origen al incendio que afectó a la cárcel de San Miguel, producto del cual más de ochenta personas privadas de libertad murieron quemadas en dicho recinto. Todos aprobamos las propuestas de ese informe, y creo que es bueno recordar lo que se dijo con motivo de ese debate. Creo que en la vida hay que ser coherente entre lo que se dice y se hace. Respecto de las propuestas de la Comisión que investigó ese “accidente”, a raíz del cual ya hay procesados, un diputado que apoya el aumento de las penas que propone el proyecto en discusión señaló que se debía hacer presente, al Ejecutivo y al Congreso Nacional, la necesidad de considerar la situación de hacinamiento penitenciario al momento de legislar sobre temas de carácter penal que pudieran redundar en el aumento de la población penal. Ese informe, que para nosotros, supuestamente, también es vinculante, fue aprobado por la Cámara. Quiero recordar que no formé parte de esa Comisión, a pesar de que quise integrarla, debido a que no me dejaron. No quiero nombrar a todos los diputados que fueron miembros de ella, pero en el respectivo informe se señaló, de manera categórica, que al momento de legislar tipos penales había que ligar esa materia con el problema penitenciario.

Resulta que ahora estamos aumentando las penas, pero de mala forma, porque la técnica jurídica que se está empleando no se utiliza en el Código Penal, en el sentido de subirlas en un grado después de considerar las atenuantes y las agravantes. El Código Penal discurre de manera distinta: primero, reflexiona respecto de la penalidad; luego, juega con las atenuantes y las agravantes. En el caso señalado, debido a la participación se aumenta en un grado la pena. Eso no es lo que dice nuestro Código Penal.

En consecuencia, hoy nos enfrentamos a la siguiente encrucijada: ¿somos coherentes con lo que nosotros hemos aprobado? Creo que antes de legislar sobre cualquier materia de tipos penales respecto del aumento de la penalidad, hay que preguntarse qué efecto tendrá en términos penitenciarios, porque mientras las cárceles chilenas no rehabiliten, no sean capaces de reinsertar a la sociedad a quienes han cometido un ilícito, malamente podremos pensar en meter más gente en ellas, incluso, a quienes cometen desórdenes en la vía pública, abigeato o manejo en estado de ebriedad.

Si no somos coherentes con lo que nosotros mismos hemos señalado, tendremos una explosión de personas privadas de libertad. ¿Qué hemos planteado? Que hay que vincular, en forma directa, toda política criminal con la política penitenciaria, porque si no lo hacemos estaremos provocando, como lo estamos haciendo ahora, una explosión de personas privadas de libertad sin ningún sentido. Si las cárceles chilenas efectivamente rehabilitaran, todos estaríamos de acuerdo en el aumento de las penalidades y en reformar el Código Penal, porque tendríamos la certeza de que las personas sancionadas podrían ser reinsertadas en nuestra sociedad.

Sin embargo, cuando no hacemos eso, al final, estamos provocando más problemas de hacinamiento y aumentando la posibilidad de que más personas mueran el día de mañana como consecuencia de estar presas por la comisión de un supuesto delito de desorden público. Creo que eso no es tolerable. Quiero ser consecuente con lo que aprobé. El informe de la cárcel de San Miguel señala con claridad que necesariamente debemos vincular toda política criminal con la crisis penitenciaria.

En ese sentido, como no hay ningún informe que señale cuánto va a significar el aumento explosivo de gente privada de libertad que habrá a futuro como consecuencia de la reforma que se propone, no estoy de acuerdo con el proyecto.

He dicho.

-Aplausos.

El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.

El señor DÍAZ.- Señor Presidente , por cierto, la versión original de la reforma que plantea la iniciativa es positiva. En ese sentido, valoro la voluntad y la disposición del diputado señor Matías Walker , que ha sido uno de sus principales impulsores, cuyo objetivo es tratar de poner atajo a un ilícito que aumenta cada día, como es el robo de vehículos, preocupación que tiene fundamento.

El proyecto sufrió importantes modificaciones en cuanto a su propuesta original, que era la tipificación especial de un delito con una pena agravada. Sin embargo, quiero hacer una reflexión que está en la línea de lo planteado por el diputado señor Hugo Gutiérrez .

Debemos hacernos cargo de un aspecto que conversamos con el señor Isidro Solís , cuando fue designado ministro de Justicia a comienzos del gobierno de la Presidenta Bachelet , como asimismo con el ex ministro de Justicia , Felipe Bulnes , acerca de la necesidad de abordar la distorsión de penas que se desprende de la lectura del Código Penal. Si uno examina las penas, los delitos y los bienes jurídicos protegidos, pareciera ser que a nuestro ordenamiento penal le importa mucho más proteger los bienes que la integridad física o la vida de las personas. Precisamente, ése es el resultado del intento de legislar sobre la base de lo que los medios de comunicación o la sensibilidad noticiosa de un momento determinado pone como el hecho más relevante en la agenda.

Hoy es el robo de vehículos; mañana, el robo de bicicletas; pasado mañana, el robo de gallinas, y después, lo que sea. Por esa vía hemos ido construyendo una arquitectura penal completamente distorsionada donde, reitero, las penas más relevantes están asignadas a los delitos contra la propiedad y no a aquellos que atentan contra la vida o la integridad de las personas. Tiene que llegar un momento en que nos serenemos, analicemos el Código Penal y dejemos de perforarlo a través de legislaciones particulares y específicas para cada hecho que aparezca como relevante desde el punto de vista mediático.

Conversamos, en la Comisión de Constitución, durante dos lunes consecutivos, a iniciativa de su presidente , diputado Alberto Cardemil , con el presidente de la Corte Suprema , con el fiscal nacional, con el ministro de Justicia y con el ministro del Interior . El lunes pasado contamos con la presencia del general director de Carabineros y del director general de la PDI, oportunidad en que reflexionamos acerca de la importancia de valorar el esfuerzo que se ha hecho desde hace una década para construir un sistema penal distinto sobre la base de la reforma procesal penal. En dichas sesiones nos acompañó también la presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, senadora Alvear , quien, además, era ministra de Justicia cuando se impulsó la reforma procesal penal. Fue su gran artífice.

Hay conciencia, en todos los operadores del sistema procesal penal, que su reforma ha sido exitosa; que ha permitido brindar mejor justicia a los chilenos; que, al margen de que hoy, a veces, porque un fiscal le dice a una persona que ha presentado una denuncia por un delito de que ha sido víctima que no se va a perseverar en la investigación, ello es infinitamente mejor que el espejismo que produce la comunicación de sobreseimiento temporal o definitivo de una causa, años después, cuando parecía que estaba siendo investigada y, en realidad, estaba guardada en algún tribunal.

Entonces, el esfuerzo que como país hemos hecho en una década, con reformas y ajustes en el camino, para contar con un sistema procesal penal acorde con las garantías del debido proceso y la modernización de nuestras herramientas de persecución penal, con la dictación, por ejemplo, de un estatuto especial para la persecución penal de adolescentes y menores de edad, no guarda relación con este mecanismo de legislación en que -insisto- pareciera ser que la pauta noticiosa termina imponiendo la agenda legislativa.

Vuelvo a señalar que me parece que el proyecto sufrió modificaciones importantes: pasó de tipo penal propio a agravante; pasó de ser una facultad del juez de fijar el aumento de la pena a una norma imperativa. Sin embargo, a mi juicio, el proyecto sigue presentando situaciones que no se ajustan al espíritu de lo que deberíamos tener presente cuando legislamos en materia penal.

Comparto el planteamiento del diputado Hugo Gutiérrez respecto del espíritu que animó la reforma carcelaria y, particularmente, la modificación al régimen de otorgamiento de libertad condicional. La reciente aprobación de un proyecto de indulto, supuso, a mi entender, un giro copernicano en el modo en que estamos entendiendo los temas de seguridad ciudadana.

Hago un llamado al ministro del Interior , a fin de que retome la senda que él mismo nos planteó cuando nos reunimos en la casa del ministro de Justicia para conversar sobre las bases de este indulto y de la reforma carcelaria, en cuanto a dejar de hacer de la política de seguridad pública una política de trinchera, de combate, entre el Gobierno y la Oposición, y asumirla como lo que es: una preocupación que está siempre ubicada dentro de las dos o tres primeras manifestaciones de inquietud ciudadana. Ella requiere de entendimientos estratégicos, porque no hay ningún país que haya alcanzado el nivel de delito cero. Hoy, además, cuando aumentan los delitos y la percepción de inseguridad en la opinión pública, con mayor razón uno espera, exige, demanda, de quienes tienen la responsabilidad de otorgar y diseñar políticas de prevención del delito, serenidad, claridad y, por cierto, también responsabilidad, las cuales no se aprecian.

En el último tiempo, hemos visto que el ministro de Justicia se pelea con la Corte Suprema; después, el ministro del Interior se disgusta con los fiscales; a un ministro que dice que vamos a elegir a los fiscales; después, al ministro de Justicia que dice que eso no es así. Esas cosas no ayudan. Y si, más encima, le ponemos la guinda a la torta, legislando sobre cada una de los focos mediáticos que aparecen sobre determinados hechos -conozco el tema por la forma en que el diputado Matías Walker lo planteó en la Comisión de Constitución y, reitero, con fundamento-, me parece que cometemos un error. No es razonable que en Chile tengamos la población carcelaria más grande de América Latina, un Código Penal que establece las penas más altas para los delitos que atentan contra la propiedad privada y que, sin embargo, aumente la sensación de inseguridad y el índice de victimización. Algo está fallando. Está claro que no vamos a lograr disminuir los delitos por la vía de aumentar las penas privativas de libertad. ¿Vamos a disminuir la comisión de delitos a través de aumentar la población en las cárceles? Eso no ha ocurrido. Entonces, debemos reconocer que ése camino fracasó; no sirve; no resuelve la sensación de inseguridad que experimentan los ciudadanos del país. El aumento explosivo de la población carcelaria no se va a resolver con más cárceles. Hay que hacer un giro que no va por la vía de poner una pena de cárcel o elevarla a cada cosa que aparece en las noticias.

Ayer, en la Comisión de Constitución discutíamos, con mucha tranquilidad, el tema de los grafitis, del rayado de los monumentos, de nuestro patrimonio urbano, que es una preocupación extendida. No pudimos despachar el proyecto porque había conciencia en la Comisión de que las penalidades que están establecidas en la ley, incluso, en las mociones presentadas, son excesivas. ¿Queremos meter a la cárcel a alguien que raye una pared? ¿Vamos resolver algo metiendo preso por 541 días a un joven que rayó un monumento? Claramente, es una conducta reprochable, pero con una penalidad como la señalada no la vamos a resolver.

Entonces, sin perjuicio de las mejoras que ha tenido este proyecto respecto de la versión original, no lo voy a acompañar, porque siento que da una señal equívoca, errada. Tengo dudas sobre su eficacia. Valoro profundamente el espíritu que hay detrás de la propuesta del diputado Walker ; pero este camino se ha seguido durante mucho tiempo y el resultado es, en primer lugar, una población carcelaria increíblemente grande para un país como Chile, y, en segundo lugar, el aumento permanente de la sensación de inseguridad y de los índices de victimización de sus habitantes.

Está claro que este camino hay que desandarlo, porque no es el que nos conduce a disminuir los delitos, ni mucho menos a que la gente tenga lo que quiere: vivir en paz, con seguridad, con tranquilidad, sabiendo que puede salir de su casa libremente, porque está protegida de la comisión de delitos. Eso no ha ocurrido. Y este camino, que se ha seguido durante años, quizás décadas, simplemente no nos lleva en esa dirección.

He dicho.

El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado Alejandro Santana.

El señor SANTANA.- Señor Presidente , en primer lugar, felicito al autor de esta moción, el diputado Matías Walker , porque siento que este proyecto de ley apunta a un problema importante en el país. Es práctico y va a contribuir a la disminución de estos delitos, puesto que las penas son significativamente superiores a las que existen.

Conforme a los datos proporcionados por la Dirección de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, estos delitos han aumentado en forma progresiva en el tiempo. Por ejemplo, de un total de 7.777 denuncias por robo con fuerza en 2003, pasamos a 26.682 en el 2009, lo que implica un crecimiento de más de 340 por ciento en sólo seis años.

En cuanto al robo con fuerza de accesorios, de un total de 38.646 denuncias en 2003, pasamos a 53.337 en 2009; es decir, hubo un incremento de casi 40 por ciento.

En igual lapso, de un total de 1.129 detenciones en 2003, se produjo un aumento a 2.206 en 2009; por lo tanto, se produjo un aumento de 95 por ciento.

Las cifras anteriores indican que estamos ante un problema que ha crecido de manera sistemática, y hasta hoy no nos habíamos encontrado con una iniciativa que nos permitiera hacerle frente.

Por eso, es muy importante que este proyecto -lo mismo debería ocurrir con futuras iniciativas que busquen castigar de manera importante a los autores de ciertos delitos- permita implementar acciones preventivas y resguardar la seguridad de quienes con mucho esfuerzo compran su vehículo. No todos tienen la oportunidad de adquirir un auto nuevo o uno de alto costo. La gran mayoría de los chilenos debe endeudarse para comprar un vehículo y, además, no tiene recursos para contratar un seguro contra robos. Por ello, la pérdida del vehículo, como consecuencia de un robo o hurto, implica un alto impacto para el patrimonio de la familia.

En el último tiempo se ha producido un incremento significativo del parque automotor. En ese contexto, hemos visto cómo la clase media y la gente de menos recursos, con mucho esfuerzo, han logrado adquirir un vehículo. Lamentablemente, vemos que en ellos se focaliza el incremento de los robos.

La bancada de Renovación Nacional apoyará la iniciativa. Su autor ha elaborado un instrumento práctico, que busca resolver en parte una problemática que, entre 2003 y 2009 -son los datos que se conocen-, aumentó de manera brutal. Lamentablemente, en ese lapso no se implementó una política ni se presentó algún proyecto que buscara remediar esa situación.

He dicho.

El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Alinco.

El señor ALINCO.- Señor Presidente , quiero hablar como un ciudadano común, como un chileno cualquiera, como un hombre trabajador, que conoce la cárcel por fuera y también por dentro. Por lo tanto, sin desmerecer a nadie, creo que, aunque parezca contradictorio, tengo cierta moral para hablar sobre el tema.

Me atrevo a decir que quienes elaboraron este proyecto, con muy buena intención, lo hacen sin mirar para el lado. Como hombre conocedor de las cárceles por dentro, me atrevo a decir que dentro de ellas hay gente que no es delincuente, y que fuera de ellas hay gente que sí lo es. Por lo tanto, creo que con el endurecimiento de las condenas y con poner más cadenas a nuestra gente, no vamos a solucionar el problema de la delincuencia.

La delincuencia se combate con mayor vigilancia -no hay duda de ello-, pero también con mayores oportunidades, oportunidades que el sistema político vigente no le da a nuestro pueblo, oportunidades que no tienen nuestros jóvenes, oportunidades que no tienen los trabajadores, oportunidades que no tiene la mujer dentro de la sociedad chilena.

Por lo tanto, para combatir la delincuencia y otros aspectos, se requiere una solución integral: mayor vigilancia, más transparencia en los tribunales y hacer realidad lo que hace un tiempo dijo el presidente de la Corte Suprema , señor Milton Juica -información que me hizo llegar el diputado Hugo Gutiérrez , del Partido Comunista-: “El mundo político entrega un mensaje donde se refuerza la idea de que toda persona que delinque debe ir a la cárcel”. Pero todos sabemos que no es así, porque la justicia discrimina. Hay gente poderosa económica y políticamente que anda vivita y coleando por las calles de nuestro país, como algunos ex ministros de Estado y algunos personajes famosos.

Creo que este proyecto sólo permitirá que se siga reprimiendo a la gran mayoría de los chilenos que no tiene la posibilidad de contratar a un abogado, que no tiene poder económico y que, a veces, por haber cometido una falta, es condenada por un delito.

Por lo tanto, sin estar en contra -para nada- del combate contra la delincuencia, creo que ésta no es la solución. La solución pasa por un planteamiento integral: educación de calidad, oportunidades para nuestra gente, justicia pareja e igual para todos. Que no se aplique la ley del embudo: para los poderosos la parte ancha, y para la gran mayoría de nuestro país, la parte más estrecha.

Considero que este proyecto refleja y confirma, una vez más, que en nuestro país, en nuestro querido Chile, hay chilenos de primera, de segunda y de tercera clase.

He dicho.

-Aplausos.

El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Cristián Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente , cuando escucho a los honorables diputados de la Concertación, del Partido Comunista y al distinguido colega Alinco , me pregunto qué dirá, al ver esta sesión, el joven Kevin Silva , quien, como sabe la opinión pública y todos nosotros, perdió sus dos piernas, a una temprana edad, por culpa de un irresponsable que manejaba ebrio. A Dios gracias, el sistema procesal penal chileno funcionó y el responsable de ese hecho ilícito pagará con cuatro años de cárcel. Por lo tanto, la ciudadanía y el sistema procesal penal espera de nosotros que entreguemos las herramientas para enfrentar el problema de la delincuencia. Independientemente de las penas, la gente quiere desarrollar su vida cotidiana en forma segura y ordenada.

Pensaba referirme sólo al proyecto del diputado Walker , respecto del cual colaboré en su perfeccionamiento y que votaré favorablemente, pero la intervención del diputado Burgos , que imputó a nuestro Gobierno ineficiencia en el combate contra la delincuencia, me obliga a hacer un poco de historia.

Cuando fuimos Oposición denunciamos la existencia de la puerta giratoria, que la delincuencia aumentaba y que se estaba constituyendo en un flagelo para nuestra sociedad. Pero cuando llegamos al Gobierno, hace un año y medio, nos dimos cuenta de que toda nuestra voluntad y la inyección de más recursos no bastaban, porque durante veinte años se había elaborado y fomentado en la sociedad chilena una cultura delictiva, que ha sido muy difícil combatir. Esa cultura tiene varias causas: la destrucción de la familia, la drogadicción, el crecimiento del uso de armas ilegales en las poblaciones, etcétera.

Pero en esa cultura también influyó el sistema procesal penal, que es demasiado garantista, toda vez que no hay proporcionalidad entre el amparo que el sistema le brinda al delincuente y la garantía que deben tener las víctimas. Mientras los delincuentes tienen la Defensoría Penal Pública -ergo, el Estado les pone un abogado gratuitamente-, la víctima tiene que pagar su defensa. Por eso, estamos en deuda con las víctimas de ahora y las futuras, que ojalá terminen alguna vez, porque queremos terminar con la delincuencia.

Es un sofisma decir que este Gobierno no tiene estrategia para enfrentar la delincuencia. La tiene, y ha sido exitosa, porque, a pesar de los pesares, va reduciendo en forma paulatina este flagelo que afecta a nuestra sociedad.

Tenemos que dar mayores facultades a las policías. Ayer, precisamente, en la sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, el diputado Squella señalaba que los fiscales advertían que a las policías había que entregarles mayores facultades y darles más incentivos. Entre éstos estaba el que se sancionara la conducta de no colaborar con Carabineros o con la PDI.

En definitiva, la solución no está en criticar al gobierno de turno, sino en colaborar con él, y opositores y gobiernistas tenemos que preocuparnos de ello.

Tal como el diputado Jaramillo , tengo mis dudas de si el aumento de las penas es suficiente para disminuir la delincuencia. El derecho penal moderno estaría optando por flexibilizar el sistema y cambiar la pena privativa de libertad por sanciones pecuniarias, porque parece que a las personas les duele más cuando se les ataca el bolsillo que cuando se las encarcela. Tal vez sea efectivo el sistema, pero en países desarrollados y con otra cultura. Lamentablemente, todavía no estamos preparados para esa alternativa.

El diputado Hugo Gutiérrez nos critica porque pedimos aumentar penas y nos dice que queremos llenar las cárceles. Le pregunto si va a opinar lo mismo cuando los ejecutivos de La Polar, esos delincuentes de cuello y corbata que defraudaron a miles de chilenos, vayan a la cárcel, como todos esperamos. ¿Va a pedir que los saquen, porque las cárceles están llenas? Espero que el diputado Hugo Gutiérrez apoye la resolución que todos los chilenos esperamos de los tribunales chilenos y que esos señores vayan a la cárcel, porque también cometieron un delito, y muy grave.

Ahora, este proyecto, originado en una moción del diputado Walker -respecto del cual colaboramos en su perfeccionamiento-, apunta a combatir un delito muy común. En la Comisión se nos señaló que durante 2009 se reportaron 27.738 vehículos robados; que en 2010, llegaron a 31.726 -es decir, los robos crecieron ostensiblemente-, y que durante el presente año, al primer semestre, los encargos llegaban a 20.916 vehículos.

Existen distintas modalidades de ejecución de estos ilícitos, que de ahora en adelante se van a punir en forma especial. Está, por ejemplo, el desarme y reducción de partes y piezas. Otra modalidad es el blanqueo, que tiene dos particularidades: el gemeleo y la clonación. El gemeleo consiste en que dos vehículos, de similares características, circulan por el país con una misma placa patente. En el caso de la clonación, se adquiere maliciosa e intencionalmente un vehículo destruido, rematado en una subasta pública y luego se roba otro, con las mismas características, al que se le insertan los documentos y placas patentes del auto rematado, previa adulteración de los números identificatorios de chasis y motor del auto robado.

Otra modalidad es la reinscripción fraudulenta mediante documentos falsos. Esta modalidad es la más recurrida para el blanqueo de vehículos robados.

Una cuarta modalidad, y que también recoge este proyecto de ley presentado por el diputado Walker, es la comercialización en el extranjero de los vehículos robados, que salen preferentemente por el extremo norte de Chile.

Pero también está el robo de vehículos para la comisión de otros delitos. Hace un par de días, en la Costanera Norte, delincuentes que robaron un auto desparramaron “miguelitos” durante su escape. Varios vehículos resultaron con sus neumáticos dañados.

Iniciativas como ésta son un aporte en el combate contra la delincuencia. A través de este tipo de proyectos, la ciudadanía se da cuenta de que los diputados estamos preocupados de los problemas que afectan la vida diaria de las poblaciones. Cada tres minutos -dicen- se cometen delitos, que lesionan diversos bienes jurídicos. Ante esta realidad tenemos que reaccionar, y tenemos que hacerlo con energía, con proyectos como éste, que aumentan las penas.

Por eso, no puedo creer que diputados de la misma coalición del diputado Walker vayan a votarlo en contra. Con este proceder, el país no entiende nada de nada.

Nosotros, en la UDI, estamos con los ciudadanos y los defenderemos ahora y siempre en ésta y en todas las materias que los afecten.

He dicho.

El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.

El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , comparto gran parte de los argumentos esgrimidos por los diputados Hugo Gutiérrez y Díaz, en cuanto a que tenemos que ser capaces, como sociedad, de abordar adecuadamente las causas del delito y de resolver los problemas de justicia social e inequidad, sobre todo cuando, por un lado, se nos dice que lo importante es tener, consumir y acumular y, por otro, se deja a la inmensa mayoría de los chilenos fuera del alcance de esa riqueza material, transformándonos en una sociedad de frustrados, con una violencia simbólica tremenda, que genera reacciones y actos violentos, como los delitos.

También comparto que la inseguridad ciudadana y los altos índices de victimización no se resuelven sólo con aumentar las penas. Es necesaria la prevención social del delito y es fundamental resolver nuestra política penitenciara para entregar reales oportunidades de rehabilitación. También tenemos que ser capaces de desarrollar políticas de reinserción social, sobre todo para quienes han cometido delitos menores o que, habiendo cometido delitos, son objeto de rehabilitación y que después necesitan reinsertarse en la sociedad, a quienes, sin embargo, se les cierran todas las puertas.

Con todo, no puedo estar de acuerdo con la conclusión a la que arriban. Si bien se requiere una política criminal mucho más moderna e integral y una estrategia de seguridad ciudadana real, y no meramente discursiva, como la que tiene el actual gobierno -son cuestiones urgentes de nuestro país-, no puedo sino señalar que el proyecto va en una dirección correcta para modernizar nuestra legislación penal. ¡Nos urge tener un nuevo Código Penal que se haga cargo de los nuevos delitos y también de un catálogo de penas más adecuado a la realidad actual de nuestra sociedad!

Por eso, felicito la iniciativa del diputado Matías Walker y le agradezco que nos haya invitado a formar parte del proyecto como mocionantes, porque busca proteger a la clase media. Quienes tienen un vehículo no son personas adineradas o privilegiadas; son personas de clase media, que muchas veces los usa como herramienta de trabajo, que lo han obtenido con el ahorro de toda una vida o que han tenido que endeudarse para comprarlo. En consecuencia, cuando estas personas de clase media son objeto de este tipo de delitos, tenemos que ser capaces de protegerlos de mejor manera.

Por eso, el proyecto, que es muy simple, da un mandato imperativo al juez para que, al momento de aplicar la pena -es decir, después de ponderar las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, como las atenuantes y las agravantes-, la suba en un grado. Nos parece que esto va en la línea correcta, porque tenemos que sancionar ese tipo de delitos de una manera más drástica, para llenar un vacío legal que inclina a los delincuentes a optar por ese tipo de delitos, que tienen un impacto social enorme en la clase media.

Insisto en que necesitamos una política de seguridad ciudadana real, un nuevo Código Penal y una política penitenciaria que nos permita no sólo privar de libertad a las personas que lo merecen, sino también darles la oportunidad de rehabilitarse y de seguir aportando a la sociedad.

Dentro de estos nuevos catálogos de penas, es fundamental que establezcamos penas reales y verdaderas para los delincuentes de cuello y corbata. Por eso, comparto también lo que expresó el diputado Alinco . No podemos seguir permitiendo la impunidad para los poderosos que delinquen y que las cárceles se llenen con personas de origen humilde que cometen delitos.

Quiero convocar a esta Cámara para que, independientemente del debate mayor -en el cual estamos de acuerdo fundamentalmente con nuestros colegas de la Concertación- respaldemos una iniciativa que, a nuestro juicio, es urgente y dará una mayor protección jurídica a nuestra clase media.

He dicho.

El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker.

El señor WALKER.- Señor Presidente , seré muy breve en mi segunda intervención. Sólo responderé algunas interrogantes, ya que muchas de ellas se han aclarado en el transcurso de la discusión.

En el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se optó por no tipificar el robo de vehículos como un delito distinto. Los autores originales de la moción creíamos que era importante, desde el punto de vista político-criminal, dar una señal en tal sentido, toda vez que, simultáneamente, se discutían los proyectos que aumentaban las penas por los delitos de abigeato y de robo de cajeros automáticos.

Gracias al aporte del asesor de la bancada del Partido Socialista, el profesor Enrique Aldunate , quien redactó la indicación que aprobó la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y que hoy se somete al conocimiento y a la aprobación de la Cámara, se intercaló, entre otros, el siguiente inciso segundo al actual artículo 443: “Si el delito a que se refiere el inciso precedente recayere sobre un vehículo motorizado, se impondrá a los autores, cómplices o encubridores las penas correspondientes aumentadas en un grado.”.

Esta indicación obliga en forma imperativa al juez a aumentar la pena por este delito en un grado, entendiendo que robar un vehículo motorizado no es lo mismo que robar una silla o una mesa en un bien nacional de uso público, como señala el primer inciso del actual artículo 443.

Respeto mucho las opiniones de los diputados señores Hugo Gutiérrez y Marcelo Díaz , pero, respetuosamente, les hago la siguiente pregunta, a través del señor Presidente : ¿qué hacemos hoy con las asociaciones ilícitas, con las bandas delictuales transnacionales que se dedican a robar vehículos con el objeto de venderlos en Bolivia y que están lucrando con un negocio extraordinariamente rentable, debido al costo cero que significa hoy robar vehículos con el objeto de venderlos en el extranjero, clonados o a través de las distintas modalidades que hemos señalado acá y que nos ha indicado correctamente Carabineros de Chile?

No sé cuál será el real impacto que tendrá el proyecto en el aumento del número de condenados en las cárceles, pero sí sé cuál es el impacto que tiene no aprobarlo, que es permitir que continúe ese gran negocio de bandas transnacionales dedicadas al robo de vehículos y a su venta en el extranjero, para quienes ese delito tiene costo cero, según lo señalado por los fiscales del Ministerio Público, quienes nos han pedido respaldar la iniciativa.

He dicho.

El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Cristián Monckeberg.

El señor MONCKEBERG ( don Cristián) .- Señor Presidente , me correspondió participar en la discusión del proyecto en las dos comisiones: en la de Seguridad Ciudadana y en la de Constitución, Legislación y Justicia.

Felicito al diputado Walker por su persistencia, ánimo y buena disposición, no sólo para aceptar los cambios que se le introdujeron a la iniciativa en las dos instancias, sino también para buscar soluciones y sacar adelante el proyecto. De hecho, invitó a muchos parlamentarios a firmar como coautores.

Escuché a parlamentarios de la Concertación y del Partido Comunista que señalaron que el proyecto no sería bueno, que sólo propone un aumento de penas y que no busca ninguna solución de fondo. Al mismo tiempo, dejan entrever que el Gobierno no estaría haciendo absolutamente nada en relación con el tema. Quiero aclarar varios puntos en relación con tales afirmaciones.

No voy a explicar el proyecto, porque varios parlamentarios, entre los que se cuenta el diputado informante , han aclarado en qué consiste el aumento de las penas y las razones jurídicas que lo justifican plenamente, pero sí abordaré otros aspectos.

En primer lugar, se ha producido un considerable aumento de estos delitos, que asciende al 83 por ciento en los últimos cuatro o cinco años. Se dirá que la respuesta al aumento de los delitos no solamente debe consistir en un aumento de las penas, en lo que estamos absolutamente de acuerdo. Ya daré a conocer las decisiones y resoluciones que el Gobierno ha tomado en esta materia, que no sólo implican aumento de las penas.

Además, quiero dejar absolutamente sentado que, para los chilenos, en general, el vehículo motorizado forma parte importante de su patrimonio. Hoy, el patrimonio familiar de la mayoría de las personas es la casa o el auto, o ambos.

Además, muchas de ellas utilizan el vehículo como herramienta de trabajo y, por lo tanto, su robo produce un perjuicio gigantesco. Muchas veces los automóviles son adquiridos con créditos bancarios, lo que hace muchísimo más difícil soportar su robo y seguir pagando las cuotas de los créditos.

También se ha señalado que no es necesario el aumento de las penas. Yo creo que sí lo es; su efecto persuasivo es importante en quienes van a cometer esos delitos. Eso está demostrado estadísticamente respecto de otros delitos en que se han aumentado las penas en forma racional. Por los discursos que hemos escuchado, como el del diputado Hugo Gutiérrez , pareciera que estaríamos excediendo todos los límites aceptables respecto de la definición de las penas.

Al mismo tiempo, el Gobierno, en forma complementaria a este proyecto de ley, originado en una moción parlamentaria, lleva adelante una serie de iniciativas paralelas -tal como discutimos el aumento de penas por el delito de robo de cajeros automáticos- que dicen relación con la regulación de las exigencias de medidas de seguridad en autos nuevos, la publicación de estadísticas respecto de cuáles son las marcas de automóviles que vienen con esas medidas de seguridad -evidentemente, esto cuenta con la colaboración de quienes importan autos a Chile-, licitación de nuevas placas patente, tercera placa identificatoria, sistema de lectura de patentes en autopistas, intervención multisectorial de desarmadurías -algo que también es importantísimo, porque uno de los efectos de este delito es su receptación- y utilizar la medida de los autos señuelos.

Por lo tanto, el Gobierno no sólo trabaja legislativamente, sino también en medidas administrativas y de seguridad ciudadana, que adopta la Subsecretaría de Prevención del Delito en esta materia, tal como lo hizo en el tema de los cajeros automáticos.

Es imposible que delitos que tienen aumentos explosivos no tengan una respuesta completa, integral. En ese sentido, ésta es una respuesta legislativa integral, dada por el Parlamento. Sin embargo, no es lo único que se puede hacer, y se debe dejar en claro.

Me conecto con ese argumento para plantear una reflexión final. El tema de seguridad ciudadana no es resorte exclusivo -sí el más importante- de Carabineros, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y del Gobierno, aunque los mayores responsables en la materia sean el Ejecutivo y Carabineros. También hay otros organismos que deben estar presentes, que tienen que entender -es un tema que hemos tratado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y de Seguridad Ciudadana- que también tienen responsabilidades y que no se pueden lavar las manos en la materia. Me refiero al Ministerio Público, al Poder Judicial y a una serie de instituciones que forman parte del Ejecutivo, más allá del Ministerio del Inte-rior y Seguridad Pública, que tienen mucho que hacer y decir en materia de seguridad ciudadana.

Hace algún tiempo asumimos que la delincuencia y la seguridad ciudadana tienen tres aristas importantes: la parte preventiva, el control y la rehabilitación. En Chile, poco se hace en rehabilitación -tal como lo decía el diputado Hugo Gutiérrez -; de hecho, en los últimos veinte años no hemos avanzado nada en rehabilitación. Recién este Gobierno ha presentado un plan bastante auspicioso para las cárceles y esperamos que produzca los resultados esperados.

Efectivamente, nosotros asumimos que los conceptos de prevención, control y rehabilitación son importantes, pero también tenemos que entender que la responsabilidad en materia de seguridad ciudadana no es exclusivamente de una o de dos personas. Hay involucrados diferentes Poderes del Estado y diversos organismos e instituciones que también se deben hacer responsables ante el tema.

Estamos ante un buen proyecto de ley. Ojalá que en el Senado tenga una tramitación expedita, que permita su rápido despacho.

Nuevamente, felicito al parlamentario que me invitó a formar parte de esta iniciativa, el diputado Matías Walker. Debemos entender que estamos frente a una política legislativa importante, una respuesta del Poder Legislativo en materia de seguridad ciudadana, que es complementaria a otras medidas que el Ejecutivo ha adoptado.

Repito que la responsabilidad en materia de seguridad ciudadana no es de una sola persona, sino que también tiene un complemento en diferentes órganos y Poderes del Estado.

Finalmente, anuncio que la bancada de Renovación Nacional votará favorablemente el proyecto de ley.

He dicho.

El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.

El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , no cabe duda de que la voluntad de perseguir, eliminar o reducir el robo de vehículos motorizados convoca a muchos ciudadanos, porque ese delito afecta a muchas personas. Nadie podría marginarse de buscar fórmulas y mecanismos para terminar con este negocio ilícito de bandas delictuales, que afecta a los ciudadanos en su patrimonio.

Pero considero que se equivoca enormemente la fórmula utilizada de obligar al juez a aumentar las penas en un grado en este tipo de delitos. Simplemente, con esto se da una señal en el sentido de que la protección de la propiedad, la protección de aquellas personas que sufren este delito, va a significar, inexorablemente, que el autor del delito va a ir a la cárcel.

Me gustaría que, con la misma fuerza que se despliega para impulsar estos proyectos de ley, se persiga también a los verdaderos delincuentes, a los de cuello y corbata, a los de La Polar, quienes están tranquilos en sus casas, aunque hayan estafado a más de 500 mil personas. El Parlamento y el Ejecutivo debe perseguir a esas personas, pero aquí se hace un tremendo debate y se invocan razones de Estado para defender, primero, a los bancos, para que no les roben los cajeros automáticos, y segundo, a quienes son víctimas del robo de su vehículo.

Me parece que la política de persecución del crimen, en primer lugar, tiene que mejorar su tecnología, aumentar los recursos de Carabineros para la seguridad pública, para desbaratar esas bandas y perseguir el delito de receptación, incluso a nivel fronterizo, pero no se debe armonizar la política criminal con la penitenciaria, lo que nos puede llevar a cometer un error bastante grande.

En ese sentido, es importante consignar lo que expresó en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia el señor Nicolás Espejo Yaksic , profesor de Derecho Constitucional y de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad Adolfo Ibáñez y en la Universidad Central, a propósito del incendio que afectó al Centro de Detención Preventiva de San Miguel , quien “estimó importante que esta Comisión refuerce la relación que existe entre la crisis del sistema penitenciario y la política criminal. Gran parte del debate, a propósito de los tipos penales y las medidas que se están anunciando, guarda relación con el tipo de persecución y cuál es el número de personas que queremos tener privadas de libertad.”.

De igual manera, el presidente de la Corte Suprema , señor Milton Juica , declaró: “El mundo político entrega un mensaje donde se refuerza la idea de que toda persona que delinque debe ir a la cárcel.”.

Entonces, ¿cuál es el bien jurídico protegido con la modificación que se pretende llevar a cabo? ¿Es reforzar el derecho de propiedad? ¿Se trata de enviar a las cárceles, que no tienen capacidad para rehabilitar a los ciudadanos, a las personas que cometen este tipo de delitos? Pero, ¿cómo compatibilizamos la política penitenciaria con la política criminal? ¿Se ha estudiado cuántas personas serán enviadas a la cárcel cuando se promulgue esta futura ley? ¿Qué queremos establecer? ¿Una puerta giratoria? ¿Una sobreprotección contra los delitos a la propiedad?

¿Y qué ocurre con los delincuentes de cuello y corbata, con los ejecutivos de La Polar, con los delincuentes de las isapres, que han estafado a miles de compatriotas? ¿Quién se acuerda de quienes participaron en la colusión de las farmacias, en que se metió la mano en el bolsillo de miles de chilenos? ¿Y dónde están los proyectos de ley que abordan esos temas? ¿Dónde está el impulso?

Un señor DIPUTADO .- ¡Acá está!

El señor DE URRESTI.- ¡Qué bueno! ¡Ojalá que estuviera en la Sala!

¿Por qué tanta preocupación por aumentar las penas a estos delitos?

Realmente, creo que estamos legislando simplemente para la galería, para seguir metiendo más gente en las cárceles. Para los que roban: persecución y cárcel. Ningún problema. Pero establezcamos prioridades.

Invito a los autores del proyecto a tener la misma fuerza y el mismo impulso respecto de los delincuentes de cuello y corbata, para quienes estafaron a 500 mil personas vayan a prisión. Sobre ese tema debemos alcanzar un acuerdo y tener la voluntad para que esas personas sean procesadas en tribunales y, posteriormente, sean encarceladas.

Sin embargo, se pone demasiado énfasis en el aumento de las penas para este delito, en circunstancias de que mediante el uso de la tecnología, con la exigencia a las automotoras de medidas de protección para los vehículos y con la ayuda de Carabineros, para que refuerce su control y desbarate las bandas internacionales que cometen ilícitos como los que nos ocupan, podemos mejorar la situación.

Insisto: considero que no vamos en el camino correcto; estamos buscando un atajo. Se cree que a través de una política de endurecimiento de las penas se van a acabar los delitos. Ello no ocurrirá; simplemente, se recargará el trabajo de los tribunales, se llenarán las cárceles con más delincuentes, pero los delitos no van a disminuir.

Por lo anteriormente expresado, no estoy de acuerdo con este proyecto; pienso que debemos seguir estudiándolo, pero dentro de una política global criminal y penitenciaria.

Por último, reitero mi invitación a los autores de la iniciativa a tener la misma fuerza para perseguir a los delincuentes de cuello y corbata y no sólo a quienes roban vehículos.

He dicho.

El señor ARAYA (Vicepresidente).- Ha terminado el tiempo del Orden del Día y quedan numerosos diputados inscritos para intervenir.

Recabo el asentimiento unánime de la Sala para cerrar el debate y proceder a la votación del proyecto.

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

Entonces, la discusión y votación de esta iniciativa quedan pendientes para la siguiente sesión.

El señor WALKER.- Señor Presidente, le solicito recabar nuevamente la unanimidad de la Sala para votar el proyecto, en el entendido que quedan muy pocos inscritos para hacer uso de la palabra.

El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- No hay unanimidad, diputado Walker.

AUMENTO DE PENALIDAD A DELITO DE ROBO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS. Primer trámite constitucional. (Continuación).

El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en moción, que reforma el Código Penal, tipificando los delitos de robo o hurto de vehículos motorizados, y crea nuevas figuras delictivas y aumenta su penalidad.

Diputado informante de las Comisiones de Seguridad Ciudadana y Drogas y de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Matías Walker.

Antecedentes:

-La discusión del proyecto de ley contenida en el boletín N° 7481-07, se inició en la sesión 109ª, en 16 de noviembre de 2008.

El señor ARAYA (Vicepresidente).- Hago presente a la Sala que los informes de las Comisiones de Seguridad Ciudadana y Drogas y de Constitución, Legislación y Justicia se encuentran rendidos y que el proyecto ha sido ampliamente debatido.

El tiempo destinado a Fácil Despacho es de media hora y hay seis señores diputados inscritos. Por eso, propongo que cada uno pueda hacer uso de la palabra por cinco minutos.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Tiene la palabra el diputado Schilling.

El señor SCHILLING.- Por favor, elimíneme de la lista, señor Presidente . En cinco minutos no alcanzo a concluir mi intervención.

El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Así se hará, señor diputado .

Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.

El señor ROJAS.- Señor Presidente, he querido hacer uso de la palabra, precisamente, por lo que se ha dicho durante la discusión del proyecto.

No sacamos nada con aumentar la penalidad respecto de un delito determinado, como es el robo de un vehículo -que conocemos muy de cerca en nuestras regiones-, si éstas se encuentran colapsadas, saturadas y con serios problemas de hacinamiento. Por eso, resulta fundamental -porque el tema no es menor- resguardar a quienes sufren y son víctimas de este tipo de delitos. Basta con

seguir preocupándonos de los delincuentes, porque quienes roban un vehículo o cometen algún delito están en la cárcel y han fallado a nuestra sociedad.

Junto con resguardar a las víctimas, debemos buscar la forma de solucionar el problema. El proyecto asume una forma persuasiva de hacerlo, en el sentido de que quien sabe que va a robar o que va a cometer un delito, también sabrá que tendrá que enfrentar una pena o condena con mayor sanción.

Ahora bien, en esta nueva tipificación del delito, que me parece correcta, también nos encontramos con ciertas debilidades, porque no se hace cargo de determinadas prácticas que se cometen en países vecinos. En el caso de Bolivia, recientemente hubo una modificación de un artículo relacionado con el tema. Como se sabe, en ese país se pueden blanquear vehículos robados que ingresaban desde el norte de Chile.

Por lo tanto, sabiendo que aún existe vulnerabilidad y aumento de este tipo de delitos, creo que el proyecto representa un camino positivo que puede persuadir a quien pretenda robar un vehículo.

Por las razones expuestas, votaré a favor del proyecto. Muchos de nosotros aspiramos a tener un vehículo. Desgraciadamente, en Antofagasta y Calama , zonas que represento, el robo de vehículos es uno de los delitos más comunes. Lamentablemente, a eso debemos agregar la vulnerabilidad de frontera, por donde cruzan todo tipo de vehículos, como asimismo el blanqueo que se hace de los mismos en otros países. Todo ello configura motivos más que suficientes para aprobar el proyecto y despacharlo lo antes posible.

He dicho.

El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcos Espinosa.

El señor ESPINOSA (don Marcos).- Señor Presidente , indudablemente, el proyecto contribuye a mitigar las nefastas consecuencias del aumento o incremento del robo de vehículos en nuestro país, más aún en aquellas regiones que por sus condiciones geográficas o limítrofes hacen más fácil su traslado hacia países vecinos, una vez que son sustraídos.

El robo de vehículos es una de las conductas delictuales de mayor incidencia en el país. Incluso, puede afirmarse que en Chile no existe una persona que no haya sido víctima directa o indirecta del robo de un vehículo. Sin embargo, no existe una tipificación específica del mismo, tal como advirtiera la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de esta Cámara al vincularlo sólo con la figura de robo o hurto, tipificado en el Código Penal como delito contra la propiedad.

Además, como consecuencia directa, tampoco tiene una penalización específica y determinada hipótesis de comisiones de delitos, como, por ejemplo, el envío o transporte o facilitación de vehículos motorizados; la utilización o facilitación de vehículos robados para la comisión de otros delitos; robo de vehículo destinado al transporte público, de carga o de pasajeros, o delitos cometidos por funcionarios públicos encargados de la prevención o persecución de delitos.

De acuerdo a estadísticas internacionales, anualmente desaparecen en el mundo alrededor de cuatro millones de vehículos. Según estos cálculos, la frecuencia promedio es de un robo cada diez segundos. En Chile, los niveles están por debajo de dichas cifras; sin embargo, no estamos lejos de contar con cifras alarmantes a nivel nacional.

Según estadísticas del informe anual del INE, correspondiente al período 2009, Carabineros realizó 2.206 aprehensiones por el delito de robo de vehículos motorizados y las denuncias en el mismo sentido fueron 26.404. Las regiones más afectadas son la Metropolitana, con 16.837 denuncias, y Antofagasta, con 2.062 denuncias.

Hago énfasis en que aquí están demostrados los datos crudos. Debemos hacer la corrección en términos de la proporción y de lo alarmante que resulta el número de vehículos robados, si lo comparamos con la población de la Segunda Región. En esa región, como ha quedado dicho, 2.062 vehículos son sustraídos anualmente, delitos que terminan siendo ventilados en tribunales.

En otros términos, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pudo comprobar, según datos estadísticos de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, que entre abril y junio de 2010 las denuncias por robo con fuerza alcanzaron a 27,7 por ciento; robo de objeto de o desde un vehículo, 15,2 por ciento; robo a un vehículo, 16,5 por ciento.

Por lo anteriormente dicho, y estando consciente del alto porcentaje del robo de vehículos motorizados en las regiones del norte del país, particularmente en Antofagasta, en marzo de 2009, junto a otros colegas parlamentarios, presentamos un proyecto de ley que iba en la misma dirección de esta iniciativa. Aunque no fueron refundidos, comparten el mismo fundamento y espíritu, cual es dar una correcta tipificación a este acto delictual y, por ende, establecer penas que sean acordes con la alta connotación social que tiene este delito.

El 15 de junio del año en curso, esta Cámara aprobó el proyecto de acuerdo N° 365, para solicitar un pronunciamiento oficial de la Cancillería de Chile ante los dichos del Presidente Evo Morales en Bolivia, particularmente sobre la promulgación de una ley que tiene por objeto legalizar todos aquellos vehículos indocumentados que ingresan a dicho país. Se implementaron medidas para reforzar la seguridad en la frontera chileno-boliviana y existen antecedentes de un preacuerdo entre ambas naciones para combatir el tema e identificar los vehículos encargados por robo en Chile, antes de que sean legalizados en Bolivia, de acuerdo con la ley de saneamiento legal de vehículos indocumentados.

En resumen, el proyecto apunta a fortalecer la legislación chilena. Por ello, creemos indispensable e imprescindible aprobarlo.

He dicho.

El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia.

El señor URRUTIA.- Señor Presidente , el proyecto ha sido ampliamente debatido. Concita bastante interés no sólo porque se trata de una moción parlamentaria, sino porque aborda un delito de permanente ocurrencia, como se ha señalado en intervenciones anteriores.

Por lo tanto, es importante que busquemos alguna solución para tratar de evitar, en parte, lo que está ocurriendo hoy. Pero lo que es más grave aún es que la mayoría de estos robos se realizan principalmente para cometer otro tipo de delitos. Habitualmente vemos en la prensa que cada vez que hay un asalto o se roba algún cajero automático, o se produce cualquier otro tipo de delito, se encuentra involucrado un vehículo robado. Al mismo tiempo, vemos con estupor lo que ocurre en países vecinos cuando se legalizan vehículos robados.

Por lo tanto, me parece bien que se haya agregado, al artículo 449 del Código Penal, la frase: “Con la misma pena de los autores se castigará a quienes envíen o transporten fuera del país vehículos robados.”. Con esa medida se agrega una nueva tipificación que, tal vez, sirva para ahuyentar a los delincuentes de cometer el delito de robo de vehículos.

No tengo las cifras exactas sobre la cantidad de vehículos robados que se venden diariamente, pero sin duda ha ido aumentando con fuerza la cantidad de vehículos que se venden anualmente.

En la medida en que los delitos aumenten, lo más probable es que también siga creciendo el número de vehículos robados. Por eso, es importante aumentar las penas. Ojalá se logre disminuir el robo de vehículos.

Por último, felicito a los autores del proyecto, el cual me deja bastante contento.

He dicho.

El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.

El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente , entre los grandes esfuerzos que deben hacerse en el ámbito legislativo, y en el mundo del derecho en general, está el relacionado con la necesidad de recoger las señales que la comunidad da para adecuar la legislación en cualquiera de sus ámbitos, ya sea comercial, industrial o tecnológico. En el caso particular de materias penales, se debe responder a los actuales requerimientos.

En primer lugar, el proyecto nace con la idea de tipificar el delito específico de robo de vehículos motorizados en bienes nacionales de uso público, y después muta en la Comisión -lo que me parece muy bien- como iniciativa que busca establecer, dentro de las mismas normas del robo en bienes nacionales de uso público, el aumento de la pena para tal delito en un grado. En consecuencia, no se está creando ni tipificando un nuevo delito.

Respecto del robo en bienes nacionales de uso público, el proyecto aumenta la pena cuando el objeto materia del delito es un vehículo motorizado, y aumenta las penas a los autores, cómplices y encubridores en un grado. Sin embargo, se aumentan las penas después del ejercicio de aplicar todas las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, sean éstas agravantes o atenuantes.

La pena actual es la misma para un robo en un bien nacional de uso público, cualquiera sea el objeto del delito.

El proyecto propone pasar de la pena de presidio menor en su grado máximo -tres años y un día a cinco años- a presidio mayor en su grado mínimo, esto es de cinco años y un día a diez años.

Para el caso específico de la receptación, hoy para los jueces es facultativo aumentar la pena en un grado. Como consecuencia del proyecto, se transforma en imperativo para éstos aumentar la pena en un grado.

En la legislación actual, la pena es de presidio menor en cualquiera de sus grados, es decir de sesenta y un días a cinco años. El proyecto propone aplicar la pena de presidio menor, pero partiendo de su grado medio a máximo, es decir, elevando el piso de la pena de sesenta y un días a quinientos cuarenta y un días. De esta manera, estamos adoptando la decisión correcta respecto de un tipo de delito que se ha hecho común en nuestro país, pero que, además, está comprometiendo delictivamente a las comunidades vecinas.

Desde mi punto de vista, señor Presidente -y con esto concluyo-, no se puede dejar de legislar en materia referida a cambios de fondo en nuestra legislación penal, como ahora, bajo el pretexto de no disponer de una política carcelaria eficiente. No es razonable confundir ambos temas o planos cuando tratamos de poner freno, por la vía del proyecto, a uno de los delitos que más daña el patrimonio, y de un modo importante, de gran cantidad de chilenos.

En el caso de la receptación, se va a sancionar con la misma pena aplicada a las salidas ilegales de vehículos motorizados de nuestro país.

Pido, entonces, a mis colegas que voten el proyecto favorablemente.

He dicho.

El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Orlando Vargas.

El señor VARGAS.- Señor Presidente , en mi región, al igual que en otras del norte, las fronteras son bastante amplias. Se trata de más de 800 kilómetros de frontera con Bolivia y de 210 kilómetros con Perú. Por lo tanto, en ellas se presentan los más grandes robos de vehículos, como también el traslado de vehículos de Chile a Perú y Bolivia.

El proyecto de ley, a fin de cuentas, aumenta la penalidad, y esperamos aprobarlo a fin de que los robos vayan mermando. Además, castiga a las personas que transporten vehículos robados fuera del país.

La norma que establece el delito de receptación señala que éste se produce cuando la persona, conociendo el origen, o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder, a cualquier título, especies hurtadas o robadas.

Señor Presidente, se han creado grandes mafias que controlan el robo de vehículos, ya sea con fines de desarme o de clonación. Por lo tanto, se ha convertido en un robo popular y con menos castigo.

En consecuencia, invito a mis colegas a votar favorablemente el proyecto, porque busca solucionar un problema que afecta a muchos civiles que han perdido sus vehículos, los cuales han sido trasladados por los delincuentes a países vecinos para venderlos.

El problema es grave, porque el Presidente de Bolivia ha dictado una ley para permitir el ingreso de muchísimos vehículos a su país. Tal medida no es la que buscamos con los países vecinos.

Por lo tanto, pido aprobar el proyecto de ley.

He dicho.

El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor José Pérez.

El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente , estamos discutiendo un proyecto de ley que es de suma importancia, puesto que el robo de vehículos ha ido en aumento en los últimos años. Ese delito resulta ser un negocio estupendo para los delincuentes, ya que los vehículos robados, algunos relativamente nuevos, son sacados del país o enviados a una desarmaduría para ser vendidos por piezas. Por consiguiente, tal como lo señaló el diputado señor Saffirio , es muy importante el aumento de la penalidad de ese delito en un grado, con el objeto de que se sancione a los responsables.

Sin embargo, sería conveniente la modificación del procedimiento que se sigue en los casos en que los hechores de esos delitos son detenidos, pues se les permite que se cubran la cara y que en lugar del nombre completo se den a conocer sus iniciales. Con eso, en cierta medida, se está amparando a los delincuentes, al no permitir que la gente conozca su rostro y sepa cuál es su nombre e, incluso, su residencia.

Me parecen muy positivas las disposiciones de la iniciativa. Ojalá se le otorgue la urgencia que requiere, con el objeto de darle rápida tramitación, ya que es muy importante y necesaria para terminar, en forma definitiva, al menos en un alto porcentaje, con el robo de vehículos, delito que se ha hecho frecuente en el país, especialmente en el norte, donde son trasladados hacia países vecinos, muchas veces a cambio de droga, lo que complica aún más la situación.

Por lo tanto, vamos a aprobar con mucho entusiasmo el proyecto, debido a que nos parece tremendamente necesario.

He dicho.

El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ernesto Silva.

El señor SILVA.- Señor Presidente, quiero felicitar a los autores de la iniciativa y a quienes han trabajado en ella, pues creo que es de gran valor.

El robo de vehículos contribuye a la sensación de inseguridad en comunas como Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea, en las que ese delito es un problema muy importante, pero las disposiciones que propone el proyecto ayudan a enfrentarlo.

Además, espero que sea una señal y un incentivo para las policías y los fiscales, pues si bien el Congreso Nacional dará su aprobación al aumento de las penalidades para el robo de vehículos, lo cual atribuye mayor gravedad a ese delito, tal vez se requiere un mayor esfuerzo en su persecución, porque quienes se ven afectados por ese tipo de robos muchas veces tienen la sensación de que la tramitación de la causa que los afecta no es considerada con la preocupación debida.

Por lo tanto, el cambio que propone la iniciativa en el grado de la penalidad, la que aumenta en un grado, me parece una estrategia adecuada, la cual esperamos que se transforme en una señal para las policías y los fiscales, a fin de que la persecución de ese delito se haga con más fuerza y que se adopten sanciones rápidas y efectivas para reducirlo.

He dicho.

El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

-En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluye la siguiente intervención no pronunciada en la Sala y que cumple con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario:

El señor BAUER.- Señor Presidente , quiero valorar la iniciativa en debate porque recoge una inquietud y pesar de muchos ciudadanos al sancionar de manera más efectiva un ilícito que afecta a veces desmedidamente a muchos compatriotas. Un vehículo motorizado, con independencia del valor real comercial que éste tenga, constituye un bien muy preciado para quien lo posee, por ser éste muchas veces una herramienta valiosa de trabajo o simplemente porque permite realizar con fluidez el quehacer diario, lo que lo convierte en un bien material mueble de un valor no equiparable.

Para pesar de las víctimas de robo de vehículos motorizados, pocas veces hay identificación de la o las personas que cometieron el ilícito y, en caso que se encuentre a alguien haciendo uso del vehículo, el castigo es el de la receptación. Así, quienes han sido despojados de un vehículo motorizado por robo, ven de antemano frustradas sus posibilidades de hacer justicia, debiendo conformarse, para resarcir los perjuicios materiales causados, con activar los seguros contratados. Por eso rescato la moción de los diputados autores, y destaco asimismo que el texto propuesto por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia haya buscado más finamente perfeccionar el texto.

Quiero destacar la urgencia con que el Ejecutivo ha calificado a este proyecto de ley, lo cual refleja su interés por adecuar las sanciones a que se hacen merecedores quienes cometen el robo de vehículos motorizados y su permanente compromiso con adoptar medidas que tiendan a minimizar los efectos de los actos delictivos a que se expone la ciudadanía. Es de esperar que en el Congreso Nacional logremos aprobar finalmente el presente proyecto de ley, el cual nos entregaría un Código Penal en esta materia con una normativa más adecuada a los tiempos que corren, en relación a la propiedad y uso de vehículos motorizados.

He dicho.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:

El señor MELERO ( Presidente ).- Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que reforma el Código Penal para la tipificación de los delitos de robo o hurto de vehículos motorizados, la creación de nuevas figuras delictivas y el aumento de su penalidad.

Hago presente a la Sala que se trata de normas propias de ley simple o común.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos; por la negativa, 7 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Carmona Soto Lautaro; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinoza Sandoval Fidel; Gutiérrez Gálvez Hugo; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Farías Ponce Ramón; Rincón González Ricardo; Saa Díaz María Antonieta.

El señor MELERO ( Presidente ).- En votación particular el proyecto, según el texto aprobado por la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, con las indicaciones de las comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y de Hacienda.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos; por la negativa, 7 votos. Hubo 2 abstenciones

El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Carmona Soto Lautaro; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinoza Sandoval Fidel; Gutiérrez Gálvez Hugo; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Farías Ponce Ramón; Rincón González Ricardo.

El señor MELERO (Presidente).- Despachado el proyecto.

?VALPARAÍSO, 23 de noviembre de 2011

Oficio Nº 9828

AS.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

Con motivo de la Moción, Informes, y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente proyecto de ley, correspondiente al boletín N°7481-07.

PROYECTO DE LEY:

"Artículo único: Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1) Modifícase el artículo 443 en el siguiente sentido:

a. Intercálanse los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto, pasando el actual inciso segundo a ser quinto:

"Si el delito a que se refiere el inciso precedente recayere sobre un vehículo motorizado, se impondrá a los autores, cómplices o encubridores las penas correspondientes aumentadas en un grado.

El aumento a que hace mención el inciso anterior se hará después de determinarse la pena que habría correspondido al condenado, con prescindencia de la expresada circunstancia.

Será castigado en la forma señalada en este artículo, el que destruya las especies a que él se refiere para apropiarse solamente de partes de ellas.".

b. Sustitúyese en el inciso segundo, que ha pasado a ser quinto, los términos "inciso anterior" por "inciso primero".

2) Derógase el artículo 449.

3) Intercálase en el inciso tercero del artículo 456 bis A, entre las palabras "la receptación sean" y el término "cosas", las expresiones "vehículos motorizados o".

Dios guarde a V.E.

PATRICIO MELERO ABAROA

Presidente de la Cámara de Diputados

ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ

Secretario General de la Cámara de Diputados

?INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que reforma el Código Penal tipificando los delitos de robo o hurto de vehículos motorizados y crea nuevas figuras delictivas aumentando su penalidad.

BOLETÍN Nº 7.481-07

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene a honra informar el proyecto de ley señalado en el epígrafe, iniciado en Moción de los Honorables Diputados señores Pedro Browne, Eduardo Cerda, Fuad Chahín, Felipe Harboe, Cristián Monckeberg, Carlos Montes, René Saffirio, Gabriel Silber, Patricio Vallespín y Matías Walker.

Hacemos presente que esta iniciativa tiene urgencia calificada de “discusión inmediata”. Por ello, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento del Senado, la Comisión la discutió tanto en general como en particular, a la vez.

A la sesión en que se analizó este asunto asistió el Honorable Diputado señor Matías Walker.

Asimismo, concurrieron en representación de la Subsecretaría de Prevención del Delito, el señor Subsecretario, don Cristóbal Lira, y la asesora, señora María Francisca Vásquez.

Igualmente, en representación del Ministerio Público participó el Fiscal Nacional (S), señor Alberto Ayala y el abogado asesor de ese Servicio, señor Hernán Libedinsky.

Asistieron también el asesor del Honorable Senador señor Patricio Walker, don Fernando Dazarola; los asesores de la Honorable Senadora señora Soledad Alvear, señores Jorge Cash y Marcelo Drago; la asesora del Instituto Libertad, señora Javiera Bayer; y el abogado de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Juan Pablo Cavada.

- - -

OBJETIVO DEL PROYECTO

La idea matriz esta iniciativa es modificar el Código Penal para tipificar como delitos autónomos el robo y hurto de vehículos motorizados, y establecer sanciones especiales cuando de trata de la receptación de este tipo de especies o partes de ellas.

- - -

ANTECEDENTES

Para el debido estudio de este proyecto de ley se ha tenido en consideración, entre otros, los siguientes antecedentes:

I.- JURÍDICOS

1.- Código Penal:

1.1. Artículo 442, que regula el robo en lugares no habitados;

1.2. Artículo 443, que sanciona el robo de cosas que se encuentren en bienes nacionales de uso público o en lugares no destinados a la habitación;

1.3. Artículo 449, que faculta al juez para aumentar la penalidad de los robos o hurtos de automóviles, y

1.4. Artículo 456 bis A, que regula el delito de receptación de especies hurtadas, robadas, objeto de abigeato o de apropiación indebida.

2.- Decreto Nº 119, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de 2012; que dispone medidas de protección contra la utilización no autorizada de vehículos que indica.

II.- DE HECHO

La Moción que da origen a esta iniciativa señala que en nuestro país se ha ido configurando en los hechos el delito de robo o hurto de vehículos motorizados, el cual no se encuentra específicamente tipificado en el ordenamiento jurídico penal nacional.

En contraste con lo anterior indica que en países como Argentina, Brasil y México, el robo y el hurto de vehículos constituyen delitos autónomos e, incluso, en Venezuela, la represión de tal ilícito se encuentra reglada en una ley especial, distinta del Código Penal. Manifiesta que la falta de una tipificación autónoma de estos delitos trae como consecuencia que tampoco tengan una penalización específica figuras como el envío, transporte o facilitación en el envío o transporte al extranjero de vehículos motorizados, la utilización o facilitación para el empleo del vehículo en la comisión de otro ilícito, el robo de vehículos destinados al transporte público de carga o pasajeros o los delitos cometidos por funcionario público encargado de la prevención o persecución de delitos.

Añade que el robo y hurto de vehículos o lo realizado en o desde ellos constituye un porcentaje significativo del total de delitos de connotación social en nuestro país, como lo demuestran los datos estadísticos tomados entre abril y junio de 2010. Del total de las denuncias por robo con fuerza, un 27,7 % correspondió a robo desde un vehículo, y un 15,2% a robo de vehículos propiamente tales. El conjunto de estas cifras representa el 42,9% de los delitos de robo con fuerza. A su vez, esos mismos datos muestran que las detenciones por estos ilícitos en que estuvieron involucrados vehículos ascendieron al 29,1% del total.

Agrega que conforme a los antecedentes proporcionados por la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, estas conductas han aumentado en forma progresiva y significativa en el tiempo, pasando de un total de 7.777 denuncias en el año 2003 a 26.682 en el año 2009, lo que arroja un crecimiento de un 343% en sólo seis. Asimismo, las denuncias por robo con fuerza de accesorios se han elevado en igual período en un 138%.

Teniendo en cuenta estos datos, la iniciativa en estudio propone tipificar como delitos autónomos el robo y hurto de vehículos motorizados, y establecer sanciones especiales cuando de trata de la receptación de este tipo de especies o partes de ellas.

- - -

PROYECTO APROBADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS

El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados está estructurado en un artículo único que se divide en tres números, los que alteran, respectivamente, los artículos 443, 449 y 456 bis A del Código Penal.

El número 1) modifica el artículo 443, precepto que se ubica dentro de los delitos en contra de la propiedad. Esta norma establece que el robo de cosas que se encuentran en bienes nacionales de uso público o en sitio no destinado a la habitación, siempre que se realice con los medios que indica o ejecutando determinadas actividades, será sancionado con las mismas penas que establece el artículo 442, esto es, con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo.

El texto aprobado por la Cámara de Diputados, introduce dos modificaciones al artículo 443 del Código Penal.

La primera incorpora tres incisos nuevos (segundo, tercero y cuarto) a este artículo.

Mediante el nuevo inciso segundo se establece que si el robo recayere sobre un vehículo motorizado, se impondrá a los autores, cómplices o encubridores de este delito las penas correspondientes aumentadas en un grado (presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo).

Agrega, en el inciso tercero, que el aumento a que se hace mención el inciso anterior se hará después de determinarse la pena que habría correspondido al condenado, con prescindencia de la expresada circunstancia.

Concluye, en el nuevo inciso cuarto, que la misma pena se aplicará al que destruya las especies destruidas para apropiarse solamente de una de sus partes.

La segunda que realiza al artículo 443 supone un cambio de referencia en el actual inciso segundo que pasa a ser inciso quinto.

Seguidamente, el número 2) de este proyecto deroga el artículo 449, precepto que establece las penas que se les aplica a los autores, cómplices y encubridores en los casos de robos o hurtos de vehículos.

Finalmente, el número 3) modifica el inciso tercero del artículo 456 bis A del Código Penal. Este precepto sanciona con la pena de presidio menor, en cualquiera de sus grados, y multa de cinco a cien unidades tributarias mensuales a quien compra, vende, transforme o comercialice, conociendo o no pudiendo menos que conocer, especies hurtadas, robadas o que hayan sido objeto de abigeato, de receptación o de apropiación indebida del artículo 470.

El texto aprobado por la Cámara de Diputados agrega, entre los objetos que pueden ser objeto de receptación, a los vehículos motorizados.

- - -

DISCUSIÓN EN GENERAL

Al iniciar el estudio del proyecto, el señor Presidente de la Comisión, Honorable Senador Larraín, don Hernán, ofreció la palabra al Subsecretario de Prevención del Delito, señor Cristóbal Lira, quién agradeció la invitación e inició su presentación señalando que el robo de autos es un preocupación permanente del Gobierno, razón por la que se han puesto en práctica un conjunto significativo de medidas para disminuir la incidencia de este ilícito. Señaló que esta política ha permitido disminuir de 110 casos diarios de robo a sólo 88 en la actualidad.

Expresó que la mayor parte de los afectados por estos ilícitos son personas que con esfuerzo han comprado un vehículo y que no tienen recursos suficientes para optar a un seguro o para instalar sofisticados sistemas tecnológicos que impidan que se comentan estos delitos.

Indicó que los vehículos robados, sobre todo los que tienen tracción en las cuatro ruedas, son comúnmente utilizados para sustraer cajeros automáticos. En la actualidad – y dadas las reformas legales que aumentaron la penalidad a esta figura y las medidas preventivas que han tomado los bancos -, esta conducta delictual ha sido reemplazada por los robos a casas y tiendas mediante el método del alunizaje (choque intencionado del vehículo contra la puerta o ventana frontal de una casa o local para lograr ingresar rápidamente a su interior). También puntualizó que el robo de vehículos es una forma de pagar en especie transacciones de drogas que se producen en la frontera norte del país.

Manifestó que su repartición ha llevado a cabo diversas iniciativas para revertir esta situación. En primer lugar, resaltó que emitieron una guía de autocuidado que entrega consejos simples para que los automovilistas puedan evitar que sus vehículos sean robados al quedar estacionados; exigir, mediante el decreto Nº 119, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de 2012, que todos los vehículos nuevos cuenten con tecnología que impida moverlos si no se dispone de la respectiva llave de contacto; incentivar a las compañías de seguros para que otorguen rebajas a sus clientes que instalen dispositivos tecnológicos para evitar sustracciones, y publicar la lista de los vehículos más robados y los lugares donde estos ilícitos se cometen con mayor frecuencia.

Sostuvo que también se han tomado algunas medidas para evitar que circulen autos robados, como acordar con las concesionarias de vías licitadas que comparen los datos provenientes de las lecturas automáticas de las patentes de los autos que cruzan sus pórticos de pago con las bases de datos de las patentes de los vehículos robados, e instalar una tecnología similar en estacionamientos masivos y en radiopatrullas.

Puntualizó que uno de los propósitos de la Moción en estudio – a la cual el Ejecutivo le prestó su pleno apoyo -, es castigar a quienes son sorprendidos manejando un vehículo robado, los que son sancionados con penas muy bajas ya que es muy difícil probar su autoría en el delito previo de robo; y penar con una medida similar a la que procede contra el receptador reincidente o contra quien reduce especies provenientes de un red de servicio público, como cables del tendido eléctrico, a quien desarme vehículos robados.

Expresó que la tasa de recuperación de los vehículos robados es alta (cercana al 85%), pero dadas las actuales características penales del ordenamiento jurídico nacional casi nadie cumple penas privativas de libertad por estos ilícitos.

El Honorable Diputado señor Walker, don Matías, expresó que en su calidad de autor del proyecto agradece el apoyo prestado por el Ejecutivo. Indicó que en el año 2003 se producían 7.700 robos de vehículos en un año, cifra que subió a 36.000 el año recién pasado.

Señaló que la forma en que el ordenamiento jurídico nacional penaliza este ilícito es poco eficiente, porque es muy difícil que se de un caso en que una persona sea aprehendida en calidad de autor de un delito de esta especie en carácter de consumado. Explicó que, por el contrario, la mayor parte de los imputados por estos hechos sólo se les comprueba la calidad de autores tentados o frustrados del delito (porque fueron sorprendidos mientras lo realizaban), o tienen carácter de cómplice del mismo (porque sin podérseles probar su autoría, sólo se les acreditó que hacían uso de un vehículo robado).

Puntualizó que la deficiente regulación, sumado al hecho de que existe un mercado negro de partes y piezas de vehículos, hace que este ilícito sea particularmente lucrativo para quienes lo efectúan, y tenga comparativamente poco costo personal, ya que la mayor parte de los condenados por él cumplen sus sanciones en libertad.

Manifestó que en vista de lo anterior se elaboró el proyecto de ley que ahora se discute, el cual originalmente establecía una figura autónoma de robo de vehículos con una pena única, y que posteriormente cambió a su estructura actual, que considera una forma especial de agravación del robo de autos en bienes nacionales de uso público o lugares no destinados a la habitación, y consagra una regla especial para la receptación posterior de los mismos o de partes de ellos.

Seguidamente, la Comisión tomó conocimiento del informe que sobre esta materia se le solicitó al profesor de Derecho Penal, señor Jorge Bofill. Su texto es el siguiente:

“Mediante su Oficio CL/365/2012 Ud. ha consultado nuestra opinión sobre el Proyecto de Ley que, en segundo trámite constitucional, reforma el Código Penal, tipificando los delitos de robo o hurto de vehículos motorizados y crea nuevas figuras delictivas aumentando su penalidad (Boletín Nº 7.481-07).

Revisamos el proyecto de ley que modifica las normas relativas al robo de vehículos.

Este informe ha sido elaborado con la asistencia de los abogados Sres. Guillermo Chahuán Chahuán y Carlos Sánchez Rossi

El proyecto original sufrió diversas modificaciones y la situación actual del mismo es la siguiente:

"Artículo único: Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1) Modifícase el artículo 443 en el siguiente sentido:

a. Intercálanse los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto, pasando el actual inciso segundo a ser quinto:

"Si el delito a que se refiere el inciso precedente recayere sobre un vehículo motorizado, se impondrá a los autores, cómplices o encubridores las penas correspondientes aumentadas en un grado.

El aumento a que hace mención el inciso anterior se hará después de determinarse la pena que habría correspondido al condenado, con prescindencia de la expresada circunstancia.

Será castigado en la forma señalada en este artículo, el que destruya las especies a que él se refiere para apropiarse solamente de partes de ellas".

b. Sustitúyese en el inciso segundo, que ha pasado a ser quinto, los términos "inciso anterior" por "inciso primero".

2) Derógase el artículo 449.

3) Intercálase en el inciso tercero del artículo 456 bis A, entre las palabras "la receptación sean" y el término "cosas", las expresiones "vehículos motorizados o".

La situación que observamos es la siguiente:

1. La sistemática de las penas previstas en el Código Penal para atentados contra la propiedad es la siguiente:

a) Para el hurto (esfera de custodia de la cosa declarada, pero no intensificada): según el valor de la cosa, la pena va desde presidio menor en su grado mínimo a máximo.

b) Para el robo con fuerza en las cosas en lugar no habitado, que sería el aplicable por regla general al caso de robo de automóviles (esfera de custodia explicitada en determinados medios de resguardo): la pena va de presidio menor en su grado medio a máximo.

c) Para el robo con fuerza en las cosas en lugar habitado (esfera de custodia explicitada e intensificada): la pena es de presidio mayor en su grado mínimo.

d) Para el robo con intimidación o violencia (esfera de custodia especialmente explicitada mediante la resistencia actual de la persona): la pena va desde presidio mayor en su grado mínimo a máximo.

2. La pena propuesta para el robo de vehículos se determina en referencia al artículo 443 del Código Penal, que establece la pena para el delito de robo con fuerza en las cosas en lugar no habitado, cuando el objeto material de la acción se encuentre ubicado en bienes nacionales de uso público o en sitios no destinados a la habitación, aumentándola en un grado.

a) En definitiva, la pena de la norma que se propone sería la de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, la que se aplicaría a todo robo de vehículos motorizados (independientemente del lugar en que se encuentren).

b) Además de lo anterior, el proyecto de ley tipifica el aprovechamiento de los efectos del delito, aplicándole igual pena.

c) Finalmente, modifica el artículo 456 bis A, añadiendo un supuesto calificado de receptación, para el caso de robo de vehículos.

Lo anterior es problemático por las siguientes razones:

1. Respecto de las modificaciones al robo de vehículos motorizados:

a) Razones de proporcionalidad: con independencia de las razones de prevención general y de necesidad de establecer penas más severas para el robo de vehículos motorizados, el umbral de pena que se establezca para dichos supuestos en caso alguno debería superar el umbral de pena que se establece para el delito de robo con violencia o intimidación, que es un delito pluriofensivo, que atenta contra la propiedad y la libertad. Y para ese delito la pena es de presidio mayor en cualquiera de sus grados.

b) Razones de determinación de la pena: la propuesta que establece el proyecto en su modificación del artículo 443, proponiendo que se castigue con la pena del mismo artículo aumentada en un grado, altera el sistema general de determinación de la pena de nuestro Código Penal al señalar que “el aumento a que se hace mención en el inciso anterior se hará después de determinarse la pena que habría correspondido al condenado, con prescindencia de la expresada circunstancia”. En este sentido, establece una suerte de súper agravante que recibe aplicación posterior a la compensación racional de circunstancias modificatorias que mandata las normas de determinación de la pena.

c) Por las dos razones antes comentadas (infracción al principio de proporcionalidad y alteración de la sistemática de determinación de la pena del Código Penal) resulta más coherente y adecuado establecer una pena única para el delito en cuestión, determinada legalmente de antemano. En este sentido, parece razonable establecer –como tipo calificado- la pena de presidio menor en su grado máximo, eliminando el inciso que genera el problema de determinación de la pena. Con ello, además de salvar el problema recién referido, no se supera el umbral de pena que establece el delito de robo con intimidación.

2. Respecto del delito de encubrimiento (por aprovechamiento) que establece el nuevo inciso cuarto del artículo 443 y la modificación al artículo 456 bis A inciso tercero, es posible sostener lo siguiente:

a) En el mismo proyecto de ley se evidencian dos reglas superpuestas que norman la misma situación, siendo la del inciso cuarto del artículo 443 más específica y más grave.

b) Sancionar con la misma pena al encubridor por aprovechamiento que al autor del delito principal altera principios básicos del sistema de la parte general.

c) Se propone entonces sólo modificar la regla de la receptación del artículo 456 bis A (agregando como hipótesis calificada la receptación de vehículo), pero eliminar del proyecto el inciso cuarto del artículo 443, por los problemas antes referidos.”.

El señor Presidente de la Comisión, Honorable Senador Larraín, don Hernán, manifestó que aunque comparte plenamente las ideas que fundan esta iniciativa, deben considerarse las observaciones formuladas por el profesor señor Bofill, quién destaca que el aumento de penalidad propuesta genera una pena similar a figuras pluriofensivas más graves, como son el robo con violencia o intimidación; y que el establecimiento de una causal de agravación especial que se aplica después de sopesar las demás causales de modificación de la responsabilidad penal, aumenta a todo evento el grado definitivo de la pena que se determine, lo cual es inusual. Observó que el informe citado propone restablecer una figura especial aplicable únicamente robo de vehículos perpetrado en bienes nacionales de uso público o lugares no destinados a la habitación, con una sanción única de presidio menor en su grado máximo.

A continuación, intervino el Fiscal Nacional (S) del Ministerio Público, señor Alberto Ayala, quién inició su presentación agradeciendo la invitación para asistir a la sesión. Agregó que la fiscalía comparte los propósitos de esta iniciativa, ya que no existe un tipo penal especial que sancione el robo de vehículos, a pesar de que se trata de un ilícito de común ocurrencia.

Explicó que las normas vigentes sólo facultan al juez para agravar la sanción cuando se trata de robo de vehículos, según lo prescribe el artículo 449 del Código Penal, aunque en la práctica tal atribución no se aplica nunca. Añadió que como contrapartida a lo anterior, la mayor parte de los imputados por este delito logran probar dos o más causales de atenuación de responsabilidad, lo que sumado al hecho de que generalmente se logra procesar sólo a quienes tienen la calidad de encubridores, o que fueron aprendidos cuando el hecho estaba en etapa de tentativa o de delito frustrado, hace que las penas que se pueden aplicar sean bajas, con lo cual las posibilidades reales de que un fiscal del Ministerio Público obtenga en este tipo de ilícitos una medida precautoria son muy escasas.

Expresó que la construcción del tipo que se propone en el proyecto de ley que aprobó la Cámara de Diputados no permite cambiar de forma significativa este panorama, por lo que propuso adoptar una solución similar a la que se aprobó para el robo de cajeros automáticos. En otras palabras, establecer en el artículo 443 bis del Código Penal un tipo especial con una pena única lo suficientemente alta como para permitir sentencias condenatorias, pero a la vez con un nivel que otorgue diferencias entre primerizos y reincidentes. Añadió que si se acoge esta propuesta, el Ministerio Público podría perseguir de mejor manera estos ilícitos.

El Honorable Senador señor Prokurica felicitó a los autores del proyecto, pues las ideas que lo inspiran son concordantes con lo que espera la ciudadanía que haga el legislativo para combatir la delincuencia. Expresó que es preferible legislar teniendo presente a quienes respetan las leyes y no a quienes las infringen.

Asimismo, felicitó al Gobierno por la labor realizada. Indicó que, en general, es muy difícil mostrar estadísticas positivas en materia de delincuencia. Expresó su acuerdo con lo planteado por el señor Fiscal Nacional (S), en el sentido de que en este caso es muy importante aprobar una norma que implique un cambio real de los resultados procesales penales contra los ladrones y receptadores de autos, porque lo más nocivo es aprobar una ley que no tenga un resultado efectivo.

La Honorable Senadora señora Alvear señaló que la Reforma Procesal Penal ha generado un aumento sostenido de la población penal, llegando a más de 55.000 reclusos y una suma similar de personas cumpliendo condena en el medio libre. Indicó que tal ha sido el éxito del sistema que en la actualidad hay una verdadera crisis carcelaria, pese al aumento sostenido de la superficie construida para este fin por el Estado y la creación de nuevos penales privados concesionados.

Expresó que el problema que presenta la penalidad propuesta en este proyecto es fruto del desequilibrio general del Código Penal, el que requiere una actualización que dé cuenta de la nueva realidad delictual y de los avances de la Ciencia Penal.

A continuación, el señor Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, dio por concluido el debate en general del proyecto, y sometió a votación la idea de legislar. Ella fue aprobada por la unanimidad de los miembros presente de la Comisión, Honorables Senadores señora Alvear y señores Larraín, don Hernán, Prokurica y Walker, don Patricio.

- - -

DISCUSIÓN EN PARTICULAR

Artículo único

Este precepto del proyecto modifica el Código Penal en tres numerales.

Nº 1)

Este número incide en el artículo 443 del referido Código. Esta disposición establece la misma sanción del robo en lugar no habitado (presidio menor en sus grados medio a máximo) cuando se trate de cosas sustraídas en bienes nacionales de uso público o en sitios no destinados a la habitación, y siempre que se empleen determinados medios de comisión.

A su respecto, el proyecto plantea dos modificaciones. La primera consiste en agregar al artículo 443 tres nuevos incisos a continuación del primero, pasando el actual segundo a ser quinto. Las nuevas disposiciones propuestas son del siguiente tenor:

"Si el delito a que se refiere el inciso precedente recayere sobre un vehículo motorizado, se impondrá a los autores, cómplices o encubridores las penas correspondientes aumentadas en un grado.

El aumento a que hace mención el inciso anterior se hará después de determinarse la pena que habría correspondido al condenado, con prescindencia de la expresada circunstancia.

Será castigado en la forma señalada en este artículo, el que destruya las especies a que él se refiere para apropiarse solamente de partes de ellas.".

La segunda hace una adecuación de referencia en el actual inciso segundo del artículo 443.

Al comenzar el estudio de estas enmiendas, el señor Presidente de la Comisión ofreció la palabra a sus integrantes, quienes, en primer término, analizaron los nuevos incisos segundo y tercero que se proponen intercalar. Estas disposiciones establecen una pena común aplicable a los autores, cómplices o encubridores cuando se trate de delitos perpetrados en bienes nacionales de uso público o en sitios no destinados a la habitación y que tengan por objeto un vehículo motorizado. Además, establecen una agravación calificada de la pena por esta causa, que se contabiliza después de hacer efectivas las demás circunstancias que modifican la responsabilidad penal.

Sobre este punto, el señor Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, trajo a colación la idea contenida en el informe del profesor Bofill, y secundada por el señor Fiscal Nacional (S), en orden a reemplazar la tipificación que se propone en el proyecto por una figura autónoma que aplique una pena única de presidio menor en su grado máximo para este caso, y eliminar el sistema de agravación especial porque adolece de defectos técnicos. Dicha proposición considera reemplazar los nuevos incisos segundo y tercero propuestos para el artículo 443 del Código Penal por lo siguiente:

“Si el delito a que se refiere el inciso precedente recayere sobre un vehículo motorizado, se impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo.”.

- Sometida a votación esta proposición, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Alvear y señores Larraín, don Hernán, Prokurica y Walker, don Patricio.

Nº 2)

Esta disposición deroga el artículo 449 del Código Penal, disposición que faculta al juez para elevar en un grado la pena que le corresponda a los autores, cómplices o encubridores de robos o hurtos de vehículos.

- Sometido a votación este número, fue aprobado, sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Alvear y señores Larraín, don Hernán, Prokurica y Walker, don Patricio.

Nº 3)

Este número del proyecto modifica el artículo 456 bis A del Código Penal. Esta disposición sanciona a quien conociendo o no pudiendo menos que conocer su origen ilícito de bienes muebles hurtados, robados, que hayan sido objeto de abigeato o de apropiación indebida, tenga en su poder, los transporte, compre, venda, transforme o comercialice en cualquier forma.

El inciso tercero de este artículo eleva la pena cuando el objeto de la receptación comprenda cosas que formen parte de redes de suministro de servicios públicos.

La modificación que se propone incluye a los vehículos motorizados entre las especies que en virtud del inciso tercero de la disposición agravan la pena de la receptación.

Sobre el particular, los integrantes de la Comisión tuvieron en consideración que el informe del profesor Bofill pone de manifiesto que la regla especial de aprovechamiento que se predica en el nuevo inciso cuarto que se propone agregar al artículo 443 del Código Penal, y su correlato en la modificación propuesta en el inciso tercero del artículo 456 bis A del mismo cuerpo normativo, no son compatibles entre sí, porque se refieren a la misma situación, penándola de dos formas distintas. Agrega el informe que es preferible optar por la modificación al artículo 456 bis A, pues el nuevo inciso cuarto que se incluye en el artículo 443 tiene problemas de técnica legislativa penal.

El Fiscal Nacional (S) señor Ayala manifestó que concuerda con la opinión vertida por el profesor Bofill, y recordó que el tipo de la receptación requiere que quien lo cometa actúe conociendo o no pudiendo menos que conocer el origen ilícito de las especies que reduce, lo que es garantía suficiente para afirmar que la figura calificada que se propone agregar sólo procederá cuando las circunstancias realmente lo ameriten.

El Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, manifestó que la proposición planteada por el profesor señor Bofill y refrendada por el Fiscal Nacional (S) supone eliminar el inciso cuarto que el proyecto despachado por la Cámara propone agregar al artículo 443 del Código Penal.

- Sometida a votación la proposición anterior, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Alvear y señores Larraín, don Hernán, Prokurica y Walker, don Patricio.

Como consecuencia de lo anterior se acordó, asimismo, hacer un cambio de referencia en la letra b) del número 1) del artículo único.

- - -

MODIFICACIÓN PROPUESTA

En conformidad a los acuerdos adoptados, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de proponer la siguiente modificación al proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados:

Artículo único

Número 1)

Reemplazarlo por el siguiente:

“1) Modifícase el artículo 443 en el siguiente sentido:

a. Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Si el delito a que se refiere el inciso precedente recayere sobre un vehículo motorizado, se impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo.”.

b. Sustitúyese en el inciso segundo, que ha pasado a ser tercero, los términos "inciso anterior" por "inciso primero".”. (Unanimidad, 4x0).

- - -

En virtud de la modificación anterior, el proyecto de ley es estudio quedaría como sigue:

PROYECTO DE LEY

“Artículo único: Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1) Modifícase el artículo 443 en el siguiente sentido:

a. Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Si el delito a que se refiere el inciso precedente recayere sobre un vehículo motorizado, se impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo.”.

b. Sustitúyese en el inciso segundo, que ha pasado a ser tercero, los términos "inciso anterior" por "inciso primero".

2) Derógase el artículo 449.

3) Intercálase en el inciso tercero del artículo 456 bis A, entre las palabras "la receptación sean" y el término "cosas", las expresiones "vehículos motorizados o".”.

- - -

Acordado en sesión realizada el día 6 de noviembre de 2012, con la asistencia de los Honorables Senadores señora Soledad Alvear Valenzuela y señores Hernán Larraín Fernández (Presidente), Baldo Prokurica Prokurica (Carlos Larraín Peña) y Patricio Walker Prieto.

Valparaíso, 6 de Noviembre de 2012.

RODRIGO PINEDA GARFIAS

Secretario

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE REFORMA EL CÓDIGO PENAL TIPIFICANDO LOS DELITOS DE ROBO O HURTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y CREA NUEVAS FIGURAS DELICTIVAS AUMENTANDO SU PENALIDAD.

BOLETÍN Nº 7.481-07

I.- OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: modificar el Código Penal para tipificar como delitos autónomos el robo y hurto de vehículos motorizados, y establecer sanciones especiales cuando de trata de la receptación de este tipo de especies o partes de ellas.

II.-ACUERDOS: aprobar en general y en particular el proyecto (Unanimidad 4x0).

III.- ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: Un artículo único que modifica en tres numerales el Código Penal.

IV.- NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: no tiene

V.- URGENCIA: discusión inmediata a contar el 6 de noviembre de 2012.

VI.- ORIGEN DE LA INICIATIVA: Moción de los Honorables Diputados señores Pedro Browne, Eduardo Cerda, Fuad Chahín, Felipe Harboe, Cristián Monckeberg, Carlos Montes, René Saffirio, Gabriel Silber, Patricio Vallespín y Matías Walker.

VII.- TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo.

VIII.- APROBACIÓN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS: el proyecto fue aprobado en general por la Honorable Cámara de Diputados en sesión celebrada el día 23 de noviembre de 2011, por 81 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones.

IX.- INICIO DE LA TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 24 de noviembre de 2011.

X.- TRÁMITE REGLAMENTARIO: informe.

XI.- LEYES QUE SE MODIFICAN O SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

1.- Código Penal:

1.1. Artículo 442, que regula el robo en lugares no habitados;

1.2. Artículo 443, que sanciona el robo de cosas que se encuentren en bienes nacionales de uso público o en lugares no destinados a la habitación;

1.3. Artículo 449, que faculta al juez para aumentar la penalidad de los robos o hurtos de automóviles, y

1.4. Artículo 456 bis A, que regula el delito de receptación de especies hurtadas, robadas, objeto de abigeato o de apropiación indebida.

2.- Decreto Nº 119, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de 2012, que dispone medidas de protección contra la utilización no autorizada de vehículos que indica.

Sala de la Comisión, 6 de Noviembre de 2012.

RODRIGO PINEDA GARFIAS

Secretario

TIPIFICACIÓN DE ROBO O HURTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

El señor ESCALONA ( Presidente ).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que reforma el Código Penal, para tipificar los delitos de robo o hurto de vehículos motorizados y crear nuevas figuras delictivas, aumentando su penalidad, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y urgencia calificada de "discusión inmediata".

--Los antecedentes sobre el proyecto (7481-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 72ª, en 24 de noviembre de 2011.

Informe de Comisión:

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 60ª, en 7 de noviembre de 2012.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).- El principal objetivo que se persigue es modificar el Código Penal para tipificar, como delitos autónomos, el robo y hurto de vehículos motorizados, y establecer sanciones especiales cuando se trate de la receptación de este tipo de especies o de partes de ellas.

La Comisión discutió el proyecto en general y en particular, en virtud de lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento. La idea de legislar fue acogida por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Alvear y señores Larraín (don Hernán), Prokurica y Walker (don Patricio).

En la discusión particular, el órgano técnico realizó una enmienda al texto despachado por la Cámara de Diputados, la cual fue aprobada en igual forma.

Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado en el que se consignan, en la tercera columna, las modificaciones propuestas por la Comisión de Constitución, y en la cuarta, como quedaría el texto final del proyecto de ley.

El señor ESCALONA (Presidente).- En discusión general.

Tiene la palabra el Honorable señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN .- Señor Presidente , voy a informar el asunto en mi calidad de Presidente de la Comisión .

Se trata de una iniciativa sencilla, pero muy relevante. Fue originada en una moción de varios señores Diputados, quienes la presentaron con el propósito de establecer la tipificación respectiva y fijar penas más elevadas para el delito de robo de vehículo motorizado o para los que actúan como reducidores de sus partes.

Se encuentra entre los autores el Diputado señor Matías Walker, quien nos acompaña.

El proyecto fue debatido en general y en particular en la Comisión por haber sido calificada la urgencia de "discusión inmediata" y ser de artículo único.

Se contó con la presencia, como representante del Ejecutivo , del Subsecretario de Prevención del Delito , señor Cristóbal Lira ; del Fiscal Nacional subrogante, señor Alberto Ayala , además de parlamentarios autores de la moción.

La Comisión le solicitó un informe al Profesor Jorge Bofill , destacado penalista, por tratarse de una materia que requería un antecedente adicional para mejor resolver.

El robo de vehículos se ha incrementado fuertemente en el último tiempo. Y este aumento, que ha sido progresivo, se ha dado a pesar de una campaña muy potente y bastante sistemática que ha venido realizando el Gobierno para contener dicho fenómeno. Frente a ello, el Ejecutivo avala y apoya la iniciativa, porque precisamente complementa los esfuerzos que se están desarrollando para lograr una mejor persecución penal de quienes profitan con este delito.

Ocurre que en muy pocos casos se condena por delito consumado al que roba un vehículo o hace negocio con la venta de las partes sustraídas. Cuando ello sucede, se dan penas muy bajas y, finalmente, los condenados terminan sin sanciones reales.

Adicionalmente, en lo que respecta a la compraventa de automóviles robados o de vehículos desmantelados, se ha desarrollado un mercado negro muy poderoso, bastante fuerte, incluso de carácter internacional. Y también se ha vinculado este negocio con transacciones de droga, porque los vehículos -sobre todo, los 4x4- son sustraídos, en parte, para efectuar operaciones de pago a cambio de droga, lo que hace que su robo tenga una utilidad incluso mayor de la que supone normalmente la comisión de este delito.

Ahora bien, en relación con el proyecto en debate, el informe que entregó Jorge Bofill indicó que la propuesta legislativa no era la más adecuada, por la falta de proporcionalidad en las penas que se estaban estableciendo y porque ello alteraba un poco la estructura de cómo funciona nuestro Código Penal. Este, si bien contiene errores y diferencias en distintos aspectos, al final guarda cierta racionalidad, la cual se veía afectada.

Con las sugerencias que formuló el Profesor, la Comisión de Constitución finalmente recogió el planteamiento de sancionar con una pena única (presidio menor en su grado máximo, es decir, de tres años y un día a cinco años) a quienes roben vehículos en bienes nacionales de uso público o en lugares no destinados a la habitación.

Tal modificación, en definitiva, respecto de la propuesta original, reduce el tipo penal en su grado menor. Precisamente, esa era la sanción que se aplicaba y la que, al final, hacía imposible que las personas condenadas pagaran realmente la culpa por sus hechos.

Al reducir la escala en la que se mueve el juez con una penalidad única, se presume que quienes roben vehículos no tendrán las mismas facilidades para evitar las consecuencias penales de sus actos.

Asimismo, se propone imponer similar castigo al que, conociendo el origen de la parte de vehículo...

El señor ESCALONA (Presidente).- Ha concluido su tiempo, señor Senador.

Le concedo un minuto para terminar su intervención.

El señor LARRAÍN.- Gracias, señor Presidente.

Decía que se propone también sancionar con la misma pena a quien, conociendo o no pudiendo menos que conocer el origen ilícito del automóvil, tenga, transporte, compre, venda, transforme o comercialice en cualquier forma vehículos robados.

Con ello, tanto los autores de la iniciativa como el Ejecutivo , con el apoyo del Ministerio Público, estiman que se está ordenando esta materia. Considerando que se han agravado las consecuencias de este tipo de robo, que se incrementa, las normas propuestas permiten enfrentar con mayor fuerza la situación, que requiere de una política penal renovada.

Eso fue, señor Presidente, lo que la Comisión aprobó por unanimidad. Y sugiere hacer lo mismo a la Sala.

He dicho.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker.

El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente , este proyecto de ley, que nació en una moción presentada por los Diputados señores Matías Walker , Cristián Monckeberg y Felipe Harboe , entre otros, y que contó siempre con el apoyo del Ejecutivo en cuanto a la urgencia y a su contenido, se hace cargo de una realidad que afecta principalmente a la clase media de este país.

En Chile se registran cien robos de vehículos motorizados al día, y el año pasado hubo 36 mil.

¿Por qué digo que perjudica principalmente a la clase media? Porque los sectores más acomodados generalmente cuentan con seguros, que se hacen cargo de la compensación económica en caso de robo y, además, disponen de automóviles con tecnología, como alarmas. En cambio, las personas que no tienen recursos para comprar autos caros naturalmente se ven muy afectadas.

Es importante destacar, señor Presidente , que nadie en la práctica cumple pena privativa de libertad por sustraer un vehículo; o sea, el costo es cero. Y eso lo saben las bandas que se dedican a robar autos todos los días.

Además, tal como dijo el Senador Larraín, Presidente de la Comisión de Constitución , las penas que se aplican son de 40 días, 61 días, en fin. Y son remitidas. Vale decir, prácticamente no hay privación de libertad, puesto que tales ilícitos quedan, por lo general, en estado de tentativa o de delito frustrado.

En ese sentido, es importante que haya una condena, un costo por robar vehículos motorizados. Hoy día no la existe por delitos consumados, menos, como acabo de decir, por delitos que quedan en estado de tentativa o de frustrados.

Ahora bien, en la práctica, habrá penas de hasta cinco años por robo de vehículo -estoy hablando de presidio menor en su grado máximo- y de tres años por receptación.

A mi juicio, este es un avance sumamente importante para apoyar a los miles de chilenos que se ven afectados por tal delito.

En definitiva, para el robo de vehículos -un delito autónomo-, habrá una pena única y para la receptación, una sanción especial.

Como dijo el Presidente de la Comisión, este proyecto fue aprobado por unanimidad y es urgente respaldarlo. Por lo tanto, esperamos contar con el apoyo de todos los Senadores.

He dicho.

)-------------(

El señor ESCALONA ( Presidente ).- El Honorable señor Chahuán ha solicitado a la Mesa que saludemos a los amigos de la Fundación Fedes, quienes nos visitan desde los Estados Unidos y se encuentran en las tribunas.

¡Bienvenidos!

Gracias por acompañarnos.

--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

)-------------(

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente , me correspondió reemplazar al Senador Larraín en la Comisión de Constitución.

En primer lugar, quiero felicitar a los parlamentarios autores de la moción que dio origen a este proyecto de ley.

Señor Presidente, no sé si usted podría pedirles a los colegas un poco de orden.

El señor ESCALONA (Presidente).- Solicito a los señores Senadores guardar silencio.

Está haciendo uso de la palabra el Honorable señor Prokurica.

Puede continuar, Su Señoría.

El señor PROKURICA.- Como decía, señor Presidente , deseo felicitar a los Diputados Matías Walker , Patricio Vallespín , Cristián Monckeberg , Pedro Browne , Eduardo Cerda y Fuad Chahín , quienes, entre otros, son los autores de esta moción.

La delincuencia en nuestro país y en el mundo, producto del acceso a la información y del avance de la tecnología, va cambiando rápidamente.

Estamos ante cierta forma de delito que afecta a determinados vehículos, porque son más fáciles de robar y porque resultan más apetecidos sus repuestos. Y como si esto fuera poco, dado que las sanciones en la legislación vigente son bajas, el robo y la reducción de autos se han transformado en una verdadera industria.

Ante ello, lo que hace la iniciativa, a mi juicio, es ponerse al día frente a una realidad que existe en nuestro país.

De hecho, aparecen algunos ranking en los periódicos sobre los vehículos más robados. Por ejemplo, los Nissan V16, que usan taxistas y colectiveros, son la "vedette" de estos ilícitos. Los sustraen porque resulta fácil hacerlo y porque, además, como hay muchos autos de ese tipo en el mercado, es fácil su reducción vendiendo por repuestos las puertas, los motores, las ruedas, los discos de embrague, los parachoques, en fin.

Lamentablemente, como plantearon los dos señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, la legislación vigente -más un par de argucias que usan los delincuentes- hace que tanto los que roban automóviles como quienes los reducen queden en la impunidad.

Eso ha dado lugar a lo que he denominado "la industria de los robos de vehículos". Y hay distintas motivaciones: algunos hurtan para reducir; otros sustraen vehículos 4x4 para llevarlos a Bolivia y cambiarlos por drogas, ocupando las argucias que existen en ese país para regularizar automóviles que carecen de registro. Todo ello facilita muchísimo el delito y sus hechores quedan sin ninguna sanción.

Si a ello agregamos que la gente ve en el día a día cómo quedan en libertad los delincuentes que aparecen involucrados en robos, francamente la situación se transforma en un imposible, en una señal muy mala para Carabineros y para las víctimas.

Porque, como muy bien indicó el Senador Patricio Walker , los más afectados son los ciudadanos de clase media. Ellos poseen vehículos más fáciles de robar y de reducir. Además, no tienen recursos para pagar los seguros, que son caros. Por ello, son objeto de estos ilícitos, y nada pueden recuperar después de que sus automóviles han sido reducidos.

En ese contexto, el proyecto busca aumentar las penas para que estos delincuentes terminen en la cárcel, separados de la sociedad, a efectos de que no vuelvan a incurrir en estos delitos y no afecten seriamente a la sociedad, como ocurre hoy día con los robos de vehículos motorizados.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente , me sumo a las felicitaciones que se han expresado a los autores de esta moción. Cuesta mucho lograr que el Gobierno patrocine una moción de un Senador o un Diputado .

Se lo decía al ex Senador Longueira: luego de 21 años de su permanencia en el Parlamento, consiguió, siendo Ministro, que una ley lleve su nombre: la Ley de Pesca, la "Ley Longueira".

Si bien coincido con el objetivo final de la iniciativa: disminuir el robo de vehículos, que ha experimentado una explosión enorme -y aquí están el Senador Espina, que es lego, experto en estos temas, y también el Senador Patricio Walker -, la pregunta es: ¿hemos tenido una correlación positiva entre el aumento de las penas y la disminución de los delitos? En otras palabras, ¿ha sido efectivo, como dice la Senadora Alvear en el informe, que al aumentar las cárceles -ya están en crisis- y meter más gente presa por más tiempo se redujo la cantidad de delitos?

Veo que allí no hay una correlación eficiente. Por tanto, es un autoengaño sostener que, por el hecho de incrementar las penas, van a disminuir los delitos.

Yo leí el informe de la Comisión de Constitución, y en él no figura la opinión de Carabineros de Chile ni la de la PDI.

A mi juicio, junto con las medidas planteadas para agravar las penas, se podría incorporar en el proyecto de Ley de Presupuestos para 2013 -lo discutiremos próximamente- fondos para mayores recursos tecnológicos, a fin de que nuestras policías eviten lo que está ocurriendo en el norte, donde muchos vehículos robados traspasan la frontera clandestinamente hacia Bolivia. También podemos dotarlas de mejores mecanismos de detección y búsqueda.

Y aunque el porcentaje de recuperación de automóviles sustraídos supera el 85 por ciento, este tipo de delito va in crescendo.

Por ello, me habría gustado conocer la opinión de la PDI y de Carabineros, que son los encargados de buscar los vehículos robados. Porque Twitter no basta. Estos anuncios de robos podrían ser sistemáticos, pero no lo son, pues uno nunca sabe si son ciertos. Por tanto, necesitamos no solo aumentar las penas, sino también mejorar la tecnología.

Reitero: solo incrementar las sanciones no resolverá el problema de los robos. Aquí se precisa mayor autocuidado de los propios usuarios para no facilitar el ilícito. Pero también se necesita utilizar mecanismos disuasivos de parte de nuestras policías, ya sea durante la comisión del robo o, efectuado este, en la localización del automóvil.

Por ejemplo, se plantea en el informe de la Comisión que se ha acordado con las concesionarias de autopistas que "comparen los datos provenientes de las lecturas automáticas de las patentes de los autos que cruzan sus pórticos de pago con las bases de datos de las patentes de los vehículos robados". Yo me pregunto: ¿no será mejor tener esa información en línea con las policías?

Las concesionarias de vías licitadas ganan demasiado dinero, porque son muchos los autos que las ocupan, y cada día brindan un peor servicio. De hecho, hay que pagar lo mismo cualquiera que sea la velocidad de tránsito. Entonces, es un muy buen negocio.

Entre paréntesis, por algo los fondos de los jubilados canadienses y australianos están invertidos en las concesionarias de las autopistas chilenas. Mientras nosotros llevamos los ahorros de nuestros pensionados a Nueva York y perdemos plata cada día en la bolsa, los jubilados extranjeros invierten en estas empresas de Chile porque son negocio seguro.

Volviendo al ejemplo, me parece que las cámaras que captan las patentes en los pórticos de las concesionarias debieran estar en línea y generar un mecanismo mediante el cual, si pasa un auto robado, se prenda de inmediato una luz en alguna de las policías para iniciar, rápidamente, la búsqueda de ese automóvil.

Sin embargo, tal medida no puede descansar en un acuerdo entre la concesionaria de las vías y Cristóbal Lira , Subsecretario de Prevención del Delito . Esto debe obedecer a una planificación concordada, y requiere inversión. Así será un mecanismo eficaz y disuasivo: que el ladrón de vehículos sepa que, si pasa por un pórtico, despertará una alarma temprana para su localización y detención.

Entonces, comparto el espíritu de proteger a la clase media, que ha crecido enormemente en la tenencia de vehículos.

Cuando uno va a las poblaciones levantadas con subsidio fiscal del Ministerio del ramo, aprecia que ninguna vivienda fue diseñada con estacionamientos. Por ejemplo, el sector de La Huasca, en Penco, era una linda población cuando la vi por primera vez; pero, si uno la visita ahora, se percatará de que está llena de vehículos. No hay dónde caminar, no hay dónde transitar, porque carecen de estacionamientos. Jamás se pensó que las familias que habitan en viviendas sociales tendrían vehículos. Sin embargo, los están adquiriendo, y ocupan las vías públicas con grave riesgo para la seguridad.

En consecuencia, señor Presidente , creo que el proyecto puede ser mejorado con el aporte de mayores recursos tecnológicos y con una mejor coordinación, como el propio informe sugiere, con las concesionarias de autopistas, de manera de que, en este último caso, no se trate de un acuerdo voluntario.

No sé si a esas empresas les interesa perseguir autos robados. Siento que están más preocupadas en cobrarnos peaje lo más seguido posible que en buscar vehículos hurtados.

Recuerdo a mis colegas que el 1º de enero del presente año en la Ruta del Itata se desató un incendio forestal, que atrapó a más de doscientos vehículos. Con llamas a cien metros y la humareda al lado, la concesionaria no levantó los pórticos para el pase libre de los vehículos, lo que provocó situaciones de pánico.

Entonces, no creo que las concesionarias vayan a colaborar en esta materia ni gratuita ni voluntariamente.

En este proyecto -y nos acompaña en la Sala el Diputado Matías Walker -, podríamos incorporar elementos de esa naturaleza, a fin de dotar a las policías de los mecanismos necesarios e incluir la colaboración ciudadana, por ejemplo, en la detección de patentes de autos robados.

Ignoro si hay algún teléfono al cual uno pudiera reportar haber visto la patente de un auto robado, sin temor a represalias.

En consecuencia, se trata de un conjunto de medidas que pueden evitar el robo de automóviles.

Además, los delincuentes prefieren los modelos más caros. De hecho, al Diputado Aguiló le sustrajeron su vehículo nuevo en las puertas de su casa. No apareció jamás, pero él tenía seguro. El problema es que nuestra clase media nunca compra seguros. Quien está en condiciones de pagarlo lo contrata, pero el que no ahí muere. Por tanto, tal vez debiéramos considerar la obligatoriedad del seguro automotriz contra robos.

Ese tema es debatible.

Está claro que el proyecto constituye un avance, pero no resolverá el problema de fondo con la amenaza de más días de cárcel. A los delincuentes les importa un comino si son uno, dos o tres años. Así quedó demostrado cuando debatimos sobre el robo de cajeros automáticos. En realidad, aumentar las penas no disuade a quienes cometen este tipo de delitos.

Me gustaría más participación del sector privado en el caso de los cajeros automáticos de los bancos, y de nuestras policías en lo relativo al robo de autos. Y la ciudadanía también debe asumir una postura activa y colaborativa, en un tema como este.

Voy a votar a favor, señor Presidente , con las observaciones que he señalado, porque de todas maneras el proyecto avanza en combatir el robo que, lamentablemente, crece día a día en Chile.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

--(Aplausos en tribunas).

)---------------(

El señor ESCALONA ( Presidente ).- Aprovecho de saludar al alcalde de Tirúa , don Adolfo Millabur, quien nos acompaña en las tribunas.

--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

)---------------(

El señor ESCALONA (Presidente).- Tenemos dos inscritos.

Si le parece a la Sala, se abrirá la votación, respetando el tiempo.

--Así se acuerda.

El señor ESCALONA (Presidente).- En votación general y particular el proyecto.

--(Durante la votación).

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente , este proyecto de ley tiene mucha urgencia, porque la realidad actual es que quienes roban vehículos, en la práctica, quedan en total impunidad debido a la penalidad establecida en el Código. Y no solo queda en la impunidad el que roba el vehículo, sino además aquel al que se sorprende en la receptación, que es el eslabón final de la cadena del delito. Nadie roba para coleccionar cosas, sino para hacer un negocio y, por lo tanto, para vender lo robado.

En el caso del robo que se comete en lugar no habitado, y específicamente el que se lleva a cabo en bienes nacionales de uso público o en sitios no destinados a la habitación, advertiremos que la penalidad va de 541 días a 5 años. Eso significa que, si la persona configura dos circunstancias atenuantes, señalando que intenta reparar con celo el mal causado -por ejemplo, depositando algún tipo de dinero para compensar el daño- y, además, tiene irreprochable conducta anterior y no obstante haber sido formalizada muchas veces por el mismo delito, pero sin sufrir sentencia condenatoria, lo probable es que se le rebaje la pena en un grado. La regla general es que se aplica una pena de 61 días y se le remita condicionalmente. Por tanto, mientras no se implementen las normas sobre cumplimiento alternativo de las penas privativas de libertad en forma libre -ya lo está haciendo el actual Gobierno-, en los hechos, se traduce en que la persona que roba un automóvil en Chile -salvo que se trate de una asociación ilícita organizada y que esto se pueda probar-, aunque tenga reiteradas condenas, queda impune.

Eso se ha transformado en un gran mercado.

En los países en que robar es gratis, el estímulo y el incentivo al robo es mayor.

Y quienes sufren esto, por regla general, son las familias humildes o de clase media, que muchas veces no tienen recursos para asegurar su vehículo. La gente que dispone de dinero puede comprar un seguro, que es caro. Pero la familia de clase media, en un alto porcentaje, o la que con esfuerzo compra un vehículo, no puede pagarlo. De manera que, si le roban el auto, lo pierde todo.

Entonces, lo primero que debe resaltarse es que la urgencia en despachar este proyecto tiene una razón de ser muy de fondo: no es admisible que a una persona que roba un vehículo motorizado o a alguien que es sorprendido vendiéndolo o comprándolo a sabiendas de que era robado, no le pase nada.

Por lo tanto, lo que hace el articulado es elevar el piso de la pena, la cual será de 541 días a 5 años, en vez de 3 años y 1 día, para el robo y la receptación.

Señor Presidente, esta es una cuestión urgente, que ha sido pedida por los propios fiscales y conversada con muchos jueces, que consideran absurda la actual penalidad.

Entonces, si el Parlamento quiere colaborar con el sistema judicial el que señala que requiere contar con penas acordes con la gravedad de un delito que se ha masificado, lo que debe hacer, luego de un estudio rápido de la materia, es aprobar el proyecto, para que la ley empiece a regir. Desde ya, quiero decir que va a regir solo respecto de quienes cometan delito luego de que se promulgue la legislación en estudio, porque la ley penal no se aplica con efecto retroactivo.

Hay dos medidas adicionales que está implementando el actual Gobierno, las que, a mi juicio, son los cambios más de fondo que se van a hacer en la legislación chilena en materia delictual y que -no tengo dudas- van a permitir disminuir los delitos en general. La primera, denominada el "Sistema Táctico de Análisis Delictual" (STAD), está operando en más de 200 comunas -la idea es extenderlo a todo el país- y ha resultado un éxito, al punto de que en los informes y análisis de Carabineros publicados recientemente el número de casos, no de denuncias, ha disminuido prácticamente en 14 por ciento en menos de 6 meses de aplicación.

¿Y en qué consiste el STAD? En realizar reuniones periódicas entre el jefe de la unidad policial, las autoridades de los gobiernos regionales o nacionales vinculadas al Ministerio del Interior; los alcaldes, que son quienes mejor conocen la realidad de sus comunas, y los fiscales. Se hace un análisis de la realidad del delito que se está cometiendo en tal o cual comuna; cuál es el modus operandi de los delincuentes; qué tipo de ilícitos delitos se cometen, dónde, por qué y por quiénes; cuál es la movilidad del delito; si los ilícitos se llevan a cabo en la mañana, en la tarde; si hay sitios eriazos; si hay factores sociales que enfrentar.

Muchas veces puede haber lugares donde los factores sociales son relevantes: zonas de extrema pobreza y de desamparo en materia educacional o con problemas de distinta índole, vinculados a la locación donde se perpetran los delitos, como a la realidad social que ahí emerge.

Todos esos factores se toman en consideración y se adopta una estrategia definida para los efectos de enfrentar el problema.

Esto fue aplicado con tremendo éxito en Estados Unidos y en muchos países europeos. Barrios atrapados por la delincuencia, donde nadie se atrevía a entrar al caer la tarde o la noche, hoy día incluso se han transformado en lugares turísticos, donde la gente puede ir con su familia y en los que se puede convivir. Se han recuperado espacios públicos.

Por lo tanto, la aplicación del STAD por parte del Gobierno ha sido un éxito rotundo hasta ahora. Y me atrevo a señalar que, en la próxima encuesta de victimización, la disminución de los delitos, particularmente los que más ocurren en el país que son lesiones graves y robos violentos con mano armada, va a ser considerable. Porque el trabajo que se hace periódicamente así lo está demostrando. Además, los resultados se publican en las páginas web de las distintas unidades policiales.

Entonces, se empieza a conocer información respecto de lo que está ocurriendo.

La segunda medida que el Gobierno está aplicando, junto con los tribunales y con el Ministerio Público, es el Sistema Único de Información .

Resulta difícil comprender por qué en nuestro país no hay un sistema unificado de información respecto de quienes tienen orden de detención pendiente o que se han fugado de la justicia, de los que fueron formalizados y no cumplieron una medida cautelar decretada por un tribunal, simplemente están hoy día en total impunidad y continúan cometiendo delitos en perjuicio de la comunidad.

No hay información unificada en Chile. Y eso es una tremenda falencia. Cada una de las policías tiene su información. La fiscalía tiene la suya al igual que los jueces. Entonces, resulta absurdo no contar con un sistema unificado que cuente con todos los antecedentes para saber si una persona está, en un momento determinado, prófuga de la justicia, o bien no se ha presentado a las etapas de un juicio en que se debe dictar sentencia condenatoria, o ha dejado de cumplir una medida cautelar o una medida alternativa al cumplimiento de pena en la cárcel, como puede ser la libertad vigilada.

No tengo duda de que estos dos motores que se están impulsando nos permitirán revertir la situación delictual en el país. Y ellos han sido impulsados -nobleza obliga- por el ex Ministro del Interior , don Rodrigo Hinzpeter , y por el Subsecretario de Prevención del Delito, señor Cristóbal Lira .

Por cierto, no van a rendir frutos en uno, dos, o tres meses, pero sin duda lo harán mucho más rápido de lo que la gente se imagina.

Por estas consideraciones, vamos a votar a favor del proyecto de ley, porque nos parece que protege a las víctimas de delitos, en este caso de robo de vehículos.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente , en mi opinión, es un acierto de los autores de la iniciativa proponer que se legisle sobre un tema que preocupa a los ciudadanos, especialmente a quienes tanto les cuesta ganar sus recursos e invertir sus pocos ahorros en la compra de un vehículo que de la noche a la mañana pueden perder, porque alguien se los roba, desmantela, desarma, liquida o vende.

Son muchas las familias afectadas que no aparecen en los medios de comunicación, como también varias las que han perdido el único ahorro de su vida.

Por eso, de verdad creo que debemos felicitar a los parlamentarios que tuvieron la iniciativa de preocuparse de esta materia.

No obstante, a mi modo de ver, no es la manera para abordar el problema, pues el aumento de penas no va a afectar al que incurre en un delito. No creo que estas personas se vayan a imponer, leer o informarse de que ahora hay una pena mayor. Y si lo hacen, tampoco les va a importar.

Estimo que somos poco eficaces a la hora de buscar formas creativas para proteger el patrimonio de los chilenos más vulnerables, a quienes les cuesta tanto generar y atesorar un ahorro con el fin de adquirir un vehículo motorizado. Actualmente este no es un lujo, sino un artículo de primera necesidad. Ya lo dijo el Senador señor Navarro : así sucede en poblaciones muy modestas, donde jamás se pensó siquiera construir pasajes por donde pudieran transitar dos automóviles y en los que no se puede estacionar por no haber lugares en los que hacerlo. Por supuesto, tampoco se diseñaron viviendas con estacionamientos.

Eso da pie a toda una forma de repensar cómo creamos los barrios y cómo construir viviendas. Y qué bueno que estemos avanzando, pero el progreso debe ir acompañado de seguridad para las personas.

Por lo mismo, no tengo mucha fe en este proyecto, en cuanto a los resultados. Porque, en verdad, las penalidades que hemos aumentado para otros delitos no garantizan que ellos desaparezcan o disminuyan.

Debemos buscar otra forma de asegurar a las víctimas. Desde ese punto de vista, a los afectados no les va a interesar mucho si la estadística sube o baja con relación a los actos delictivos, pero sí que le devuelvan el auto robado o el dinero que perdieron. Y la única manera de lograr eso es mediante el seguro. Pero esos sectores no tienen capacidad para pagarlo y mucho menos en los niveles en que se encuentra en la actualidad.

El debate lo tuvimos en el Parlamento al crearse el seguro obligatorio para accidentes contra terceros. Y logramos instaurar que bajaran tanto los costos, que ahora la gente ni siquiera se acuerda de usarlo cuando ocurre un siniestro.

En mi opinión, deberíamos explorar un seguro obligatorio que no resulte oneroso, dadas la economía de escala y la cantidad de vehículos existente. Además, se podría crear un subsidio del Estado para los sectores más modestos, con el objeto de que, cuando alguien se vea afectado por el robo de su vehículo o envuelto en un accidente, en treinta días se lo repongan o le devuelvan la plata.

Aumentar las penas no va a resolver el problema. Porque si dejan detenido más tiempo a quien robó el vehículo y si este fue destrozado, lo vendieron o el afectado no consigue recuperarlo, le va a dar lo mismo que al hechor le impongan una reclusión mayor o cadena perpetua, porque eso no soluciona el inconveniente en los sectores que queremos proteger.

Quiero hacer una reflexión motivado por el relato del Senador que me antecedió en el uso de la palabra. Sostuvo que el robo de vehículos se sanciona con una pena que va de 61 días a 5 años de presidio. Pero el inculpado no va a recibir cinco años de cárcel, porque le van a aplicar atenuantes. Y si la atenuante es una irreprochable conducta anterior, o repara con celo el mal causado, entonces le darán solo 500 o 541 días. Si después presenta otro antecedente que constituye una nueva atenuante y le rebajan otra vez la pena, esta puede llegar a 61 días y, finalmente, se los conmutan por la firma regular. Por último no pasará un día preso ni tendrá sanción. Pero esto ocurre con todos los delitos y no solamente con los robos de vehículos.

Entonces, tenemos que revisar cuáles son las facultades entregadas a los tribunales, para que hagan buen o mal uso de las atenuantes. Porque, en definitiva, las penas son de mentira.

Luego de escuchar al Senador señor Espina, me parece que las penas para todos los delitos son irreales. Y todos los que cometen ilícitos sancionados con elevadas penas (tres, cinco, diez, quince o de veinte años) resulta que jamás cumplen un día presos, porque cuentan con atenuantes.

Tenemos que revisar cuándo, cómo y dónde se aplican las atenuantes y no legislar colocando parches cada vez que nos parece que la comisión de un delito va en aumento: "Mire, aumentemos la pena aquí, aumentemos allá, porque resulta que los jueces están aplicando las atenuantes".

Revisemos bien, entonces, a fin de no exagerar las rebajas de penas mediante las atenuantes que favorecen a los delincuentes.

Esta es una queja generalizada de la ciudadanía respecto de la delincuencia. Se dice: "Cometen delitos, no los sancionan y andan libres", al referirse a aquellos ilícitos castigados con penas elevadas o a delitos graves en relación con la seguridad de las personas. Ese es el reclamo que hay.

El Presidente Piñera dijo: "Vamos a perseguir a los delincuentes y se va a terminar la puerta giratoria". Pero parece que la sacaron, porque, en definitiva, ahora todos salen libres. Y eso ocurre debido a la aplicación de atenuantes y más atenuantes que, en definitiva, no responden a lo que en un momento determinado el legislador estableció para graduar las penalidades.

Desproporcionar la pena para un solo delito y aplicar una atenuante generalizada, me parece que no es el camino correcto. Desde ese punto de vista, creo que el proyecto, si bien está bien inspirado, no cumple el objetivo.

Por tanto, voy a votar negativamente. Con mi voto en contra, quiero llamar la atención para que el Ejecutivo y los parlamentarios nos motivemos a revisar toda la legislación penal, que en verdad distorsiona las sanciones establecidas.

En definitiva, entregamos a los jueces una facultad para dejar sin castigo y sin aplicar la penalidad establecida por la ley, porque hay atenuantes de todo tipo.

No puede ser que alguien que comete un delito grave no cumpla un solo día preso.

Voto en contra, señor Presidente.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez.

El señor GÓMEZ.- Señor Presidente , leyendo el informe, uno aprecia que se han hecho varias modificaciones, particularmente al proyecto original y se termina enmendando el artículo 443, el cual señala que, si el delito a que se refiere el inciso precedente recayere sobre un vehículo motorizado, se impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo. Esa es la modificación que se hace.

El Senador señor Tuma señaló la importancia que representa para la gente el hecho de que este tipo de normas pueda favorecer al delincuente cuando roba, desarma o vende el vehículo. Pero lo que se está haciendo aquí no va a tener nunca una relación directa con el problema, porque se trata de sancionar con una pena mayor a quien comete el delito.

A mi juicio, sería interesante hacer un análisis para precisar cómo se puede colaborar con la prevención y evitar que se cometa este tipo de delitos.

El Subsecretario de Prevención del Delito , don Cristóbal Lira , durante la discusión general, señaló que el robo de autos es una preocupación permanente del Gobierno, razón por la cual se han puesto en práctica un conjunto significativo de medidas para disminuir la incidencia de este ilícito. Y agregó que esta política ha permitido disminuir de 110 a solo 88 los casos diarios en la actualidad.

Claro, a lo mejor porcentualmente es un avance importante, pero quizás lo lógico sería contar con un análisis de lo que implica, desde el punto de vista económico estatal, la perpetración de tales delitos. Porque suponen movimiento del aparato judicial, de las policías; un montón de procesos económicos. Si se mirara la situación desde la perspectiva de la prevención o desde la de favorecer a los afectados, el Estado tal vez podría colaborar, de alguna manera, en términos de lo que son los seguros o de buscar incentivos para el establecimiento de mecanismos de prevención mecánicos, técnicos, que eviten la comisión de estos ilícitos.

Porque, al final del cuento, aumentar la pena es un costo más para el que comete el delito. El que se dedica a robar autos, va a seguir robando autos. Va a hacer el cálculo: "Me sale un poco más". Pero no va a dejar de robar.

Voy a votar a favor del proyecto, pues no estoy en contra de que se apliquen mayores penas y se trate con más dureza a aquel que comete este tipo de ilícitos. Sin embargo, creo que el enfoque está errado, desde el punto de vista de lo que uno debería perseguir en esta clase de situaciones, que tienen que ver con lo que ya señalé antes.

La Subsecretaría de Prevención del Delito es una institución que creamos precisamente para eso: para buscar fórmulas de prevención del delito. Ese es el camino correcto. Ello evitaría el daño que se le produce a una persona de clase media que con mucho esfuerzo compra un vehículo y luego sufre su robo, y no cuenta con recursos para contratar un seguro o para realizar otros actos que de alguna manera impidan estas situaciones.

Por eso, señor Presidente , sería interesante pedirle al Ejecutivo la realización de un análisis de costo. ¡Capaz que salga más barato establecer un incentivo, una fórmula para evitar el robo de automóviles, de radios, de diferentes especies! Ahí se podría determinar lo que significan los daños personales, morales y familiares a raíz de la perpetración de estos actos, que son graves. Probablemente, una inversión estatal en estas materias resultaría mucho más eficiente que subir las penas.

Los delincuentes que cometen estos ilícitos van a seguir cometiéndolos; van a seguir robando autos, y a lo mejor van a recibir unos días más de cárcel, si es que los tienen. Porque yo estuve revisando lo que plantearon algunos de los abogados que propusieron los cambios, y no estoy seguro de que el autor del robo de un vehículo vaya a ir a la cárcel. ¡Capaz que con las atenuantes, etcétera, igual termine libre!

Por consiguiente, creo que el camino pasa no solo por este tipo de acciones, sino también por que el Estado, a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, busque formas creativas y de mejor calidad para prevenir estos ilícitos y evitar el daño que ellos les ocasionan a las personas que los sufren.

Gracias.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.

La señora ALVEAR.- Señor Presidente, pienso que los Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra tienen toda la razón. Y quiero reforzar sus argumentos.

Dentro de la Región Metropolitana, las comunas de Santiago, Puente Alto , Providencia y Maipú son las que registran mayor cantidad de robos de vehículos. Incluso, un medio de comunicación publicó que están identificados los lugares donde más se cometen tales delitos en esas comunas. Puedo decirlo con conocimiento de causa, porque a mí me robaron el mío en Puente Alto. Además, se encuentran identificados las marcas y los modelos de los vehículos más robados. A mí me sustrajeron un Hyundai Santa Fe, que figura en la lista de los preferidos por los ladrones.

Entonces, señor Presidente , uno dice: si están identificadas las comunas de la Región Metropolitana donde más se perpetran dichos ilícitos-y seguramente se puede elaborar un mapa similar en el resto de las Regiones del país-; si también están identificados los lugares más riesgosos dentro de ellas, y si están identificados los vehículos que se roban con mayor frecuencia, ¡cómo no se efectúa una labor de prevención, de investigación, y se busca una forma para poder detener a las bandas de delincuentes que los roban! Porque, claro, la denuncia de que se ha vuelto a registrar otro robo de vehículo en Maipú, en un lugar ya conocido, se puede realizar inmediatamente, pero ¿qué tipo de medidas de prevención se toman para evitar que este delito siga ocurriendo?

Normalmente, cada vez que un delito se hace más notorio, la primera reacción es presentar un proyecto de ley para aumentar las penas. Y no digo que no se aumenten -de hecho, voy a aprobar esta iniciativa, tal como lo hice en la Comisión, sin perjuicio de presentar indicaciones durante la discusión particular-. Sin embargo, considero tremendamente importante fortalecer las tareas de prevención, a fin de que, en el caso de las policías y de la Fiscalía, se realice una investigación inteligente, que permita determinar en qué lugares de las comunas se cometen más robos de vehículos.

Fíjese, señor Presidente , que al 31 de octubre de 2012 se habían robado 19 mil 217 vehículos en la Región Metropolitana, y se sabía qué comunas, qué lugares de ellas y qué tipos de vehículos eran los más afectados.

¡Cómo no puede haber una investigación más inteligente por parte de nuestras policías, así como los recursos necesarios para que la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Fiscalía (el Ministerio Público) realicen una adecuada labor de prevención! Porque, si se roban un auto, la verdad es que es difícil encontrar al ladrón. Pero si los robos son reiterados a la salida de un supermercado, por ejemplo, ¡hay una banda, pues, señor Presidente ! ¡Cómo no existe una investigación inteligente ahí, que permita detener a esa banda y evitar que los ilícitos continúen! Ello es mucho más importante que hacer un tremendo gasto para investigar cada caso y meter a la cárcel al responsable -si es pillado, por cierto, lo que resulta extraordinariamente difícil-.

Y, ¡ojo!, así estaríamos evitando también la comisión de otros delitos. Porque los vehículos son robados, primero para desarmarlos y venderlos, pero también para utilizarlos en la perpetración de otros ilícitos, como los "alunizajes". Los "4x4" se los roban para eso.

El señor BIANCHI .- ¡El suyo, por ejemplo...!

La señora ALVEAR.- Efectivamente, el Hyundai que me robaron fue utilizado en un "alunizaje".

Me refiero, fundamentalmente, a los robos de cajeros automáticos.

En conclusión, señor Presidente , este proyecto de ley es importante -y tenemos que abordarlo y mejorarlo a través de las indicaciones-, pero tanto o más relevante que él es apuntar a la prevención en todos los ámbitos que he mencionado, con el objeto de evitar, en lo posible, que se siga cometiendo la gran cantidad de robos de vehículos que lamentablemente vemos hoy en el país.

He dicho.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señor Presidente , esta iniciativa, que reforma el Código Penal y que se halla en su segundo trámite constitucional, da cuenta de una realidad que efectivamente ocurre más en Santiago. Por eso, los que vivimos en provincias valoramos el hecho de tener que lamentar menos robos que los que se registran en la Capital, como el que le tocó sufrir a la señora Senadora que me antecedió en el uso de la palabra.

¡Son 36 mil los vehículos que se roban al año! ¡Cien vehículos por día! Es lo que nos decía recién el Diputado señor Matías Walker , uno de los autores de este proyecto de ley.

Sin embargo, yo quiero hablar de quienes roban con cuello y corbata, respecto de lo cual no se dice nada en esta iniciativa, pero que aparece en el párrafo 5 bis del Código Penal, "De la receptación". Porque somos testigos de lo sucedido en varias compraventas, donde ha habido robos que han dañado a muchas personas que con enorme esfuerzo han adquirido un vehículo, lo han dejado en prenda o lo han dado en parte de pago. Estos ladrones de cuello y corbata, que han aparecido en el último tiempo encubiertos en estas compraventas, realizan un enorme negocio a costa del sacrificio de muchas personas de clase media, que con bastante esfuerzo logran adquirir sus vehículos.

Le consulté al Diputado Walker si este proyecto trataba esa materia. Afortunadamente, lo hace en el artículo 456 bis A, que dispone:

"El que conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder, a cualquier título, especies hurtadas, robadas u objeto de abigeato, de receptación o de apropiación indebida del artículo 470, número 1°, las transporte, compre, venda, transforme o comercialice en cualquier forma, aun cuando ya hubiese dispuesto de ellas, sufrirá la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de cinco a cien unidades tributarias mensuales".

Aquí se aumentan las penas, señor Presidente.

Diversos Senadores y Senadoras señalaron, con mucha razón desde mi perspectiva, que la solución no radicaba solo en el aumento de penas, sino también en que el Estado de Chile aplicara respecto de esta materia algunas medidas para avanzar en otras áreas a fin de resguardar mucho más la propiedad de los vehículos.

Voto que sí.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (21 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones).

Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Girardi, Gómez, Kuschel, Larraín (Hernán), Letelier, Navarro, Novoa, Orpis, Prokurica, Uriarte, Walker (Ignacio), Walker (Patricio) y Zaldívar (don Andrés).

Votó por la negativa el señor Tuma.

Se abstuvieron los señores Muñoz Aburto y Quintana.

El señor ESCALONA (Presidente).- Me dirijo a los Senadores señora Alvear y señor Patricio Walker, como representantes de la bancada de la Democracia Cristina en este momento, para plantearles lo siguiente.

Su Partido solicitó la urgencia con respecto a este proyecto. Para presentar indicaciones su bancada tendría que retirar esa petición. Así podríamos fijar el lunes como plazo para tales fines.

Es un proyecto iniciado en moción, pero el Ejecutivo le puso urgencia de "discusión inmediata", la que vence este domingo 25.

Además, debemos tener presente que estamos discutiendo la iniciativa que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura y que luego ingresará el proyecto de Ley de Presupuestos.

Si no, tendríamos que colocar la iniciativa en la tabla de mañana.

La señora ALVEAR.- Muy bien, señor Presidente.

El señor ESPINA.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente , este proyecto lo aprobamos en la Comisión de Constitución -según entiendo- por unanimidad.

Se hicieron las modificaciones pertinentes.

Sé que Sus Señorías pueden dilatar su trámite o no, por cuanto les asiste el derecho a presentar indicaciones.

La iniciativa fue corregida, la analizaron los penalistas especialistas. De manera que, por lo menos desde el punto de vista de quienes lo discutimos en la Comisión, puede votarse en general y particular en esta sesión.

Por lo tanto, solicito que se despache también en particular, con el objeto de que vuelva luego del tercer trámite en la Cámara de Diputados, porque el Senado le introdujo modificaciones a lo obrado en la otra Rama, y así pueda ser ley de la república a la brevedad.

Esta es una materia que tanto los fiscales como la autoridad solicitaron que se despachara en forma urgente.

El señor BIANCHI.- Con la misma votación.

El señor ESCALONA ( Presidente ).- Señor Senador , hubo dos intervenciones en las que explícitamente se señaló que se esperaba mejorar el texto, dadas las carencias que exhibía.

Eso significa abrir un plazo para presentar indicaciones y discutirlas luego en la Sala.

Si no es así, naturalmente lo podemos votar también en particular.

La iniciativa está aprobada en general, y si no se solicita plazo para formular indicaciones, se despachará igualmente en particular, independientemente de si tenemos que suspender algunos minutos la sesión para los efectos de contar con el quórum necesario para esos efectos.

De no solicitarse plazo para formular indicaciones, el artículo 126 del Reglamento nos faculta para aprobarlo en general y particular.

--Por no haberse presentado indicaciones, el proyecto queda aprobado también en particular y despachado en este trámite.

El señor ESCALONA (Presidente).- Se suspende la sesión por 15 minutos.

)-------------(

--Se suspendió a las 17:30.

--Se reanudó a las 18:3.

)----------(

El señor ESCALONA (Presidente).- Continúa la sesión.

Señores Senadores, tomando en cuenta que aún no tenemos el informe de las Comisiones unidas de Hacienda y de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, la Mesa se ve en la obligación de suspender nuevamente la sesión, por 20 minutos.

)---------(

--Se suspendió a las 18:3.

--Se reanudó a las 18:31.

)------------(

El señor ESCALONA (Presidente).- Continúa la sesión.

Como aún no contamos con el informe de las Comisiones unidas, se suspende nuevamente la sesión, por 15 minutos.

)------------(

--Se suspendió a las 18:31.

--Se reanudó a las 18:59.

)----------(

El señor ESCALONA (Presidente).- Continúa la sesión.

Lamentablemente, seguimos sin el informe.

Por lo tanto, se suspende la sesión por otros 15 minutos.

)----------(

--Se suspendió a las 18:59.

--Se reanudó a las 19:18.

)----------(

El señor ESCALONA (Presidente).- Continúa la sesión.

Lamentablemente, seguimos en la misma situación.

Las Comisiones unidas de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura y de Hacienda no han concluido su trabajo.

Por lo tanto, se suspende la sesión por otros 20 minutos.

)----------(

--Se suspendió a las 19:18.

--Se reanudó a las 19:39.

)-----------------(

El señor ESCALONA (Presidente).- Continúa la sesión.

Consultada la Secretaría de las Comisiones de Intereses Marítimos y de Hacienda, unidas, ha informado que el certificado, por el conjunto de materias tratadas, no puede estar listo antes de una hora.

Por lo tanto, procederé a levantar la sesión, tomando en cuenta que solo faltan 20 minutos para su término.

Una nueva sesión se halla citada a partir de las 21:30 para proseguir el tratamiento del proyecto de ley de pesca, en remplazo de la que se iba a destinar a la discusión sobre el Presupuesto.

¿Por qué razón?

Quiero ser sumamente preciso, para que no haya interpretaciones políticas en relación con situaciones enteramente administrativas o reglamentarias. Un funcionario de la Cámara de Diputados vino a informar que no había ninguna posibilidad de despachar a las 21, hora a la cual estábamos convocados, el proyecto de Ley de Presupuestos, por las vicisitudes que este había registrado en su tramitación. Se había exigido el recálculo de una serie de Partidas y un conjunto de materias se rechazaron.

Esa persona realizó la diligencia a las 17:30. En consecuencia, el Presidente que habla disponía, reglamentariamente, de cuatro horas para citar a sesión. Por eso, lo hice para las 21:30, no para las 21, a fin de continuar con el tratamiento de la iniciativa sobre pesca.

El señor Ministro Secretario General de la Presidencia me ha asegurado, luego de consultar con los equipos técnicos que se encuentran trabajando, que tendremos el proyecto de Ley de Presupuestos mañana, a las 9.

Se confía en la labor que están realizando, a marcha forzada, los funcionarios de la Cámara y los asesores de la Dirección de Presupuestos con el objeto de poder hacer la entrega al Senado mañana, antes de la 10, hora a la que estamos citados en la Sala.

Entonces, voy a levantar la sesión y a citar de inmediato a reunión de Comités con el propósito de rehacer el calendario de trabajo -no es que quiera postergarlo-, lo que resulta indispensable, porque fue producto de un acuerdo adoptado en esa instancia. No puedo modificarlo, entonces, de manera arbitraria o personal.

Es necesario fijar plazo para presentar indicaciones, etcétera.

La labor a que he hecho referencia se llevará a cabo pensando, de todas maneras, en comenzar el estudio del proyecto de Ley de Presupuestos mañana en la mañana.

Se levanta la sesión, sin perjuicio de darse curso a las solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa.

?Valparaíso, 21 de noviembre de 2012

Nº 1.037/SEC/12

AS.E. el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que reforma el Código Penal, tipificando los delitos de robo o hurto de vehículos motorizados y crea nuevas figuras delictivas aumentando su penalidad, correspondiente al Boletín N° 7.481-07, con las siguientes enmiendas:

Artículo único

Número 1)

Lo ha sustituido por el que sigue:

“1) Modifícase el artículo 443 en el siguiente sentido:

a. Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando su actual inciso segundo a ser tercero:

“Si el delito a que se refiere el inciso precedente recayere sobre un vehículo motorizado, se impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo.”.

b. Sustitúyese en el inciso segundo, que ha pasado a ser tercero, los términos “inciso anterior” por “inciso primero”.”.

Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 9.828, de 23 de noviembre de 2011.

Acompaño la totalidad de los antecedentes.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

CAMILO ESCALONA MEDINA

Presidente del Senado

MARIO LABBÉ ARANEDA

Secretario General del Senado

AUMENTO DE PENALIDAD A DELITO DE ROBO O HURTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS. Tercer trámite constitucional.

El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- En el Orden del Día, corresponde tratar, en primer lugar, las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, que reforma el Código Penal, tipificando los delitos de robo o hurto de vehículos motorizados, y crea nuevas figuras delictivas, aumentando su penalidad.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, boletín N° 7481-07. Documentos de la Cuenta N° 1 de este boletín de sesiones.

El señor RECONDO (Vicepresidente).- En discusión las modificaciones del Senado.

Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker.

El señor WALKER.- Señor Presidente , es motivo de gran orgullo y satisfacción para los autores de este proyecto que el mismo se encuentre en su último trámite en la Cámara, luego de que ayer fueran aprobadas por amplia mayoría en la Sala del Senado las modificaciones que introdujo al proyecto la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de esa Corporación.

El proyecto fue aprobado por la Sala por 21 votos a favor, 1 contra y solo 2 abstenciones, lo que indica que la iniciativa, originada en una moción transversal, ha suscitado gran interés, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

En mi calidad de autor de la iniciativa, solicito a la Sala que apruebe las modificaciones del Senado para que el proyecto entre en vigencia lo antes posible.

Para que los colegas tengan una idea, estamos hablando de un delito que solo en 2011 tuvo una ocurrencia de 36 mil casos. Es decir, son alrededor de 100 vehículos los que se sustraen diariamente. Lo cierto es que operan verdaderas mafias que se dedican a robar vehículos, para luego desarmarlos, venderlos por partes y piezas y clonarlos, a fin de enviarlos al extranjero, donde son vendidos o cambiados por drogas. Lamentablemente, este problema se debe a la legalización de los vehículos sustraídos en Chile impulsada por el gobierno de Bolivia.

El proyecto, iniciado en moción, fue trabajado en forma transversal. Fue suscrito por el diputado que habla y por los diputados Pedro Browne , Eduardo Cerda , Fuad Chahín , Felipe Harboe , Cristián Monckeberg , Carlos Montes, René Saffirio , Gabriel Silber y Patricio Vallespín . Quiero agradecer el apoyo que recibimos de la Mesa de la Cámara; de los miembros de la Comisión de Seguridad Ciudadana y de Constitución, Legislación y Justicia; de los presidentes de estas comisiones, señorita Marcela Sabat y señor Cristián Letelier ; de los diputados Giovanni Calderón , Jorge Burgos y de todos los colegas que tuvieron, de alguna manera, injerencia en el perfeccionamiento de esta normativa, que fue mejorada en el Senado, donde -como dije- fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

En la actualidad, el robo de un vehículo se asemeja al robo de cualquier especie mueble que sanciona el robo de cosas que se encuentren en bienes nacionales de uso público o en lugares no destinados a la habitación. Si llevamos este delito a una situación extrema, podríamos decir que podría tener la misma pena, en abstracto, que el robo de una silla, mesa o cualquier especie mueble que se encuentre en la vía pública. Pero, ¿qué ocurre? Que tenemos un Código Penal del siglo XIX y, por lo mismo, insistimos en que es necesario modernizarlo.

-Hablan varios señores diputados a la vez.

El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Señores diputados, les ruego tomar asiento y guardar silencio, a fin de escuchar la intervención del diputado Matías Walker.

Puede continuar su señoría.

El señor WALKER.- Señor Presidente, quiero explicar algo que ha sido motivo de consulta de muchos colegas: en qué innovan las modificaciones del Senado, que recomiendo a la Sala aprobarlas.

¿Cuál es la actual estructura de las penas que establece nuestro Código Penal para los delitos cometidos contra la propiedad? Para el hurto, que está dentro del ámbito de la custodia de la cosa declarada, pero no intensificada según el valor de la cosa, la pena va desde presidio menor en su grado mínimo a máximo. Para el robo con fuerza en las cosas en lugar no habitado, que sería aplicable, por regla general, al caso del robo de automóviles, la pena va de presidio menor en su grado medio a máximo, y para el robo con fuerza en las cosas en lugar habitado, la pena es de presidio mayor en su grado mínimo.

En el caso del robo con intimidación o violencia, la pena va de presidio mayor en su grado mínimo a máximo. La pena que habíamos propuesto para el robo de vehículos, determinada en referencia al artículo 443 del Código Penal, que establece la pena para el delito de robo con fuerza en las cosas en lugar no habitado, cuando el objeto material de la acción se encuentre ubicado en bienes nacionales de uso público o en sitios no destinados a la habitación, lo aumentaba en un grado, es decir, la pena que se proponía era la de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, en caso de que se pidiera al juez aumentar la pena en un grado. De este modo, se podía llegar a una distorsión de la pena, tanto hacia arriba como hacia debajo de la escala de penalidadades. Esto ocurre porque, tal como nos explicaron los fiscales y los funcionarios de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos de Carabineros, la mayoría de las veces estamos en presencia de detenidos por robo frustrado o tentativa de robo, cuyas penas van de 60 o 40 días, es decir, penas inexistentes para un delito que hoy se ha transformado en un negocio realizado por verdaderas mafias que se dedican a robar vehículos, a desarmarlos y a clonarlos.

Después de escuchar y recoger las propuestas de penalistas como el profesor Bofill , la Comisión de Constitución, siguiendo el espíritu original del proyecto, que era el de aplicar una pena única, determinó que esa pena única fuera la de presidio menor en su grado máximo. Con ello se espera que ella sea lo suficientemente coercitiva para que una persona que se dedique al robo de vehículos cumpla pena privativa de libertad, pero que, a su vez, sea suficientemente proporcional con otros delitos que afectan la esfera de intimidad de las personas. Por lo tanto, se fija un rango máximo de cinco años de pena.

En el caso de la receptación, delito que ha ido en aumento progresivo en nuestro país, se fija una pena mayor, esto es, de tres años y un día, suficientemente proporcional para disminuir este tipo de delitos.

Por último, quiero agradecer -nobleza obliga- el apoyo que hemos recibido del Ejecutivo para la tramitación de este proyecto, a través de la calificación de discusión inmediata.

El proyecto, cuyas modificaciones del Senado es necesario aprobar, debe ser complementado con otras medidas que, desde el punto de vista policial, ha llevado a cabo la Subsecretaría de Prevención del Delito en conjunto con Carabineros, como la utilización de la guía para la prevención del robo de vehículos y accesorios, la aplicación del decreto que obliga a las automotoras a ingresar al país sólo vehículos que cumplan con la norma europea; dotar a Carabineros de un sistema automático de reconocimiento de patentes y la obligación de las importadoras y aseguradoras de implementar todas las medidas de seguridad necesarias.

Todas estas medidas, complementadas con esta iniciativa que solicito a la Sala aprobar, van a permitir, de alguna manera, poner freno a un delito que ha ido en creciente aumento en nuestro país.

He dicho.

El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.

El señor ROJAS.- Señor Presidente , me sumo a las felicitaciones a los autores de este proyecto que aumenta las penalidades relacionadas con el robo de vehículos. La Segunda Región, que represento, es una de las más vulnerables a tal ilícito.

El diputado Walker ha planteado que la iniciativa no sólo apunta a incrementar las penas al contemplar la medida de presidio para quien cometa ese delito, sino que también busca fortalecer algunas zonas del país que son más vulnerables al robo de vehículos, cuyo destino es Bolivia. Muchas camionetas son robadas en la actividad minera y traslada-

das a Bolivia, donde son reducidas y cambiadas por drogas.

Debido a nuestra vulnerabilidad fronteriza, que tiene entre sus causas una fiscalización muy limitada, no sólo debemos aprobar ciertos cambios al Código Penal, sino que llamar la atención del Gobierno en relación con este tema. Es necesario fortalecer el Plan Frontera Ssgura. Repito, la frontera norte del país presenta vulnerabilidades, lo que facilita el tráfico de drogas, del que forma parte el robo de vehículos, puesto que, como señalé, estos son llevados a Bolivia para ser reducidos y cambiados por estupefacientes.

En relación con este problema, hace un tiempo pedimos que Cancillería actuara a fin de recuperar los vehículos que se encuentran en Bolivia. Lamentablemente, nuestras autoridades tuvieron una actitud pasiva, la que además se vio perjudicada por un acuerdo del Parlamento de Bolivia que autorizó la regularización de estos vehículos, sin tener ningún antecedente a la vista. A través de ese procedimiento, se regularizaron aproximadamente 75 mil vehículos, muchos de los cuales fueron robados en Chile.

Las modificaciones introducidas por el Senado deben ser aprobadas -estoy seguro de que así será-, porque al establecer una penalidad mayor -el presidio-, este actuará como un elemento disuasivo para la comisión del robo de vehículos. Con todo -insisto-, la iniciativa debe complementarse con la adopción de otras medidas, especialmente aquellas destinadas a superar la vulnerabilidad existente en la zona fronteriza, en particular en la Segunda Región.

He dicho.

El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente , me uno a las felicitaciones al diputado Walker

por impulsar esta iniciativa que aumenta las penalidades para el delito de robo de vehículos, el que lamentablemente ha ido in crescendo en nuestro país, sobre todo en la zona norte.

El robo de vehículos es una realidad que se vive día a día en todas nuestras comunas. Por ejemplo, en la comuna de San Carlos, en los últimos meses, todas las semanas se roban, a plena luz del día, toda clase de vehículos. Los ciudadanos se sienten impotentes al ver cómo este tipo de delitos aumenta, a pesar de que en muchas comunas se ha instalado el plan cuadrante y que el mismo se ha extendido a comunas de menor tamaño, lo cual se agradece. La respuesta, desde el punto de vista legislativo, es aumentar la pena a presidio menor en su grado máximo, es decir, a cinco años, lo cual puede contribuir, a mi juicio, a generar una señal potente para disminuir este tipo de delitos.

He pedido la palabra para reiterar lo que muchos parlamentarios hemos señalado con antelación: nuestro Código Penal ya no resiste más enmiendas, colgajos o modificaciones que van alterando su sentido original. Hay que recordar que nuestro Código Penal, que data de 1874, es el segundo más antiguo del mundo, después del de Bélgica.

Muchos parlamentarios hemos sugerido formar una comisión de estudio para redactar un nuevo Código Penal, pues necesitamos un corpus más moderno que se haga cargo de las nuevas realidades, como los ciberdelitos que se cometen a través de las redes sociales y de internet.

Hoy, la opinión pública está conmocionada con los delitos de prostitución y pornografía infantil que se han dado a conocer. Muchos de ellos se inician a través de las redes sociales, que forman una verdadera red de encubrimiento frente a este tipo de delitos.

Ante esa situación, no basta con modificar parcialmente nuestro Código Penal. Derechamente, debemos pensar en una nueva redacción, como lo ha hecho Alemania, que cuenta con uno de los códigos penales más modernos del mundo.

También debemos hacernos cargo de la asimetría que mantiene nuestro Código Penal en relación con los delitos contra la propiedad y la vida. Los primeros son penados con mucho mayor rigor que los segundos. Esta realidad también se traslada a los tribunales. Hace algunos meses fuimos mudos testigos de cómo una persona, asesina confesa, fue dejada en libertad por un juzgado de garantía. A partir de esos casos vemos que la respuesta no puede ser, simplemente, modificar en forma parcial una norma, sino que hacernos cargo de la nueva realidad existente.

Reitero mis felicitaciones al diputado Matías Walker por impulsar esta iniciativa, que da respuesta inmediata a una situación que afecta especialmente al norte de Chile, cual es el robo de vehículos motorizados. Asimismo, recalco nuestra voluntad y disponibilidad para enfrentar este nuevo escenario con la redacción de un nuevo Código Penal. En ese sentido, sugerimos al ministro de Justicia que reactive la comisión de estudio que constituyó el ex Presidente de la República Eduardo Frei Ruiz-Tagle , que convocó a los más insignes juristas del país. Por desgracia, luego se dejó estar y no continuó su trabajo. Otra alternativa es actuar en forma más radical y facultar a nuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para que aborde este tema con la premura que se requiere.

He dicho.

El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Cristián Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente , en primer lugar, felicito al diputado Matías Walker , porque sólo por su tesón y reiterada preocupación este proyecto se convertirá en ley de la República. Con todo, el Senado le introdujo modificaciones bastante sustanciales en relación con las penas.

Desde el punto de vista de la doctrina, el tipo penal es adecuado tanto en lo que se refiere al robo de vehículos como a su receptación.

Nada sacamos con aprobar proyectos como este, que sin duda son importantes, si no los acompañamos con normas adjetivas, sobre todo en cuanto al funcionamiento de la justicia y de sus instituciones auxiliares. Quienes hemos sido víctimas de robo de vehículos vemos que, lamentablemente, la ciudadanía no tiene la respuesta que merece respecto de esta clase de delito.

Cuando un ciudadano es víctima de un robo de vehículo, muchas veces la fiscalía no lo escucha. Sólo envía una carta a su domicilio, a través de la cual comunica que, lamentablemente, no cuenta con mayores antecedentes, y que si el afectado los tiene, se acerque a la fiscalía. La ciudadanía afectada por esta clase de delitos u otros de igual naturaleza queda muy frustrada y enrabiada. Por eso, deberíamos complementar esta legislación con una que establezca que la víctima de esta clase de delito tiene la obligación de ser escuchada, al menos por el Ministerio Público.

Por desgracia, este tipo de delito se encuentra en aumento. La clase media es la más desfavorecida, porque lucha por comprar un vehículo, el cual muchas veces queda bajo la figura de prenda sin desplazamiento, y a menudo se lo roban y nunca más sabe de su paradero.

Celebramos que la Subsecretaría de Prevención del Delito esté trabajando en esta materia. A algunos diputados nos llegó una minuta que contiene algunas medidas de prevención para evitar el robo de vehículos. Por ejemplo, señala que se promulgó un decreto que obliga a las automotoras a ingresar al país sólo vehículos que cumplan con la norma europea, vale decir, que incorporen el sistema inmovilizador de motor o uno superior a éste.

Agrega que se dotó a Carabineros del Sistema Automático de Reconocimiento de Patentes (SARP), modernas cámaras que van en la parte superior de los radiopatrullas y que son capaces de leer patentes a gran velocidad y detectar si presentan algún encargo por robo.

Expresa que igual tecnología ya opera desde el año pasado en todas las autopistas concesionadas de la Región Metropolitana, las que a través de los pórticos son capaces de detectar on line si un vehículo ha sido sustraído.

Agrega que se está trabajando en el diseño de nuevas placas de patentes que incorporen mayores medidas de seguridad imposibles de adulterar.

Añade que junto a la PDI se crearon Grupos Especiales en Bienes Robados (GEBRO) para atacar la reventa de partes y piezas. Se trata del delito de receptación, que es la figura que se incorpora al artículo 456 bis A del Código Penal.

Por ende, la aprobación de esta disposición en debate es una de las partes que se necesita para resolver el problema. Es menester aumentar las penas en caso del robo de vehículos, aplicar las medidas sugeridas por el Gobierno a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito y esperar mayor colaboración de la nueva justicia penal, en términos de que la víctima sea escuchada y la investigación sea más amplia, a fin de evitar el archivo de las causas por falta de pruebas.

Con mucha alegría, contribuiremos con nuestro voto a aprobar las modificaciones introducidas por el Senado, que contribuyen a que los delincuentes se vean amenazados con prisión preventiva. Sin duda, en el robo de un vehículo es necesario el aumento de la pena.

Un diputado manifestó denantes que no hay simetría entre las penas que se aplican a los delitos contra la vida y el ataque a la propiedad. En la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se están estudiando dos proyectos de ley -soy autor de uno de ellos-, mediante los cuales se aumenta la pena en relación con el homicidio simple, de manera de asignar la pena de presidio mayor en su grado mínimo. Se busca instaurar una simetría en relación con los delitos contra la propiedad, porque el bien jurídico de la vida es más importante que el bien jurídico relacionado con la propiedad.

Por las consideraciones señaladas, votaremos favorablemente las indicaciones introducidas por el Senado y reiteramos nuestras felicitaciones al diputado Matías Walker .

He dicho.

El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.

El señor BURGOS.- señor Presidente, sean mis primeras palabras para sumarme a las congratulaciones a los autores de este proyecto, en particular a mi colega Matías Walker, por impulsarlo con mucha fuerza.

Las modificación del Senado, sobre todo la introducida a través de la letra a. del número 1) del artículo único, resulta muy pertinente, pues establece una pena más clara y no permite una divagación mayor a la hora de concretarla en el caso específico. En consecuencia, le damos todo nuestro apoyo.

Sin embargo, quiero decir algo a propósito de lo expresado por el diputado que me antecedió en el uso de la palabra.

Hay gente de la Alianza -no toda, probablemente, pero me baso en la intervención que acabo de escuchar- que es bastante notable en materia de seguridad pública. Hace tres años, la culpa del aumento de los delitos y de la inseguridad pública estaba radicada esencialmente en quienes gobernábamos en esa época. Se dijo que el recreo de la delincuencia se iba a acabar, que se le iba a poner un candado a la puerta giratoria, que se acababa la mano blanda. Probablemente, a través de ese discurso, se captaron votos, porque la gente se preocupa por la inseguridad, y hay personas que tienen la ingenuidad de creer que la delincuencia se derrota con monsergas. Pero ello no es así: la inseguridad se derrota con la aplicación de medidas concretas, con inteligencia, con estudios de proyectos de ley, con propuestas de seguridad pública y de contención social del delito.

Ahora, como no se le puede echar la culpa a los que gobernaban antes, ahora le tocó el turno al Ministerio Público. Cada vez que se presenta un proyecto de una naturaleza como ésta, buena parte del discurso es para golpear al Ministerio Público, como si el tema fundamental estuviera radicado en ello; como si el tema del aumento de ciertos elementos de delincuencia e inseguridad fueran de responsabilidad del persecutor.

Pongámosle seriedad e inteligencia a este debate. Dejemos atrás el populismo y la demagogia. Este proyecto tiene esa lógica. Por eso, lo vamos a apoyar.

He dicho.

El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.

El señor ULLOA.- Señor Presidente , primero, quiero señalar que respecto del proyecto, cualquier idea que ayude a evitar, a desincentivar y a sancionar el robo o hurto de vehículos me parece razonable y necesaria. Sin embargo, las modificaciones introducidas por el Senado, siendo razonables, no logran ayudar del todo al tema en cuestión.

Señalaré lo siguiente para tener la opinión de mis colegas.

Si un vehículo es hurtado o robado, se da cuenta a Carabineros, a la autoridad competente y a los tribunales. Sin embargo, cuando los vehículos requieren un nuevo certificado de revisión técnica, este se entrega sin pedir ningún antecedente. Aquí tenemos una dificultad que podríamos solucionar. ¿De qué manera? Con la obligación de que cuando se otorgue un certificado de revisión técnica, exista una coordinación con quienes elaboran el listado de vehículos robados que manejan las policías.

Las empresas facultadas para otorgar los certificados de revisión técnica no tienen la obligación de cotejarlos con los permisos de circulación. Por lo tanto, se puede robar o hurtar un auto en Valparaíso y en tres o cuatro meses más, cuando se requiere el permiso de circulación, se viaja a Viña del Mar y este se obtiene sin ningún problema.

Si se enfrenta la dificultad que señalo, se podría ayudar a disminuir la inmensa cantidad de robos o hurtos de vehículos. En tal sentido, estamos preparando un proyecto de ley, porque la falencia existe.

Me gustaría que mis colegas se refirieran a la materia, porque si no enfrentamos lo que acabo de señalar, vamos a enfrentarnos a un problema mayor.

Quiero agregar que una dama llegó a mi oficina de Talcahuano y me dijo: “Mire, diputado , acabo de perder una camioneta. Me la robaron. Era mi camioneta de trabajo. Y sucede que yo he debido hacer las investigaciones del caso. Finalmente concluí que quienes sustrajeron el vehículo consiguieron en Chillán una nueva revisión técnica, pero los responsables no cotejaron antecedentes.”.

Por lo tanto, es nuestra obligación corregir un defecto como éste, y obligar a que exista una coordinación para que cuando sea necesario obtener un nuevo certificado de revisión técnica, éste pueda ser examinado por algún servicio, como la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos Motorizados, de Carabineros.

El aumento de sanciones me parece bien, es razonable, pero hay que ir más allá, e impedir que circulen los vehículos robados o hurtados. Quería señalarlo porque la alternativa me parece buena y razonable. Para solucionar el problema que me planteó esa dama, deberíamos transformar pronto en ley lo que he sugerido, lo cual dejo a la reflexión de mis distinguidos colegas.

He dicho.

El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Harboe.

El señor HARBOE.- Señor Presidente , en primer lugar, quiero felicitar al diputado señor Matías Walker , quien ha sido impulsor del proyecto. También, quiero agregar que invitó a varios parlamentarios a patrocinarlo. Además, ha seguido su tramitación en el Senado, donde le introdujo modificaciones a fin de perfeccionarlo. Ello permitirá a la Cámara de Diputados despachar un muy buen proyecto que va a tener una aplicación práctica muy importante.

Según las estadísticas oficiales de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos, en Chile se roban 90 vehículos al día. Algunos pertenecen a familias de nivel económico alto; otros, a familias esforzadas o que utilizan el vehículo como medio no sólo de transporte familiar, sino que, además, en algunos casos, como instrumento de trabajo.

En consecuencia, la necesidad de adoptar medidas destinadas a prevenir este tipo de robos es fundamental para salvaguardar la propiedad de las familias, pero también para su tranquilidad.

Las soluciones no son exclusivas del ámbito penal. El derecho penal establece sanciones punitivas cuando el delito se ha cometido. Ello es muy importante porque la norma actúa como un elemento disuasivo, como un incentivo a la persecución penal eficiente, y, también, como un desincentivo para el delincuente, pues este sabrá que de ahora en adelante la penalidad será mucho mayor.

Cuando discutimos el proyecto en primer trámite constitucional, nos referimos a la necesidad de contar con una política pública al respecto. En esa política pública participó la Subsecretaría de Prevención del Delito, que se sumo a esta idea. Gracias a ello, se logró introducir una modificación administrativa importante destinada a establecer que cualquier empresa importadora de vehículos, si quiere ingresar al país nuevos vehículos, debe cumplir con los estándares más altos que existen a nivel mundial -los de la Comunidad Europea- en materia de seguridad: me refiero particularmente a la incorporación de un sistema inmovilizador para evitar el robo o hurto de vehículos.

En segundo lugar, se implementó y masificó un plan piloto -la idea venía fraguándose desde hace un tiempo- que dota a Carabineros de un sistema automático de reconocimiento de patentes. Este consiste en incorporar a los radiopatrullas de un sistema tecnológico que va chequeando las patentes de los autos que se encuentran estacionados. Si detecta que alguna de esas patentes figura en la base de datos de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos, inmediatamente produce una alerta.

En consecuencia, se han ido adoptando medidas importantes.

La propuesta hecha por el diputado Ulloa es buena, puesto que como todos los vehículos usados requieren, para transitar, de un certificado de revisión técnica, se podría establecer, por ejemplo, que las plantas de revisión técnica tuvieran acceso, de manera desagregada, a las placas patentes que se encuentran registradas en la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos de Carabineros de Chile. Como el vehículo está obligado a pasar por esa revisión, ello podría ser un elemento coadyuvante para la detección de vehículos encargados por robo.

Algunos colegas también han planteado la necesidad de adoptar otras medidas, como, por ejemplo, que con la renovación del permiso de circulación se exija la exhibición del vehículo, porque muchas veces dichas placas son adulteradas o cambiadas por otras, o los números del chasis alterados, por lo que no coinciden con el original del vehículo. En consecuencia, se está adoptando un conjunto de medidas administrativas y otras más.

Creo que el proyecto de ley avanza en un ámbito muy importante, por cuanto establece un aumento de la penalidad en el caso del robo de vehículos, modificando el artículo 443 del Código Penal, al establecer que “si el delito a que se refiere el inciso precedente -es decir, el robo- recayera sobre un vehículo motorizado, se impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo.”. Es decir, utilizando el tipo penal del robo, se establece una figura particular, especial, en el caso del robo de vehículos, asignándole una pena mayor que la que tiene actualmente.

Probablemente, algunos dirán -y comparto esa tesis- que existe una desproporción en nuestra legislación, o una asimetría entre las sanciones penales asignadas a los delitos contra la vida respecto de aquellos cometidos contra la propiedad. Eso es cierto, porque hemos ido modificando el Código Penal y las enmiendas introducidas no necesariamente han sido armónicas. Pero también es cierto que tal asimetría proviene del Código Penal de 1874, lo cual debe ser corregido.

Por eso, el grupo de expertos que constituyó el ex Presidente Ricardo Lagos para modificar el Código Penal y actualizarlo conforme a las nuevas realidades avanzó bastante en esa materia. A mi juicio, sería bueno reactivar ese equipo, porque así como recientemente se ha puesto en funcionamiento el nuevo Código Procesal Civil, ojalá prontamente hagamos una reforma al Código Penal. Cuando se establezcan algunas penas, es muy importante que sean proporcionales al bien jurídico protegido. Por lo pronto, los ataques contra la vida, la integridad física y la libertad sexual tienen una mayor sanción que los delitos contra la propiedad, lo que no obsta a hacerse cargo de realidades como las que estamos discutiendo.

Considero que el proyecto es adecuado en la forma y proporcional desde el punto de vista de la sanción y, además, significará un aporte importante para desincentivar la actividad delictual del robo de vehículos motorizados.

Cuando se observan los rankings de los lugares donde más se roban vehículos, la primera comuna que aparece señalada es Santiago. ¿Por qué ocurre aquello? Porque se produce un fenómeno situacional. El delito es un fenómeno más global que solo el acto puntual. En la comuna de Santiago hay una proliferación de viviendas con fachada continua y que no tienen estacionamiento, razón por la cual una familia que adquiere un vehículo está obligada a estacionarlo en la calle y, en consecuencia, ello aumenta el nivel de vulnerabilidad si no se cuenta con las medidas de protección adecuadas. Por lo tanto, el proyecto ayudará al control de ese tipo de delitos.

Insisto, quiero celebrar lo hecho por la Subsecretaría de Prevención del Delito en esta materia y, además, incentivar a realizar otras modificaciones administrativas que apunten en la dirección de disminuir el robo de vehículos.

Reitero mis felicitaciones por la moción legislativa y, además, por la perseverancia de su autor de efectuar las correcciones pertinentes en el Senado.

Por lo tanto, sugiero a la Sala aprobar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto en debate.

He dicho.

El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Arturo Squella.

El señor SQUELLA.- Señor Presidente , al revisar las modificaciones introducidas por el Senado, francamente me quedo con el texto original del proyecto ingresado y tramitado en la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas y analizado y aprobado por la Sala de la Cámara de Diputados. Sin embargo, no por eso dejaré de aprobar tales enmiendas.

De acuerdo con las intervenciones de los diputados que representan a las distintas bancadas, se entiende que estarían los votos para aprobar el proyecto. Me quedo con la agilidad y la importancia de contar cuanto antes con una modificación a ese tipo penal que sanciona más severamente los delitos que afectan a la propiedad, particularmente a los vehículos motorizados. Si vamos a la matriz del proyecto, eso es lo que precisamente se busca.

Cabe destacar que no deja de ser curioso -no lo digo para llamar la atención de alguien- que el proyecto haya sido redactado por un diputado de la Concertación. En muchas oportunidades, durante la discusión y tramitación de proyectos que hemos presentado en las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y en la de Seguridad Ciudadana y Drogas, a fin de aumentar las penas de algunos ilícitos, nos hemos encontrado con un portazo y con una fuerte oposición por parte de los diputados de la Concertación. Por lo mismo, es sano -creo que le hace bien a la democracia- destacar que hayamos cedido en ese punto, no solo porque el proyecto haya sido redactado por el diputado Matías Walker , quien explicó muy bien los alcances técnicos, sino que, además, porque fue firmado por algunos parlamentarios de la Concertación.

Teniendo presente esa apertura y sabiendo que el hecho de aumentar las penas de los distintos tipos penales no es el único camino para combatir la delincuencia, también es importante -como dijo el diputado Harboe- desincentivar ese tipo de conductas. Desde luego, modificar algunos tipos penales que, incluso, provienen del siglo pasado, contribuye a combatir la delincuencia.

Invito a los diputados de la Concertación a revisar particularmente un proyecto de acuerdo que importa a muchos ciudadanos. Tal como ocurrió con esta iniciativa, sería muy conveniente que el Ejecutivo asigne urgencia al proyecto que aumenta las penas en caso de homicidio y de lesiones contra funcionarios policiales. En verdad, es uno de los proyectos que está esperando la ciudadanía. Durante mucho tiempo hemos escuchado argumentos de algunos diputados de la Concertación en el sentido de que esa no es la manera de combatir la delincuencia y de enfrentar una situación que se va incrementando día a día. Sin embargo, dada la apertura que hemos visto durante esta discusión, es razonable que lo tengamos a la vista.

Por otra parte, es justo destacar el trabajo realizado por la Subsecretaría de Prevención del Delito. Si bien esta modificación legal todavía no está vigente -espero que hoy despachemos la iniciativa para que, a la brevedad, se convierta en ley de la República, el robo de vehículos motorizados ha disminuido. En efecto, hace seis meses o un año el promedio diario de robos era de entre ciento diez y ciento veinte vehículos motorizados, pero hoy esa en torno a los setenta u ochenta casos. Eso no es casualidad ni fruto de las tendencias o de la espontaneidad de los delincuentes, sino de una serie de medidas que se han adoptado.

En ese sentido, deseo destacar el trabajo para educar a la ciudadanía y a los propietarios de vehículos motorizados mediante guías de autocuidado; la medida de subir, vía reglamento, el estándar de los vehículos que se comercializan en el país; la labor de las policías, que han realizado un escaneo de placas patente para detectar vehículos robados antes de que sean sacados del país; el trabajo conjunto con las autopistas concesionadas para detectar vehículos motorizados robados; el esfuerzo que se ha hecho en conjunto con las aseguradoras para incentivar el establecimiento de medidas de control que dificulten el robo de vehículos motorizados, y el hecho de que el Gobierno haya puesto discusión inmediata al proyecto de ley en estudio. La ciudadanía espera que el Ejecutivo le ponga urgencia a iniciativas como esta. Al respecto, nos hemos enterado -hoy es noticia- de que el Gobierno estaría poniendo discusión inmediata a ciertos proyectos que solo responden al interés de unos pocos, de ciertas ONG, cediendo en definitiva ante ciertas presiones.

A mi juicio, es justo destacar cuando se hace lo correcto, como ocurre con el impulso de la iniciativa en estudio, despachada por el Senado en segundo trámite constitucional. Por eso, espero que hoy la Cámara le preste su aprobación con una alta votación, de manera que quede en condiciones de convertirse en ley, que es lo que la ciudadanía está esperando.

Por último, ya que colegas se han referido a los proyectos de modificación de otros tipos penales, pienso que hay abandonar la lógica de que no se debiera tocar el Código Penal si no se hace de una sola vez, porque eso nos ha impedido hacer cambios tan lógicos como uno que se ha comentado acá: la modificación de la pena que se aplica a quien comete homicidio simple, que hoy es incluso más baja que la que se aplica contra quienes cometen algunos delitos contra la propiedad.

Si bien debiéramos retomar el trabajo sistematizado de coordinación de la comisión que en algún momento funcionó para estudiar la modificación del Código Penal en forma integral, es importante no abandonar el análisis de iniciativas como la que conocemos hoy, que quizá se puede realizar en forma individual, porque evidentemente responden a un clamor ciudadano, como ocurre, por ejemplo, en materia de poner freno al robo de vehículos motorizados. Reitero que en esto ya ha habido logros, gracias a la labor de la Subsecretaría de Prevención del Delito, la que, por cierto, tendrá un gran espaldarazo el día de mañana cuando entre en vigencia esta modificación legal, que aumenta severamente las penas.

He dicho.

El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.

El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , hemos escuchado el debate en relación con este proyecto, que tipifica como delito autónomo el robo o hurto de vehículos motorizados, y establece sanciones especiales para quienes lo cometen.

Felicito a los autores de la iniciativa, que se hace cargo de una problemática nacional que cada vez afecta a más sectores; que de manera transversal, impacta incluso a mucha gente que tiene su vehículo para trabajar, para ganarse la vida, pero que de la noche a la mañana, es víctima de este flagelo.

Por una consideración basada en principios, estimo que la elevación de las penas no es siempre una buena fórmula para hacer frente a cada uno de los delitos. Lo planteo, porque muchas veces la sobrerreacción lleva al legislador a elevar las penas para inhibir o desincentivar la comisión de delitos. Sin embargo, en este caso se cumple el objetivo buscado, porque la iniciativa refuerza, tipifica e identifica tipos penales especiales y autónomos para el robo o hurto de vehículos, y entrega más herramientas a las policías.

Reitero mis felicitaciones a los autores del proyecto. -veo en la Sala a algunos, como los diputados señores Walker y Harboe-, y a quienes lo han defendido.

En mi opinión, es fundamental generar una nueva política pública en esta materia, especialmente desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, de manera de avanzar en aspectos tales como el combate anticipado del delito y la educación de la población.

En la minuta que entregó la Subsecretaría de Prevención del Delito vemos una serie de normas que se han ido adoptando, por ejemplo, que los vehículos que ingresen a Chile cumplan con la norma europea, vale decir, que incorporen el sistema de inmovilizador u otro superior a este; que las aseguradoras premien mediante rebaja de la prima a los dueños de vehículos que tengan inmovilizador; el establecimiento de un nuevo sistema de placas patente y de una tercera placa digital, para identificar de mejor forma el vehículo y evitar que sea desguazado, y la dotación a las policías de mejores instrumentos y de mayor capacitación para perseguir el delito.

Todas estas normas son complementarias al instrumento legal que entregaremos a los tribunales de justicia para que se avance en el tema.

A mi juicio, es necesario tener una política clara y constante en relación con las policías.

Es importante hacer un alcance respecto del uso de tecnología y de la implementación de estas medidas en las regiones. Muchos diputados presentes somos de regiones y representamos territorios donde Carabineros y la PDI no siempre cuentan con el instrumental, la dotación técnica y el personal para perseguir estos delitos. Actualmente, en muchas pequeñas ciudades de sectores rurales se comenten estos delitos. El vehículo es hurtado, se le cambian las placas patente, se pinta de otro color; en suma, se afecta su fisonomía, lo que impide que las policías puedan recuperarlo.

Por eso, desde el punto de vista penal, avanzamos al modificar el Código Penal para tipificar el robo de vehículos motorizados como delito autónomo, porque significará la entrega de un instrumento efectivo a los jueces. Sin embargo, reitero el carácter imprescindible de la educación y las políticas permanentes en que ha estado trabajando la Subsecretaría de Prevención del Delito: educación con los municipios y trabajo en conjunto con distintos establecimientos. Es importante que los estacionamientos públicos también incorporen normas de prevención y de protección para quienes dejan ahí sus vehículos.

En síntesis, todas las medidas indicadas y la futura ley permitirán contar con una mejor fiscalización y sanción del delito.

Por lo expuesto, anuncio mi voto favorable para este proyecto de ley.

He dicho.

El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada Marcela Sabat.

La señorita SABAT (doña Marcela).- Señor Presidente , tuve el honor de presidir la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas cuando se tramitó en dicha instancia este proyecto. Al respecto, en concordancia con lo planteado por el diputado Squella , me quedo con el proyecto original, y felicito a su autor, el diputado señor Walker , por el ahínco que ha puesto en él.

El proyecto de ley en estudio, iniciado en moción, responde a un problema que afecta al distrito que represento, integrado por las comunas de Ñuñoa y Providencia, que son, lamentablemente, las que más se ven afectadas por el robo de vehículos. Por eso, imagino que los vecinos de dichas comunas estarán muy contentos si hoy la Sala despacha la iniciativa.

Quiero destacar que el proyecto no fue discutido al tenor de la euforia de hechos recientes o con la irresponsabilidad de ganar sólo rédito político, como ha ocurrido muchas veces por la histeria legislativa que provocan de repente algunos proyectos. En efecto, la iniciativa es una respuesta al drama de miles de chilenos que han sido despojados de gran parte de su patrimonio -el más preciado, después de una casa- o, peor aún, de su herramienta de trabajo, como les ha ocurrido a cientos de taxistas que han sufrido el robo de su vehículo.

Está de más decir que el automóvil -inexistente en la época en que se dictó al Código Penal- dejó de ser un bien de lujo; al contrario, es un bien necesario, el segundo más preciado después de la casa propia.

El robo de vehículos está en directa sintonía con otros ilícitos, como el robo de cajeros automáticos o el asalto de bancos cometidos con automóviles robados, lo que hace aún más urgente su penalización de manera más severa. Por eso, destaco la preocupación y respuesta del Gobierno al poner urgencia a este proyecto. Junto con el diputado Walker y otros colegas solicitamos esta urgencia, tuvimos una muy buena acogida. Por consiguiente, agradezco que hoy estemos discutiendo esta iniciativa en la Sala.

El bien jurídico protegido es la propiedad. Por cierto, debemos ser más o menos severos, dependiendo de los bienes de que se trate; pero, en este caso, como lo he manifestado, se trata de un bien fundamental en las economías domésticas y, por qué no decirlo, también para el crecimiento económico del país.

Reitero mis felicitaciones a los mocionantes y, aunque no firmé la iniciativa, la siento como propia, porque formé parte de quienes ayudaron a que hoy se encuentre próxima a su despacho y posterior promulgación.

Como dije, me correspondió presidir la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas cuando se tramitó en dicha instancia la iniciativa en estudio, oportunidad en la cual advertí que el trabajo político realizado en forma transversal sí es eficiente y permite brindar solución a muchas necesidades urgentes de los chilenos.

Tal como lo han planteado los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, quiero extender mis felicitaciones a la Subsecretaría de Prevención del Delito, que ha puesto todos sus esfuerzos para que este delito disminuya, de manera que los vehículos, bienes que hoy son tan preciados por los chilenos, queden menos expuestos a la acción de delincuentes que hacen un verdadero negocio con posterioridad a su robo.

Quiero aclarar que no soy partidaria de los aumentos de penas como solución a la problemática criminal, pero creo que hay que establecer diferencias desde el punto de vista punitivo cuando se trata de bienes que inciden en la comisión de otros ilícitos, que afectan en forma tan profunda a tantos chilenos.

Por lo tanto, hago un llamado para que la honorable Sala apruebe hoy, ojalá por unanimidad, este proyecto tan esperado por la ciudadanía.

He dicho.

El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.

El señor ROBLES.- Señor Presidente , estamos ante un proyecto que aumenta las penas a un delito específico. Al respecto, me pregunto si el control del delito y del delincuente debe asociarse al aumento de penas, o a que estas se cumplan. Una vertiente apunta a aumentar las penas y la gente recluida. En ese sentido, es bueno recordar que, de acuerdo a estadísticas sobre población penal atendida por Gendarmería, a septiembre de 2012, había aproximadamente cien mil personas recluidas en cárceles chilenas.

Por ello, es bueno plantearse si la solución para combatir el delito es el aumento de penas, sobre todo considerando que hoy Chile, comparativamente con el resto de Latinoamérica, es uno de los países que presenta mayores tasas poblacionales.

Me explicaban que cuando se sorprende a personas que roban vehículos, estas terminan sin pagar por su delito, libres, impunes -por así decirlo-; pero, una vez que esta iniciativa se convierta en ley, la probabilidad de que paguen por él será mayor, pero más racional, de acuerdo con las atenuantes existentes.

En mi opinión, debemos tener presente varias aristas. Primero, tenemos que hacer una persecución más efectiva del delito. Ahí caemos en un problema de país muy serio, que, desde hace años, viene planteando el Ministerio Público, cual es que se desarrolló una reforma procesal penal muy significativa, pero que con el paso del tiempo, ha quedado corta, debido a lo cual hoy los fiscales tienen tal número de causas acumuladas que la persecución de muchos de estos delitos queda en el olvido simplemente porque el agente que debe perseguirlos, es decir, el fiscal, está sobrepasado.

Me parece que hay materias que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara debe resolver. Hace varios años, junto con otros diputados, presentamos un proyecto para que los fiscales puedan ser subrogados -hoy eso no es posible-, pero dicha Comisión todavía no lo estudia. Al respecto, cuando un fiscal hace uso de licencia médica o sale de vacaciones, o, por ejemplo, cuando fiscales damas embarazadas salen con prenatal y, después, con postnatal, durante todo ese tiempo las respectivas causas no las asume absolutamente nadie, porque solamente lo puede hacer otro fiscal. Cuando esto ocurre en provincias, como el fiscal de la causa es uno solo y no puede ser reemplazado por nadie, las causas quedan detenidas.

Reitero, se trata de una materia que deberemos abordar, porque han transcurrido tres o cuatro años desde que presentamos dicho proyecto y la Comisión de Constitución todavía no lo estudia.

Debe existir actividad en relación con la persecución del delito y mejorar las condiciones de las fiscalías y resolver su problema de falta de modernización. De lo contrario, terminaremos replicando lo que ocurría en el anterior sistema con los actuarios: será la secretaria del fiscal quien realizará las actividades administrativas para que el delito se investigue, y si a ella le parece importante, enviará una orden en ese sentido a las policías.

Evidentemente, hay que mejorar la persecución del delito, pero, tal vez más relevante que eso es su prevención. La sociedad ha dejado de lado aspectos que permitan disminuir la delincuencia en su base. En todas las sociedades hay elementos claros en ese sentido, los cuales han sido estudiados; sin embargo, nuestra sociedad no avanza, estamos estancados desde hace tiempo. Uno de esos elementos es la educación; pero es necesario que ella sea de calidad, de manera que la gente, sobre todo la más vulnerable, cuente con instrumentos y capacidades para desarrollar todo su potencial. Asimismo, se requiere contar con liceos y escuelas que brinden a sus alumnos no solo la oportunidad de estudiar y de formarse, sino, además, de incorporarse desde muy niños a otras actividades, como el deporte y la cultura, con lo cual mejoran sus condiciones y disminuye la posibilidad de que caigan en la delincuencia. Eso no lo hacemos.

Hoy, en el Presupuesto de la Nación -lo dije ayer- estamos preocupados de entregar recursos económicos para mejorar estadios del fútbol profesional, donde practican clubes deportivos que tienen dueños. Estamos hablando de importantes recursos del Estado para estadios se utilizan solo los fines de semana por equipos que, reitero, tienen dueños que lucran con fútbol, en lugar de crear, por ejemplo, infraestructura deportiva para jóvenes y niños, a fin de que, en vez de que estén metidos en lugares donde se relacionen con delincuentes, puedan practicar deportes.

Prevención y educación, prevención y deporte, prevención y cultura, van de la mano para evitar este flagelo.

En Comisiones hemos escuchado que la gran mayoría de los delitos que se cometen en el país están asociados, de una u otra forma, al consumo y tráfico o microtráfico de drogas. Por lo tanto, si no actuamos de manera preventiva en un tema tan relevante como el relacionado con las drogas, con esta decisión de aumentar las penas no se avanzará en el control del delito. A mi juicio, no solo hay que penalizar al delincuente y aumentar sus penas para que tenga algún tipo de inhibición en cuanto a la comisión de delitos, sino que lo principal, tiene que ver con la prevención. En suma, hay que avanzar en una cultura de prevención del delito, más que en su persecución o castigo.

Me parece bien el proyecto. Sin embargo, reitero que, como sociedad, es necesario avanzar en forma mucho más activa en la línea de la prevención. Tal vez, los radicales somos demasiado monotemáticos en este planteamiento, pero creemos que la educación es el camino para el desarrollo de los pueblos, es el camino que permite mayor igualdad en la gente, es el camino para poder cambiar una sociedad. Todos sabemos que sociedades más educadas, con mayores posibilidades de desarrollo educacional, tienen más igualdad y menos conflictos delictuales, menos conflictos sociales, menos conflictos en todo sentido; en suma, son sociedades más integradas, con mucho mayor inclusión.

Por eso, en relación con este proyecto, sostengo que más que penalizar con mayor fuerza a los delincuentes, hay que entregar, desde la cuna, mayor educación a nuestra gente para que disminuya este flagelo que afecta a la sociedad.

He dicho.

El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Ward.

El señor WARD.- Señor Presidente , primero que todo, coincido con lo planteado por el diputado Robles. En efecto, el camino más adecuado para evitar la comisión de este tipo de delitos con la frecuencia y gravedad con que se observa en la actualidad -lo que, obviamente, afecta la vida y la tranquilidad de las personas-, tiene que ver más con la prevención que con la represión. Son dos mundos completamente distintos y, naturalmente, poner el énfasis en la prevención es lo adecuado. Si por medio de medidas de largo plazo y en materia de educación -en términos de explicar adecuadamente a cada uno de los miembros de la sociedad de qué forma se pueden evitar estos delitos-, evitamos que estos delitos se produzcan, contribuiremos de mejor manera a que el Estado gaste menos en represión. Por eso, concuerdo en que ese es el camino principal.

Sin embargo, también hay que hacerse cargo de la realidad. Estamos hablando de un delito que ha ido en aumento en el país. En ese sentido, los medios de comunicación se han hecho cargo de esta realidad y, a través de diversos reportajes en diferentes canales de televisión, han dado a conocer del aumento del delito de robo o hurto de vehículos motorizados.

Por eso, podemos decir, utilizando una frase muy común en el Congreso Nacional, que este proyecto, que reforma el Código Penal a fin de tipificar los delitos de robo o hurto de vehículos motorizados, y crea nuevas figuras delictivas aumentando su penalidad, apunta en el sentido correcto.

La Subsecretaría de Prevención del Delito está implementando medidas para evitar el robo de vehículos. Ellas están consideradas en el proyecto de Ley de Presupuestos, que analizamos durante esta semana y que, probablemente, también tomará algo de nuestro tiempo la semana que viene. En ese sentido, podemos hablar de la guía para la prevención del robo de vehículos y accesorios; podemos hablar de la promulgación de un decreto que obliga a las automotoras a ingresar al país solo vehículos que cumplan con la norma europea, vale decir, que incorporen el sistema de inmovilizador o uno superior a este; podemos hablar de la dotación a Carabineros del Sistema Automático de Reconocimiento de Patentes (SARP), modernas cámaras que van en la parte superior de los radiopatrullas y que son capaces de leer patentes a gran velocidad y de detectar si presentan algún encargo por robo. Igual tecnología opera desde el año pasado en todas las autopistas concesionadas de la Región Metropolitana. Asimismo, podemos señalar que se ha trabajado con las aseguradoras para que incentiven en los automovilistas la instalación de inmovilizadores a cambio de una rebaja en la prima del seguro.

Para dificultar la transferencia de vehículos robados, se impulsó el sistema de facturas electrónicas y se dan de baja e invalidan patentes de autos que están con pérdida total.

Tal como me recuerda el diputado Felipe Harboe , este tema tiene especial importancia en Antofagasta, la cuarta ciudad con mayor cantidad de robos de vehículos en el país. Naturalmente, esta circunstancia se relaciona con el hecho de que nuestra región es fronteriza con dos países, en los cuales terminan muchos de los vehículos robados, lo que después hace muy difícil encontrarlos y llevar a cabo la persecución de los responsables.

En la línea de las medidas que está implementando la referida Subsecretaría, me gustaría destacar que se está trabajando en el diseño de nuevas placas patente que incorporen nuevas medidas de seguridad, imposibles de adulterar. De igual forma se está trabajando en la incorporación de una tercera placa digital -esto es una innovación- que contenga toda la información del vehículo y de su propietario, lo que permitirá a Carabineros efectuar una fiscalización mucho más rápida.

También, junto con la PDI, se crean nuevos grupos especiales de bienes robados para atacar la reventa de partes y piezas mediante un fuerte despliegue operativo en talleres de desarmaduría. Hay una serie de medidas adicionales a las que acabo de nombrar, implementadas por la Subsecretaría de Prevención del Delito, que van en la línea de reprimir y evitar que las personas lucren con este delito.

Destaco el punto con el que empecé esta intervención, al que también se refirió el diputado Robles , cual es que debemos invertir -así lo hace la Ley de Presupuestos en tramitación, que votamos esta semana- en prevención. Ese es el camino adecuado para evitar que tengamos que invertir -gastar, si alguien lo prefiere decir de esa manera-, más dinero en la represión cuando esto es un mercado, por llamarlo de alguna manera, que lamentablemente ha ido aumentando y que es especialmente grave en distritos parlamentarios de regiones fronterizas, puesto que los vehículos robados o hurtados terminan en otro país, lo que, como señalé, hace muy difícil su persecución y captura.

He dicho.

El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.

El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , no puedo sino compartir lo que señaló el diputado Robles , en el sentido de que la solución a los problemas de seguridad ciudadana no solo se relaciona con aumentar penas, actualizar nuestro catálogo de penas y tipificar los delitos, como algunos creen. Esta no es la única solución; evidentemente, es necesario avanzar en materia de prevención social del delito, de educación y de fortalecimiento de las redes sociales, familiares y de apoyo.

También es fundamental cambiar todo nuestro sistema penitenciario, para que permita realmente la rehabilitación, y no solo ella, sino también algo que, quizá, es el punto más débil de esta cadena: la reinserción social. ¿Qué ocurre cundo una persona pasa por el sistema penitenciario, sale de él y busca reinsertarse en la sociedad? Evidentemente que enfrenta un conjunto de dificultades. En efecto, al tener antecedentes penales, se le cierran todas las puertas, a pesar de haber sido -no obstante las limitaciones existentes en esta materia- sujeto de un proceso de rehabilitación.

Sin embargo, no podemos desconocer una realidad enorme: tenemos un Código Penal que ha ido perdiendo vigencia, por lo cual es necesaria su actualización. En efecto, es necesario actualizar nuestras normas y la tipificación de los delitos y, por cierto, ir modificando las penas asociadas a estos. En ese sentido, indudablemente no podemos quedarnos absolutamente inmóviles o impertérritos ante una realidad como el aumento en el robo de automóviles. En promedio, en Chile se roban cien vehículos al día, lo que afecta no solo a los sectores más acomodados -los cuales tienen seguros-, sino también a la clase media. Por eso, es muy importante avanzar en medidas de prevención del delito y en mayores exigencias de seguridad para los vehículos, pero también en la actualización de nuestro catálogo de penas.

Felicito al diputado Matías Walker , autor de esta moción -agradezco su invitación a suscribirla como coautor- que busca disminuir la discrecionalidad de los jueces al momento de aplicar las penas a los autores de los delitos de robo o receptación. Hoy, la pena asociada a esos delitos va desde presidio menor en su grado medio a presidio menor en su grado máximo. Por lo tanto, al aplicarse las normas de la determinación de la pena y evaluarse las distintas circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, como las atenuantes que puedan concurrir, se terminan aplicando penas irrisorias.

Repito, el proyecto disminuye esa discrecionalidad del juez, al establecer para el delito de robo de un vehículo motorizado una pena de presidio menor en su grado máximo, la cual parte en tres años y un día y termina en cinco años, lo que indudablemente permitirá tener penas privativas de libertad efectivas. El delito de receptación tiene una pena más baja, de presidio menor en su grado medio, que va de 541 días a tres años. Por lo tanto, se disminuye la discrecionalidad del tribunal, pero se mantiene la proporcionalidad entre la pena del delito de robo de automóviles y la del delito de receptación. En otras palabras, el proyecto de ley busca desincentivar la comisión de delitos de robo de automóviles y receptación, y disminuir la discrecionalidad de los tribunales, por la vía de la actualización de las penas asociadas a estos delitos, tan frecuentes y que afectan principalmente a gente de clase media. En efecto, muchas personas hacen un esfuerzo enorme para tener un vehículo, que muchas veces es su fuente de trabajo, único capital o el ahorro de toda una vida, y cuando lo pierden, quedan en caso de haberlo comprado a crédito, con las deudas por concepto de las cuotas pendientes, lo que en no poca ocasiones se traduce en un drama económico, social, y familiar para miles de chilenos. Por eso, todos los esfuerzos que hagamos tanto en materia de prevención del delito, -lo que es fundamental e insustituible- como de adecuación punitiva para tener sanciones más proporcionales y más adecuadas a este tipo de delitos, de manera de desincentivar su comisión, son absolutamente necesarios e indispensables.

Una vez más, valoro el esfuerzo del diputado Walker en esta línea y le agradezco su invitación a ser coautor de este proyecto de ley, respecto del cual, pido a los colegas de todas las bancadas su aprobación en forma unánime.

He dicho.

El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez.

El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente , un expresidente de la Corte Suprema, el señor Garrido Montt , en un gran libro que escribió sobre los delitos contra la propiedad, nos recordaba que la apropiación de vehículos motorizados en la vía pública, en un bien nacional de uso público, fue recalificada por la ley N° 11.625, porque en su tiempo este delito no configuraba un robo, sino un hurto. En efecto, cualquier apropiación de una cosa que estaba en la vía pública y que era tomada no por su propietario o poseedor, sino por un tercero, configuraba hurto, no robo. Por eso, hubo que modificar el Código Penal para establecer que quien se apropiaba de un vehículo que estaba en la vía pública no cometía delito de hurto, sino de robo, y se aumentó su penalidad.

Hoy se nos plantea una serie de temas, respecto de los cuales quiero hacer algunas precisiones. Dicen que nuestro Código Penal está obsoleto, que hay que modificarlo, que hay que hacerle cambios y modernizarlo, dejando entrever que la modernización trae aparejado el aumento de penas.

A quienes sostienen que hay que modernizar nuestro Código Penal, les digo que la mayoría de los códigos modernos -los pueden revisar- tienden a la despenalización, no a la legalización, que es cosa distinta. Aunque a muchos les parezca extraño, los códigos modernos tienden a descriminalizar: no sancionan el aborto, las relaciones de pareja entre personas del mismo sexo, el consumo de drogas que tenga como finalidad la entretención, la eutanasia, etcétera. La buena nueva, entonces, es que los códigos penales modernos tienden a despenalizar y no a criminalizar; esa es la tendencia. Acá, en cambio, claman por un Código Penal moderno, pero piden aumentar las penas.

La mejor muestra de esa tendencia se encuentra en estudios sobre la pena de muerte. Hace unos días, leí un estudio empírico realizado en Estado Unidos de América , con ocasión de la gran discusión sobre la pena de muerte en ese país, uno de los que más ejecuciones realiza. Hay quienes argumentan que la pena de muerte tiene efectos disuasorios contra la delincuencia y protege a la sociedad; otros sostienen que la población tiende a cometer menos delitos si sabe que el castigo es la pena de muerte. La conclusión de los expertos, de los estudiosos sobre el tema -es importante que esto se internalice, porque por algo los códigos modernos despenalizan-, es que no se ha podido demostrar de manera empírica que la pena de muerte disuada de la comisión de delitos. Eso es falso; nadie ha logrado probar que el aumento de penas disminuya la comisión de delitos. Lo curioso -así lo acreditan los estudios- es que sí tiene efecto disuasorio en personas que cometen ciertos delitos, por ejemplo, de corrupción. Esto está en directa relación con el grado de sociabilidad del infractor y con el grado de estudios de acreditación. En cambio, a una persona con bajo nivel de escolaridad y deprivada económicamente, el aumento de la pena no la disuade. Eso dicen los estudios, no estoy inventando nada. En el caso que nos ocupa, podríamos hacer un seguimiento para ver si disminuirá el robo de autos.

Pero aparte de eso, quiero que nos adentremos en este Código obsoleto, que tanto criticamos y respecto del cual tanto clamamos por su modernización. Nuestro Código Penal tiene coherencia. Es importante que lo asumamos, pues, de lo contrario, cometeremos una aberración de grandes proporciones.

Lo que digo, quiero graficarlo en el siguiente ejemplo. Aquí estamos modificando el artículo 443 del Código Penal, que trata sobre el robo de cosas que se encuentren en bienes nacionales de uso público; es decir, básicamente son los robos de vehículos, de tendidos eléctricos, de cables telefónicos.

El Código Penal tipifica el robo cometido en lugar destinado a la habitación, el robo cometido en lugar no destinado a la habitación y el robo en bienes nacionales de uso público. Lo que establece el proyecto de ley en estudio es que el robo de un vehículo cometido en un bien nacional de uso público tendrá una penalidad mayor, porque, aunque la pena no aumenta, sí se incrementa de donde parte la sanción. En consecuencia, el robo de un automóvil en un bien nacional de uso público tendrá una penalidad mayor que si se realiza, por ejemplo, en un lugar no destinado a la habitación, como un casino, un templo religioso o una sala de espectáculo.

Lo que quiero decir es que si el ladrón sabe de esta penalidad, preferirá robar un vehículo en un centro de espectáculos, en un templo religioso o en un casino, porque son lugares no destinados a la habitación, en vez de hacerlo en un bien nacional de uso público.

Lo anterior rompe la lógica del Código Penal, que como dije, consagra tres tipos de robos con fuerza en las cosas: el cometido en un lugar destinado a la habitación, en un lugar no destinado a la habitación y en un bien nacional de uso público. Nosotros estamos subiendo la penalidad al robo cometido en un bien nacional de uso público; pero, ¿qué pasará si ese vehículo es robado -de acuerdo con los ejemplos que señala Garrido Montt -, en una sala de espectáculos o en un tempo religioso? La penalidad será menor.

Repito, lo anterior rompe la coherencia del Código Penal. Distinto hubiese sido si aumentáramos la penalidad en caso de robo de vehículo en cualquier lugar, pero solamente la subimos cuando se cometa en un bien nacional de uso público. Lo coherente hubiese sido que también subiéramos la penalidad cuando el vehículo fuera robado, como dice Garrido Montt , en una sala de espectáculos, en un templo o en una casa recién construida, delito que recibirá una penalidad menor. Eso no es coherente ni lógico.

Los autores del Código Penal hacen un distingo, porque no es lo mismo robar en un lugar destinado a la habitación, en un lugar no destinado a la habitación o en un bien nacional de uso público. Por eso, cuando el Código Penal consagró en sus inicios la apropiación de un vehículo motorizado en la vía pública, lo consideró como hurto y no como robo. Nosotros lo consideramos robo y ahora le subimos la penalidad.

Tampoco me parece coherente que aquí estemos subiendo la penalidad de un delito en función de la frecuencia con que se comete, ya que las sanciones se establecen en función del menoscabo que se produce al bien jurídico afectado. El criterio que se está aplicando en este caso nos obligaría a subir la penalidad a los hurtos en los supermercados porque ocurren con frecuencia; pero no se hace porque resultaría insólito.

Aquí debemos respetar la coherencia del Código Penal, ya que cualquier alteración producirá un menoscabo al bien jurídico que protege esa normativa jurídica.

Por último, creo que es necesario establecer una nueva legislación, pero sin olvidar que la tendencia a nivel mundial es la despenalización.

He dicho.

El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcos Espinosa.

El señor ESPINOSA (don Marcos).- Señor Presidente , el proyecto de ley responde a una demanda mayoritaria de los chilenos y chilenas, debido a la impunidad en que muchas veces quedan quienes roban el vehículo de una persona o de una familia. En efecto, la mayoría de las veces , las causas que se siguen son archivadas o se las clasifica como receptación, y si el imputado no registra antecedentes penales, queda en la más absoluta impunidad, lo que genera una la sensación de frustración y de inseguridad total en las víctimas.

Las cifras son realmente esclarecedoras a la hora de abordar esta materia y justifican que estemos legislando respecto del robo de vehículos. Un estudio elaborado por la Asociación de Aseguradores de Chile establece que el robo de vehículos aumentó en 54 por ciento en 2005, en relación con 2004. Además, señala que las zonas más afectadas por el robo de vehículos son la Región Metropolitana, Viña del Mar y Calama , eta última, una de las ciudades que forman parte del tercer distrito que represento en la Cámara de Diputados.

Existe otro tema no menor. En la actualidad se ha intensificado el robo de vehículos en el norte del país, particularmente en la Segunda Región, debido a que los estímulos para cometer este tipo de delitos han aumentado de forma realmente importante. ¿Cuáles son esos estímulos? Este tipo de delitos está ligado indudablemente al narcotráfico. En la Segunda Región, particularmente en la provincia de El Loa, tenemos una gran cantidad de pasos fronterizos no habilitados por los que internan esos vehículos a Bolivia para cambiarlos por drogas. Al respecto, cabe recordar que el Congreso de ese país limítrofe aprueba permanentemente el blanqueamiento o saneamiento de esos vehículos robados, con el objeto de que sean incorporados al Registro Nacional de Vehículos Motorizados de Bolivia sin más trámite que la sola presentación física del móvil.

Indudablemente, tenemos que enfrentar ese tipo de incentivos con una mayor rigurosidad en las penas que se aplicarán a los delincuentes que roban vehículos motorizados.

El año pasado, junto con otros parlamentarios, aprobamos un proyecto de acuerdo para solicitar a nuestra Cancillería un pronunciamiento formal respecto de esa legalización de autos indocumentados en Bolivia. Por razones incomprensibles, aún no tenemos un pronunciamiento oficial respecto de esa situación.

Lamentablemente, las estadísticas que dicen relación con el robo de vehículos motorizados en la Segunda Región señalan que este delito se ha disparado de una manera realmente alarmante.

Creemos que este proyecto de ley, al cual el Senado le introdujo modificaciones, forma parte de la solución, no del problema, así como una de las alternativas que permitirá establecer, a partir de la legislación respectiva, un eventual desincentivo para ese tipo de delitos.

Por lo tanto, felicito a los autores del proyecto, porque estimo que va en la dirección correcta, sin perjuicio de que ojalá vaya acompañado por el establecimiento de otras medidas y que ojalá podamos reponer y discutir el Plan Frontera Norte, pero esta vez sin todas las dificultades que ha tenido -las cuales no son de responsabilidad del Congreso Nacional-, con el propósito de disminuir y morigerar ese flagelo.

He dicho.

El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Mónica Zalaquett.

La señora ZALAQUETT (doña Mónica).- Señor Presidente , no hay duda de que las alarmantes cifras sobre la materia nos demuestran cómo ha aumentado el robo de vehículos motorizados en el país. Al respecto, debemos preguntarnos por qué esa práctica se ha incrementado a pesar de todas las medidas preventivas que se han impulsado en los últimos años.

Tengo plena convicción de que las medidas preventivas son importantes, pero, lamentablemente, ante ese tipo de delitos no son suficientes. De hecho, este año mi familia y yo hemos sido víctimas de tres robos de vehículos. A pesar de haber tomado todas las medidas preventivas existentes en el mercado, no hemos sido capaces de evitar los robos que cometen las bandas de delincuentes que se dedican a ese tipo de delitos, los que han proliferado en la Región Metropolitana y en varias regiones del país, tal como lo planteó el diputado señor Marcos Espinosa .

El proyecto de ley modificado por el Senado es muy importante, porque da una señal clara. Debemos ser contundentes contra prácticas delictuales como el robo de vehículos, las que nos hacen sentir cada día más vulnerables, pues se trata de un delito que atenta contra la propiedad privada y el esfuerzo que miles de chilenos hacemos para comprar un vehículo motorizado, el que es vulnerado por delincuentes que han incrementado el robo y el hurto de ese tipo de bienes.

También, debemos reconocer una realidad que se ha vuelto un incentivo para el robo de vehículos. Lamentablemente, países limítrofes al nuestro están legalizando el ingreso de autos robados en Chile, lo que ha hecho que ese delito se vuelva un incentivo económico tremendamente atractivo para los que lo cometen.

Por lo tanto, debemos neutralizar esos incentivos con medidas y señales claras, como las que propone la iniciativa cuyas modificaciones estamos discutiendo, con el objeto de que los delincuentes de ese tipo de especies consideren si el pago que obtendrían por un vehículo robado que se legaliza en países vecinos se justifica al compararlo con las penas -la pérdida de libertad- que se le aplicarán a quienes cometen ese delito si son sorprendidos.

En consecuencia, el proyecto al que el Senado introdujo enmiendas apunta en la línea correcta y cuenta con mi apoyo total, iniciativa que espero se despache y se conviertan en ley lo antes posible, porque -tal como lo he conversado con autoridades de Carabineros y la PDI- no me cabe duda de que será una señal clara frente a ese delito, respecto del cual -insisto- las medidas preventivas son importantes, pero, lamentablemente, la realidad nos está demostrando que no son suficientes.

He dicho.

El señor RECONDO (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre las modificaciones del Senado en los siguientes términos:

El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Corresponde votar las modificaciones del Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, que reforma el Código Penal, tipificando los delitos de robo o hurto de vehículos motorizados, y crea nuevas figuras delictivas, aumentando su penalidad.

Hago presente a la Sala que el proyecto contiene normas propias de ley simple o común.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 7 abstenciones.

El señor RECONDO (Vicepresidente).- Aprobadas las modificaciones del Senado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Arenas Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Kort Garriga Issa; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; León Ramírez Roberto; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votó por la negativa el diputado señor Gutiérrez Gálvez Hugo.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Aguiló Melo Sergio; Díaz Díaz Marcelo; Lemus Aracena Luis; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Schilling Rodríguez Marcelo; Teillier Del Valle Guillermo.

La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente , pido la palabra.

El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra su señoría.

La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente , en el tablero electrónico aparezco pareada con la diputada Marcela Sabat , pero ese pareo es a contar del lunes próximo. Por eso, votamos las dos.

?VALPARAÍSO, 22 de noviembre de 2012

Oficio Nº10475

AS. E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

La Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, ha tenido a bien prestar su aprobación a las enmiendas propuestas por ese H. Senado al proyecto de ley que reforma el Código penal, tipificando los delitos de robo o hurto de vehículos motorizados, crea nuevas figuras y aumenta su penalidad, correspondiente al boletín Nº7481-07.

Lo que tengo a honra decir a V.E., en respuesta a vuestro oficio Nº 1.037/SEC/12, de 21 de noviembre de 2012.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V.E.

NICOLÁS MONCKEBERG DÍAZ

Presidente de la Cámara de Diputados

ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ

Secretario General de la Cámara de Diputados

?VALPARAÍSO, 22 de noviembre de 2012

Oficio Nº10476

AS.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Tengo a honra comunicar a V.E. que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley, de origen en una Moción de los diputados señores Matías Walker Prieto, Pedro Browne Urrejola, Eduardo Cerda García, Fuad Chahín Valenzuela, Felipe Harboe Bascuñán, Cristián Monckeberg Bruner, Carlos Montes Cisternas, René Saffirio Espinoza, Gabriel Silber Romo y Patricio Vallespín López, correspondiente al boletín N°7481-07.

PROYECTO DE LEY:

"Artículo único: Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1) Modifícase el artículo 443 en el siguiente sentido:

a. Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando su actual inciso segundo a ser tercero:

“Si el delito a que se refiere el inciso precedente recayere sobre un vehículo motorizado, se impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo.”.

b. Sustitúyense en el inciso segundo, que ha pasado a ser tercero, los términos “inciso anterior” por “inciso primero”.

2) Derógase el artículo 449.

3) Intercálase en el inciso tercero del artículo 456 bis A, entre las palabras "la receptación sean" y el término "cosas", las expresiones "vehículos motorizados o".".

Dios guarde a V.E.

NICOLÁS MONCKEBERG DÍAZ

Presidente de la Cámara de Diputados

ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ

Secretario General de la Cámara de Diputados